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Acto Legislativo 01 de 2017: Jurisdicción Especial Para la Paz

Acto Legislativo 01 de 2017: Jurisdicción Especial Para la Paz
Publicado en: lun, 17 abr 2017 09:59:00 -0500

La creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (conocida como JEP) en el seno del Congreso de la República supuso el desafío más difícil que ha enfrentado el Gobierno en el camino de implementación del Acuerdo Final de Paz. Desde la radicación de este proyecto de Acto Legislativo (19/12/2016) hasta su aprobación en último debate en la Cámara (28/03/2017) transcurrieron 3 meses, superando en tiempo las demás iniciativas hasta ahora tramitadas -considerando que el Congreso se mantuvo en sesiones extraordinarias durante el período de Diciembre-.

Luego de los cuatro debates surtidos en el Congreso (contemplados en el Fast Track) restaba para su aprobación legislativa la conciliación entre ambas Cámaras y su respectiva aprobación en cada una. El Senado, con una mayoría apretada, dio el visto bueno al informe de conciliación; mientras que en la Cámara no tuvo la misma suerte, al  tener que posponer la aprobación de la conciliación por no constituirse el quórum decisorio pertinente. Solo hasta la mañana del 28 de Marzo pudo ser aprobado este acto legislativo en el último debate en el Congreso, esperando ahora su entrada en vigencia y el control de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional. 

El trámite legislativo de este acto legislativo supuso la radicación de un gran número de proposiciones por parte de los Congresistas, con previo aval del Gobierno, así como la intervención activa de diferentes segmentos de la sociedad y los órganos de control. El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tuvo sin lugar a dudas un papel trascendental en el proceso de debate y proposición de modificaciones. Con todo, algunos temas han quedado inconclusos, tales como el narcotráfico y su conexidad con los delitos políticos, los criterios para priorizar los delitos de mayor gravedad, la participación eficaz en la financiación del grupo armado, los sitios de reclusión para civiles que participaron indirectamente en el conflicto, entre otros. Quizá, el más problemático podría ser el asunto del narcotráfico y su conexidad con delitos políticos.

  • EL NARCOTRÁFICO SERÁ DESARROLLADO EN UNA LEY POSTERIOR

Un aspecto relevante, cuyo impulso propuso el propio Fiscal General, fue el tratamiento que debía dársele al Narcotráfico y su eventual conocimiento por parte de la Jurisdicción para la Paz. Sin embargo, el acto legislativo aprobado postergó el debate de este aspecto para la aprobación de una futura Ley que regulará el tratamiento penal especial para los delitos relacionados con los cultivos ilícitos. Al respecto merece la pena señalar que en el Acuerdo Final celebrado con las FARC el Gobierno se comprometió a tramitar los  ajustes normativos necesarios que permitan renunciar de manera transitoria al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción  de la sanción  penal contra los pequeños  agricultores  y agricultoras, que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de cultivos de uso ilícito cuando, dentro del   término de 1 año, contado a partir de la entrada en vigencia de la nueva norma, manifiesten formalmente ante las autoridades competentes,  su decisión  de renunciar  a cultivar  o mantener  los cultivos  de uso ilícito.

El tratamiento penal del narcotráfico -y los tipos penales relacionados- como delito continuado –es decir, que se ejecuta en el tiempo- fue un aspecto ampliamente defendido por el Fiscal, cuyas proposiciones tendían a indicar la necesidad que estos delitos fueran competencia de la Jurisdicción Ordinaria y no la JEP.  Sin embargo, este debate no se zanjó en la discusión del Acto Legislativo postergando así para futuros debates en el Congreso de la República. El Acto Legislativo de la JEP en concreto señala que una Ley posterior reglamentará el tratamiento penal diferenciado al que se comprometió el Gobierno (en lo relativo a la erradicación voluntaria de cultivos ilícito). La Ley también determinará en qué casos y bajo qué circunstancias corresponde a la jurisdicción ordinaria la investigación y juzgamiento de los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles cometidos por las personas respecto de quienes la JEP tendría competencia.

LA JEP, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AMNISTÍAS Y DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

El Acto Legislativo aprobado por el Congreso, luego de ser conciliado entre ambas Cámaras supone la entrada el texto constitucional de diversas entidades: La sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de Hechos y Conductas, la sala de definición de situaciones jurídicas, la Sala de Amnistía o Indulto, el Tribunal para la Paz; la Unidad de Investigación y la Unidad de Investigación y Acusación. 

 

De esta manera se materializa en engranaje estatal que estará llamado a la aplicación de lo concertado con las FARC-EP en el Acuerdo Final.

En este orden de ideas, la aplicación de las amnistías que consagró la Ley 1820 de 2016 -Ley de Amnistía- se realizará por medio de la Sala de Amnistía e Indulto que se creó en este Acto Legislativo. No obsta recordar que esta Sala será la encargada de conceder la amnistía para aquellos casos que no merecen la amnistía de iure. A su turno, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que crea este Acto Legislativo ejercerá funciones propias de definición de situación de personas sometidas a la JEP.

En relación con la reparación de las víctimas y sus derechos resulta destacable señalar que a través del Acto Legislativo, el Estado se compromete a garantizar el derecho a la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que hayan sido sufridos con ocasión al conflicto armado. Esta reparación, en los casos en que se aplique amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal, se caracteriza por la no procedencia de acciones judiciales contra los beneficiarios de tales medidas para la indemnización de las víctimas. Sin embargo, el Acto Legislativo ha señalado que en todo caso, las personas que reciban amnistía deberán contribuir al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a garantizar la no repetición.

  • ¿QUÉ SE ESPERA AHORA EN RELACIÓN CON LA JEP?

El Acto Legislativo de creación de la JEP ha sido enfático en señalar que a partir de la entrada en vigencia de esta modificación constitucional, se entiende que la JEP ha entrado en funcionamiento. Se deberá entonces ahora proceder con la elección de los Magistrados que conformarán esta especial jurisdicción, así como el Director de la Unidad de Investigación y Acusación y los juristas expertos extranjeros que servirán como consultores.

Por este motivo, el pasado 05 de Abril el Presidente de la República expidió el Decreto 587 de 2017 que conforma el comité de Escogencia de los miembros del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (sistema del cual hace parte le JEP). Este Comité, conformado por José Francisco Acuña (Delegado de CSJ), Diego García Sayán (Delegado del Secretario de la ONU), Claudia Vaca (Delegada del Sistema Univ. del Estado), Álvaro Gil Robles (Delegado de la Corte Europea de Derechos Humanos) y Juan Méndez (Delegado del Centro Internacional de Justicia Transicional) serán los encargados de los Magistrados de la JEP. Paralela a la elección de los Magistrados de la JEP, se espera que el Gobierno Nacional presente en próximos días el Proyecto de Ley Estatutaria de la JEP, que regulará la administración de justicia en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este Proyecto requerirá su aprobación en el Congreso y su examen previo de constitucionalidad en la Corte Constitucional. Se ha establecido que el 18 de Abril se realizaría la primera reunión del Comité que seleccionará a los Magistrados de la JEP  (38 Principales y 13 Suplentes).