Ante una economía en franca desaceleración, pues el Banco de la República acaba de pronosticar un crecimiento pírrico del 2% para el 2016, además de cerrar el año con una inflación por encima del 6,1%, el escenario político y social para una reforma tributaria parece complicado. La verdad es que para hacer pasar esta reforma, el Gobierno tendrá que recurrir al pupitrazo en el Congreso, aunque ya muchos parlamentarios han sacado los dientes. Será interesante ver cuánto les dura su oposición a la reforma, una vez que el presidente Santos vuelva de su periplo real, a enfrentar la dura realidad que nos rodea.  Ya en el pasado hemos visto esas poses con la venta de Isagén, recuerden a Serpa, para luego terminar aprobando semejante despropósito. ¿Y las 4G? Parece que todavía están enredadas, a pesar de los gritos del Vice candidato. 

Al examinar la reforma, fácilmente se nota que su propósito es de caja, y no tiene nada de “estructural”. Va a recaer sobre los sectores medios y populares, con un aumento del regresivo IVA al 19%, con un 5% al café, pastas, periódicos, chocolate y azúcar, además del monotributo a los tenderos.  Los empresarios saldrán ganando porque se les bajará la tasa al 32% en el 2019, y se elimina el CREE. Medio millón de colombianos adicionales deberán entrar a declarar renta, al ganar más de $2.500.000  mensuales. Dividendos inferiores a $18 millones no pagarán impuestos, y se gravarán sumas superiores al 5% y 10%, siempre que sean personas naturales. Si se pagan a personas jurídicas, para felicidad del sector de bolsa y financiero, quedarán exentos. Gaseosas y cigarrillos quedarán gravados, alegando razones de salud, que ojalá funcionen.  La gasolina sufrirá un recargo para propósitos dizque ambientales, y se amenaza con cárcel a evasores por encima de $100 millones. 

En Colombia la evasión fiscal se estima que supera los $40 billones, en IVA y Renta. No se necesitaría una reforma si se metiera en cintura a los evasores. Solo un reducido número de empresas tributan, y apenas unos dos millones de colombianos declaran renta (de más de 20 millones que trabajan). La evasión se refugia en fundaciones sin ánimo de lucro, SAS simplificadas y hasta universidades privadas con gastos a favor de sus dueños. 

Pero la andanada de impuestos es también local. Se impone una contribución especial de alumbrado público, lo cual encarecerá más este servicio, ya de por sí oneroso por las jugosas concesiones que lo manejan. Se cobrará en los recibos de luz, y si es un lote sin energía, se cobrará en el predial.  Cambia la base gravable en industria y comercio con una regulación nacional, lo cual puede servir para meter en cintura los abusos de los gobiernos locales. Impone límites a las cargos por estampillas en los contratos municipales y departamentales, de lo cual también abusan nuestro Distrito y más aún la Gobernación. Pero en Barranquilla nos irá aún peor con el impuesto que se le va a poner a los servicios de voz y datos (internet) en los celulares y fijos, pues acá nuestro brillante Concejo aprobó el impuesto a teléfonos y celulares hace rato, lo cual ya viene en los recibos. Así las cosas, ¿de cuál competitividad hablamos? Por eso, la reforma pasará a pupitrazos.