Aprovechando el alto apoyo ciudadano de que goza la Administración Distrital, pues se “ven” las obras aunque poco sabemos cómo se contratan y con quiénes, nuestro pasivo Concejo Distrital ha sido pródigo en lo que va del año, en aprobarle vigencias futuras al alcalde Char. Basta analizar los acuerdos 06, 07, 08, 09 y 10, los cuales, al examinarlos, empeñan nuestros recursos distritales hasta el 2035. No se lleva un inventario cuidadoso de estos prodigios financieros, pero ello empezó desde hace años, en un Distrito que sigue sin salir de la Ley 550, por la cual debía a diciembre del 2015 la suma de $48.294 millones. Esta administración presionó esta prórroga hasta el 2022, con el propósito de tener más recursos para “invertir”. Parece que nunca saldremos de esta pesadilla, pues ella sirve para protegerse de embargos, a pesar de las nuevas acreencias que se van generando. En el último informe de la División de Apoyo Fiscal (DAF), aunque se hace un balance favorable de la situación fiscal del Distrito a diciembre de 2015, se concluye que “el hecho de generar déficit en las cuentas de ICLD (corrientes de libre destinación) y presentar acumulación de nuevos pasivos, podría evidenciar debilidades en la planeación financiera. La falta de información respecto al pasivo contingente del sector central y su composición y el generado por las entidades descentralizadas EDS que pueden terminar siendo asumidos el Distrito, constituyeron un escenario de riesgo para sus finanzas”. Porque a la deuda pública del Distrito a diciembre de 2015, por $504.327 millones, toca sumarle los pasivos corrientes y contingentes que el Distrito muestra en sus balances, con reducciones sin mucho soporte. El proceso de Campo Alegre se estima que le puede costar a los barranquilleros $500.000 millones, pues el Distrito es solidario con las constructoras y urbanizadoras ya quebradas, incapaces de pagar por sus desafueros. No aparece en los balances.

El Concejo debiera ser cuidadoso con la aprobación ligera de estas vigencias futuras, pues se pueden ver metidos en líos jurídicos, si dichas vigencias no se ciñen a lo dispuesto en el Decreto 2767/12, el cual reglamenta la ley 1483/11, pues el art. 2º del mencionado decreto establece 9 literales que deben cumplirse para aprobarlas, entre ellas  una clara “ingeniería de detalle” y precisión de obras prioritarias. Con las improvisaciones sufridas en el arroyo de la 84, y las empanadas en los sardineles que han perjudicado a los edificios con desagües, y pésimos acabados, uno se pregunta lo que puede pasar en la 76, la 21 y otras zonas. ¿Tendrían las obras autorizadas la “ingeniería de detalle” lista?

Sin duda todos apoyamos las obras del Alcalde, a pesar de la dialéctica del concreto que él profesa. Hay problemas de seguridad e institucionalidad que no se resuelven con varillas y cemento. Las obras deben adelantarse sin premura  por contratar. Queremos obras, pero bien planeadas, una ciudad más segura, mejor educada, con transporte masivo, y sin contratación concentrada. Además, con un futuro sostenible y no de quiebras futuras.