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DONACIÓN DE ÓRGANOS: UNA CULTURA DE DONANTES PLASMADA EN LETRA MUERTA.

 

Por: Cristian David Altamar Badel.

En la actualidad la donación de órganos se ha vuelto un  tema de  mucho interés jurídico, social, político y cultural, convirtiéndose en uno de los más grandes retos para la  ciencia y el derecho. Incluso para Colombia, uno de los países con la tasa más baja de donantes de órganos en el mundo. No obstante, según el informe emitido anualmente por el Instituto de Salud, en el año 2017 Colombia, aumentó en un 21% su tasa de donaciones en relación al año 2015 que eran 8.4 donantes por cada millón de personas (Semana, 2018). Ahora bien, este incremento no representa mucho si es comparado con la cantidad de personas que se encuentran en lista de espera por un órgano, según un artículo de la revista Semana, “hasta diciembre de 2017, 2.488 personas se encontraban en lista de espera, de estas 16 esperan un corazón, 133 un hígado, 2.316 un riñón y 23 un pulmón”.

Podemos acuñar el aumento en las cifras de donantes a la Ley 1805 del 2016, que entró en vigencia en febrero del 2017, ampliando la presunción legal de donación de órganos y componentes anatómicos, además eliminando la posibilidad de los familiares a oponerse sobre esto si la persona en vida así lo hubiese manifestado. Sin embargo, en su corto articulado, esta ley dio muchas indicaciones que seguir e instituciones a crear para cumplir a cabalidad la finalidad de la ley que es crear una cultura de donaciones en todo el país, pero en pleno 2018, como ciudadano, puedo afirmar, desde mi parecer, que todas esas indicaciones e instituciones para crear y promover la cultura de donantes en los ciudadanos, no fue más que letra muerta dentro del papel. Esta tesis la soporto en dos argumentos claves para el desarrollo de este escrito. El primero será la escasa educación que se ha brindado a la ciudadanía, por no decir nula. Segundo, la constitución de instituciones que reglamenten la materia.

En primer lugar, usaré como referente España, país líder en donación de órganos a nivel mundial durante 28 años consecutivos según el ranking ofrecido por la ONT a inicios del 2018. Su estructura en cuanto a la construcción de una cultura de donantes, se ha cimentado principalmente en la publicidad y educación que le brindan al tema. Según un artículo publicado por el periódico español El País, en 2018, la colaboración de los profesionales en el área de donación de órganos, intensivistas coordinadores de trasplantes, sumado a la educación ciudadana y la detección de donantes potenciales, sin dejar a un lado la muerte asistolia[1] han sido los factores claves para el aumento anual en el número de donantes en el modelo español.

De este modo, puedo observar como el factor de la educación a la ciudadanía influyó en la consolidación de un modelo eficaz y eficiente en cuanto a la donación de órganos, y es que este no es un tema irrelevante, es la posibilidad de salvar vidas mediante un gesto empatía y solidaridad. Si bien es cierto que la ley ha sido la mejor iniciativa en Colombia, esta se ha quedado corta en cuanto a la publicidad y educación que el gobierno le ha dado.

En segundo lugar, los artículos 10° y 13° de la Ley 1805 del 2016, consagran una regulación para los extranjeros y además la creación de una entidad que se encargará de normativizar y mantener actualizada la información sobre la donación de órganos. En ese sentido, el artículo 13 brindó un plazo de doce (12) meses para la consolidación de la Comisión Intersectorial de Calidad; la cual estaría conformada por representantes de la Red de Donación de órganos y demás, pero en pleno 2018, vencido el plazo para su consolidación no hay rastros públicos de su consolidación, lo más cercano a ello fue una circular informativa emitida por el Ministerio de Salud, sobre la donación de órganos y las preguntas frecuentes titulada como “ABECÉ: Preguntas frecuentes sobre donación de órganos”.

Del mismo modo, el artículo 10° de dicha ley, consagra la prohibición sobre la prestación de servicios de trasplantes de órganos y tejidos a quienes fueran no residentes en el territorio nacional, salvo que su cónyuge o un pariente con cuarto grado afinidad consanguínea si lo fuera. Teniendo claro esto, y el análisis que realizó la corte sobre el mismo en la sentencia T-728/16 concluyó con que el Gobierno Nacional en el menor plazo posible debería reglamentar todo sobre este artículo lo que demuestra el vacío en la normativa; así  las cosas, en 2018 y tras investigar sobre el tema solo quedaron rastros del polémico caso del hondureño en la sentencia mencionada anteriormente, y finalmente un foro implementado en Bogotá sobre las estrategias para mejorar la donación de órganos. No hubo regulación o reglamentación alguna sobre los parámetros para la prestación del servicio de donación de órganos y tejidos a extranjeros no residentes en el país.

En ese sentido, es necesario reforzar estos puntos clave y fundamentales para lograr una verdadera cultura de la donación que se dé por un gesto de solidaridad y empatía, mas no una obligación implícita respaldada por una presunción legal.

En conclusión, la entrada en vigencia de la Ley 1805 de 2016 ha incrementado en pequeñas proporciones la cantidad de donaciones en el país, no obstante sigue sin compensar la larga lista de espera que se encuentra en el país. Las razones fundamentales que desatan esta situación han sido: En primer lugar, la falta de educación y capacitación por parte del Gobierno Nacional a la ciudadanía, dejando escasa de información a la sociedad colombiana, lo que conlleva al segundo detonante que es la falta de reglamentación o instituciones que crean dicha reglamentación para hacer efectiva la educación, publicidad, y regulación de la donación de órganos en los diferentes campos que se pueden presentar, como por ejemplo en extranjeros no residentes en el país. Sumado todo lo anterior, reitero mi posición sobre las indicaciones que trae integrada la Ley 1805 y su constitución como letra muerta dentro del papel a falta de ejecución por las autoridades que le correspondía dicha labor,.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

El Congreso de Colombia. (04 de Agosto 2016). Artículo.10° y 13°. Por medio de la cual se modifican la Ley 73 de 1988 y la  Ley 919 de 2004 en Materia de donación de componentes anatómicos y se dictan otras disposiciones. [1805/2016]. Do: / Recuperado de: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201805%20DEL%2004%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf

Corte Constitucional, Sala Cuarta de revisión. (16 de diciembre 2016). T-728/16 [MP. Dr. Alejandro Linares Cantillo] Do: / Recuperado de: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-568-06.htm

Instituto Nacional de Salud. (2015). Informe Anual Red de Donación y Trasplantes Colombia (ISSN 2256-408X). Recuperado de http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-Nacional-Laboratorios/Estadsticas/Informe%20Red%20de%20Donaci%C3%B3n%20y%20Trasplante%202015.pdf

Revista Semana. Colombia crece en donación de órganos. Salud. 20 de Febrero, 2018. Recuperado de: http://www.semana.com/opinion/articulo/elecciones-2018-estudiar-propuestas-de-los-candidatos-por-eduardo-pizano/557443
 

[1] Donación por muerte a causa del cese de latidos cardiacos.

Ni Justicia Ni Paz para Nueva Venecia

       Por: Andrés Felipe Anaya Arenas

Ni Justicia Ni Paz para Nueva Venecia

     Nueva Venecia es una pequeña población palafítica[1], ubicada en jurisdicción del municipio de Sitio Nuevo-Magdalena, con  casas de colores vivos como su gente, que parecieran flotar sobre la Ciénaga, es otra de las múltiples representaciones del realismo mágico que se toma Colombia. En el año 2000 se presenta el hecho que marca la llegada del conflicto armado a Nueva Venecia[2], como lo relatan los testimonios de las víctimas que recolectó el Centro Nacional de Memoria Histórica[3], las AUC llegan a eso de las dos de la madrugada para perpetuar una de las más sangrientas e irracionales matanzas que nos ha dejado el conflicto armado colombiano, fueron asesinadas 39 personas y desaparecidas un número aún no es esclarecido. Todo frente a la mirada, quizás cómplice, de las fuerzas estatales; y es que existe una sentencia[4] que responsabiliza al Estado y múltiples testimonios de ex-paramilitares, puesto que al parecer, ante los llamados de auxilio hechos a la fuerza pública de Barranquilla y Santa Marta esta nunca se presentó[5] sino hasta después de haber pasado mucho tiempo. Hoy día los hechos aún no son aclarados y la población de Nueva Venecia (la que regresó) vive en la zozobra y la incertidumbre del porqué sucedió todo esto, se envuelve a las víctimas en un círculo constante de revictimización en el que son, una y otra vez, revividos los traumáticos momentos de aquél día, por lo cual a esta población no se le puede hablar de justicia y paz, dado que para ellos la violencia se revive a diario, al encontrar que los daños, físicos, patrimoniales y emocionales aún no son reparados.

 

La ley 975 de 2005, la famosa “Ley de Justicia y Paz” nace con el propósito de, como versa en su exposición de motivos “lograr la mayor concertación posible en torno al marco jurídico que debe guiar la negociación con los grupos armados al margen de la ley” Y más adelante cómo se encuentra en el artículo primero de esta misma ley “garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” Así se puede decir que el principal objetivo de la mencionada ley es la de no solo solucionar la situación jurídica de los  criminales, sino también el de garantizar la dignidad de las víctimas con la verdad, reparación y justicia por los hechos inherentes a la guerra. Si se entiende entonces que estos son los dos objetivos medulares que pretende cumplir la ley de justicia y paz, nace la pregunta ¿hasta qué punto se ha cumplido tal objetivo?

Según el informe de indepaz “LEY 975 de 2005: OCHO AÑOS DESPUÉS, NI JUSTICIA NI PAZ” tan sólo el 0,21% de 4.237 miembros de las AUC postulados a la ley de Justicia y Paz han tenido una sentencia, del total de hechos confesados por los paramilitares solo el 50% se he han compulsado copias, del total de las víctimas que figuran como reclamantes sólo el 13% son de los hechos reconocidos por las AUC y de estos solo el 2,7% es reconocido por el Estado[6]. Estas cifras son claramente desalentadoras, a esto se le debe añadir que el fondo de reparación de víctimas no cuenta con recursos suficientes y la restitución de tierras, aún a fecha en que escribe este artículo, se encuentra prácticamente en pañales.

 

Como se mencionó anteriormente, existe una sentencia alrededor del caso de la masacre en Nueva Venecia, esta sentencia declara a la Nación Colombiana, la Policía Nacional, El Ejército Nacional responsables administrativa y comercialmente, a título de falla o falta por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a la familia de Roque Jacinto Parejo Esquea, víctima de la masacre. Esta sentencia sólo admite la responsabilidad sobre un caso dada a que es esta familia con ayuda del MOVICE[7] y La Corporación AVRE[8] fueron quienes lograron que en abril de 2012, la fuerza pública, en representación del Estado llegara a pedir disculpas públicas, pero esta se extendió, no solo a la familia de Roque Parejo, sino a la comunidad en general, el evento fue tan rápido, poco respetuoso[9] y falto de honestidad que los pobladores sintieron vulnerados sus derechos nuevamente. Como lo verso la declaración de uno de los líderes de la comunidad que intervino en el acto:

“Los familiares de las víctimas les decimos al Estado y a sus Fuerzas militares que se encuentran hoy aquí pidiendo excusas públicas por la responsabilidad de los hechos ocurridos hace 11 años, que este perdón debe ir acompañado de la voluntad de repararnos, de decirnos la verdad y que se haga justicia.” (Testimonio Oral. Marzo-Agosto de 2013)[10] Para los pobladores este fue el reflejo de un Estado que nunca estuvo presente antes de la tragedia y que llega ahora, después de esta, en la que tuvo responsabilidad, para burlarse de ellos y demostrarles lo poco que le interesa Nueva Venecia.

 

Otro de los factores y/o actores del conflicto en la Ciénaga Grande de Santa Marta son los menos mencionados pero más influyentes, actores de “cuello blanco” que se escondieron en la esfera de la política, los negocios, la ganadería y la agricultura (latifundios y ganadería extensiva)[11] a gran escala, etc. “El problema en Colombia es que el fenómeno paramilitar no fue solamente criminal, sino también social y político. Sus tentáculos se extendían en todas las áreas de la vida social, política y económica”, explica Paul Seils, vicepresidente del ICTJ[12]. “Y eso significa que las investigaciones deberían incluir a personas de los sectores financieros y políticos, aquellos sin los que hubiera sido imposible que existieran este tipo de organizaciones” Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT), (2012).  Esto representa entonces otro factor de impunidad que no favorece a la construcción de paz, teniendo en cuenta que el Magdalena es un departamento que se caracterizó por los vínculos de la tradicional clase política y latifundista de la región con los grupos armados paramilitares[13] .

 

Es claro que en términos generales la ley de Justicia y Paz no ha cumplido con los objetivos que se propuso, que las víctimas son las mayores afectadas con la impunidad y la constante revictimización de la que son sometidas por la negligencia o incapacidad del Estado para ejecutar la efectiva reparación de los daños físicos, patrimoniales y emocionales que les ha dejado el conflicto armado, incluso en los casos en que el responsable directo es el Estado. La población de Nueva Venecia no es la excepción y se agrava la situación cuando nos damos cuenta que al parecer falta mucho para que llegue a esta población la “Justicia y la paz”. Mientras tanto las personas siguen regresando a sus hogares con la esperanza de recuperar algo de lo perdido y la zozobra de que, como nos ha mostrado nuestra historia, se repita la violencia.

 

 

Bibliografía

 

Centro Internacional  para la Justicia Transicional, página oficial, (N/A). https://www.ictj.org/es/quienes-somos

 

Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT), página web oficial, (2012). Reporte: “En profundidad: El Proceso de Justicia y Paz en Colombia” https://www.ictj.org/es/news/en-profundidad-el-proceso-de-justicia-y-paz-en-colombia

 

Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá, (2014). “Ese día la violencia llegó en canoa…” Memorias de un retorno: caso de las poblaciones palafíticas del complejo lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta.

 

Congreso de la República de Colombia. Bogotá, (2005). “ANTECEDENTES LEY 975 DE 2005 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE PROYECTOS DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ”.

 

Corporación AVRE, página web oficial, (2014). “Nuestra Misión” http://corporacionavre.org/

 

González Posso, C. INDEPAZ, Bogotá. (2014). Reporte: “LEY 975 de 2005: OCHO AÑOS DESPUÉS, NI JUSTICIA NI PAZ”.

 

Movice, página web oficial, (2015). “Nuestra Misión” http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/nuestra-identidad

 

Revista Portafolio, página web oficial, (2011). “52% de tierra en Colombia le pertenece al 1,5% de población”. http://www.portafolio.co/economia/finanzas/52-tierra-colombia-le-pertenece-poblacion-146162

 

 


[1] Población característica por sus particularidades en el campo de la residencia en cuerpos de agua y dependencia económica y alimentaria en estos mismos.

[2] El 22 de Noviembre del año 200 incursionan las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Nueva Venecia.

[3] Centro Nacional de Memoria Histórica (2014). “Ese día la violencia llegó en canoa…” Memorias de un retorno: caso de las poblaciones palafíticas del complejo lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta. Bogotá: CNMH, 2014.

[4] Sentencia N° de radicado 41-001-2331-001-2002-00818-01 Tribunal administrativo del Magdalena, Santa Marta, 12 de Octubre de 2011. Por la cual se responsabiliza al Estado, en representación de la fuerza pública, por lo hechos ocurridos en Nueva Venecia el día 22 de noviembre del año 2000, a causa de su omisión, al no asistir los llamados de auxilio, e incumplimiento de su deber al no velar por la seguridad de los pobladores.

[5] Las investigaciones aún no arrojan responsables por parte del GAULA de la policía de Barranquilla, pero fueron abiertos y luego archivados procesos a dos de sus integrantes. Entre ellos Albeiro de Jesús García Rondón, hermano de alias “El Paisa” condenado hoy por la masacre de Nueva Venecia.

[6] INDEPAZ, González Posso, C. (2014). “LEY 975 de 2005: OCHO AÑOS DESPUÉS, NI JUSTICIA NI PAZ”. Bogotá.

[7]Movimiento Nacional de Víctimas de Estado

 “El Movice, es el escenario que las víctimas han diseñado, en busca de escenarios propios en procura de visualizar la magnitud y el tamaño de la criminalización contra el movimiento social y popular, pero también es una forma de unificar las voces y los esfuerzos en la lucha contra la impunidad y por la memoria de las víctimas” Movice, página oficial, (2015). Recuperado de: http://www.movimientodevictimas.org/?q=content/nuestra-identidad

[8] Es una Corporación que tiene como misión “Realizar trabajo interdisciplinario psicosocial y en salud mental fundamentado en los derechos humanos. Dicho trabajo se hace con personas y organizaciones víctimas de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, para contribuir al pleno ejercicio y realización de los mismos” Corporación AVRE, página oficial, (2014). Recuperado de: http://corporacionavre.org/

[9] Los activos policiales y militares que llegaron al acto de disculpas públicas salieron del lugar del evento previo a que terminara y mientras se encontraban interviniendo las víctimas, un acto que fue tachado de irrespetuoso por todos los asistentes.

[10]  Centro Nacional de Memoria Histórica (2014). “Ese día la violencia llegó en canoa…” Memorias de un retorno: caso de las poblaciones palafíticas del complejo lagunar Ciénaga Grande de Santa Marta. Bogotá, 2014, p.72.

[11] Se conoce como ganadería extensiva la práctica ganadera en la que una cantidad determinada de cabezas de ganado es criada en una cantidad de terreno proporcionalmente mayor, por lo cual se vuelve ineficiente el uso del recurso tierra en la práctica ganadera. Se conoce como latifundio la práctica de trabajo de la tierra para la producción en la que un solo un propietario posee grandes extensiones del recurso tierra y a su disposición los campesinos que laboran en esta. Ambas prácticas tienen el campo colombiano sumido en el mayor atraso del sector en América Latina y propiciaron que fueran estos grandes propietarios que, en defensa de su patrimonio, financiaron y organizaron los grupos paramilitares.

[12] “El Centro Internacional para la Justicia Transicional es una organización internacional sin ánimo de lucro especializada en la justicia en periodos de transición.
El ICTJ trata de ayudar a sociedades en proceso de transición a enfrentarse al legado de violaciones masivas de los derechos humanos y a desarrollar la confianza ciudadana en la capacidad de las instituciones públicas para proteger esos derechos”
Centro Internacional  para la Justicia Transicional, página oficial, (N/A). Recuperado de: https://www.ictj.org/es/quienes-somos

[13] Es el caso de la familia ganadera de gran influencia en Pivijay, la familia de Saúl Severeni Caballero; y los pactos de Chivolo y Pivijay que se suscribieron entre las AUC y los dirigentes de la política local para entregarle el control militar a los paramilitares. Centro Nacional de Memoria Histórica (2014).

Instagram y Uber: ¿vacío normativo o ilegalidad?

Por: Susana Pachón

Instagram y Uber: ¿vacío normativo o ilegalidad?

Las redes sociales han llegado para revolucionar completamente nuestra cotidianidad. En sus inicios se veía una aparente simpleza en el fin de éstas, ya que principalmente se enfocaban en el entretenimiento y la comunicación entre personas, la difusión de contenido audiovisual y la experiencia individual del mundo digital. Con el tiempo, la gran acogida que le ha dado nuestra sociedad al uso de este tipo de redes, implicó una oportunidad perfecta para las empresas al tener potenciales compradores conectados casi permanentemente al contenido que encuentran en la red. 

Así, cada vez más pasaron de ser perfiles personales a ser empresas que difundían sus productos y se creó una especie de mercado en línea, donde con gran facilidad se llevaban a cabo negocios entre las partes, se utilizaba la facilidad de difusión visual para promover los productos y la agilidad del internet para conectar compradores y vendedores alrededor del mundo, todo esto sin ningún tipo de intervención o control por parte del estado.

La dimensión de esta problemática se puede contraponer con la que existe entre el gremio de taxistas, la cual ha tenido un gran revuelo mediático, ha requerido de la manifestación de la Superintendencia de Industria y Comercio y del Ministerio de Transporte y se ha llegado a sancionar económicamente a Uber. Esto ha estado principalmente motivado debido a las manifestaciones violentas de poder reflejadas por el gremio de taxistas con los conductores de Uber (caso que no se ha visto por parte los comerciantes), lo que sería -en mi opinión- lo que ha determinado la falta de manifestación por parte del Estado en cuanto al comercio electrónico en las redes sociales.

 

La falta de protección por parte del Estatuto del consumidor a aquellos que utilizan las redes sociales para adquirir sus bienes permite que se violen derechos de propiedad intelectual, se presenten casos de publicidad engañosa y de enriquecimiento ilícito y se generen condiciones inequitativas para los comerciantes que utilicen los mecanismos tradicionales para participar en el mercado. Los negocios realizados a través de redes sociales como Instagram o Facebook tienen cabida dentro de lo que se ha determinado en el Artículo 49 de la Ley 1480 de 2011 como ventas que utilizan métodos no tradicionales y a distancia, si se parte de la idea que el consumidor no tiene contacto directo con el bien que adquiere, y si se considera que esto es una modalidad de comercio electrónico. Aún así, la SIC ha manifestado que las redes sociales no son más que plataformas para contactar personas, y su finalidad no es publicar contenido comercial además de que su interés no es comercial. (Derecho de los Negocios, n.d)

Por lo tanto, ha considerado que las redes sociales operan como anunciantes, ya que a su nombre se publican o difunden mensajes comerciales o se realizan actividades publicitarias.

Todo esto lleva a la conclusión de que estas plataformas serán responsables únicamente por la publicidad que allí anuncien, pero no genera un vínculo directo a efectos de la protección al consumidor. Siendo esto así ¿cuál es la diferencia entre el vínculo que genera Uber con los usuarios y prestadores de servicios?  Esta plataforma busca principalmente conectar conductores con usuarios, lo cual tendría cabida en el concepto de anunciante que se otorgó a las redes sociales, al ser el medio en nombre del cual se difunden mensajes comerciales.

 

Al igual que los taxistas con el pago de cupos, seguros del automóvil, entre otros gastos obligatorios impuestos por el gobierno para poder trabajar legalmente como prestadores de servicio de transporte público, los comerciantes tienen que contar con un registro mercantil, costear todo lo que implica el establecimiento y local comercial, impuestos, iva, entre otros gastos fijos que reducen las ganancias directas de sus productos. Mientras que estas herramientas tecnológicas han evadido completamente este tipo de regulaciones, esto ha beneficiado a un gran grupo de particulares que tanto se han convertido prestadores de servicio de transporte “privado” como aquellos que han aprovechado para crear o potenciar sus negocios sin tener que tener ningún registro oficial.

La facilidad de creación de perfiles en línea permite la falsificación de estos, al no tener un registro certificado, no tener control de la razón legal de la producción, evadir registros como el INVIMA, los compradores se enfrentan a un mercado en el que la regulación de veracidad de los productos se encuentra principalmente motivado por las reseñas de otros usuarios más no porque exista algún control oficial.

 

A pesar de que desde el 2015 la SIC se ha manifestado a favor de la innovación, donde las microregulaciones no deberían permitir que se acabara el uso de este tipo de plataformas en el país. Aun así, se ha controvertido esta manifestación al considerar que la regulación de esta modalidad llevaría al fin de la plataforma en el país para poder equilibrar las condiciones entre los prestadores del servicio y evitar la competencia desleal. Inicialmente, la controversia generó polémicas frente a la informalidad laboral, desigualdad de condiciones, enriquecimiento del uso del espectro electromagnético, entre otros, haciendo que cada vez fuera mayor la necesidad de intervención de múltiples instituciones.

Lo que para mí concierne en este caso, está en la diferenciación tanto del servicio prestado como de las condiciones en las que se labora y se lucran los diferentes entes involucrados en el tema, pero lo que no permite el estudio a cabalidad del tema son los intereses detrás de las instituciones de transporte público que han presionado a que se favorezca a los taxistas para buscar su seguridad jurídica haciendo que se deje a un lado las necesidades de los usuarios de Uber. Asimismo, el hecho de que el Estado se exente de responsabilidad en relaciones jurídicas creadas por redes, y no se la otorgue a estas, genera la misma incertidumbre en seguridad jurídica, sin tener un contrapeso que presione la manifestación legal.

 

En conclusión, la falta de manifestaciones violentas e intereses políticos y económicos por parte de los comerciantes o usuarios en contra de las modalidades de comercio electrónico en redes sociales ha permitido el vacío normativo actual. Es crucial que se revise esta materia ya que está desprotegiendo completamente los derechos de comerciantes y consumidores en este mercado, es necesaria la manifestación del Estado para equilibrar las partes, evitar la vulneración masiva de derechos y propender por el bienestar de todos aquellos que ejercen la autonomía de la voluntad al celebrar contratos de compraventa y hacer uso de servicios que vayan de acuerdo a sus necesidades. Resalto la diferencia con la que se ha tratado esta problemática y la de Uber, ya que el órgano legislativo ha dado la espalda a la realidad cambiante de los colombianos que ha traído las nuevas tecnologías, lo que ha traído consecuencias negativas para el orden social (en el caso de Uber) y donde lo único que ha motivado la regulación ha sido la masiva manifestación en los medios promovida por los intereses que tiene la corrupción del servicio público del país.

Siendo esto así, ¿es necesario que se manifiesten violentamente los comerciantes para que el Estado regule las actividades comerciales mediante redes sociales?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía

  • D. (n.d.). Superintendencia de Industria y Comercio: Concepto 16- 155160- -00001-0000. Retrieved from http://dernegocios.uexternado.edu.co/comercio-electronico/sic-concepto-16-155160-00001-0000/
  • M. M. (2017, April 19). ¿Por qué se hundió el proyecto de ley que promovía aplicaciones como Uber? Retrieved from https://www.elespectador.com/economia/por-que-se-hundio-el-proyecto-de-ley-que-promovia-aplicaciones-como-uber-articulo-689937
  • S. (2016, May 9). El importante guiño de la SIC a Uber. Retrieved from http://www.semana.com/tecnologia/articulo/la-sic-habla-sobre-decreto-de-taxistas-y-favorece-a-uber/492622

La Cita Estudiantil: un espacio para la investigación

Por: Daniela Builes Ustate.

LA CITA ESTUDIANTIL: un espacio para la investigación.

El primer encuentro tuvo lugar el día 26 de Abril de 2018, organizado por las revistas Red Política y Actualidad Jurídica pertenecientes a la misma división. “Los huecos en la contratación estatal que aprovechan los corruptos” por Gianis Giacometto Márquez*, fue este el primer ensayo objeto de estudio de esta actividad, el borrador  busca ser mejorado a través de los comentarios realizados y posteriormente ser publicado.

La expositora considera que se debe hacer una reforma a los procesos de selección en la contratación pública, para así evitar la corrupción. Con el objeto de sustentar su postura desarrolla tres argumentos principales: en primer lugar, el problema de las excepcionalidades en los procesos licitatorios que permite que se creen monopolios de contratistas, seguidamente hace referencia al poco control en el uso de la contratación directa como mecanismo para contratar sin mucho tramite y por ultimo menciona que las contrataciones que se realizan no son objetivas, sino que buscan beneficiar intereses particulares.

Los comentarios a este ensayo fueron realizados por Andrea Aragón Salcedo **, los cuales se centran en dos puntos importantes. En primer lugar, considera de gran importancia hacer precisiones conceptuales de contenido juridico que, buscan ubicar al lector en el régimen de contratación del cual se está haciendo mención. Por último, se hacen sugerencias a la autora en cuanto a la incorporación de ejemplos en los que se pueda evidenciar a fondo la problemática;  el planteamiento de soluciones y la utilización de fuentes doctrinales.

Es enriquecedor hacer parte y presenciar estos espacios creados por estudiantes que fomentan la investigación. Acercando a la comunidad estudiantil en el intercambio de conocimientos y enseñanzas particulares de cada carrera.

Actualidad Jurídica y Red política esperan seguir siendo promotores de estos espacios que impulsan el desarrollo de la propiedad intelectual en los estudiantes y darlos a conocer no solo a través de sus plataformas sino que buscan crear escenarios de discusión para observar las diferentes percepciones de los estudiantes en relacion a la problemática planteada.

 

 

 

* Estudiante de quinto semestre de Ciencia política de la Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. ggiacometto@uninorte.edu.co

** Estudiante de noveno semestre del programa de Derecho de la Universidad del Norte: caaragon@uninorte.edu.co

Eficacia de la tutela del derecho a la estabilidad laboral en Colombia: a propósito del fallo de la CoIDH Lagos del Campo c. Perú

Por: Juan Miguel Cortés

Recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) publicó la sentencia de excepciones preliminares, fondo reparaciones y costas que resolvió la disputa entre el señor Lagos del Campo contra Perú, la cual ha causado gran revuelo pues por primera vez la Corte judicializa un derecho económico, social y cultural (DESC) como lo es el derecho al trabajo, el cual no se encuentra consagrado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) como un derecho civil y político. Así, se observa que las opiniones conocidas respecto a este caso se han centrado en la discusión relacionada con la judicialización del derecho al trabajo, y en específico a la estabilidad laboral, como DESC en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). No obstante, en el pronunciamiento de la CoIDH se observa además una referencia en cuanto las garantías que deben ser prestadas por los Estados miembros de la OEA para una tutela efectiva del derecho al trabajo, y en específico a la estabilidad en el empleo.

En este sentido, la CoIDH determinó que el derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traduce para los Estados en 4 deberes específicos[1]:

  1. Adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización del derecho a la estabilidad laboral.
  2. Proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos competentes contra el despido injustificado.
  3. En caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional).
  4. El Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos.

Si observamos el anterior estándar de protección de caras al ordenamiento jurídico colombiano podemos concluir que Colombia posee medidas adecuadas de debida regulación y fiscalización del derecho a la estabilidad laboral, función que es llevada a cabo principalmente por el Ministerio de Trabajo, al igual que se observa se protege al trabajador y trabajadora contra el despido injustificado, a  través de los órganos administrativos y/o judiciales (artículos 485 a 487 del CST y Ley 1610 de 2003). En este mismo sentido, el Código Sustantivo del Trabajo (CST) prevé remediación mediante indemnización para el despido injustificado (artículo 64).

No obstante, respecto a la disposición de mecanismos efectivos de reclamo a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela efectiva de tales derechos, se estima que las disposiciones de derecho interno en Colombia son insuficientes frente al estándar del SIDH. Lo anterior por cuanto, (i) en Colombia todas las disputas laborales, cualquiera sea la pretensión, se resuelven en un juicio ordinario laboral (excepto los procesos especiales de (1) ejecutivo, (2) levamiento de fuero sindical o permiso para despedir; (3) disolución y liquidación de organizaciones sindicales; (4) permiso de niños, niñas y adolescentes para trabajar; (5) declaración de ilegalidad de la huelga); y (ii) conforme registra el Ministerio de Justicia y Derecho, un proceso laboral de única instancia toma al menos 292,2 días, la primera instancia de un proceso ordinario laboral 449 días y la segunda instancia de este, en caso de ser apelado, 938,8 días.[2]

De forma que, un trabajador quien considere fue despido de manera injustificada, pero que no le fue pagada la indemnización correspondiente, o quien tiene derecho al reintegro por gozar de garantía de estabilidad en el empleo [(1) fuero sindical; (2) fuero circunstancial; (3) fuero de salud; (4) fuero de embarazo; y (5) fuero de pre-pensionado], debe esperar alrededor de 1.389 días, es decir, 3,8 años para que un juez determine si su despido fue o no justificado y proceda con ordenar la correspondiente indemnización o reintegro, según corresponda.

Al respecto nos preguntamos si 3,8 años es un tiempo prudencial en los términos del SIDH para garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva del derecho al trabajo y en específico a la estabilidad laboral, teniendo en cuenta que la CoIDH en el caso sub exánime determinó que el despido es la sanción más fuerte que en una relación laboral puede existir, y que si bien no es de carácter penal el no acceso al empleo puede generar a los trabajadores perjuicios irremediables que afectan su vida, salud y la de su núcleo familiar quienes dependen económicamente del trabajador, por lo que claramente 3,8 años no es un tiempo prudencial en los términos del SIDH para garantizar el acceso a la justicia y la tutela efectiva de este derecho.

Por lo anterior, se considera que en aras a que se garantice la tutela efectiva del derecho a la estabilidad en el empleo, en Colombia se implemente un proceso especial, de tramitación preferente respecto todos los demás procesos ordinarios laborales, donde se ventilen y resuelvan las pretensiones relacionadas con la discusión si el despido fue justificado o no, y en caso de no ser justificado se proceda con la indemnización correspondiente o el reintegro, cuando aplique. De forma que se garantice el derecho a la estabilidad en el empleo, no solo con la implementación de un sistema de reparación, o reintegro, cuando el despido es injustificado, sino además de eficacia en la tutela de este derecho, garantizándose que su efectividad sea en tiempo real y que no afecte al trabajador, acorde con el estándar fijado por la CoIDH.

 

[1] Véase § 142 de la sentencia.

[2]Gobierno de la República de Colombia. Ministerio de Justicia. Sistema de Estadística en Justicia. Web. Noviembre 12 de 2017. http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/Sistema-indicadores/Sistema-indicadores/rama-otrasfuentes.html

¿Y si dialogamos sobre sexualidad en América Latina?

Por: José Salcedo Martínez. 

Hace poco fue el día mundial de la salud sexual, más específicamente el 4 de septiembre de 2017. Este día es una iniciativa global que intenta generar conciencia sobre la necesidad de que los Estados garanticen la salud sexual como una prioridad dentro de sus agendas, se genere una masiva concientización sobre la temática y se promueva la participación en la solución de problemáticas relacionadas con este tema. Por tanto, desde el grupo de referencia juvenil de Gay Latino, una organización no gubernamental resultado de la alianza estratégica entre activistas de toda América Latina, decidimos compartir una campaña bajo el Hashtag #SaludSex2017 acompañada de una foto de cada uno de nosotros y una frase relacionada con el tema. ¿Por qué esta iniciativa en Latinoamérica?

Solo exploremos una de las tantas dimensiones de la salud sexual entre los jóvenes; las ITS (Infecciones de Transmisión sexual) más específicamente la situación de VIH/SIDA. Según datos de la UNICEF para América Latina y el Caribe, la  perspectiva regional es que tenemos más de 2.1 millones de personas viven con el VIH y/o SIDA.  Por lo tanto, La región del Caribe tiene la segunda prevalencia más alta del mundo, alcanzando un 2.3 %. Y, preocupantemente,  la epidemia afecta cada vez más a la población infantil. Los datos hablan solos: Estos virus matan a unos 1.400 niños y niñas menores de 15 años y 15 millones de estos niños han quedado huérfanos debido a esta enfermedad.  En la población juvenil, entre los 15 y los 24 años, hay 740.000 jóvenes viviendo con los virus, sumando el hecho de que diariamente 6.000 jóvenes entre estas edades contraen los virus. Para concluir con los datos, es preocupante la siguiente: menos del 30% de las mujeres embarazadas que viven con el VIH, tienen acceso a información que les permita evitar transmitir el virus a sus hijos o procurar tratamiento antirretroviral para tratar de impedir que la enfermedad progrese.

Esta actividad tan sencilla me ha permitido darme cuenta cómo todavía en nuestra región tener una orientación sexual o una identidad de género distinta a la heterosexualidad o a la concepción “biológica” de hombre o mujer es motivo para discriminación, burlas y generación de barreras de disfrute a una sexualidad libre, responsable y  plena.

Lastimosamente, estas mismas barreras mantienen la estigmatización hacia las mujeres y hombres trans, la imposibilidad de información sobre  educación sexual, la poca información sobre métodos anticonceptivos y de planificación familiar, el mantenimiento de creencia de la existencia de una “ideología de género” que quiere acabar con el orden natural, la penalización del aborto por prejuicios infundados, el desconocimiento de igualdad real de derechos a las personas LGBT y hasta la marginación a trabajos estereotipados de la población LGBT. Estamos en una región donde las frases como “prefiero un hijo muerto que uno marica”, o “ella es lesbiana porque está mal comida” o “las mujeres trans no son mujeres de verdad porque tienen pene”; son el pan de cada día y se convierten en imaginarios compartidos colectivamente como medios para construcción de identidades, en las cuales subsisten prejuicios donde la individualidad del otro es mirada con recelo y como algo a combatir, esto debido a la ruptura del orden natural y lo “moralmente correcto”.

Hasta dentro de la población LGBT+, aparece  la llamada “endofobia” (una expresión para referirse a la discriminación dentro de los grupos poblacionales que forman lo LGBT relacionada con la transfobia, el clasismo, el sexismo, entre otras), como resultado de esa cultura patriarcal y el desconocimiento de las masculinidades diversas como “no hegemónicas”, como una forma diferente de machismo, misoginia y sexismo. De esta manera, nos encontramos ante la estigmatización hacia esos hombres homosexuales que son demasiado “femeninos”, los que botan plumas, los que son delicados, los que caminan muy femeninamente, entre otras más. La expresión “masculina” se convierte en una marca indeleble que revela los prejuicios que son reductos de esos medios culturales y el poco entendimiento de la sexualidad propia como perteneciente a un entorno más amplio subordinada a relaciones de poder, desigualdades históricas y asimetrías acentuadas por el lenguaje, las acciones, las tradiciones, las ideologías, entre otros elementos culturales.

Yo he sido un defensor de la necesidad de despenalizar socialmente el hablar sobre la sexualidad, porque es una manera de dejar de ser un tabú y pasaría a la conversación diaria. Podría ser un mecanismo que ayudaría a prevenir embarazos adolescentes, homofobia, contagios masivos de  ITS, la depresión, el entendimiento temprano de la sexualidad como un derecho y una responsabilidad, el respeto por el cuerpo propio y la aceptación de las diversas formas de la diversidad sexual.

En Latinoamérica necesitamos un diálogo abierto, claro, informado, respetuoso y mediado por el Estado entre los diferentes estamentos sociales para hablar desde la academia, el Estado, los sectores sociales, los grupos poblacionales, los partidos políticos. Otras expresiones ciudadanas organizadas, y no organizadas,  y al ciudadano de a pie sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre las diferentes formas de vivir la sexualidad, sobre ITS, sobre discriminación basada en género y orientación sexual, sobre endofobia, sobre interseccionalidades, sobre tantas cosas que permitan construir los peldaños para una verdadera política pública de los Estados que intente ser una acción pública encaminada a  reducir las alarmantes cifras de embarazos adolescentes, las infecciones de las ITS entre los jóvenes, especialmente aquellos entre 15 y 25 años,  los estereotipos sexistas y machistas, entre otras problemáticas.

Los jóvenes en Latinoamérica estamos intentando construir una agenda sistémica para la construcción de paz, aprovechando los momentos de transición democráticas que estamos viviendo desde los años 90s. La sexualidad es un tema tabú, más cuando se refiere a la diversidad sexual. En este sentido,  Grupo de referencia Gay Latino, es una de tantas iniciativas, que nace de esa preocupación por la falta de información y diálogo colectivo sobre la sexualidad humana. Y  #SexSalud2017 es una manera de visibilizar esta problemática. En este mismo sentido, hace necesario el reconocimiento que la  Paz será posible cuando entendamos que  es diversa, que todos cabemos dentro del mismo sistema, con nuestras diferencias y similitudes, pero podemos coexistir como hermanos. 

 

Referencias

¿Justicia social?

El conflicto colectivo de trabajo entre Avianca y ADAC ha escalado la opinión pública, debido a lo que estimo una estrategia iniciada por aquella empresa para despertar en la sociedad colombiana un sentido de solidaridad para con la compañía. No obstante, si se observa con mayor profundidad, y más allá de analizar las consecuencias de este conflicto, estudiamos las causas del mismo, nos encontramos con que esta controversia es una muestra fehaciente de la actual crisis del derecho colectivo del trabajo en Colombia, lo cual justifica la imperiosa necesidad de establecer un nuevo procedimiento para la resolución de los conflictos colectivos económicos de trabajo.

 

Así, se observa que el actual procedimiento de negociación colectiva en Colombia no está alineado con el derecho de asociación sindical, permitiéndose la existencia de fisuras en las discusiones encaminadas a la resolución de los conflictos económicos de trabajo. Tan es así, que la OCDE en el “Estudio sobre Mercados Laborales y Prácticas Sociales: Colombia 2016. Evaluación y Recomendaciones” indicó que uno de los factores que continua afectado la negociación colectiva en el sector privado son las lagunas legislativas. Un ejemplo de estas lagunas se presenta, por ejemplo, en la facultad jurídica que tiene el trabajador de una empresa para afiliarse al número de sindicatos que bien le parezca, pero pudiéndose beneficiar solamente de una convención colectiva de trabajo, lo cual genera la inquietud relacionada con el propósito que representa para un trabajador pertenecer a un sindicato sino puede beneficiarse de la convención colectiva que esta organización suscribe con el empleador. 

 

El anterior problema subsiste por cuanto la negociación colectiva debe realizarse por industria o rama de actividad económica y no por empresas, tal y como ocurre en otras latitudes como Reino Unido, España y Argentina. Ello permitiría garantizarles a los trabajadores el derecho de afiliarse a varios sindicatos, pero beneficiarse de la única convención colectiva que existe para la industria. Así, consideramos que esta forma de negociación estaría mucho más acorde con el ejercicio del derecho de asociación sindical en Colombia, garantizándose además la igualdad de los trabajadores sindicalizados en acceder a una serie determinada de beneficios por pertenecer a una industria específica.

 

Por supuesto que lo planteado puede llegar a tocar susceptibilidades, relacionadas principalmente con la inviabilidad económica que se pueda negociar por industria y no por empresa, hallándose un poco de razón en ello. Sin embargo, se estima prudente que la negociación por industria en nuestro país pueda explorarse en: (i) sectores económicos sensibles como el sector salud; y (ii) industrias en las cuales el control del mercado es ejercido por un oligopolio.

 

En el primer sector, se evitaría el uso de figuras fraudulentas para encubrir una relación laboral, y se garantizaría una mejor remuneración de los trabajadores del sector salud por cuanto independientemente el vínculo contractual a través del cual presten servicios (contrato de trabajo, prestación de servicios, o cualquier otro tipo), puedan acceder a los beneficios que la industria de manera consensuada y resultado de un diálogo entre los empleadores o usuarios de los servicios profesionales y que los trabajadores acuerden. En el segundo caso, el de los oligopolios, por estar controlado el mercado por un número concreto y reducido de empresas, se evitarían prácticas que paralizarían la economía y la prestación de servicios al consumidor final, como lo es: la presentación de pliegos de peticiones inviables económicamente para una empresa; la estigmatización de una organización sindical; o la paralización de la prestación de un servicio, independientemente que el mismo sea esencial o no, superando dicha discusión.

 

La problemática presentada en torno a la negociación del pliego de peticiones presentado por ADAC a Avianca, invita a que reflexionemos respecto el ejercicio de la práctica del derecho colectivo en Colombia, y a que se adopten medidas encaminadas a lograr una mayor eficiencia de las negociaciones, que dinamice la economía y en la cual los consumidores finales no seamos los más afectados. Eliminándose per se prácticas empresariales y sindicales que más allá de intentar resolver conflictos económicos de trabajo, buscan fines personales y no para el beneficio de la comunidad de trabajadores ni para el logro de una justicia social.

 

Por: Juan Miguel Cortés.

Abogado de la Universidad del Norte. Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Joven Investigador COLCIENCIAS 2014 y 2016. Miembro en calidad de pasante del Grupo  de Investigación en Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Norte. Abogado asesor en asuntos laborales. 

 

EL LLAMADO

El lenguaje es un sistema complejo, compuesto por signos, sonidos, palabras y señales mediante los cuales los seres humanos expresamos nuestros pensamientos y sentimientos. Este sistema, por el impacto que causa en la sociedad, después de experiencias como el triunfo del NO en el plebiscito, la victoria de Trump en USA y del resultado del Brexit en el Reino Unido, ha cobrado relevancia. Por ello, es importante que en estos tiempos de paz, todos los ciudadanos colombianos aprendamos a transformar el sermón de la guerra, que bien conocemos, por uno más amigable, que nos ayude a construir paz.

En Colombia, históricamente hemos manejado discursos que incitan a la guerra, tanto, que hasta el día de hoy hablar de muerte y de acciones terroristas sigue siendo normal. Esta situación es realmente preocupante de cara a la implementación  del acuerdo entre Las FARC-EP y el gobierno, que busca reconstruir una sociedad bajo los cimientos de la paz.

En primer lugar, quiero hacer un respetuoso llamado a las FARC-EP, para que sigan preparándose, y cambien el discurso de lucha y de guerra que tan bien manejan. No podemos seguir diciéndonos camaradas después de haber pasado a la civilidad, en donde todos nos reconocemos como hermanos por ser ciudadanos colombianos. Tampoco podemos decir que el acuerdo de paz es un instrumento de lucha, porque eso sería la negación del mismo acuerdo que busca la terminación del conflicto. Es importante dejar atrás ese discurso  para no volver a herir a una sociedad que está viviendo un momento emocional muy fuerte.

En segundo lugar, hago un llamado a la oposición, si todos queremos la paz y compartimos esa visión de país, no podemos seguir fomentando odios basados en religiones o discriminando personas por su condición, género o profesión, este país no puede seguir siendo de unos pocos, tiene  que ser de todos y ustedes son necesarios en él. No podemos seguir dividiendo el país, tenemos que empezar a unir y a construir. Los invito a hacer críticas constructivas, a dejar de inyectar sentimientos negativos en redes sociales, a dejar de tirar dardos y a empezar a hablar un lenguaje que edifique una Colombia mejor.

En tercer lugar, al gobierno, felicidades por todo el trabajo que se ha hecho, pero aún hace falta más, es necesario ser más efectivos, dejar la burocracia y ponerse las botas todos los días e ir a construir paz, en especial en las zonas del país que a gritos lo están pidiendo. Por otro lado, los colombianos esperamos, que las inversiones por la paz no se conviertan en la negación de los recursos del deporte y la ciencia, necesarios para animar a muchos colombianos y colombianas a soñar con un país diferente y mostrarle al mundo que Colombia está avanzando.

Por último, mi llamado es a los colombianos y las colombianas, es importante que entendamos que este acuerdo es el cimiento de una paz que todos estamos llamados a construir, por el hecho de ser ciudadanos. Pero ¿cómo construyo paz?

Amigo lector comienza por cambiar tu discurso, por humanizar la guerra, por sentir el dolor de la Colombia rural que se está levantando de la siembra de coca, de los niños que en muchas zonas del país no tienen que comer, de los jóvenes que en muchos lugares no encuentran oportunidades y limitan sus sueños; aprende a escuchar más y a hablar menos, a pensar y estudiar antes de criticar. Todo ello, te preparara, te llenara de pasión y te impulsara a empezar a cambiar no solo tu realidad si no la de tu comunidad.

Porque el lenguaje es la herramienta más importante que tiene una sociedad y si queremos todos juntos superar un conflicto, tenemos que dejar de hacer apología al mismo. Tenemos que empezar a hacer más visible a las comunidades que no conocemos, tenemos que movilizarnos por la paz y empezar a construir una nueva Colombia.

Por: Rafael Ariza, estudiante de décimo semestre de Derecho, integrante del programa "Manos a la paz" en el departamento de Antioquia. 

Justicia transparente: reflexiones y propuestas desde la academia

Hace menos de un mes, el 30 de agosto, el periódico El Tiempo emitió una noticia que puso a temblar al aparato judicial en Colombia: La honorable Corte Suprema de Justicia iba haciendo su camino hacia el panteón, a raíz de la confesión del senador del partido de la U, Musa Besaile, quien aseguró haberle pagado 2000 (dos mil) millones de pesos al ex fiscal Gustavo Moreno para evitar que el proceso penal que estaba en su contra siguiera surtiendo trámites y se ordenara su captura. Un día anterior, el portal de noticias independiente Los irreverentes había escrito una nota titulada El papá de los pollitos en la que se contaba paso a paso cómo sucedieron los hechos, explicando además que “7 de los 9 magistrados de la sala penal de la corte suprema deben quedar bajo sospecha ante la sociedad”, quienes permitieron que se estancara el caso y no se ordenara oficialmente la captura en contra de Besaile. Cuando el proceso comenzó, 9 magistrados estaban “untados” con el delito que, según los datos que arroja la prensa, se consumó en el 2015. Y para cuando estalló la noticia, en agosto, 7 de ellos aún seguían ocupando sus cargos. La justicia evidentemente se encontraba en una crisis de legitimidad.

 

Como consecuencia de este suceso los días 14 y 15 de septiembre de este año, la Universidad del Rosario en cabeza del decano de la facultad de Jurisprudencia convocó una reunión de carácter urgente debido a los sucesivos escándalos de corrupción y, sobre todo el mencionado en este escrito. En esta jornada de diálogos entre los decanos asistentes de diversas universidades del país y representantes de los estudiantes (con presencia de la editora estudiantil de la Revista Actualidad Jurídica) se pusieron sobre la mesa varios puntos:

1. La reforma al equilibrio de poderes: pertinente o no que los decanos tuvieran poder de elegir a los magistrados de las altas cortes.

2. La existencia de Colegios de Abogados versus las funciones del Consejo Superior de la Judicatura.

3. El robustecimiento del perfil del egresado del programa de Derecho.                              

 

Estos puntos fueron transversales a toda la discusión en donde también se abordó el problema de las faltas éticas de la academia según un informe sacado por DeJusticia, la creación de un Observatorio de Justicia que tuviese presencia en todas las regiones del país y se apartara del fantasma bogotano que robustece el centralismo y debilita a la periferia nacional, el rechazo de las tasas de impunidad de los líderes sindicales muertos en lo que va de la fase de implementación de los acuerdos de paz, la importancia de la ética en todo el plan de estudios del programa de derecho, la realización de un Plan Nacional de Justicia y por último, la agenda abierta para comenzar a ejercer acciones concretas que permitan cumplir todo lo propuesto.

Cada punto fue ampliamente discutido y a partir de ello se sacaron unas conclusiones que dieron lugar al comunicado que se enviaría a la prensa y que hoy la Revista Semana publicó, en el cual se sostenía lo siguiente: “Las facultades de Derecho que suscribimos esta declaración manifestamos nuestro categórico rechazo a las actuaciones de quienes administrando justicia y ejerciendo la profesión han deshonrado la responsabilidad que les han sido confiadas”.

Luego de un amplio debate sobre el contenido de dicho comunicado, finalmente quedó redactado así:

Todo esto para afirmar que la Academia no puede nunca configurarse como un ente aislado que no tiene ningún tipo de incidencia en las dinámicas económicas, políticas y sociales de la realidad colombiana. Todo lo contrario, como escenario crítico debe mostrar su apoyo a los procesos de justicia transparente y ante todo, vincularse a las causas que encausen el camino de Colombia a nuevos paradigmas que ayuden a la justicia a salir del panteón y que recupere la legitimidad que por tantos años ha perdido.

Por: Paola Pereira Ortiz 

Entrevista a Nemesio Roys, subdirector de Prosperidad Social

Durante el desarrollo de las actividades académicas de Uninorte en Verano, el Instituto de Desarrollo Político e Institucional (Idepi) de la Universidad del Norte organizó un foro denominado: ‘Los ojos hacia Barranquilla: diálogo abierto sobre los logros, ventajas y retos de la ciudad’, celebrado el día 3 de junio y que contó con la participación como ponentes de Nemesio Roys, subdirector de programas y proyectos del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Rocío Mendoza, directora de Barranquilla Cómo Vamos, Diana Cantillo, coordinadora de promoción de inversiones de Probarranquilla, y finalmente, Ángel Tuirán, director académico del Idepi, quien actuó como moderador.

Previo al evento, logramos conversar con Roys Garzón, quién nos compartió un poco sobre la gestión del DPS en estos últimos años, el apoyo especial que puede brindar esta entidad a Barranquilla y la Región Caribe, y su proyección institucional hacia el posconflicto.

En 2011, la Agencia Acción Social fue transformada en Departamento Administrativo y se convirtió en lo que hoy conocemos como el Departamento para la Prosperidad Social. El decreto presidencial mediante el cual se ejecuta dicha transformación menciona, dentro de sus consideraciones, que se requiere fortalecer la política social y garantizar la presencia estatal. ¿De manera general, qué tanto ha logrado el DPS en estos cuatro años para dar cumplimiento a ese objetivo?

La gran transformación que se hizo en el Gobierno, de pasar de ser un Programa y volverlo un Departamento le genera más institucionalidad, porque los Departamentos son transversales en su ejecución. Prosperidad Social tiene un norte muy claro y es atender a la población vulnerable en cada una de sus etapas, o sea, en temas desde infraestructura, transferencias, apoyos a educación, apoyos a salud, etc.; y esos programas han permitido que en Colombia se vaya reduciendo la pobreza. Arrancamos un Gobierno en el 2010 con 37% de pobreza. Hoy, Colombia tiene un 27% de pobreza. Es ahí donde vemos que todos estos programas sociales se van articulando, llegando a la población a la cual tienen que llegar, para poder obtener esa reducción de la pobreza.

Tuvimos una segunda transformación el 30 de diciembre del año pasado y fue cómo la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) se volvió la Subdirección para la Superación de la Pobreza, para hacer que ese ejército social de cogestores tuviera una oferta institucional para llevar a esas familias más pobres. ¿Qué pasaba antes? La ANSPE, o el ejército de cogestores, visitaba a las familias y teníamos claramente un diagnóstico de cuáles eran las necesidades de la población con pobreza extrema. Al meterlos a Prosperidad Social no simplemente se hace el diagnostico, sino que de una vez se acerca la oferta institucional directamente a la población.

El pasado 22 de Abril, entró en vigencia el Plan de Desarrollo Distrital que fue presentado por la administración del alcalde Char ante el Concejo de Barranquilla. Dentro de dicho Plan, se adopta una política de paz, lucha contra la pobreza e inclusión social y se desarrollan una serie de programas de inversión, como por ejemplo, el estímulo social de transporte para estudiantes, la construcción de casas de la juventud y de la mujer, la promoción de acceso a educación y vivienda para minorías étnicas, entre otros. ¿De qué forma el DPS puede contribuir o asesorar en la ejecución de los programas sociales que deberá adelantar la Alcaldía Distrital en los próximos 4 años?

Cuando se posesionaron los alcaldes y gobernadores, el primero de enero de este año, arrancamos una labor de articulación de la oferta del nivel central, especialmente de Prosperidad Social, con cada uno de los nuevos mandatarios y comenzamos a ponernos en contacto con ellos, para que en sus Planes de Desarrollo quedaran establecidas claramente las líneas de acción para superación de la pobreza, inclusión social y reconciliación. Hemos garantizado, en Barranquilla por ejemplo, que el Plan de Desarrollo vaya articulado con reducción de la pobreza e inclusión social. Para ello, hay muchísimos programas.

Tenemos programas indispensables donde ya hemos comenzado a firmar convenios, como Más Familias en Acción, que es un complemento al ingreso, pero está basado en la condición de educación y salud. Si llevas a tus hijos a educación, si los llevas a la salud, pues tienes una transferencia monetaria que complementa tu ingreso. Otros, como Jóvenes en Acción, que les permite a bachilleres pasar a formación técnica, tecnológica o universitaria, y que incluso, Barranquilla también lo ha realizado en convenio con Prosperidad Social y que es Universidad a tu Barrio, un programa que se tiene específicamente en la ciudad. También tenemos programas de emprendimiento y empleabilidad en el Distrito de Barranquilla. Creo que todos estos programas, acompañados de la creación de una infraestructura social y comunitaria, se van alineando con el Plan de Desarrollo.

Los niveles de pobreza y desigualdad en la Región Caribe son alarmantes. Pese a ser un territorio con alto potencial económico, diversos factores de índole político han contribuido para que la distribución del ingreso no logre ser equitativa. ¿Cómo cree usted que se puede corregir esta situación? ¿Cuál es la ruta a seguir para procurar que las autoridades locales hagan las debidas inversiones en gestión social?

Es claro que la Región Caribe es una región con muchas similitudes geográficas y sociales. Pero cuando empiezas a ver las economías, se ven las disparidades que me estás mencionando. Hoy, el departamento del Atlántico es mucho más próspero que cualquiera de los otros departamentos de la región. Y si hablamos específicamente de Barranquilla, en pocas palabras es la capital menos pobre de la Costa Atlántica. ¿Qué es lo que debemos seguir haciendo y continuar en el futuro? La pertinencia de los programas sociales. Si nos equivocamos en esto, gente que tiene recursos va a tener más recursos y oportunidades, y la gente que no tiene, se queda sin estas oportunidades; y ahí vamos a aumentar el gap, o la brecha que hay entre unos sectores y otros. Cuando los programas sociales del Gobierno y del ente territorial van con pertinencia y bien focalizados a población vulnerable, lo que haremos es reducir esa brecha y vamos a hablar de un tema de equidad. Esto no se trata de igualdad, que sería lo mismo para todo el mundo pero manteniendo las brechas, y aquí necesitamos hablar de equidad. Los recursos y los mayores esfuerzos tienen que estar orientados a la gente que menos tiene y que más necesita, y obviamente, dejar que los que más tienen y menos necesitan tengan un dinamismo más que todo autónomo o propio, pero que no está teniendo en gran medida un soporte por parte del Estado.

Los Acuerdos de La Habana están en su recta final y la firma de la paz es cada vez más probable. ¿Cómo se está preparando el DPS para un eventual periodo de posconflicto?

El posconflicto lo que nos a permitir tanto a esta sociedad, y a nosotros como una nueva generación, es vivir en algo que no hemos conocido: vivir en paz. Muchas de las generaciones que tenemos nacieron en guerra, han muerto en guerra y nosotros no queremos morir en guerra, y ese es el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno para poder tener una Colombia en paz. ¿Qué hemos hecho desde Prosperidad Social? Empezamos a hacer una articulación con el Ministerio del Posconflicto, hoy Alta Consejería para el Posconflicto, para alinear los programas sociales y cuál será la intervención especialmente en aquellos municipios que están considerados en un plan de respuesta rápida. A raíz del Conflicto, el Gobierno no ha podido entrar a distintas localidades o ha tenido dificultades para ejecutar todos sus programas. Al no tener Conflicto, el Gobierno y sus instituciones podrán llevar la oferta, hacer presencia institucional, y a través de esta última, es que nosotros podremos adelantar los programas, llegar a la población que nunca ha tenido esos beneficios y de esa forma, seguir reduciendo la pobreza en mayor medida. Realmente, como siempre lo he manifestado, la verdadera paz en Colombia va a ser sostenible únicamente cuando todas las personas tengan inclusión social, tengan los beneficios de un Estado que siempre los acompañe y que realmente todos tengamos esa reconciliación que tanto necesitamos. 

Por: Ciro Murillo

Semana del Derecho - Crímenes de los poderosos

El despojo violento de tierras de campesinos, con el fin de impulsar a las grandes industrias de palmas o favorecer la explotación ilegal de oro. La exploración y explotación de petróleo a través de fracking, que ha acabado con las fuentes de agua de varios departamentos. La controvertida otorgación de licencias ambientales por funcionarios estatales a empresas de las que solían ser directivos. La ejecución extrajudicial de miles de ciudadanos inocentes para garantizar el logro de metas militares.

A pesar de la innegable la conexión que existe entre la pobreza y el crimen en Colombia y en el mundo, los anteriores son ejemplos de cómo la delincuencia no es un fenómeno limitado a los pobres, sino también algo propio de aquellos que detentan el poder.

Quiénes exactamente son los poderosos, cómo cometen sus actos de criminalidad y de qué manera podemos controlarlos, fueron algunos de los temas que se trataron en un conversatorio que contó con la participación de Alejandro Forero y Camilo Bernal, juristas colombianos miembros del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, y el profesor e investigador Carlos Orozco, del programa de Derecho de Uninorte.

El evento se llevó a cabo en el marco de la II Semana del Derecho de Uninorte, una iniciativa que busca generar un espacio de reflexión y debate en torno a la evolución, desarrollo e impacto del derecho en sus distintas áreas, a partir de diversas perspectivas, con el propósito de contribuir a formular propuestas que contribuyan al desarrollo del país.

Forero y Bernal son considerados autoridades en el tema de crímenes de los poderosos, que ha sido poco reseñado en círculos académicos hispanoamericanos, y próximamente sus investigaciones sobre este tópico serán consignadas en un libro. “Este es un tema del siglo XXI y la forma como ustedes lo estudien debe tener una conexión con lo real”, expresó Forero ante su audiencia conformada en su mayoría por futuros juristas.

Estados, corporaciones, instituciones financieras internacionales, transnacionales, consorcios público-privados hacen parte de aquellos considerados ‘poderosos’, que al delinquir evitan cualquier tipo de represión legal o social al incurrir en conductas que no están tipificadas en el código penal del país.

“La capacidad de estas personas jurídicas para realizar sus actos no se podría realizar sin las estructuras que les facilitan en el 90% de las situaciones que lo que hacen está protegido legalmente”, afirmó Forero.

Estos crímenes se caracterizan por suceder en contornos borrosos entre la legalidad y la ilegalidad y aquellos individuos o corporaciones que poseen una mayor cantidad y variedad de recursos tienen también mayores probabilidades de asignar definiciones criminales a otros y de repeler las que a otros les asignen.

Tienen mayor libertad de movimiento para controlar efectos de la actividad criminal y usualmente no permiten que esta se haga evidente o sea definida como tal. Entre los resultados están altos niveles de impunidad, la dificultad en la investigación de estos hechos sociales y de cuantificar los daños.

Para reprimir la sanción del Estado, los poderosos hacen uso de su poder en todas sus dimensiones posibles. Por ello, explica Bernal, el Congreso de Colombia ha hecho esfuerzos por reglamentar los lobbies para que, por ejemplo, “las tabacaleras dejen de pagar viajes suntuosos a los legisladores para influenciarlos”, añade.

Según Bernal, es por lo anterior que en un país como Colombia, donde por mandato constitucional existe la necesidad de proteger sus reservas ambientales, “le hacemos la concesión a una multinacional para hacer fracking en Caño Cristales y de una manera cínica para lavarse las manos decir que fue una ligereza de un funcionario”.

“Hay personas que se involucran por intereses particulares, pero en ocasiones son organizaciones que utilizan su maquinaria, atravesando todo lo que tienen a su paso para lograr intereses corporativos, así sea destruyendo los recursos del campo”, afirma Bernal.

El caso colombiano

En Colombia se pueden observar crímenes de poderosos, particularmente en la forma de consecución de recursos a través de la utilización de recursos naturales no renovables.

De acuerdo con Forero, existen ejemplos muy claros de empresas que quieren explotar el oro, que recurren a métodos de minería legal e incluso a alianzas con organizaciones criminales que quedaron de herencia de grupos armados desmovilizados,

“Allí existe un caldo de cultivo de violación de derechos humanos. Esto sucede en Boyacá y en el Cauca, donde la minería causa todo tipo de problemas. En Chocó se ven obligados a aceptar la minería ilegal para que haya recursos, porque no los hay”.

La exploración y explotación de petróleo a través del fracking ha propiciado que haya departamentos que, según Forero, ya no tienen agua. “En el Casanare los chigüiros están muriendo porque todo el agua la utilizamos para inyectarla a ver si tenemos reservas petroleras”. Forero califica este hecho como “absurdo”, si se tiene en cuenta la disminución de los precios del petróleo.

Por su parte, Bernal señala cómo en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, se ha generado una puerta giratoria entre los directivos de las empresas privadas y las empresas públicas. “El director de licencias nacionales había sido director de una parte de la empresa a la que se la dio una concesión. Esto es un delito estatal corporativo, porque facilita que la empresa haga el daño ambiental”.

Por: Andrés Martínez Zalamea

Entrevista a Luis Fernando Trejos


Recuperado de: Grupo Juventudes Críticas

En el marco de la Cátedra Europa 2016, la revista Actualidad Jurídica logró acceder a una entrevista con el docente e investigador del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Luis Fernando Trejos Rosero, quien tuvo la oportunidad de dictar las conferencias "Panorama del crimen organizado en el posconflicto: caso Barranquilla" y "Dinámicas de violencia posconflictual en la Región Caribe". Trejos Rosero, ha realizado investigaciones sobre el fenómeno paramilitar en la región y las actividades insurgentes de las FARC y el ELN.

Recientemente los medios de comunicación como revista Semana y La Silla Vacía han noticiado los asesinatos que a lo largo del país se han venido presentando en contra de líderes de izquierda política, personas que trabajan con sectores políticamente alternativos. También se habla, como lo comenta la revista Semana, sobre la reaparición de grupos paramilitares. Algunos académicos han insistido en el término de grupos neoparamilitares, designado así a bandas criminales como el Plan Úsuga. También se habla de categorías de bandas criminales, en donde unas se dedican a las actividades ilícitas, otras a colaborar con grandes terratenientes mandando a asesinar a líderes que están en contra de los intereses de estos grandes terratenientes, y una tercera categoría que son las bandas criminales que mantienen la lucha antisubversiva. ¿Todas las bandas criminales podrían inscribirse  o categorizarse en ese concepto de grupos neoparamilitares?

Bueno, con respecto a la primera pregunta que es el asesinato sistemático de defensores de derechos humanos y líderes sociales, eso es una alerta, una alarma que se prende con respecto a los desafíos que se vienen en el posacuerdo con los desmovilizados de la insurgencia, porque es seguro que en muchos sectores en los que ellos vayan a hacer presencia ahora como civiles van a asumir liderazgos sociales. Eso es preocupante y demuestra la estructura asimétrica y desigual del Estado en el sentido de si tú haces un mapeo de dónde están matando a los líderes sociales es en las periferias. En Bogotá no los matan, no los matan en Medellín, no los matan en Cali sino en el Chocó, en el Pacífico, en la Costa Norte, en los Llanos, y es ahí en donde uno ve cómo la implementación de los acuerdos va a chocar con un status quo, porque quienes están matando no hay que verlos solo en clave de paramilitar, aquí hay intereses particulares a los cuales le es muy inconveniente la existencia de estos discursos sociales. Entonces, eso es un indicador muy negativo frente a lo que se viene. Uno esperaría que el Estado empiece a tomar medidas, cosa que no ha pasado y yo veo difícil que lo hagan a mediano plazo porque algo que incentiva la violencia política en este caso es que no pasa nada, hay una impunidad rampante, a nadie lo agarran por matar a reclamantes de tierras, a defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Con respecto a la segunda pregunta sobre paramilitarismo, lo que hay que ver y es el debate que se está dando, yo no creo que uno pueda hablar de desarme porque ellos nunca se desarmaron totalmente, se puede hablar de resurgir, de crecimiento, etcétera, etcétera. Lo que sí creo yo que se puede hablar de <<nuevo paramilitarismo>> porque, digamos, hay una diferencia muy marcada con respecto a lo que fue las AUC. Y, la diferencia de fondo usan (sic.) los mismos modos operandi, están en los mismos territorios, se dedican a las mismas actividades ilegales, la diferencia es que el neoparamilitarismo no tiene una agenda política tan grande y tan clara como la tuvieron las AUC. No quiere decir que no tengan proyectos políticos, pero sus proyectos políticos no son nacionales, son locales. Esa es la diferencia de fondo, y lo que se habla ahora de rearme es que los grupos neoparamilitares tendieron a atomizarse y a operar en los centros urbanos y, obviamente, en los centros urbanos no pueden andar de camuflado y fusiles, y lo que se está viendo ahora en Córdoba, en sectores de los Llanos Orientales, etcétera, etcétera, es que ya otra vez están apareciendo ejércitos particulares, o sea, de camuflados, con fusiles, haciendo control territorial y eso es un claro desafío a los posacuerdos. Eso lo que está diciendo es que hay élites locales o gentes en el plano local que se va a oponer a que en esos territorios se implementen los acuerdos de La Habana.

Después de los diálogos de paz de La Uribe, Meta que fueron en el gobierno de Belisario Betancur, las FARC tuvieron la oportunidad de organizarse políticamente en un partido que se conoció como Unión Patriótica. Infortunadamente, agentes del Estado y grupos paramilitares, provocaron un exterminio en contra de esta asociación política. Ahora en unos posibles acuerdos de paz, en una posible firma de los acuerdos de paz entre el actual gobierno nacional y las FARC, ¿creería usted que el Estado se encuentra preparado para evitar un segundo exterminio?

Mira, lo que hay que tener claro es que el contexto era muy distinto, o sea, estábamos en la Guerra Fría, el conflicto era rampante, digamos, si bien varias organizaciones guerrilleras estaban negociando y habían pactado ceses al fuego, las FARC es (sic.) la que va más allá. Yo esperaría, o sea, es seguro que van a matar gente de las FARC pero no un exterminio como la UP. Y no porque el Estado lo vaya a prevenir sino que no creo que haya la misma cantidad de agentes estatales que participaron en aquella época ahora dispuestos a salir a matar a gente de las FARC. Pero no creo que haya una redición, o sea en el tamaño del genocidio que hubo de la UP, no creo que se presente contra las FARC.

Cuando hablamos de que los grupos paramilitares, hoy bandas criminales y que se habla de grupos neoparamilitares en el momento lograron desarmarse, nos estamos refiriendo a que las hoy bandas criminales lograron preservar las estructuras delincuenciales de las AUC y los bloques que hicieron parte de la misma. ¿Hasta qué punto se ha logrado preservar o han logrado cambiar esas estructuras criminales?

Más que estructuras hay que hablar de redes, o sea, esas redes están intactas porque nuestras autoridades son muy eficientes capturando capos y comandantes pero no desmontando redes. Puede ser que por efectos mediáticos da mucho más rating capturar a un comandante que a un testaferro o a un tesorero de una estructura de estas, y lo que vemos es que la red se expande y se contrae pero nunca se desmonta. Lo que pudiera o lo que podemos ver es que en algunas partes las redes están creciendo y en otras se han mantenido pero nunca disminuyen. Esto se debe más que toda la debilidad institucional en los territorios, o sea, cuando se habla de debilidad institucional es de todas las agencias estatales, no solo las relacionadas con justicia sino las de seguridad, etcétera, etcétera.

Se tienen evidencias de que en las elecciones del 2003 grupos paramilitares lograron trabar alianzas, pactos con la dirigencia política de muchos departamentos del país, caso de esto el departamento del Magdalena con el llamado Pacto de Chivolo, en donde alrededor de 360 candidatos a cargos de elección popular firmaron un pacto con el entonces jefe del Bloque Norte, Jorge 40. E incluso, en las elecciones del 2007, un poco antes de estallar el escándalo de la "parapolítica" los paramilitares tuvieron incidencia en las elecciones departamentales y territoriales. ¿Cree usted que en las elecciones del 2011 y en las pasadas de octubre de 2015 las bandas criminales tuvieron incidencia en las elecciones y lograron de cierta manera cooptar el erario tanto de las administraciones locales como de las gobernaciones?

Sí hay participación e incidencia política pero nunca en la magnitud del año 2004, o del 2006 o del 2010. Hay innegablemente una participación a través de, digamos, uno puedo rastrear ya no con el fusil en la mano como pasó en algún momento sino que hay por ahí otros mecanismos. Ahora se puede, ellos inciden en política financiando campañas, o sea, dando plata porque hay demasiada plata  y no se sabe dónde viene. También a través de terceros, o sea, poniendo a la esposa, poniendo a los hijos como candidatos. Lo otro es haciendo alianzas, digamos con otros "parapolíticos"  para apoyar, de gente que ya está inhabilitada, pero para apoyar a candidatos. Uno encuentra esas formas pero no en la misma magnitud en la que sucedió en el año 2006 y 2010.

Para finalizar, volviendo al tema de la ola de asesinatos de líderes izquierdistas en el país. De seguir así a la situación, ¿qué le esperaría a la izquierda política como a los académicos y a los investigadores que se han dedicado desde los centros de estudio, centros de investigación, desde las universidades a investigar y analizar fenómenos como el conflicto armado, la violencia delincuencial y el paramilitarismo?

Es complicado. Al igual eso va a frenar procesos sociales, puede frenar desarrollo local y regional, otra vez lo que podemos presenciar es el rompimiento del tejido social, intimidación pa' (sic.) ciertos temas no se toquen, no se investiguen no solo desde la academia sino desde lo público. Pero ese es el desafío. La sociedad civil colombiana tiene una capacidad de resiliencia impresionante. El movimiento social ha sido atacado ya más de cuarenta o cincuenta años ininterrumpido bajo ataques de muchos actores y ahí sigue. Entonces yo creo que vamos a seguir pa' (sic.) ‘lante (sic.). No hay otra. 

Por: Alan Gutierrez. Miembro del Comité Editorial. 

Entrevista a Todd Howland, representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia

 

“Hay necesidad de un mayor nivel de solidaridad en Colombia en razón de los derechos de todos y todas”: Todd Howland

Todd Howland, representante para Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, habló a la Revista Actualidad Jurídica de la Universidad del Norte, en el marco de la XIX edición de Cátedra Europa, sobre posconflicto y Derechos Humanos.

“En realidad no hay conflicto armado sin violación de derechos humanos y sin violaciones masivas, pero también cada conflicto es distinto. La historia del país, las raíces del conflicto y también los esfuerzos para superarlo, siempre son distintos” explica el jurista estadounidense, en entrevista con la Revista Actualidad Jurídica.

 

Luego de desempeñarse como Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en otros países como la República Democrática del Congo o Angola. ¿Qué piensa del conflicto armado colombiano? ¿Tiene algo en particular? 

“Yo creo que todos los conflictos tienen unas cosas similares: en cada conflicto armado hay víctimas de violación de derechos humanos, hay estigmatizaciones de comunidades, hay comunidades desplazadas, hay mucho sufrimiento. En realidad no hay conflicto armado sin violación de derechos humanos y sin violaciones masivas, pero también cada conflicto es distinto. La historia del país, las raíces del conflicto y también los esfuerzos para superarlo, siempre son distintos, entonces es importante ver que en Colombia hay varias cosas que están en favor de la solución y varias cosas que están en contra; las cosas a favor de la solución es que en Colombia hay dinero, hay capacidad. Bueno, hay una mala distribución de estos recursos, de estos conocimientos, pero en realidad aquí hay mucha posibilidad y hay mucha más institucionalidad que en otros países.

Pero también hay varias desventajas, este fue un conflicto de más de cinco décadas, es uno de los conflictos armados más largos del mundo; segundo que una de las causas del conflicto todavía sigue: la situación en las áreas rurales, como los de la Guajira, increíble un país tan desarrollado que tenga 37 niños y niñas muriendo de falta de agua, de desnutrición. En un país como Colombia es algo que se choca. También en relación con los problemas políticos de este país, es el primer país, donde yo he trabajado, donde he visto que hay un gran porcentaje de población contra el proceso de paz, es un poco raro ver eso. Claro que se pueden tener preocupaciones sobre varios de los acuerdos, si los acuerdos van a ser implementados o no, pero es muy raro que hay en realidad oposición a la paz, y hubo uno encuesta de que si el gobierno del presidente Santos debe o no abrir una mesa de negociación con el ELN, fue casi un cincuenta por ciento de la población que dijo que no, entonces este es un contexto muy raro políticamente hablando porque tenemos un proceso de paz donde la sociedad está a favor del proceso, pero claro que esta más en favor de un lado o de otro, que está empujando que haya unos cambios u otros, pero este debate está en razón de que tipo de paz y no se van a abstener por un proceso de paz.

Yo creo que parte del problema también es que la gente que aparece en las encuestas son gente que en realidad no se ha afectado por el conflicto, se aleja de los lugares afectados por el conflicto, muchos de ellos en realidad no tienen conexión de internet, no tienen conexión telefónica, entonces ellos no son la gente que está respondiendo las encuestas, sobre si ellos quieren la paz o no, ellos están preguntando a la gente que vive al norte de Bogotá, al norte de Barranquilla, si ellos quieren paz o no y para ellos, ellos ya tienen paz por generaciones, entonces no le importa a ellos, a ellos les importan más sus propias visiones políticas de los derechos de las personas que viven en estas áreas y esto es muy importante, porque hay necesidad de un mayor nivel de solidaridad en Colombia en razón de los derechos de todos y todas. Hay una necesidad de priorizar un nivel básico de derechos y parte de eso es reconocer que la paz es parte de esta ecuación, sin paz los derechos de las personas que viven en esas áreas de conflicto siempre van a ser perjudicados”. 

 

En el 2012 usted se refirió a la falta de garantías para los defensores de los derechos humanos y la intensificación del conflicto, en los territorios indígenas ¿qué ha pasado en estos cuatro años con la población indígena en el conflicto armado?

“Muy interesante esta pregunta, porque en razón de los territorios indígenas han habido varias movilizaciones muy grandes de parte de los pueblos indígenas en los últimos años, y varias mesas que el gobierno creó con los pueblos indígenas para tratar de avanzar en razón de implementar los derechos reconocidos en la constitución del noventa y uno, por ejemplo, en razón de reconocer la auto gobernanza respecto del territorio y de implementar mejor la consulta previa.

Vamos a ver qué ha pasado, ahora hay más interacción desde el punto de vista de negociación entre pueblos indígenas y el gobierno, pero también la situación todavía sigue en lo mismo, a pesar de que hay un decreto indicando que todo lo del Estado tiene que pasar por las autoridades indígenas para implementar en sus propios territorios, todavía no se implementa. No hay suficiente inversión de parte del Estado, ni conocimiento de la necesidad de crear reconocimiento y capacidad dentro de las comunidades indígenas en razón de eso. Los indígenas ya tienen un sistema de gobernanza pero tiene que ser reforzado, tiene él mismo que combinar, entender y reconocer la realidad de que la jurisdicción indígena existe.

Pero en muchas de las escuelas de derecho no hay un entendimiento de relación, no estamos ayudando a las personas que salen de las facultades de derecho, que van para la fiscalía y que van a ser jueces a entender un poco esa relación. Hay una necesidad hoy en día de tener una transición en el sistema de justicia, para reconocer la jurisdicción indígena, para reconocer sus autoridades, que ellos van a recibir dinero y que también tienen responsabilidad de mejorar el nivel de respeto de derechos en sus territorios”.

 

Transcripción de la entrevista con el representante para Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, realizada por Melanie Vangrieken Alvarado de la Revista Actualidad Jurídica; la entrevista fue realizada en el salón 31K de la Universidad del Norte, el diecisiete (17) de marzo de 2016.

 

 

Entrevista al Ministro de Justicia Yesid Reyes

Esta entrevista fue realizada el día 25 de febrero de 2016 al Ministro de Justicia, Doctor Yesid Reyes Alvarado, en el marco de la Lección Inaugural de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. En esta cátedra, denominada "Contravenciones Penales", el Ministro realizó una presentación acerca del proyecto de ley que busca regular esta materia, y que en estos momentos se encuentra en curso en el Congreso.

Al inicio de su conferencia, usted planteaba que el estado actual de la administración de justicia en Colombia no podía ser modificado o solucionado únicamente a través de la creación de leyes, y resaltaba la importancia del proceso de educación. En ese sentido, ¿en este momento cómo percibe usted el rol de las universidades en la formación de abogados integrales que permitan generar un cambio en la administración de justicia?

Es un rol muy importante. Específicamente, esta mañana me refería precisamente al tema de los nuevos sistemas de tendencia adversarial, que estamos implementando en Colombia, y cuyo funcionamiento correcto y eficiente depende en muy buena parte de que las universidades enfoquen sus programas en la capacitación de los alumnos frente a las realidades de esos nuevos sistemas. Entonces, por supuesto que el rol de las universidades es determinante para que las personas puedan ajustarse a los avances normativos que han venido produciéndose en el país en los últimos años.

Teniendo en cuenta el estado de cosas inconstitucional que se presenta en las cárceles colombianas y que ha sido declarado por la Corte Constitucional en varias sentencias, como la T-388 de 2013, ¿cuál cree usted que es el papel que podrían tener los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho en Colombia para contribuir a aliviar esta situación carcelaria?

Siempre se puede contribuir desde el punto de vista de los consultorios jurídicos, y lo cierto es que paulatinamente, o mejor periódicamente, se hacen brigadas de apoyo de los consultorios jurídicos a los centros penitenciarios para servir de conexión entre los presos y los jueces de ejecución de penas, porque hay muchas casos en los que hay personas privadas de la libertad que tendrían derecho a unos beneficios que no han recibido justamente por falta de ayuda especializada, y en eso la labor de los consultorios jurídicos es muy importante.

Usted se refirió un poco al tema de la política criminal y cómo la falta de una radiografía de la administración de justicia afecta muchas veces este tema. La Corte Suprema de Justicia ha señalado también en su jurisprudencia que el Congreso colombiano no tiene una política criminal clara, y se puede ver como en los últimos años se han realizado proyectos que pretenden reducir el número de presos de las cárceles, pero al mismo tiempo otros proyectos que promueven el aumento de las penas y la creación de nuevos tipos penales. ¿Qué le hace falta al legislativo colombiano para que construya una política criminal coherente?

Ahí es muy importante la labor del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia cuenta con un Consejo Nacional de Política Criminal que debe analizar todos los proyectos de ley que tengan que ver con el sistema criminal en general en Colombia y emitir conceptos de favorabilidad o conceptos de inconveniencia frente a esos proyectos de ley, para garantizar que los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso respondan a una política criminal. ¿Qué hemos hecho en el Ministerio de Justicia? Primero, hacer mucho más operativo el Consejo Nacional de Política Criminal, que en este momento está conceptuando sobre todos los proyectos de ley que tienen que ver con el sistema penal ante el Congreso, y, segundo, dotar al Consejo Nacional de Política Criminal de un Comité Técnico Permanente que está funcionando en este momento. ¿Eso en la práctica a qué ha llevado? A que todos los proyectos de ley que tienen que ver con el sistema penal hoy en día en Colombia sean estudiados por el Comité Técnico del Ministerio de Justicia, que sean llevados al Consejo Nacional de Política Criminal y que el Consejo Nacional de Política Criminal envíe conceptos al Congreso de la República, insisto, para garantizar que haya una política criminal coherente en Colombia. Eso, por supuesto, no obliga al Congreso. El Congreso es absolutamente libre de su iniciativa legislativa, pero por lo menos envía un mensaje desde el ejecutivo de cuál es la política criminal que considera recomendable el Ministerio de Justicia.

Respecto al proyecto de ley que discutíamos ahorita, ¿este proyecto abre la posibilidad de que el acusador privado, o la fiscalía en caso de que está continúe llevando el proceso, solicite la detención preventiva al procesado por la realización de conductas punibles por las que anteriormente no podía imponerse este tipo de medida de aseguramiento? ¿Habría un retroceso en materia del principio de progresividad?

No. Los requisitos para imponer una medida de aseguramiento no se modifican en este proyecto de ley. Lo único que se dice en este proyecto de ley, nuevo en materia de detención, es que la detención la puede solicitar el acusador privado, que es una novedad relativa, porque la Corte Constitucional había aceptado ya tiempo atrás que en el procedimiento penal en Colombia el representante de las víctimas pueda solicitar también, independientemente del fiscal, la imposición de medidas de aseguramiento, incluida la detención preventiva. 

 

Entrevista realizada por Enith Bula Beleño.

Miembro del comité editorial.

Paz, perdón y reconciliación

"Si cada uno de nosotros no se pone a pensar cual es el aporte que puede hacer para que este país sea un país en paz, pueden firmarse mil acuerdos más que no vamos a tener paz": Claudia Palacios.

Claudia Palacios Giraldo, la periodista y presentadora colombiana de CNN en Español, CM& y La W radio, autora de los libros "¿Te vas o te quedas?" y "Perdonar lo Imperdonable: crónicas de una paz posible", habló a la Revista Actualidad Jurídica de la Universidad del Norte, durante la décimo quinta edición de Cátedra Colombia, sobre el perdón como un factor fundamental para la búsqueda de la paz y su último libro "Perdonar lo Imperdonable".

"Un talento, un conocimiento y un tiempo para aportar a la paz" manifiesta Palacios, en entrevista con la Revista Actualidad Jurídica.

De su libro "Perdonar lo Imperdonable: crónicas de una paz posible", luego de 126 entrevistas que reúnen testimonios del conflicto armado en el país, ¿cuál es el mensaje o la conclusión que ha quedado?

Si cada uno de nosotros no se pone a pensar cual es el aporte que puede hacer para que este país sea un país en paz, pueden firmarse mil acuerdos más que no vamos a tener paz, aquí hemos firmado 6 acuerdos en los últimos treinta años y mi conclusión después de hacer el libro es que es necesario que la sociedad civil, cada individuo, desde su rol, se involucre y entienda que es lo que debe aportar para que este sea un país en paz.

El mensaje que dan todas las victimas a través del libro es que ninguno de nosotros puede estar eximido de hacer la paz, no importa que postura política tengas, por ejemplo con respecto a la construcción de la paz política, a que estrato social perteneces o a que región del país; es el mismo mensaje con que yo me quedo, dice uno de los protagonistas del libro el chef Juan Manuel Barrientos, que no ha sido ni victima ni victimario pero que creo unas cocinas para enseñar a cocinar a soldados heridos en combate y a desmovilizados de las guerrillas, para que ellos tengan un conocimiento que les permita desarrollar un proyecto productivo distinto a las armas que es lo que han tenido hasta entonces; él dice como soy cocinero, cocino la paz; yo como soy comunicadora estoy comunicando la paz de Colombia, pero seguramente no solamente como periodista sino como ser humano, sensible, como mama, como miembro de una comunidad puedo hacer muchas otras cosas y eso es lo que a mí me queda ¿qué más puedo hacer yo? ¿Qué tiempo me queda para ayudar a que los victimarios tengan una segunda oportunidad, que las víctimas se sientan visibilizadas y que todas esas comunidades vulnerables que están recibiendo ofertas para bandas criminales desistan? ¿Qué puedo hacer yo? seguramente yo puedo hacer mucho más, usted y todos nosotros.

¿Cómo fue contar todas estas historias a través de las víctimas y los victimarios?

Las víctimas y los victimarios han sido entrevistados muchas veces, pero para contar la guerra, y en los medios de comunicación hemos puesto en primer plano el soldado amputado, la mama llorando, el niño abandonado y el pueblo destruido, hemos mostrado la guerra en primer plano, lo que pasa es que no hemos mostrado en el mismo primer plano las causas de la guerra, porque todo eso no pasa simplemente porque alguien un día se levantó y le dieron ganas de matar o de arrasar un pueblo, eso tiene unas causas, que no lo justifica, pero explican porque pasa eso; y tampoco hemos mostrado en primer plano lo que pasa después, porque la gente no se queda cruzada de brazos esperando que del cielo llueva la paz, las personas que han vivido la guerra han desarrollado unos pragmatismos para hacer sus procesos de paz individuales, muy exitosos, incluso siguiendo en condiciones de vulnerabilidad; usan el arte, el deporte, el instinto de supervivencia y la solidaridad, y lo que nos enseñan todas estas personas son ideas o herramientas a los que no hemos estado involucrados en la guerra, si ellos que si lo vivieron  pudieron hacer sus propios procesos de paz ¿cómo es posible que nosotros no podamos hacer lo mismo?.

¿Qué le motivó a escribir el libro?

Yo quería entender después de vivir ocho años en los Estados Unidos y regresar a Colombia, porque la noticia de una nueva oportunidad de paz no era una noticia buena para todo el mundo, sino que era una mala noticia para la mitad del país, como llevaba tanto tiempo por fuera pues no me sentía con autoridad para opinar y entonces empecé a relacionarme con personas que estuvieran involucradas en organizaciones, ONGs, fundaciones, comunidades y entes gubernamentales, que lo que me mostraron es que todos tienen razón: los que apoyan el proceso de paz tienen unos argumentos entendibles y totalmente respetables, y los que no lo apoyan también, pero que nada de eso es una justificación para que esos que no apoyan no pongan su vida en función de la paz y esos que apoyan digan que con apoyar ya es suficiente, eso es lo que encuentro y digo bueno esto hay que comunicarlo, porque las víctimas y victimarios han hecho la paz y eso no se ha contado.

¿Cuál cree que es el aporte más importante que podemos hacer los colombianos para construir la paz y lograr el perdón?

Ser solidarios, eso creo que es lo más importante, que todos pinchemos con una aguja esa burbujita en la que cada uno vive. El que tiene oportunidades, porque las tiene y vive privilegiado, y el que no las tiene vive resentido. Que pinchemos esa burbujita y nos despojemos de los prejuicios y nos acerquemos a esos mundos desconocidos, que son los de nuestros propios vecinos y entendamos por qué ellos piensan o tienen unos valores, unos principios que difieren de los nuestros y eso se hace con solidaridad, eso se hace acercándose al otro.

Luego de esta invitación, de la periodista Claudia Palacios, a comprometernos con la búsqueda de la paz desde el perdón, queda abierta la pregunta:

¿Es posible perdonar?

 

Transcripción de la entrevista con la periodista, presentadora y escritora colombiana, Claudia Palacios Giraldo, realizada por Melanie Vangrieken Alvarado de la Revista Actualidad Jurídica; la entrevista fue realizada en el salón 13g2 de la Universidad del Norte, el once (11) de noviembre de 2015.

Could the U.S. financial aid given to Colombia be considered as an aid?


Recuperado de: https://www.laprogressive.com/free-trade-colombia/

There has always existed a debate about how beneficial is the presence of the U.S in our country. The debate has always been in favor of American investment in our territory. However, in the recent years, with the terrible realization that despite the American millionaire investment, the poor population is still being marginalized. In most cases we only export the raw material and not the final product (which is the real gain), and that our products have not been valued, the balance has inclined its weight a bit against this U.S aid policy. We have realized that we are not "Americans, working for the development of America as a whole continent", but we are just a Latin American country working to increase the economic growth of North America. In addition, the Colombian government allows the U.S companies to participate in the Colombian market with their own employees, which means fewer new job opportunities for Colombian citizens. Moreover, Colombian farmers are obligated to sell their products at a low price, while the American companies insert their manufactured goods (made with Colombian raw material) and sell them at an extremely high cost. As if that weren't enough, all the American companies seem to forget the basic principle of "environmental responsibility". They come to our country and leave behind a stele of contamination, which clearly affects the health of our people. These are not isolated acts, these are clear and systematic violations of human rights.

Since the beginnings of the relations between North America and Colombia, there has been a great interest from the U.S to promote economic development in Colombia. An interest that has not been cataloged as altruistic and selfless.

This interest and the aid they have provided are, as the popular saying recalls: a wolf in sheep's clothing. Like all developed countries, the United States offers to a certain type of aid to the developing world, which apparently seeks to help stimulate their economic growth and to implement or improve the democratic model of governance. However, this aid is actually a financial strategy called "tied aid", which seeks to promote U.S. economic interests, not the interests of the country that is receiving the "treasured aid", not even the interests of both countries equally.

Colombia is a rich country in natural resources with a huge political inclination for doing millionaire long-term agreements with the North Star. This one is a policy better known by the experts as Respice Polum. Its definition is:

The tendency to align Colombia's economic interests with those of Washington. This term, coined by President Suarez himself, implied that the country should direct its foreign policy toward the "Polar Star" of the North, the United States, which led the country to adopt a pragmatic position of subordination toward the United States. (Tickner, 2003).

Colombia is one of those countries, which opens its boundaries to the North American investment with the purpose and the hopes of promoting its prosperity and economic development. However, in return it receives a "tied aid", that according with the Official Website of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) means: "offering aid on the condition that it be used to procure goods or services from the provider of the aid, which increases the costs of a development project and creates a net expansion in the volume of the donor's exports.", that just represents an opportunity to the U.S to increase even more its wealth, without truly searching the benefits of Colombia and its citizens.

At this point, it is pertinent to cite the position of the U.S. government regarding US- Colombia trade agreements. It is eloquently expressed in the official website of The Office of the United States Trade Representative, and states:

The U.S.-Colombia Trade Promotion Agreement increases investment opportunities for U.S. companies in Colombia by providing them market access, strong investor protections, and a way for investors to enforce their rights. The Agreement does not provide Colombian investors in the United States any more investment protections than U.S. law gives American investors here, and it ensures that the U.S. Government and our state and local governments can continue to regulate in the public interest, including to protect public health, public safety, and the environment.

This statement is very important because it mainly confirms two ideas: first, The U.S. interests not only prevail over Colombia's interests, they are the only ones who actually matter. Throughout the statement the U.S. government has not mentioned how much these agreements are going to benefit our country. Second, the U.S. demands the Colombian government to implement the necessary measures to protect American investors and their rights, but not the rights of the recipient city and its population. Colombia is a specialist on the creation of any type of measure to protect the interests and rights of everybody, except the ones of its own people.

In accordance with what has been stipulated in The Universal Declaration of Human Rights, the Colombian government is violating the following human rights:

The Article 23. (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work and to protection against unemployment. (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work (…). And, the Article 25. (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.

The Colombian state allows the foreign companies to take the place of Colombian companies, it does not demand certain measures to assure that Colombian ad foreign laborers can enjoy an equal pay for an equal work, or the required measures to ensure job opportunities to its residents, Moreover, it does not ensure the protection of its citizens faced with unemployment, nor allow Colombian people to enjoy an adequate standard of living. The state systematically violates the rights of its citizens.

These violations grew with the Free Trade Agreement signed with Washington, and with the implementation of the Law 970, in 2010. With this,

Bogotá is required to provide legal monopoly rights over seeds sold by US corporations as an incentive for them to invest in Colombia. Farmers who are caught selling farm-saved seeds of such varieties, or simply indigenous seeds which have not been formally registered, could face fines or even jail time. (GRAIN. International Non-profit Organization., 2013).

A clear example of these acts of injustice happened in 2011, when "the Colombian government authorities stormed the warehouses and trucks of rice farmers in Campoalegre, in the province of Huila, and violently destroyed 70 tons of rice that it said were not processed as per the law." (GRAIN. International Non-profit Organization., 2013). This act was not only a violation of Article 27, of The Universal Declaration of Human rights: "(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests (…)", but also, because of the acts of violence and the intrusion into its property, Articles 5: "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.", and 12: "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon its honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."

As a result of the destruction of some crops, considered illegal by the Colombian authorities, of some foreign companies that don't respect the environment and some prejudicial products that these companies, such as Monsanto, sell to the Colombian farmers to "protect" the crops, there is also a violation of the Article 11, of the Additional Protocol to the American Convention, the "Protocol of San Salvador", which says: "1. Everyone shall have the right to live in a healthy environment and to have access to basic public services. 2. The States Parties shall promote the protection, preservation, and improvement of the environment." (Organization of American States, 1988).

A great example of this is the use of glyphosate made by Monsanto Company, not just to eradicate the cocaine crops, but also used for Monsanto to make some pesticides and herbicides to protect the normal crops. There are many adverse effects of the Monsanto products, including: "loss of soil fertility, widespread deforestation, destruction of crops grown for food, water contamination, and a plague of human ailments. Anecdotal evidence suggests increased rates of cancer and birth defects." (Whitney Jr, 2015), In addition, there is a forced movement of rural families, from their homes and landholdings to the big cities, where they live in poverty or extreme poverty.

Finally, the statement says the U.S does not provide Colombian investors with any more investment protections than U.S law gives American investors, but there is not specified if these investment protections are actually less than U.S law gives American investors. It's not a secret that just a little portion of Colombian products is allowed access to the American market, so there is practically little Colombian investment that needs to be protected.

In other words, U.S aid to Colombia cannot be considered as an opportunity to increase our economic growth. These US- Colombia Trade Agreement cannot be called as bilateral agreements, because the profit flows in only one way, towards the U.S economy and in the hands of a few wealthy Colombians, while the rest of the Colombian population lives in extreme poverty. Any Free Trade Agreement, between Colombia and a developed country, is not really going to work, if the Colombian government does not take the required measures to protect our people, our rights and our interests.

By: Jahel Mendoza

References

GRAIN. International Non-profit Organization. (2013, September 6). GRAIN. International Non-profit Organization. Retrieved from https://www.grain.org/article/entries/4779-colombia-farmers-uprising-puts-the-spotlight-on-seeds

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The Organization for Economic Co-operation and Development. (n.d.). The Organization for Economic Co-operation and Development. Retrieved from www.oecd.org

Tickner, A. (2003). Colombia: U.S. Subordinate, Autonomous actor, or in Between? In F. Mora, & J. Key, Latin America and Caribbean Foreign Policy. (p. 169). Rowman & Littlefields Publishers, INC.

United Nations General Assembly. (1948, December 10). The Universal Declaration of Human Rights.

Whitney Jr, W. (2015). Colombia and world cope with Monsanto's toxic herbicide. . People's World., 1.

Censo Nacional Agropecuario y la opinión pública


Recuperado de: dane.gov.co

Los resultados del Censo Agrario fueron publicados esta semana por el DANE, y al parecer la preocupación de la opinión pública, y principalmente los medios masivos de comunicación, se encuentra en otros temas: Tom Cruise en Colombia, ciudadanos colombianos deportados de Venezuela, futbolistas en el extranjero. La agenda mediática se concentra en temas digeribles, fáciles, entendibles por gran parte de la población. ¿Por qué? Porque la población no se interesa por temas de mayor profundidad. Pero, ¿cómo, realmente, se puede tener una población interesada y activa en estos temas, si los medios de comunicación no asumen su papel de informadores de la realidad nacional? ¿O es que acaso la situación del campesinado en el país no merece la atención de los colombianos?

Y no es para menos. Los resultados, si bien esperados y en muchos casos previsibles, reflejan (ahora de manera oficial), una realidad que en más de 30 años no se ha visto modificada: el 41 % de los 113 millones de hectáreas de uso agrícola está en manos del 0,4 % de propietarios. Esto solo refiriéndonos al tema específico de la tenencia de la tierra, sin siquiera hablar del uso que se le da a esta. La pobreza sigue teniendo niveles alarmantes en la periferia agrícola del país, y la situación parece no va cambiar en un futuro próximo. La legislación y la política pública a la población campesina y productora es insuficiente, y considerando las prioridades que tiene el Congreso actualmente (como aprobar la famosa Ley Diomedes), la situación es aún más preocupante.

Lo que es interesante observar en este caso, es la reticencia con la que el Estado trata el tema referente a la Reforma Agraria. Los esfuerzos se limitan a políticas públicas exclusivas a ciertos períodos de Gobierno, y no solucionan los conflictos de fondo en el debate por la tierra: el campesinado versus los grandes empresarios de la tierra. Una reforma agraria, en todo el sentido de la palabra, implicaría la modernización del Estado colombiano: su estructura de la propiedad, sus instituciones políticas y económicas, así como las maneras de acceder al poder y de ejercerlo, todas en favor de un modelo de propiedad mucho más inclusivo y serio que el que se tiene ahora (claro ejemplo de esto es que este fue el tercer censo agropecuario realizado, siendo su antecesor de 1970). Si esto se logra, obtendrían también las regiones una autonomía real, que no dependería del poder central; aquellos que ocupan tierras ilegalmente serían sacados, y entregadas estas a sus dueños; y, por último, aunque no menos importante, los procesos de desplazamiento a comunidades de pequeños campesinos se reducirían considerablemente, ya que estos tendría formalizada su propiedad ante el Estado.

Sin embargo, a la clase política rancia y tradicional no le interesa esto. Habiendo llegado muchos al poder por dinámicas ilegales de apropiación de tierras, no buscan crear cambios estructurales en la sociedad colombiana que permitan, que en unos 20 años, la brecha de desigualdad entre ricos y pobres disminuya. Beneficiados por tal desigualdad, prefieren la centralización de las decisiones, decidiendo desde un mismo recinto por el destino de más de 45 millones de colombianos.

Por otro lado, exacerbar ánimos nacionalistas, homenajear públicamente personajes cuya relevancia en la vida nacional es ínfima frente a otros problemas de carácter más urgente-todo esto apoyados por los medios de masas, sí parecen ser temas en la agenda gubernamental y legislativa.

El tema está en comenzar a apropiarnos de nuestro país, poco a poco, de las manos de esos que están en el poder. Las vías institucionales son, definitivamente, la forma de hacerlo, pero todo comienza en la gente. No se pueden pedir cambios estructurales a aquellos que viven de las desigualdades. Y en ver que los problemas de los campesinos, son problemas de todos: la separación urbano-rural se acrecienta cada vez más, en detrimento de las condiciones de vida de los últimos. ¿O es que, porque ellos están lejos, usted no se verá afectado? Piénselo dos veces.

Por: Franklin Martínez[1]


[1] Estudiante de sexto semestre de Ciencia Política. Miembro del Comité Editorial de la Revista Actualidad Jurídica.

Eutanasia sí, eutanasia no, el debate continúa

En 1997, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-239, consideró que la eutanasia activa directa, es decir, aquella en la que se mata a la persona, se encuentra justificada – por lo que no hay responsabilidad penal – cuando la practica un médico a un paciente que tiene una enfermedad grave e incurable en etapa terminal, teniendo en cuenta el que Colombia es un Estado Social de Derecho con una visión pluralista, atendiendo también a los principios de la solidaridad, la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. En ese mismo fallo, se exhortó al Congreso a legislar sobre el tema y dos magistrados hicieron una aclaración de voto, donde arguyeron que a su juicio la eutanasia no debía limitarse a pacientes en etapa terminal.

Posteriormente, se intentó debatir el tema algunas veces en el Congreso, sin éxito para llegar a un crear una ley, para luego ser revivido nuevamente en el 2014 con dos sentencias: la C-233 de 2014 y la T-970 de 2014. En ésta última, volvieron a animar a legislar el asunto y procuraron que el Ministerio de Salud hiciera un protocolo médico para la práctica de la eutanasia en los términos de la sentencia C-239 de 1997, lo que se concretó en la resolución 1216 de 2015.

Con lo anterior, se hace una breve síntesis de lo que ha sido la eutanasia en Colombia durante los últimos 18 años, donde el Estado poco se ha atrevido a abordar un tema donde el derecho, la historia, la religión, entre otros, confluyen en un asunto donde la vida puede ser finalizada bajo el amparo del ordenamiento jurídico. Continúa en poder del Congreso la posibilidad de regular la materia de tal forma que no solo se pueda practicar la eutanasia en el caso establecido por la Corte en 1997, sino que no quede dudas acerca de la legalidad de la conducta cuando es practicada en circunstancias en que son igualmente importantes, como aquellas enfermedades graves e incurables no terminales que colocan al paciente en situación de indignidad.

Para este debate, es importante observar que en la actualidad el tema podría ser menos espinoso de lo que parece, si se tiene en cuenta que:

1 Los avances jurisprudenciales han llegado a concluir que la mera vida biológica no basta, pues lo importante es la vida digna.

2. Los mismos avances de los altos tribunales han tenido en cuenta la colisión de derechos como la dignidad humana, la vida, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía del cuerpo, buscando respetar que las personas puedan decidir autónomamente sus, para ello es importante observar lo que ha ocurrido con la permisión de la interrupción voluntaria del embarazo en ciertos casos.

3. La vida no es un bien jurídico indisponible, sino que por el contrario, es un bien que puede disponerse en determinadas situaciones como lo ha establecido la sentencia C-239 de 1997.

Así las cosas, hay suficientes elementos para que la legislatura no sea ajena a una cuestión médico-jurídica que está ligada a la intimidad de una persona acerca de cómo y cuánto quiere sufrir por causa de una enfermedad, y la posibilidad de determinar el momento de su muerte en condiciones de dignidad. Estos 18 años han pasado y es primordial que el tema recupere vigencia en las agendas de los congresistas para que finalmente, conforme a los postulados que deben regir de acuerdo a nuestra Constitución, la eutanasia activa directa sea una opción para aquellas personas que sufren enfermedades que las colocan en situación de indignidad.

Por: Alfredo Bula Beleño. Miembro del Comité Editorial. 

La implicación del marketing político en un candidato

El marketing político, durante los últimos 20 años, se ha posicionado como una de las maneras más efectivas de influir en la decisión de los electores. Es actualmente una de las formas preferidas por los candidatos para posicionarse como aquellos con una posibilidad real de acceder al poder. Producto fiel a esta sociedad de mercado, muestra de manera clara cómo es más importante la presentación de las cosas, su imagen, antes que lo que realmente son. 

En sus inicios, fue una herramienta muy útil para saber la opinión de los ciudadanos acerca de temas de la administración pública. A través de encuestas, y con el aumento de las herramientas estadísticas destinadas a mejorar el análisis de los datos obtenidos, se podía saber qué temas eran más importantes para la población, su opinión respecto de las acciones del Gobierno, de la economía, entre otras. Esto fue especialmente útil en los Estados Unidos, a partir de la década de los 30 del siglo pasado, considerando que su población, en ese momento, superaba los 120.000.000 de personas. Fue así como se comenzó a vislumbrar el potencial de este tipo de herramientas, no sólo para la obtención de información de la ciudadanía, sino para alcanzar escaños en cargos de elección popular. Ya no dependería tanto de las ideas del candidato, de su formación académica o de la identificación en sentido estricto con la población, sino la manera en que estas fueran mostradas al público. Se posiciona así el mercadeo político como la manera a través de la cual se vende un candidato a un grupo determinado de personas (que varía dependiendo del contexto, el tipo de cargo, de los contendientes, entre otros factores).

Ahora bien, la existencia de este tipo de herramientas para llegar a obtener puestos en la administración pública, pone sobre la mesa el debate sobre la calidad de la democracia y, más aún, sobre el tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Su existencia y alto grado de popularidad son indicadores de un alto grado de tecnificación de la actividad política, así como la superioridad de aspectos económicos sobre elementos de corte más abstracto, entre los que se incluye, precisamente, lo político. Esto quiere decir, básicamente, que en un momento dado, si se llega a vender de manera correcta un candidato, no importarán sus propuestas, sus ideas, la manera en que interactúe y perciba los problemas de la ciudadanía. Bastará con que tenga una imagen favorable que lo haga parecer tal y su cargo estará asegurado.

Ante la sobrecarga de información actual, proveniente de múltiples fuentes (y en época electoral, de camisas, gorras, pantalones, zapatos y hasta comida), pasando por personajes de la vida pública nacional que apoyan a uno u otro candidato, la decisión para los electores es difícil. En sentido estricto, esta debe estar basada en criterios de identificación, representación y afinidad en lo ideológico. Mas sin embargo, el filtro principal es el económico. Esto es algo inherente al sistema: las personas necesitan dinero para sobrevivir, buscan esa fuente, la encuentran en los candidatos a cargos públicos, y estos al llegar a instancias de poder, reproducen las mismas condiciones de desigualdad, obligando a que en futuras contiendas electorales, la actuación del electorado vaya igualmente condicionada por el factor económico. Sin lugar a dudas, una degeneración absoluta de cualquier sistema que quiera ser considerado representativo.

Luego, sería redundante analizar por qué una persona vende su voto o por qué actúa de cierta manera, sino por qué los mismos políticos actúan de tal forma. El marketing político, como forma de masificar la imagen a través de estrategias de venta y persuasión, explica causal y, consecuencialmente, la condición social en entornos en que los niveles de educación son bajos y el índice de necesidades básicas insatisfechas es altísimo.

Así, esta es la manera a través de la cual se ha tecnificado el ámbito de la política, en la cual no importa la cualificación de una persona, tanto en el ámbito académico como en el ámbito social, o la vocación. Es tal el nivel de propaganda y masificación de técnicas y métodos para ganar cargos públicos, que ni siquiera importa si esa persona existe: su existencia está dada por la presencia en los medios masivos de comunicación. Se construyen así líderes políticos: se les muestra como personas cercanas al pueblo, amables, cariñosas, respetuosas, apegadas a la ley: en fin, los Mesías del Nuevo Mundo a construir. Se les viste de cierta forma, se les hace hablar de otra, se le dice a personalidades del mundo de la imagen que aseguren que esa persona es como, precisamente, la imagen dice que es. Si es lo suficientemente creíble, ganan. Sino, desaparecen en el mar de candidatos que cada 4 años resurgen de las cenizas para tomar un pedazo de la torta de lo público.

El fenómeno, sin embargo, no es exclusivo a nuestro país. El mundo entero está dominado por la imagen. El aura que en un momento dado pudo tener una determinada obra, como lo dijera Walter Benjamín refiriéndose al arte, aplicándola al ámbito político, desapareció de los candidatos. Ya sea porque los partidos políticos pasaron a ser de masas, o por el creciente avance de la tecnología, que ha alienado a gran parte de la población,  lo cierto es que la política hoy está subordinada a intereses diferentes a la búsqueda del bien común. Cada candidato es la copia fiel de modelos exitosos, y no exitosos, de ganar las elecciones a cargos públicos. Sólo eso.

Los pocos que quieren hacer política de otra manera, como la buena música actualmente, se pierden en el mar de posibilidades, siendo homogeneizados en el todo y catalogados como "idealistas", como si el bien de todos, la equidad y la justicia, fueran sueños inalcanzables. 

Por: Franklin Martínez Martínez. Miembro del Comité Editorial. 

El costo de la ambición Europea


Tomado de: democracianacional.org

El colonialismo ha sido el constante método de las grandes potencias mundiales para mantener su hegemonía económica y lograr puestos políticamente importantes. Los poderosos Estados europeos y Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial, a través de diversos acontecimientos históricos como invasiones, pactos, guerras y revoluciones, lograron repartirse entre sí continentes enteros. Sin embargo, los intereses que los motivaban a expandir su influencia más allá de sus fronteras nacionales no era la generosidad y nobleza de procurar un mejor bienestar para los pobladores nativos; sino por el contrario, utilizar y explotar recursos naturales, mano de obra e implantar estructuras militares que otorgasen ventajas en el escenario internacional frente a otras superpotencias.

La incursión de Estados imperialistas motivada con fines de saqueo, conllevó al asentamiento de la pobreza y al estancamiento de las poblaciones coloniales que contrastaba en gran medida con la abundancia y la riqueza de las metropolis que las dominaban. La Francia Imperial poseía los actuales territorios de Túnez y Somalia; Alemania dominaba Kenia, Namibia y Samoa e Inglaterra se adueñaba de India, Sudáfrica, entre otros.

Con la llegada del siglo XX y la creación de la ONU, se hizo evidente la clara agresión que representaba el colonialismo a la libre autodeterminación de los pueblos. Razón por la cual, en 1961 se crea el Comité para la Descolonización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo central consiste en persuadir a las grandes potencias para que renuncien a su dominio sobre territorios extranjeros. Lo anterior se explica, no sólo como una medida de protección a un principio del derecho internacional, sino como una medida práctica y necesaria para afrontar las dramáticas consecuencias que representaron para las colonias el estar gobernados por centros de poder distantes y ajenos a su cultura.

Actualmente, vemos como el mar mediterráneo se ha convertido en una gran fosa común que espera a todos los ciudadanos de estados africanos y de países del medio oriente que intenten atravesarlo, impulsados por el deseo de un mejor futuro y de escapar de las desesperantes situaciones de violencia y hambruna en sus tierras natales. Esto concuerda con las escalofriantes cifras emitidas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quienes afirman que en el transcurso de este año ya han fallecido ahogadas más de 1700 personas intentando arribar al continente europeo. Frente a esto, la respuesta de Europa ha sido definitiva e inflexible, destinar todos los recursos necesarios para impedir que sus antiguos súbditos puedan llegar a lo que alguna vez fueron sus capitales, construidas con sus recursos  y el sufrimiento de sus ancestros; recurriendo inclusive al aparato militar, ha llegado  la Unión Europea a destinar una flota compuesta por varias embarcaciones y submarinos cuya misión es frustrar el arrivo de inmigrantes al viejo continente. [1]

La situación actual, no es un problema causado por la ineptitud en la dirigencia de los países africanos o la violencia de grupos irregulares en el medio oriente, es un problema cuya raíz es histórica y en cual tienen una inmensa incidencia los Estados europeos. Es decir, Europa produjo grandes focos de pobreza e inestabilidad alrededor del mundo, que han ocasionado la inmigración de decenas de miles de extranjeros y que le han generado un gran costo económico y social. Sin embargo,  ningún líder de las viejas potencias coloniales o de Europa en general ha asumido a nombre de ningún Estado la responsabilidad en la génesis del problema.

Por: María Camila De la Hoz.

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