Si hay algo que exigen los colombianos en todos los rincones del país es mayor seguridad, más empleo y destierro de la corrupción. Los indicadores de atracos se disparan en toda Colombia a pesar de la disminución en la tasa de homicidios. Sin embargo, los 260 líderes sociales asesinados desde el 2016 y la existencia de 500 guerrilleros en las Farc disidentes, más los 3.000 del Eln y quién sabe cuántos de las bacrim nos indican que el post-acuerdo que vivimos es muy complicado, y el proceso de paz se puede desmoronar en cualquier momento. La economía mejora un poco, pero con grandes retos fiscales domésticos y en el sector externo. Ni qué decir de la corrupción y de la situación de la justicia, donde la primera le cuesta al país $50 billones anuales (un 5,4% del PIB), y la segunda ofrece los espectáculos de condenas ridículas como el caso de ‘la Gata’ (sigue en la casa, a pesar de estar condenada a 37 años por homicidio), la sentencia al ‘Ñoño’, la que se ve venir a Lyons, la de los ladrones de Interbolsa y los bandidos de Élite (ni siquiera han sido llamados a juicio). Todos la sacan barata en este sistema donde el “crimen sí paga” y la justicia es para los de ruana. En materia de empleo, en el país se acrecienta la informalidad, donde más de la mitad de los colombianos vive del rebusque y los jóvenes se preguntan para qué estudian, desbaratando las tesis de aquellos que predican que todo se resuelve con más educación. La gente se educa y le espera el desempleo o la informalidad.

En Barranquilla y el Atlántico es preocupante el tema de la seguridad. El pasado 21 de febrero escuchamos un diagnóstico en reunión convocada por la Cámara de Comercio, de la cual todos salimos muy preocupados. La justicia local está colapsada, no tiene manera de atender el creciente volumen de “noticias judiciales”, y solo el 4% de los procesos termina en sentencias. A cada fiscal le caen 1.500 casos, una verdadera locura. Hay 4.600 presos domiciliarios, con apenas cuatro guardianes del Inpec para vigilarlos. Faltan 600 policías y a pesar de los avances en cámaras y laboratorios criminalísticos, el panorama es angustioso frente a un hacinamiento carcelario del 125%. Urge crear 3.000 cupos nuevos en nuevas cárceles. Esto está desbordado. 

El general Botero contaba cómo la Policía encuentra en los barrios populares grupos de niños y jóvenes deambulando por las calles a las 2 y 3 de la mañana, sueltos de madre. La crisis familiar es total. Ni qué hablar del desempleo que desanima a los jóvenes para el estudio. No todo es concreto ni pavimento.

En este escenario, las elecciones se han polarizado. No hay lugar para las posiciones moderadas: Furipetrismo o Furiuribismo. La violencia contra los candidatos preocupa. Por eso, toca elegir bien en este 11 de marzo, es clave para lo que viene. O seguimos en lo mismo, o empezamos a renovar el Congreso con fuerzas progresivas. La anomia es profunda. Los ciudadanos deciden.