¿Qué sigue tras la sentencia que declara al Parque Isla de Salamanca como sujeto de derecho?

Desde el plano legal, el Grupo de Litigio e Interés Público, integrado por profesores y estudiantes de Derecho de la Universidad del Norte, emprendió una acción para hacer frente a una problemática que afecta desde hace años la conservación del ecosistema, la salud de los ciudadanos: las quemas en la Vía Parque Isla de Salamanca. Sin embargo, esta declaratoria no se puede quedar en el papel y se deben hacer acciones conjuntas para conservar y restaurar el estado del delta. 

Con el propósito de discutir estos temas, desde el programa Ecocampus idearon el conversatorio Quemas en la Vía parque Isla Salamanca: contexto y acciones prioritarias. El evento, que se llevó a cabo el 25 de junio, fue moderado por Rafik Neme, docente del departamento de Química y Biología, y contó con la participación de expertos que desde diferentes aristas analizaron la situación. El panel incluyó a Juan Pablo Sarmiento, director del departamento de Derecho; Germán Rivillas, profesor del departamento de Ingeniería Civil y Ambiental; Andrés Vargas, del departamento de Economía; y Sandra Vilardy, docente de la Universidad de los Andes.

Uno de los temas de debate del conversatorio fue la falsa dicotomía que existe entre desarrollo y conservación del medio ambiente. Desde esta idea, de darle prelación a lo humano por sobre los ecosistemas, se deslinda una gran diversidad de retos. 

Vilardy afirmó que este territorio sufre de un problema crónico de desarticulación institucional y esto se ve en diferentes niveles. Por ejemplo, analizando los patrones de quemas e incendios a través de herramientas que brinda la Nasa, se puede conocer que hay un patrón de subida de esta actividad durante ciertos meses del año, como marzo y mayo. No obstante, no existe una respuesta articulada por ninguna autoridad. Al mismo tiempo, a pesar de ser una zona de humedales, no hay agua en esta región para atender los incendios. Esto se debe, entre otros aspectos, a la construcción y desarrollo de la zona portuaria de Palermo, que ha impedido de manera importante la conectividad hidrológica. 

El sistema delta estuarino del río Magdalena y de la Ciénaga Grande de Santa Marta, del que hace parte el parque Isla Salamanca, fue designado como un sitio Ramsar en 1998. Este convenio internacional se dedica a la protección de estos ecosistemas y, aun cuando Colombia hace parte desde hace más de 20 años, no existe un plan de manejo de este territorio.

Sarmiento explicó que esta es una de las fortalezas de la sentencia de la Corte, puesto que ordena el establecimiento de un comité de seguimiento para contener la degradación y apuntarle a la restauración del ecosistema. En este proceso están llamadas a participar las entidades públicas, Fiscalía, Procuraduría y Policía Nacional, a las que la Corte llamó la atención, pues ninguna de estas pudo demostrar que estaba adelantando actividades asertivas y efectivas para la conservación de esta región. 

De acuerdo con Vargas, Colombia es muy hábil construyendo textos legales, pero en la práctica es una gran preocupación lo que puede ocurrir y en ese sentido hizo un llamado a los ciudadanos y sociedad civil para participar en los procesos políticos y de gobernanza. Agregó que acciones colectivas a una escala micro también pueden generar un impacto en la consciencia colectiva, como por ejemplo, la sensibilidad que desarrolla Ecocampus a través de actividades como la siembra de mangles. 

En materia de propuestas, Rivilla señaló que el concepto de infraestructura verde es una opción esperanzadora en un contexto en el que todavía se utilizan soluciones como enrocados e ingeniería del siglo XVIII y XIX, que no solo no cumplen su cometido sino que empeoran la situación. Existen experiencias que han funcionado, tanto en otros países (por ejemplo: Holanda), como en Colombia (Cartagena), de soluciones que permiten establecer conexiones entre la acción humana y el equilibrio del ecosistema. 

Por Leonardo Carvajalino