Pueblo raizal de San Andrés:
frente al mar y el riesgo de la seguridad alimentaria

Colombia borró a los raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, durante once años de alegatos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Desde 2001 nuestro país libró una disputa territorial con Nicaragua ante esa instancia, porque el país centroamericano reclamaba la soberanía del archipiélago.
Ni una palabra dijo el Gobierno colombiano sobre los hombres y mujeres que habitan esas tierras desde hace por lo menos 400 años; de los raizales que nacieron del mestizaje de indígenas miskitas, esclavos africanos y conquistadores ingleses; de los habitantes nativos, dueños de una cosmovisión, una religión y una lengua –el creole– propia. Nada se dijo sobre sus lazos estrechos y vitales con el mar de la discordia, que históricamente fue la fuente del alimento, de las creencias, de la cultura. Por eso, cuando la CIJ dio su falló el 19 de diciembre de 2012, ratificando que estas islas sí pertenecían a Colombia, pero arrebatándole al país 75 mil km2 de mar territorial, no alcanzamos a dimensionar los impactos humanos.

A esa conclusión llegó la docente, abogada y doctora en derecho de la Universidad del Norte, María Andrea Bocanegra Jiménez, quien lleva años estudiando este caso con un lente particular: el de la seguridad alimentaria. “Este fallo vulneró sus derechos históricos de pesca, ya que perdieron zonas de mar de poca profundidad con abundantes bancos de peces”, señala la profesora Bocanegra en el artículo ‘Afectación de los derechos colectivos y de la seguridad alimentaria en el fallo de la Corte Internacional de Justicia casoNicaragua c. Colombia’, publicado en 2021 en el Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI). Ella, que ha seguido de cerca las transformaciones de la vida en el archipiélago desde el fallo de 2012, asegura que la cultura del pueblo raizal está en el mismo nivel de riesgo que los indígenas wayúu de La Guajira. Aquí cabe recordar que la misma Corte Constitucional reconoció (a través de la declaración del “estado de cosas inconstitucional” en 2017) que en el extremo norte de Colombia hay una vulneración sistemática de los derechos a la salud, el agua y la alimentación de la población.
 

–En medio de la batalla jurídica, ¿los expertos creían realmente que Colombia podía perder el archipiélago de San Andrés, Catalina y Providencia? ¿Qué ambiente había? –le pregunté a la profesora Bocanegra.

–Sí se pensó que Colombia podía perder San Andrés o los cayos (Albuquerque, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Bolívar, Roncador y Quitasueño), porque ese Tratado de Esguerra-Bárcenas era un “papelito”. Los tratados tienen una formalidad, pero éste era casi una sola línea, como quien escribe en una servilleta.

–¿Por qué Colombia dejó por fuera a los raizales?

–Porque se casó con la estrategia jurídica de hacer valer los límites territoriales suscritos en el Tratado de Esguerra-Bárcenas. En todo este esquema de defensa los raizales siempre pidieron participación, pero no se les dio. Solo al final, cuando se presentía que Colombia no iba a ganar su pretensión total, empezaron a decir que había raizales pero ya el término de los alegatos y excepciones había vencido.

–¿Y los raizales no buscaron que se escuchara su voz de alguna manera?
–Sí. Y fue tanta la presión que los mismos líderes viajaron hasta La Haya (donde está ubicada la CIH) a

pedir audiencia, pero no se les concedió porque las reglas del derecho internacional señalan que uno de los dos países en conflicto debe habilitarlos para el uso de la palabra. Nicaragua no lo iba a hacer. Y Colombia tampoco lo hizo.

Precisamente, a esta parte de la historia se refiere el historiador raizal Jairo Archbold, citado por la profesora Bocanegra en su artículo: “la sentencia de la CIJ, que le quita al pueblo creole un espacio importante de su mar ancestral, es un pésimo mensaje para las minorías del mundo que no están insertas en la lógica del Estado-Nación. Pues, de acuerdo con el ordenamiento internacional en el que se basa el espíritu de la Corte, los pueblos y minorías no serán escuchados, por no tener la calidad de Estado”. La profesora María Andrea Bocanegra recuerda, además, que Nicaragua “se armó con el mejor buffet de derechos del mar del mundo. Para mantener el control político los sandinistas convirtieron este conflicto en una cuestión nacionalista. En una causa nacional”. Con este fallo Colombia perdió, además, parte de la Reserva de Biosfera Seaflower, incluida por la Unesco dentro de la Red Global de Reservas de Biosfera en el año 2000. Su destino está ahora en manos de Nicaragua.

Pero el pleito entre estas dos naciones no terminó ahí. En noviembre de 2013 Nicaragua acudió nuevamente a la Corte Internacional de Justicia para denunciar a Colombia por violar su soberanía en los nuevos límites fijados por esa instancia. A su vez, nuestro país instauró cuatro contrademandas en las que aparecía un nuevo ingrediente: la inclusión de la población raizal.

Solo hasta ese momento “el Estado colombiano reconoce la afectación a la seguridad alimentaria, traducida en la limitación del acceso a los recursos pesqueros que son la principal fuente de sustento de estos pobladores”,señala la profesora en su artículo. Colombia, además, denunció las prácticas depredadoras e ilegales de pesca por parte de embarcaciones nicaragüenses, “en detrimento de los pequeños pescadores y en beneficio de las grandes industrias que han obtenido permisos desde el Gobierno de Nicaragua para este fin”.

El jueves 21 de abril de 2022 la Corte de La Haya resolvió que Colombia había “violado los derechos soberanos y jurisdiccionales de Nicaragua”, interfiriendo con actividades de pesca en sus aguas. Además, entregó unas directrices a ambos países en busca de dirimir el conflicto frente a los límites marítimos. “Y le reconoció a Colombia la necesidad de establecer unos acuerdos bilaterales para regular las cuestiones derechos de pesca y de navegación en esas aguas”, explicó a Uninorte Estéreo la profesora Silvana Insignares Cera, doctora en Derecho y directora académica de la Maestría de Derecho del Comercio de la Universidad del Norte.

Y aunque puso sobre la mesa el tema del derecho a la pesca artesanal de Colombia, le dijo a nuestro país que no había presentado pruebas suficientes para comprender las afectaciones luego de diez años del fallo. “Dice que Colombia demostró muy bien cómo se afectó la pesca industrial pero no la artasanal”, explicó la profesoraInsignares.

le dijo Rodolfo James, un hijo de “la familia de pescadores más grande de San Andrés”, al medio de comunicación  Pesquisa de la Pontificia Universidad Javeriana. Aseguró que temía que la tradición familiar estuviera a punto de morir, porque los más jóvenes llevan diez años viendo cómo este oficio es cada vez más y más difícil. “Durante más de 200 años los sanandresanos hemos pescado en el mismo lugar, pero desgraciadamente el gobierno regaló lo que nos pertenecía”. Un territorio que, como dice la profesora Bocanegra, más que de Nicaragua o Colombia, “les era propio”.

Las cifras del Sistema de Información Pesquera de Inve-mar son contundentes. Para 2005, los pescadores de San Andrés reportaron la captura de 101.302 kilogra-mos de crustáceos, peces y moluscos provenientes de pesca artesanal. En 2018 –seis años después del fallo de La Haya– esa cifra había caído a 63.407. El temor del pescador Rodolfo James no es infundado. En diez años los pescadores de la isla han perdido la mitad de la capacidad que tenían para alimentarse, para mover la economía. Ese caída abrupta no solo responde a las prohibiciones que existen hoy para ingresar a las aguas que siempre habían sido suyas. Esa porción de mar caribe también ha visto incrementar la presencia de barcos pesqueros industriales que utilizan métodos devastadores, que incumplen los tiempos de veda para pesca, que están depredando el ecosistema marino.

Y a este escenario tenemos que sumarle un ingrediente más. En sus estudios la profesora Bocanegra encontró (con dificultad porque no existen datos claros) que en la isla existe un grave problema de nutrición. “Encontré

aisladamente estudios del ICBF que demuestran que la desnutrición infantil y adulta es alta. La gente se alimenta mucho de comida chatarra, de lo que logra intercambiar con otros países, principalmente con Estados Unidos: productos ultraprocesados”. Cuenta, también, que encontró que los productos del mar no solo garantizaban una alimentación sana y equilibrada, sino que servían como moneda de trueque.  “La pesca no es solo para el autoconsumo y la venta, sino para intercambiar productos. Por ejemplo, verduras, por porque no tienen una agricultura muy desarrollada. Hacen intercambios con los indígenas miskitas de Nicaragua, con El Salvador y con los demás países centroamericanos. Con esto logran balancear su dieta. Al tener estas restricciones se afecta toda la cadena alimentaria”.

El archipiélago está en una profunda crisis y está rei-nando el silencio frente a ella. “La Guajira ha logrado visibilizar su problema nutricional y de seguridad alimentaria, que es bastante fuerte. Pero con San Andrés ronda un silencio”, dice María Andrea Bocane-gra. Y ese escenario es aún más complejo si se tenemos en cuenta que justo, en este instante, el mundo se está precipitando a la gran escasez alimentaria que la Orga-nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO– había pronosticado para 2025. “La pandemia, más la crisis de los contenedores, más la guerra en Ucrania, más todo lo que está pasando, ha hecho que lo que la FAO preveía para 2025 empeza-ra a darse desde 2021. La situación es, entonces, más complicada porque ahora San Andrés está, además, inmerso en la crisis de la seguridad alimen-taria mundial”.