No creo que haya un ciudadano sensato en este país que considere que nuestro sistema electoral en lo fundamental es correcto, sin necesidad de cambio alguno. A pesar que apenas un 40 % de los colombianos participa en las elecciones, es claro que el régimen electoral configura la forma como se distribuye el poder político, y nos afecta en grado sumo cuando desde el Congreso se expiden leyes, desde las Asambleas se aprueban ordenanzas y desde Concejos se aprueban acuerdos. Allí se toman las decisiones presupuestales importantes, y se nos afecta la vida con normas, impuestos, estampillas y tarifas. También sabemos que un 30 % de los votos se compra vulgarmente, otra parte se maneja por redes de clientela de puestos y contratos, y los megacontratistas del Estado se despachan a su gusto. Por ello es necesaria una reforma electoral. La Misión Electoral ha hecho una propuesta seria para la discusión de los colombianos, y desde todos los ángulos ya ha sido bloqueada la propuesta.

El Consejo de Estado y la Procuraduría aparecen en primera fila defendiendo sus funciones, sus competencias y puestos. Todos sabemos la lentitud de la solución a las disputas electorales, y cuando llegan los fallos muchas veces ya han expirado los periodos de los candidatos impugnados.

No se entiende tal miedo a crear una Corte electoral, cuando se trata de darle la importancia institucional debida, sacándola de una oscura sala del Consejo de Estado. Por otro lado, la Procuraduría se debería dedicar más a desterrar la corrupción campante en el Estado a todos los niveles. Con eso tiene para bastante.  Más ridícula resulta la aseveración que es un diseño castro-chavista o correísta, cuando los colombianos tenemos muy claro que este país, bajo ningún motivo, se mueve hacia ese fracasado modelo del socialismo del siglo XXI, hoy reducido a una burocracia aliada a los militares venezolanos, defendiendo su poder sin atreverse a llamar a elecciones, y masacrando a la gente sin piedad. La Reforma ha sido presentada por un equipo serio y responsable. Desdeñar sus recomendaciones y quedarnos en el absurdo statu quo, es seguir manteniendo un sistema electoral intrínsecamente corrupto.  En primer lugar, se propone acabar con el voto preferente, donde uno votaría por una lista cerrada, que define a un partido. Así la gente aprendería a votar por partidos y no por personas o caras simpáticas. La gente tendría que aprender qué diferencia cada partido, por qué usted es de La U, del Centro Democrático, Conservador, de Cambio Radical, Verde, Polo, etc. La votación a Cámara se haría más realista sin dejar por fuera muchos territorios, lo mismo que el Senado.  Nuestros ‘partidos’, si así merecen llamarse, tendrían que recurrir a sus instancias democráticas internas para definir sus listas, como se hace en todas las democracias del mundo. Se impondrían cuotas de género y de minorías, aumentando la participación femenina, y se buscaría un sistema adecuado de financiación de los partidos, ahora en manos de los contratistas. Aquí no se puede seguir con las miniempresas electorales y las famosas recogidas de firmas, que fraccionan el sistema político. Desde ya se anuncia su fracaso. Seguiremos en las mismas. ¡Que viva el statu quo maravilloso!