Por: Jairo Parada Corrales

            En “Descentralización y Desigualdades Regionales” (El Espectador, Oct. 2/10, p.24) Adolfo Meisel hace una evaluación del proceso de descentralización donde concluye que para los países en desarrollo, la descentralización no ha contribuido a disminuir esas disparidades regionales. Al ocurrir en estos países mayores niveles iniciales de disparidad interregional, traducidos en desigual capacidad administrativa y de gestión, la descentralización termina en la práctica siendo incapaz de disminuir estas desigualdades.  En forma correcta, señala que hay una asociación negativa entre ingreso per cápita y corrupción, pero según el trabajo de Acemoglou, la causalidad va en la dirección contraria, del ingreso per cápita a la corrupción. En otras palabras, las regiones pobres no son pobres por ser corruptas, sino que son corruptas precisamente por ser pobres.

            De ahí hace un llamado a que las reglas de la descentralización sean sencillas y tomen en cuenta la heterogeneidad en las capacidades administrativas de departamentos y municipios, cuestionando la viabilidad y utilidad de un nivel adicional en la gestión del estado como es el llamado nivel regional del estado, propuesto por los partidarios del proceso de regionalización.

            Sin duda, los valiosos trabajos que ha liderado Meisel en el Banco de la República de Cartagena, han demostrado la falta de convergencia en el desarrollo regional de Colombia. La discrepancia ha surgido con respecto a los instrumentos para resolver este problema. Para Meisel, es suficiente la creación del Fondo de Compensación Regional, hoy enredado por todo lo que le ha añadido el gobierno con la regla fiscal y el fondo de competitividad, los cuales afectan el futuro de las regiones productoras y portuarias.

            Para otros que hemos apoyado la propuesta de regionalización, creemos que el análisis de Meisel es incompleto. No es que haya fallado la descentralización. Lo que ha fallado son las reglas de la misma, diseñadas desde el centro, sin que hayan respondido a la Constitución del 91. Las reglas han hecho la distribución a través del SGP con base en la población atendida, y no con base en la población con necesidades básicas insatisfechas. Esta “pequeña” modificación ha desnaturalizado todo el proceso. Las regiones con más coberturas en 1991, siguen recibiendo más, o al menos, la misma proporción de las transferencias que recibían con las viejas normas.

            El pasado viernes 8 de octubre, en un taller convocado por el Grupo Región de los programas de Ciencia Política, Derecho y Economía de la Universidad del Norte, con la asistencia del Gobernador Verano y expertos, tuvimos una discusión pausada del proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial (LOOT), buscando encontrar los compromisos para superar las fracturas entre el gobierno y los sectores de la región Caribe que consideramos no basta un Fondo de Compensación para superar nuestro atraso regional. Allí quedó claro que en esta fase debemos concretar las Regiones Administrativas y de Planificación (RAPs), para poder incrustarnos en la gestión del presupuesto nacional y ejecutar contratos-plan en las regiones. Pero no se le puede cerrar la puerta a transformar las RAPs en  Regiones como Entidad Territorial (RET).  Por ahora no es necesario enredarnos con asambleas y gobernadores regionales. De la experiencia de las RAPs aprenderemos, para el futuro diseño de las RETs.