Un repaso por la lucha social en Colombia de los últimos 45 años

El Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de Uninorte, el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), el Centro CALAS (Merian Center for Advanced Latin American Studies) y la Universidad Justus-Liebig-Universität Gießen (Alemania) desarrollan del 11 de agosto al 17 de noviembre el ciclo de conferencias virtuales del primer Seminario internacional "Historia y memoria de la violencia y los conflictos en América Latina", a través del canal de Youtube Uninorte Académico.

La conferencia inaugural del evento, que aborda las dinámicas de violencia del continente desde diversos estudios, estuvo a cargo de Mauricio Archila Neira, investigador de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en historia, quien repasó la trayectoria de las luchas sociales en Colombia entre 1975 y 2016, y algunas tendencias recientes, basado en las investigaciones del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Los movimientos sociales son acciones sociales colectivas que buscan impactar o modificar la conducta de una persona, colectivo o institución, oponiéndose a injusticias, desigualdades e inequidades y siendo propositivas. Es decir, los movimientos sociales muestran los desajustes de la sociedad, de ahí su importancia para la democracia. En ese sentido, las luchas sociales o protestas son acciones sociales colectivas públicas, de más de diez personas, que exigen a sus participantes inversiones organizativas y emocionales. Demandan visibilidad y escucha. Expresan demandan y reivindicaciones, y plantean la reconstrucción de vínculos sociales en medio de la diferencia.

El gobierno de Alfonso López Michelsen, quien hizo parte del Movimiento Revolucionario Liberal, se inauguró en 1974, el primero después del Frente Nacional. Durante su mandato hubo un auge de luchas sociales en el país, como la de las movilizaciones estudiantiles. Pero esa tendencia comenzó a decrecer en 1977 y siguió así en el gobierno de Julio César Turbay Ayala (19879 – 1982), conocido por el Estatuto de Seguridad, política de corte represivo.

Las luchas sociales vuelven a subir un par de picos entre 1984 y 1987, que coinciden con el momento de Belisario Betancur y los primeros diálogos de paz con algunos grupos insurgentes, la elección popular de alcaldes y la descentralización.

“Luego viene un descenso en los años 90 y 91, cuando según la teoría debería corresponder a la iniciativa de la asamblea constituyente. No la encontramos reflejada allí, seguramente porque muchos de los actores sociales o dirigentes estaban participando directamente en la asamblea constituyente, o estaban movilizando sus aportes para que quedará consignada en la nueva Constitución de 1991”, señaló el profesor Archila.

Durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998 – 2002) y los diálogos en el Caguán con las FARC, el académico señaló encontrar una característica: “hay ciertos momentos de gran movilización con apertura de diálogos con la insurgencia”. Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez vuelve un “descenso consistente”, bajo una agenda de “corte autoritario” que se mantuvo hasta 2007, cuando vino “el gran repunte de la movilización social”, y que corresponde también a una articulación de diferentes movilizaciones.

“Tuvo que ver el tema de las transferencias a los territorios, a la salud, a la educación, que movilizó al magisterio y miembros de la salud. También a las universidades públicas, porque les exigía aportar de sus recursos para el pago de pensiones. Sobre todo hay una gran movilización de las víctimas del conflicto armado, especialmente mujeres víctimas”, argumentó el académico.

En 2011 se verá el fenómeno de la MANE, una gran lucha estudiantil que revive gestas del pasado. En 2013 se registra el pico máximo de protestas, especialmente con el paro agrario durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Un tiempo en el que sindicalistas, víctimas del conflicto y estudiantes se movilizaron.

De acuerdo con el estudio, los principales actores de las luchas sociales en Colombia han sido campesinos, pobladores urbanos, víctimas del conflicto armado, asalariados, mujeres y población LGBT y grupos étnicos. Los motivos van desde lo más material (suelos, vivienda, servicios públicos, etc.) hasta lo más cultural y político (derechos humanos).

“En el tema de adversarios, el grueso de la población, casi que el 80 %, se dirige al Estado central y municipal como antagonista, no enemigo. Y muchas veces el Estado asume los movimientos sociales como su enemigo con aquella lógica de Guerra Fría”, señaló Archila. En participación departamental, Antioquia es el territorio de la protesta, seguido de Bogotá, Santander, Valle del Cauca, Atlántico y Bolívar. 

“Compartimos una trayectoria común con los países de América Latina, pero Colombia también es un caso particular por el conflicto armado, que ha durado más que en otros países. Por eso es tan difícil que no entiendan a veces cuando en Colombia salir a protestar por una hidroeléctrica es más complicado”, puntualizó el conferencista.

Por José Luis Rodríguez R.