Aunque es probable que el crecimiento de la economía colombiana el año pasado no alcance el 2%, todas las previsiones indican que tal vez este año será apenas algo mejor, si no se enturbia más el escenario internacional con la inestabilidad mundial introducida por Estados Unidos en cabeza de su nuevo presidente.

Ojalá la fuerte institucionalidad de ese país logre atemperar al nuevo emperador, quien piensa gobernar el mundo por Twitter, llamadas telefónicas amenazantes y órdenes ejecutivas.

Así, mientras el mundo se estremece, en Colombia la paz parece abrirse camino cuando ya casi el total de la guerrilla más antigua del mundo se encuentra en los campamentos de paz. A nosotros, los habitantes de ese 70% que está en las ciudades, no parece importarnos, pero el evento irradia esperanza para un país atribulado por 52 años de guerra, más de 300.000 muertos y siete millones de desplazados. Colombia sigue dando buenas noticias, a pesar de las amenazas al proceso por parte de quienes desean que el conflicto siga a toda costa.

El inicio de las conversaciones con el ELN abre la fase final, quedando solo las organizaciones criminales en las zonas rurales y urbanas, las cuales deben ser derrotadas. 

No importa que al presidente Santos le vaya mal en las encuestas. Los colombianos tienen razón en no sentirse representados por un gobierno débil, clientelista y empañado por la corrupción hasta los tuétanos, pero fiel expresión de lo que han sido los gobiernos de las élites colombianas, que con el fin de atornillarse en el poder hacen alianzas con los grupos más corruptos en las regiones.

La corrupción de contratistas y casas políticas, revueltas ahora con Odebrecht, es solo la punta del iceberg de un sistema, o régimen, como decía Álvaro Gómez Hurtado, que funciona de esa forma. Es un arreglo institucional que le permite a las élites del centro mantenerse en el poder mientras que en los territorios el Estado es feriado por sus aliados que les garantizan los votos.

Luego se rasgan las vestiduras cuando se roban la plata de la salud con falsos enfermos de hemofilia, falsos proyectos de ciencia y tecnología o contratos viales inflados que nunca terminan. Todo eso lo pagamos los contribuyentes con nuestros impuestos, donde la corrupción se estima se roba de $20 a $40 billones al año.

De reducirse esta, no se hubiese necesitado reforma tributaria. El último estudio de la Andi reveló que la percepción de corrupción de los empresarios había aumentado en el 2016, con sectores como la Salud (74,7%), Aduanas (70,1%), Impuestos (58,6%), Transporte (51,7%), Minería (39,1%), Ambiental (37,9%) y Educación (28,7%), afectados por la misma. 

El informe también señala que los territorios más corruptos son La Guajira, el Chocó y el Atlántico, el cual ocupa un tercer lugar. Ya es hora de que nuestro Odebrecht local estalle, para que veamos las razones de este puesto tan meritorio. Lograda la paz, hay que derrotar la corrupción en las próximas elecciones. Empieza el postconflicto.