En Colombia, la informalidad laboral persiste como uno de los desafíos estructurales más urgentes, afectando a casi la mitad de los trabajadores en las principales ciudades del país, según un reciente estudio del Banco de la República. El informe, que hace parte de los Ensayos sobre Política Económica (ESPE), revela que seis de cada diez trabajadores laboran por fuera del marco de formalización laboral, una situación que golpea con mayor fuerza a regiones como el Caribe y el Pacífico, donde las economías locales muestran menor dinamismo y la población ocupada tiene menores niveles de formación. 

Este y otros hallazgos del estudio, que brinda nueva evidencia sobre las causas, dinámicas y efectos de la informalidad laboral y empresarial en el país, fueron analizados el 8 de mayo durante la jornada Economía Invisible: el impacto de la informalidad en el desarrollo colombiano, organizada por la Dirección de Planeación y Estudios Institucionales de Uninorte en el Salón Gabriel García Márquez. La primera conferencia estuvo a cargo de Andrea Otero Cortés, economista e investigadora del Banco de la República, quien presentó los resultados del ensayo.

El documento, coordinado por ella, combina artículos de investigación del banco y de otros académicos, e incluye secciones sobre caracterización, evaluaciones de política y macroeconomía. De acuerdo con el estudio, la informalidad en Colombia disminuyó entre 2010 y 2024, con una reducción de aproximadamente 13 puntos porcentuales. Sin embargo, Otero señaló que las tasas de informalidad siguen siendo altas.

“Tener tasas de informalidad y promedio nacional del 56 % no es deseable, más de la mitad de los trabajadores no cotizan la pensión", indicó, explicando que esta situación implica una violación de la ley y una protección social incompleta. Mencionó que Barranquilla experimentó un ligero aumento de la informalidad entre 2016 y 2020 debido al flujo migratorio, pero ha mostrado una baja en los últimos años pospandemia.

El estudio señala que Bogotá, Medellín y Manizales tienen tasas de informalidad cercanas al 33 %, comparables a países como Chile, mientras que ciudades como Sincelejo, Valledupar, Riohacha y Cúcuta superan el 65 %, acercándose a mercados laborales como el de Nicaragua. “Esta disparidad es preocupante porque la legislación laboral en Colombia es nacional, lo que significa que las políticas públicas nacionales están abordando problemas con características locales muy diferentes”, argumentó. Como ejemplo, mencionó que el salario mínimo, una política nacional, tiene efectos distintos en cada ciudad debido a las diferencias en sus mercados laborales.

Otero también resaltó la correlación entre el nivel educativo y la informalidad laboral, indicando que los trabajadores sin ningún título académico formal tienen una tasa de informalidad del 75 %, lo cual está relacionado con su productividad percibida y las barreras de entrada al mercado laboral formal. Según Otero, la solución no es bajar el salario mínimo, sino "subir la productividad de esos trabajadores con educación de calidad y pertinente". Por otro lado, el documento registra que la informalidad también varía a lo largo del ciclo de vida, siendo alta entre los jóvenes y aumentando nuevamente a partir de los 45 años para las mujeres y los 50 años para los hombres, lo cual “es preocupante en un país que está envejeciendo rápidamente”.

Respecto a la informalidad empresarial, Otero afirmó que es alta en microempresas. "En general, en el mundo entero el emprendimiento suele iniciar de manera informal", pero lo preocupante en Colombia es la baja movilidad empresarial. Esto se debe a que “el grueso de emprendimientos surge con una vocación de subsistencia y no de crecimiento”. 

Informalidad laboral: un reflejo de las desigualdades históricas

Iván Luzardo, director de Planeación de Uninorte, realizó posteriormente una presentación que abordó los orígenes históricos de la informalidad laboral en Colombia. Un fenómeno persistente y difícil de revertir a corto o mediano plazo, debido a las causas profundas y la complejidad de reformar el sistema de seguridad social.

Durante su conferencia, explicó que la persistencia de la informalidad se debe a una economía política en la que el grupo con acceso a la seguridad social forma una coalición dominante que impone barreras altas para aquellos que no logran acceder al sistema, que son esencialmente los informales. “Detrás de eso hay toda una economía política en el que básicamente el grupo que tiene acceso a la seguridad social logra formar una coalición dominante que impone barreras que son muy altas para la coalición que está subordinada". Luzardo también señaló que las causas inmediatas de la informalidad incluyen bajas tasas de cobertura educativa, el salario mínimo, los costos laborales y las rigideces del mercado laboral. Sin embargo, argumentó que estas son solo la primera capa del problema y que las causas profundas son de carácter estructural, relacionadas con una economía política que mantiene un sistema de seguridad social con altas barreras de acceso.

En el año 1945 se creó la caja de seguridad social para los empleados públicos, Cajanal, que subsistió durante gran parte del siglo XX, pero estaba restringida únicamente a los trabajadores públicos. El resto de la población no tuvo acceso a la seguridad social hasta 1967, cuando se creó el Seguro Social. Este sistema le dio acceso a la seguridad social a un grupo pequeño de la fuerza laboral, que Luzardo denomina la "aristocracia de los trabajadores", compuesta por trabajadores urbanos empleados en empresas medianas y grandes. Al cuestionar por qué se creó un sistema de seguridad social tan restringido, Luzardo argumentó que la informalidad laboral es una prolongación histórica de esta segregación. 

Para el cierre del evento, el director de Planeación moderó un panel en donde dialogaron Otero, Oriana Álvarez, directora de Fundesarrollo; Juan Sebastián Joya, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Barranquilla, y Andrés Vargas, docente del Departamento de Economía de Uninorte. 
“La mayor proporción de informalidad laboral se encuentra en el Caribe colombiano. Quiere decir que los problemas del funcionamiento del mercado laboral en la región necesitan una intervención diferencial. ¿De qué tipo? Es una discusión válida. Nosotros hicimos un estudio el año pasado sobre la oferta y a demanda laboral de la región, y la respuesta está en esa línea”, enfatizó Álvarez.

Por su parte, Juan Sebastián Joya destacó el papel del Estado en la promoción de la formalización empresarial, especialmente entre los emprendedores jóvenes. “Desde el Estado hay formas para motivar la formalización empresarial”, señaló, enfatizando que existen mecanismos que hacen más accesible el proceso para quienes inician su actividad económica. Mencionó como ejemplo los beneficios que reciben los nuevos empresarios al momento de inscribirse en la Cámara de Comercio. “Los empresarios jóvenes pueden acceder a una condición donde se les hace realmente económico renovar y matricularse en la Cámara de Comercio durante los primeros años”, explicó.

Durante su intervención, el profesor Andrés Vargas invitó a reflexionar críticamente sobre el concepto mismo de informalidad y su utilidad para analizar los problemas estructurales del empleo en Colombia. “Me he preguntado cómo el concepto nos ayuda a iluminar los problemas o quizás confundirlos”, expresó, cuestionando si la categoría estadística captura con precisión la complejidad del fenómeno. “Supongamos que hoy sacan una norma que dice que ya todos están afiliados a pensiones, entonces según el criterio estadístico de informalidad, la informalidad desaparece en el país de un plumazo. Pero realmente nada ha cambiado, persistiría la precariedad laboral, la baja productividad y las brechas económicas regionales”.