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En una charla que le dicté a más de doscientos   estudiantes de economía de la Universidad del Atlántico, con motivo del lanzamiento de su revista NotiEconómicas  (no.8), esfuerzo estudiantil que en buena hora la Universidad apoya, tuve la oportunidad de presentarles  mis inquietudes con respecto a la inversión pública de la Nación en las regiones en el Plan de Desarrollo de Santos en el período 2010-2014.

Las cifras aparentemente son buenas para la Región Caribe, pues, según la crónica de Alexander Morales en EL HERALDO (marzo 19/11, p. 3B), el Gobierno duplicaría la inversión del Plan en el Caribe a $92,6 billones, mientras que en el  último cuatrienio sólo había sido de $45,3 billones. Los congresistas de la Costa mostraron este resultado como un logro de su actividad parlamentaria.

A pesar de las aparentes buenas noticias, toca aplicarle la lupa a estos documentos que cualquier ciudadano puede leer en ww.dnp.gov.co.  En primer lugar,  el Plan habla de inversiones por $565 billones en todo el país para el cuatrienio, dentro del cual se le asigna al sector privado unos $227.5 billones. Ello significa que el 41% de las inversiones dependen de la voluntad privada, lo cual no es seguro, y es apenas una cifra indicativa del Plan. En aquellas regiones donde la dinámica del capital privado es mayor, es posible que se logren mas resultados. Pero en las regiones atrasadas, se cuenta más con la parte normativa del Plan, la cual depende de la inversión pública nacional.

Pero aún haciendo el supuesto optimista que toda la inversión privada se va a cumplir, la Región Caribe apenas recibe el 17% del total, lo cual no representa ni el 20% poblacional de los caribeños. La situación es aún más preocupante si analizamos esta inversión pública regionalizada en términos de la población con Necesidades Básicas Insatisfechas, la cual se refiere a la que padece necesidades de vivienda, educación, servicios básicos y alta dependencia familiar. Para nadie es un secreto que los niveles de NBI en Bogotá, Valle, Santander y Antioquia son más bajos que los de la Región Caribe. En este sentido, cuando uno analiza la inversión pública regionalizada promediada por la población con NBI, el resultado es bien pobre para la Región Caribe.

En efecto, en la Región Caribe terminamos recibiendo apenas el 31% de lo que percibe Bogotá por tener la capital niveles más bajos de NBI. Valle recibe el 57%, Santander el 96% y Antioquia el 45%. En ese sentido, si bien es cierto que la inversión pública nacional ayuda en algo a reducir las desigualdades regionales, lo hace en menor intensidad cuando medimos este ejercicio en términos de NBI, ejercicio que el DNP nunca realiza. Los parlamentarios de la región no deberían estar tan alegres.

Ahora, si miramos  los proyectos que la Nación apoya en Bogotá  o en Antioquia, vis a vis los del Atlántico,  los nuestros parecen unos pigmeos al lado de unos gigantes. Para Bogotá se anuncian desarrollos viales de grandes dimensiones, renovación de teatros, apoyos al sistema de transporte masivo, recuperaciones ambientales, y en Antioquia gigantescos programas de vivienda, además de La Mojana paisa, para el Atlántico no pasamos de la Circunvalar, los trayectos respectivos de los proyectos viales nacionales, el Transmetro y algunos megacolegios.  Se recurre al viejo truco de incluir en materia vial como del Departamento, inversiones viales que son más del interés nacional como los sectores de la Autopista de las Américas.

En síntesis, si bien en algo mejora la intención del Gobierno Nacional de proyectarse a las regiones, en realidad es más ruido y pocas nueces. No es mucho lo que se da al Caribe. Como algunos analistas lo han señalado, el gobierno actual es bueno en la retórica, pero se queda muy corto en las realizaciones.