Expertos analizan conflicto armado y violencia política en América Latina

Un análisis de las negociones de paz dadas en Colombia junto a las luchas sociales y las formas de violencia generadas desde finales del siglo XX, así como observaciones del estado actual del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las FARC, fueron algunos de los objetivos del IV Seminario Internacional sobre Historia de la Violencia en América Latina, realizado el 2 y 3 de octubre en Uninorte por el Instituto de Altos Estudios Sociales y Culturales de América Latina y el Caribe, y el centro de pensamiento UnCaribe.

Jaime Zuluaga Nieto, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, y ex miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); Darío Villamizar Herrera, politólogo, escritor e investigador independiente, conocedor del movimiento guerrillero en Colombia, y Alejandro Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, fueron los conferencistas invitados a la primera jornada que se llevó a cabo en el salón 12G2.

Las primeras negociaciones de paz se dieron en el gobierno de Belisario Betancourt, concentradas en el año 84, a través de lo que Zuluaga ha llamado las “treguas armadas”: un cese del fuego bilateral entre las insurgencias, principalmente rurales, y el Gobierno.

El investigador destacó al menos tres momentos en los procesos de negociación del país. Primero, un ascenso de guerrillas con negociaciones de paz hasta fin del siglo XX, y a partir de allí y comienzos del XXI un cambio en la tendencia de crecimiento de las guerrillas, con un fortalecimiento del Estado que toma la iniciativa en el campo de batalla.

“En el siglo XXI entramos con una tendencia creciente de las luchas sociales, que es cuando se van a desarrollar las negociaciones en San Vicente del Caguán, entre el gobierno de Pastrana y las FARC; los diálogos exploratorios entre el gobierno nacional durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe y del ELN, y finalmente en la segunda década el inicio y desarrollo exitoso de las negociaciones”, afirmó.

Darío Villamizar precisó que en el acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016, entre el gobierno y las FARC, no se pactó solo la terminación del conflicto armado, sino que también se acordó avanzar en algunos cambios en lo político, económico y social.

“Estamos en una fase compleja de implementación del acuerdo, una fase posacuerdo y no de posconflicto. Es necesario anotar que lo temas acordados no significaron un cambio en el modelo económico imperante ni en la doctrina o estructura de la fuerza pública, no afectó la propiedad privada ni implicó la perdida de los privilegios históricamente acumulados por las elites políticas y económicas. Se trataba de realizar algunas reformas en cuanto al uso de la tierra, la democratización de la vida política y dar garantías de participación, los derechos de las víctimas”, enfatizó.

En un primer momento y por la vía del procedimiento legislativo especial para la paz, conocido como Fast Track, se aprobaron en el Congreso de la República, entre otros, el acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que permite investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes realizados durante el conflicto político-armado. Se aprobó también la ley de amnistía e indulto, que concretó el beneficio para los guerrilleros que no cometieron delitos atroces.

En este aspecto, el último informe de la ONU revela que al momento de la firma del acuerdo de paz unos 3500 combatientes de las FARC estaban presos y que a finales de junio seguían en prisión 208 miembros acreditados, de los cuales el 3 % eran mujeres. Hay todavía 313 personas incluidas en la lista de las FARC, la mayoría de las cuales están en prisión y cuya posible acreditación por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz está siendo estudiada.  

“No es cualquier cosa que la guerrilla que llegó a ser la más poderosa en América Latina se haya transformado en un partido político y que sus exintegrantes hagan política en democracia, se acojan a la constitución y leyes en su gran mayoría (…) Pese a ello, la cifra de los más de 66 excombatientes de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo, así como la muerte violenta de 20 de sus familiares y de más de 15 líderes sociales adscritos al nuevo partido es una muestra de las múltiples dificultades por las que atraviesa el acuerdo”, manifestó Villamizar.

Contexto de la violencia política

Alejandro Vargas habló del concepto de violencia política en América Latina y puntualizó que esta va mucho más allá de la expresión de la insurgencia guerrillera. Recordó que en la región ha estado ligada a demandas sociales insatisfechas, a derechos no cumplidos, a intenciones de confrontar el poder establecido y modificarlo por otro, y a defensas institucionales.

La violencia, ligada a organizaciones insurgentes en América Latina, ha tenido relaciones de interconexión y representación con diferentes organizaciones de orden político y social, con la historia de sus luchas y con movimientos sociales; lo que explica el origen de muchas de estas insurgencias y su evolución, así como sus posibilidades de participación en escenarios de posmovilización.

“Cuando hablamos de violencia política en América Latina la multiplicidad de expresiones y actores lleva a complejizar el escenario mucho más allá de las exclusivas organizaciones insurgentes. ¿Cuáles podríamos identificar en la región en el siglo pasado y comienzos de este? Vamos a tener lo que clásicamente llamamos violencias contra el poder, dentro de las cuales se ubican la revoluciones agraristas, las insurgencias guerrilleras, pero también los golpes militares”, explicó el investigador.

Por José Luis Rodríguez R.