Desde cuando en 1987 se publicó el Informe Brundtland, y se definió la noción de Desarrollo Sostenible, la humanidad se ha debatido entre dos posiciones políticas: 1) La posición conservadora ortodoxa, la cual señala que el tema no es tan relevante y que el calentamiento global es una ficción; 2) La posición socialdemócrata que defiende la necesidad de limitar el crecimiento económico y reglamentarlo en la medida en que afecte la herencia ambiental que le dejamos a las generaciones futuras. La primera posición la personificó bien Mitt Romney en la campaña republicana en Estados Unidos cuando dijo que él no buscaba bajar el nivel de los océanos del mundo sino generar millones de empleos para los estadunidenses.

En el marco de la Constitución de 1991, se avanzó en Colombia en la década de los 90 en materia de institucionalidad ambiental con la expedición de la ley respectiva y la creación del Ministerio del ramo. Pero en el período uribista, se desmanteló dicha institucionalidad y se fue laxo frente al crecimiento del capitalismo salvaje en desmedro del desarrollo sostenible. Un débil Código Minero y un reparto irresponsable de títulos mineros fue el entorno que permitió el actual crecimiento acelerado de la locomotora minera.
Lentamente estamos pasando de ser una economía que exportaba una diversidad de productos agropecuarios, industriales y mineros, a ser una economía minera con los peligros que implica la renta minera como lo podemos apreciar en nuestro vecino venezolano.

Por ello, la entrevista hecha a la contralora Sandra Morelli por Yamid Amat en El Tiempo, pone el dedo en la llaga cuando esta diligente funcionaria señala que “Colombia está al borde de un desastre ambiental”. El caso de Cerromatoso, quien a pesar de los malabares jurídicos, no posee hasta ahora una verdadera licencia ambiental como lo señala Morelli, es apenas la punta del témpano del actual estado de cosas. Algunas de las nuevas empresas petroleras como muchas empresas carboníferas, auríferas, etc., además de la minería ilegal, están destruyendo el medio ambiente a lo largo y ancho del país. Los epígonos oficiales se enorgullecen de las cifras de exportación pero cuando uno las mira de cerca, son básicamente mineras, sin que se le diga al país nada del daño ambiental generado. La Contralora hace un recorrido por todas las regiones del país inventariando el daño ambiental que ocurre: los casos de Santa Marta y Cartagena, la Guajira y el interior del país. Nada se escapa a la voracidad de un capital frente a un estado débil. También da grima la posición de muchos medios de comunicación, a propósito de la agenda-setting, pues eran muy críticos de estas compañías hasta que les llegaron jugosas cuñas publicitarias.

El sector minero y su desarrollo son necesarios para la economía del país. No nos podemos sentar sobre esos recursos para contemplar la naturaleza. Pero exige la presencia de un estado fuerte que lo reglamente, lo someta y le haga entender que el desarrollo sostenible no es una ficción y un trámite ceremonial de una licencia ambiental. El futuro de Barranquilla se encuentra también en esa encrucijada. En el reciente conversatorio sobre Barranquilla organizado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico, Jorge Villalón reflexionaba cómo la idea de progreso había ocasionado que nos olvidáramos del medio ambiente en la ciudad. El gran puerto carbonífero que se anuncia puede generar muchas oportunidades pero también nuevas pesadillas si no estamos pendientes de lo que sucede.