Como quiera que nuestro entramado político en América Latina afecta la gestión pública de nuestros gobiernos, debido a las reglas de juego imperantes, donde la ineficiencia administrativa, la corrupción y el clientelismo permean la misma, por lo general los ciudadanos poca atención prestamos a los entes que realizan el control fiscal, como es el caso de las llamadas contralorías en nuestro país. En Colombia, después de tener una contralora protagónica como Sandra Morelli, hoy refugiada en Italia, del nuevo contralor Maya poco se oye. Se sabe que los famosos “controles de advertencia” se han debilitado jurídicamente por fallos de las cortes.

A pesar de lo anterior, alguna entidad pública tiene que hacerle seguimiento al gasto público que se ejecuta anualmente. Es sabido que los mecanismos de elección de los contralores municipales (donde los hay) y los departamentales están afectados por el juego político existente a nivel de Concejos y Asambleas, a pesar de recibir las ternas de los tribunales respectivos. Pero como la reforma constitucional en curso del “equilibrio de poderes” lo ha mostrado, la inmersión de las cortes en estos procesos no ha resultado conveniente en la medida en que también se ven afectadas por el juego político que permea la rama judicial en nuestro país. Así las cosas, nada garantiza que las mejores hojas de vida sean seleccionadas para los cargos respectivos.

Las contralorías no pueden limitar su accionar a revisar las cuentas y examinar los niveles de ejecución. Les toca emitir juicios de fondo sobre la gestión pública de un ente territorial y deben informarles a los ciudadanos sobre su concepto con respecto a la rendición de cuentas que hacen los mandatarios territoriales.

Como lo hemos vivido, las rendiciones de cuenta en nuestros lares se pueden caracterizar como verticales, donde simplemente se le informa al ciudadano. Como se señala en el libro Las entidades fiscalizadores superiores y la rendición de cuentas, de Miriam B. Insausti y Luis F. Velásquez (Olacefs-Giz, 2014), dichas rendiciones pueden ser también transversales, horizontales, híbridas, etc., en las que se trata de establecer un diálogo con los ciudadanos, como se indica en la Declaración de Asunción del 2009.

La Contraloría Distrital le costó a los barranquilleros la suma de $6.363 millones, y la Departamental a los atlanticenses, la suma de $4.476 millones, en el 2014.  Uno de los temas que viene preocupando a las firmas de ingeniería de la ciudad es la concentración de la contratación pública en pocas firmas. Ya algunas veedurías vienen recolectando información al respecto. Todo es legal pero las licitaciones son casi siempre de un solo oferente. Preocupan las declaraciones de Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (ver revista Semana No. 1720), cuando señala que “se corrompió la contratación en las regiones”. Barranquilla aparece como uno de los municipios campeones en contratación de un solo oferente. La Contraloría Distrital tiene la palabra. Ambas contralorías deben examinar estos procesos y pronunciarse sobre los ejercicios de rendición de cuentas de nuestros gobernantes.