Vivimos en la era de la información, donde nuestra mente, ojos y oídos son invadidos por un cúmulo de datos y noticias, a veces difícil de digerir por tanta saturación, especialmente en las redes. La reciente encuesta Gallup, con razón, nos indicó que el 73% de los colombianos cree que la situación empeora y la aprobación del Gobierno de Santos anda en el piso (16%). La corrupción, el deterioro del poder adquisitivo y la inseguridad parecen ser las tres preocupaciones más importantes de los colombianos. De la primera ya sabemos que nace del ordenamiento estructural de nuestro sistema político, ligado a las esferas del poder económico central y regional, los contratistas y las maquinarias clientelistas. El segundo, se siente fácilmente, con el ascenso de los precios, estimuladas por la reforma tributaria y ahora la nueva alza de la gasolina, obligada por el alza del petróleo y la necesidad de garantizar los recursos de las concesiones viales de departamentos y municipios, dentro del capitalismo rentista que nos agobia. Además, las noticias del sector productivo no son buenas, a pesar de algunos repuntes industriales en la Región Caribe, pues un crecimiento del PIB en el 2016 del 2% es bien pobre. Decir que nos va mejor que a los vecinos es olvidar que con estas tasas jamás nos desarrollaremos. Al sector industrial le fue bien en 2016 debido a la mayor demanda interna por  la devaluación, y el empuje de Reficar. El sector que salió triunfante el año pasado fue el sector financiero, con un crecimiento del 5%, con una quinta parte del PIB. Las razones son simples, pues es un sector oligopólico que recauda fondos al 5 o 6% anual, y los coloca a tasas que cuadruplican o quintuplican la tasa pasiva. Uno puede decir que en Colombia todo el mundo trabaja para el sector financiero. En este marco, son buenas las noticias de una nueva rebaja de la tasa de intervención del Banco de la República, y el nombramiento de José Antonio Ocampo en la Junta del Banco, lo cual puede oxigenar la ortodoxia asfixiante de nuestra política monetaria y fiscal. 

En materia de orden público e inseguridad, la situación es buena por el lado del proceso de paz con las Farc, a pesar que al ciudadano urbano esto no parece importarle. Además, en las zonas rurales, hay fuerzas que insisten en devolvernos a la guerra, pues desde hace 14 meses, según la Defensoría del Pueblo, ya van asesinados 120 líderes defensores de Derechos Humanos y de las comunidades. Se pretende detener los avances en restitución de tierras a punta de plomo, ante una Fiscalía y Gobierno balbuceantes e incapaces de detener esta andanada de víctimas, y la salida de las cárceles de los estafadores de Interbolsa y Premium. Solo falta que suelten a los de Estraval, y que los de Elite se sigan burlando de los ahorradores. Hasta en Barranquilla, con un alcalde muy popular, ya el 60% dice que las cosas empeoran, en un cambio fuerte de tendencia frente al 2016. Duro trabajo para nuestros gobernantes si no desean que el país se deshaga en sus manos.