Cuando se iniciaron las conversaciones de paz con las  Farc, Humberto de la Calle dejó claro que no se negociaba el “modelo económico” sino la terminación del conflicto armado.  El problema es que esto ha sido interpretado como que el Gobierno puede negociar la paz y buscar el apoyo de la centro-izquierda e izquierda, mientras a la vez impulsa una agenda económica muy dura y lesiva para los intereses de la población, en medio de un mar de corrupción. Uno no sabe hasta cuándo le aguantará la gasolina al Gobierno, en medio de presiones para que las conversaciones terminen pronto, para que se inicie el ‘post acuerdo’, porque el postconflicto está bien lejos, rodeado de bacrim y un ELN que se mueve con otra agenda.

Además del problema del ‘proselitismo armado’ en Conejo, el cual no me sorprende pues todavía no se ve claro cómo se les va a garantizar la seguridad a los que se desmovilicen. Bastaría un atentado en cualquier municipio a los dirigentes de las Farc para que el proceso se desplome como un castillo de naipes. Si la Policía y el Ejército no nos pueden garantizar la seguridad en las ciudades, como lo vivimos en Barranquilla y Soledad, no quiero pensar cómo sería eso en las zonas de “agrupamiento” de las Farc, rodeada de bacrim, paras y ELN. Por ello, veo difícil que se cumpla el plazo de marzo, pues no se trata de firmar un papel, fiel a nuestra tradición santanderista, sino de ver cómo va a funcionar eso en la práctica. El Gobierno, agobiado por la presión de la derecha colombiana, quiere una firma rápida, pero el diablo está en los detalles, y ello debe organizarse con cuidado.

El otro tema que desgasta al Gobierno son sus medidas económicas, en lo que va corrido del año. Los ciudadanos están molestos con razón. El aumento del salario mínimo fue ridículo frente a la inflación galopante que vivimos. La venta de Isagén se hizo contra viento y marea, y viene la venta de La Previsora. El recorte fiscal de $6 billones se implementó, obedeciendo servilmente a las calificadoras de riesgo como S&P, la cual fue ciega en la crisis económica de 2008 en Estados Unidos, interesada en cómo se afectan sus intereses si los bonos de deuda de Colombia se descuentan más en el mercado. Para remate, los impuestos locales suben como espuma. El de movilidad distrital saltó de $89,000 a $142,000. Se nos puso un impuesto al teléfono (fijos y celulares), se ratificó la estampilla pro Hospitales, y deben examinarse los nuevos avalúos para el predial. Se elevó el impuesto vehicular y el de revisión, a pesar de los correctivos anunciados. Se anuncia una reforma fiscal para el segundo semestre del año, con alza de IVA e impuestos para los pensionados. Me temo que esta agenda ‘dura’, con corrupción (Reficar y La Guajira), puede echar al traste el apoyo al ‘plebiscito’ por la paz. Puede haber un cobro de cuentas político.