Una reflexión sobre la crisis de la justicia en Colombia y la responsabilidad de las universidades

Colombia atraviesa un grave problema en temas de ética y justicia debido a la naturalización de la corrupción. Una de las conclusiones de la segunda reunión de la Red Interregional para la Educación Jurídica y la Justicia, realizada el pasado 19 de abril y que agrupa a cinco de las facultades de derecho más importantes del país, es que las universidades, como corresponsables del proceso de educación, deben hacerle frente a esta problemática con estrategias más activas.

El encuentro, realizado en el marco del “Foro Precedente” de la Universidad ICESI (uno de los miembros de la red) en Cali, abordó temas como la corresponsabilidad de la universidad frente a la educación jurídica y ética en Colombia, y las maneras cómo se afronta la temática.

Para Silvia Gloria, decana de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Uninorte, si bien Uninorte ha dado muestras de buenas prácticas con egresados notables que no se ven relacionados con temas de corrupción, esto no exime a la universidad de verse afectada debido al contexto social y político “contaminado” del país, que “premia estos actos en vez de castigarlos y permite que quienes los realizan estén en altas esferas del poder”.

Aseguró que hacerle frente es un proceso complejo pero necesario, que involucra a distintos actores como la familia y el colegio, pero que acciones como una cátedra de ética más fuerte y relacionada a la profesión puede ser una buena estrategia para sensibilizar a los jóvenes sobre lo perjudicial de esta práctica.

Curricularmente el programa de Derecho de Uninorte cuenta con una competencia específica en ética, de la que hacen parte distintas asignaturas y donde los profesores desarrollan las competencias de los estudiantes en temas como las buenas prácticas profesionales y el sentido de corresponsabilidad con la sociedad.

La decana destacó en que una de las propuestas que se realizaron fue la de implementar una cátedra directamente de ética profesional, donde se aborden situaciones y temas directamente relacionados con la carrera de Derecho y los estudiantes puedan ser orientados para actuar adecuadamente ante ellas.

Durante la reunión también se discutieron temas como el proyecto de ley que pasó a sanción presidencial y legaliza un nuevo examen que deben tomar los estudiantes de derecho para poder obtener la tarjeta profesional. Al respecto, Gloria puntualizó que esta iniciativa del Estado podría significar un grave problema social, porque el control no debería ser a través de un examen que dificulta la entrada de los estudiantes al sector profesional, cuando “son los profesionales egresados de instituciones acreditadas y con altos estándares en calidad de la educación los que más se han visto involucrados en temas de corrupción”.

“Lo que vemos es que el Estado está pretendiendo solucionar un problema que se ha focalizado en los abogados, porque son quienes mayormente van al sector público, disponiendo que ese examen va a solucionar el problema porque le atribuyen la corrupción a la falta de calidad en las instituciones que imparten la educación jurídica, en vez de agudizar el proceso de vigilancia y control en esas entidades”, dijo.

Otra estrategia importante que ya se implementa en la universidad es la de generar representación con los profesores. Para Gloria, quien también es miembro del Comité de Ética de Uninorte, es muy importante que los estudiantes se sientan identificados con sus catedráticos, pero más aún que estos sean ejemplo de “buenas prácticas profesionales”, por lo que el proceso que estos deben pasar para ser contratados es complejo y minucioso, para que así los jóvenes puedan encontrarse con profesionales que sean modelos a seguir.

Por Edwin Caicedo Ucros