Centro de
Estudios de Derecho
de la Empresa

Autor: Carlos Delvasto, abogado y académico especializado en derecho empresarial, derecho económico y análisis económico del derecho. Es Doctor en Ciencias Jurídicas (J.S.D.) y magíster en Derecho (LL.M.) por la University of Illinois at Urbana-Champaign (EE. UU.), magíster en Derecho Económico por la Pontificia Universidad Javeriana, y abogado por la Universidad de San Buenaventura Cali. Actualmente se desempeña como profesor asistente y director del CEDEUN en la Universidad del Norte.

La estructura y el grado de concentración del aparato productivo colombiano pueden apreciarse con claridad a partir del desempeño de sus principales empresas. El informe anual de la Superintendencia de Sociedades sobre las 1.000 compañías más grandes del país constituye una fuente privilegiada para evaluar no solo la magnitud de su aporte al Producto Interno Bruto, sino también la distribución del poder económico y la relevancia sistémica de los grandes conglomerados empresariales. Los datos consolidados con corte al 31 de diciembre de 2024 muestran que un número reducido de firmas concentra una porción sustancial de los ingresos y de las utilidades, lo que confirma la existencia de una estructura económica altamente concentrada y, a la vez, subraya la importancia de los mecanismos de gobierno corporativo, control y responsabilidad de administradores en organizaciones con elevado impacto macroeconómico.[1]

Este panorama de alta concentración económica no puede analizarse al margen de las formas jurídicas a través de las cuales se organiza la actividad empresarial. En efecto, la distribución del poder económico, la estructura de control y los problemas de agencia que caracterizan a los grandes conglomerados están íntimamente vinculados al tipo societario adoptado, en la medida en que cada forma jurídica incorpora reglas específicas sobre organización interna, derechos de los inversionistas, deberes de los administradores y mecanismos de supervisión.[2] Así, el estudio de la concentración del ingreso y de las utilidades conduce necesariamente a examinar el diseño institucional de las sociedades que canalizan dicha actividad y a preguntarse por la adecuación de sus estructuras de gobierno corporativo para enfrentar los riesgos derivados de la separación entre propiedad y control.[3]

En el contexto colombiano, la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) se ha posicionado como la forma jurídica dominante dentro del aparato empresarial, desplazando de manera gradual a figuras tradicionales como las sociedades en comandita, las de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, que durante décadas estructuraron la actividad económica del país. Según datos de Confecámaras, en 2024 se crearon 571.243 sociedades, de las cuales el 92,5 % adoptaron la modalidad de SAS.

En organizaciones de mayor complejidad, la SAS facilita la diferenciación entre las funciones de formulación y ejecución de decisiones (gestión) y aquellas orientadas a su supervisión y validación (control), a través de esquemas de delegación administrativa. De igual modo, brinda a los inversionistas —tanto acreedores como accionistas, en cuanto titulares de derechos residuales— la posibilidad de establecer en los estatutos, mecanismos de control que garanticen una vigilancia efectiva de los administradores y reduzcan los incentivos al comportamiento oportunista propios de la separación entre propiedad y control. En empresas pequeñas y con estructuras simples, donde la información relevante se concentra en pocos actores y los problemas de agencia son menos intensos, resulta más eficiente que las mismas personas concentren las funciones de gestión y control. La contrapartida de diseñar arquitecturas organizacionales complejas, con una separación estricta entre control, administración y derechos residuales, es el posible incremento de los costos de agencia.[4] La flexibilidad de la SAS permite, en consecuencia, ajustar el modelo de gobierno corporativo al tamaño y grado de complejidad de la empresa, evitando estructuras innecesariamente onerosas.

En 2024, las mil compañías más grandes del país generaron ingresos por $1.183,6 billones, equivalentes al 69 % del Producto Interno Bruto. En cuanto a su distribución por tipo societario, el 55 % corresponde a SAS (550 empresas), el 36,4 % a sociedades anónimas (364), y el 5,4 % a sociedades de responsabilidad limitada (54), mientras que las sociedades en comandita por acciones (0,6 %), las comanditas simples (0,1 %), las sucursales de sociedades extranjeras (2,3 %) y las empresas industriales y comerciales del Estado (0,2 %) tienen una presencia marginal.

Si bien la SAS es mayoritaria en número, la sociedad anónima concentra el mayor volumen de ingresos operacionales, con $612,2 billones (51,7 %), frente a $444,4 billones (37,5 %) generados por las SAS. En conjunto, estas dos formas jurídicas explican el 91,4 % de los ingresos, lo que pone de relieve una alta concentración económica en torno a ellas.

Desde su introducción en 2008, la SAS se ha afianzado como la alternativa preferida por los empresarios, hasta representar cerca del 92,5 % de las nuevas constituciones. No obstante, el tejido productivo colombiano se caracteriza por una marcada concentración de la propiedad. La evidencia disponible muestra que un número reducido de accionistas o grupos empresariales controla participaciones significativas, tanto en sociedades abiertas como cerradas, lo que refuerza esquemas de capital concentrado. En las compañías inscritas en bolsa, los tres principales inversionistas concentran, en promedio, alrededor del 70 % del capital accionario, lo que confirma el predominio de grandes accionistas y conglomerados frente a estructuras de propiedad dispersa.

La hegemonía de la SAS en el aparato empresarial del Caribe de colombiano:

En el universo de las empresas del Caribe colombiano incluidas en el grupo de las mil mayores por ingresos en 2024, se observa una marcada diferenciación entre predominio numérico y peso económico según la forma societaria. Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) constituyen la mayoría en términos de cantidad, con cerca del 57 % de las firmas (49 sociedades), pero concentran alrededor del 33 % de los ingresos operacionales agregados (aproximadamente COP 41,7 billones). Su presencia es particularmente relevante en sectores como la distribución de energía, el comercio mayorista y minorista, la manufactura y los servicios empresariales. En contraste, las sociedades anónimas (S.A.), aunque representan un porcentaje menor del total de compañías (alrededor del 43 %, con 37 sociedades), concentran cerca del 65 % de los ingresos regionales (aproximadamente COP 82,4 billones), especialmente en actividades intensivas en capital y fuertemente reguladas, como la refinación de petróleo, la generación y distribución de energía, la infraestructura portuaria y el retail a gran escala.

Esta distribución pone de relieve un patrón de concentración económica y de control característico del tejido empresarial regional. Las sociedades anónimas dominan los sectores estratégicos y de mayor escala, como lo evidencian empresas como Reficar, Olímpica, Celsia, Promigas y las principales generadoras eléctricas, mientras que las SAS exhiben una mayor versatilidad organizativa y una inserción más amplia en actividades comerciales e industriales. El resultado es un desacople entre el número de sociedades y el volumen de ingresos, que confirma la coexistencia de una estructura empresarial formalmente flexible, pero económicamente concentrada, coherente con esquemas de propiedad poco dispersa y con la primacía de grandes grupos empresariales en los mercados más relevantes.