La política bien entendida es un ejercicio noble donde un individuo se pone al servicio de los ciudadanos de acuerdo a su visión del mundo. Se supone que no se ejerce para acumular poder económico y político, para acumular riquezas para la familia y su grupo de amigos.  La política se debe ejercer para buscar el poder en función del bienestar colectivo.

El pasado jueves, bajo los auspicios de Foro Costa Atlántica y la Misión de Observación Electoral (MOE), se desarrolló una reunión nutrida, la cual me sorprendió por estar en vísperas de Guacherna. Fue ejemplar que casi cuarenta ciudadanos, entre ediles, jóvenes profesionales, académicos y estudiantes,  le tomaran el pulso a lo que se viene en materia electoral.

Alejandra Barrios, de la MOE, hizo una entusiasta presentación de la necesidad de recuperar el ejercicio de la política para los ciudadanos. En Colombia, cada elección se viene con nuevas reglas de juego, pues el viejo Código Electoral es un caldo de cultivo para la corrupción.

Todos sabemos que las elecciones locales son las más difíciles, importan poco los programas y los partidos, lamentablemente, e impera el reino del clientelismo, el voto comprado y la coacción a los ciudadanos con becas, salud, vivienda y cuanta cosa se les ocurra a algunos candidatos.

Para estas elecciones, el riesgo electoral es alto, pues tanto la minería legal como la ilegal se aprestan a incidir en estas justas. Donde haya minería y regalías, ahora disminuyendo, la lucha será a dentelladas. Las familias políticas se verán rebasadas por nuevas fuerzas, cuyos recursos nadie sabe de dónde vienen. Las autoridades electorales siguen brillando por su inoperancia.

En el Atlántico, ya ocurrieron reasignaciones extrañas de ciudadanos en los puestos de votación, y se hace propaganda política abierta a pesar de la ley, disfrazada de saludos inocentes. En varios municipios del Atlántico hay más votantes que personas, según las cifras del Dane.

En verdad, el aparato electoral del Estado está permeado por las fuerzas políticas que lo controlan, prestándose a la ineficiencia y a la inoperancia. Tanto que se habla de sanciones por violaciones al Código Penal en materia de elecciones, y los apresados por estos delitos terminan libres y muertos de la risa. La Ley 1475 del 2011 por lo menos traza normas sobre los partidos, lo cual debe evitar que delincuentes se presenten como candidatos.

Cada partido debe tener cuidado con esta ley, aunque ya sabemos que en Colombia, el divorcio entre la Ley y la realidad es abismal. Para estas elecciones se avizora que solo importan los resultados, pues se juega el control de los territorios. Se perfilan alianzas extrañas, y la Unidad Nacional de pronto quedará hecha añicos.

Las posibilidades del proceso de paz también se juegan su suerte, pues de ganar las fuerzas contestatarias del mismo, el Gobierno pierde legitimidad ante los negociadores de la guerrilla. Escenarios como el Meta, Arauca, Casanare, el Huila y la Costa Caribe serán decisivos.

En Barranquilla se da como cantado el triunfo del continuismo, y uno se pregunta si no es hora ya de que salgan candidatos de peso que renueven lo local. Para la Gobernación, el panorama luce enredado.