Escrito por: Georgette Mariota y Juan Urbina

En el Caribe colombiano, trabajar no es garantía de protección. Más de la mitad de los ocupados de la región labora sin contrato formal, sin pensión, sin ARL — y en muchos casos, sin siquiera el salario mínimo. Los datos del trimestre noviembre 2025 – enero 2026 de la GEIH confirman que la informalidad laboral no retrocede en la región. Este Blog #21 analiza qué estructura económica la sostiene, cuánto cuesta superarla y por qué la formalización sigue siendo una ecuación que no cierra para la mayoría de los empleadores del Caribe. 

Informalidad y estructura del empleo en el Caribe

En el trimestre analizado, el 55,3% de los ocupados en Colombia trabajaba en condiciones de informalidad, medida como la proporción de trabajadores que no cotizan al sistema de pensiones. En la Región Caribe la cifra es consistentemente más alta: todas las ciudades superaron el promedio de las 13 principales áreas metropolitanas del país (41%), y ninguna logró bajar del 50%. Barranquilla (51%) y Cartagena (50%), los dos centros económicos más grandes de la región, no son la excepción. 
La explicación no es aleatoria. Las ciudades con mayor informalidad son aquellas donde la estructura productiva está concentrada en actividades de bajo valor agregado y donde las brechas educativas en la fuerza laboral son más pronunciadas. En esas condiciones, el mercado laboral formal no genera suficiente demanda para absorber a la población trabajadora, y la economía informal opera como válvula de escape permanente. Vale anotar, sin embargo, que la evidencia empírica para Colombia incluyendo los trabajos de Maloney (2004) y Ulysea (2010) muestra que una fracción de los trabajadores informales elige esa condición voluntariamente, al valorar la flexibilidad o al percibir que los beneficios de la formalidad no compensan sus costos. Esto no invalida el diagnóstico estructural, pero sí matiza la narrativa: la informalidad no es solo un fenómeno de exclusión, también refleja decisiones racionales en un entorno de baja productividad y altos costos de formalización. 

¿Quiénes trabajan y cómo? El perfil del empleo en el Caribe

El trabajo por cuenta propia domina la región

Aquí aparece uno de los datos más reveladores de 2025: en la Región Caribe, el trabajo por cuenta propia concentra el 54,2% de los ocupados, mientras que los asalariados representan apenas el 38%. La proporción se invierte frente al promedio nacional, donde los asalariados son el 54,5% y los cuenta propia el 37,9%. 
Este dato importa porque, aunque la posición ocupacional y la condición de informalidad son dimensiones distintas un trabajador por cuenta propia puede ser formal si cotiza al sistema de seguridad social, en la práctica existe una correlación muy alta entre ambas. Según el ESPE del Banco de la República (2025), más del 75% del trabajo informal en el país proviene de este segmento: trabajadores que rara vez cotizan a pensiones o tienen acceso a protección social. En el Caribe, ese grupo no es la excepción: es la mayoría. 

El Caribe es una región de microempresas

Las microempresas absorbieron el 83% de la fuerza laboral regional, frente al 72,5% del promedio nacional. La pequeña empresa, que a nivel nacional representa el 18,4% del empleo, en el Caribe apenas alcanza el 11%. Esto no es solo un dato de escala: indica que los negocios locales tienen dificultades estructurales para crecer y generar empleo de mayor calidad y estabilidad. 

La distribución salarial: el tamaño importa

La distribución salarial refuerza el diagnóstico. El 88,5% de los trabajadores en microempresas percibe menos de un salario mínimo, una señal directa de informalidad: quien gana por debajo del mínimo legal casi nunca está afiliado al sistema de seguridad social. En medianas y grandes empresas la mayoría logra ubicarse entre un (1) y dos (2) salarios mínimos, pero esas empresas representan menos del 6% del empleo en el Caribe. 

¿Y la productividad? El costo oculto de la informalidad

La concentración en microempresas tiene una consecuencia que va más allá de los salarios: afecta directamente la productividad del trabajo. Es importante distinguir aquí: una empresa puede ser formalmente constituida y aun así emplear trabajadores en condiciones informales —lo que la literatura denomina el margen intensivo de la informalidad (Ulysea, 2010)—. En el caso de las microempresas del Caribe, la coincidencia entre informalidad empresarial y laboral es particularmente alta: operan frecuentemente sin acceso a crédito formal, sin tecnología actualizada y sin capacitación continua de su fuerza laboral. En ese entorno, cada trabajador produce menos valor que su equivalente en una empresa formal de mayor tamaño — no por falta de capacidad individual, sino por falta de condiciones estructurales. 
Los datos del DANE respaldan esta lectura. Según el informe Productividad Total de los Factores — III Trimestre 2025 (preliminar) (publicado el 27 de noviembre de 2025), la productividad laboral por persona ocupada en Colombia registró una variación negativa de –0,32% en el año corrido — lo que significa que, aunque la economía creció un 2,91%, lo hizo con menos eficiencia por trabajador. La composición del empleo restó 0,20 puntos porcentuales a la productividad total, reflejando que la calidad del trabajo no acompañó el ritmo de crecimiento. En una región donde la informalidad supera el 50% y el 83% de los ocupados trabaja en microempresas, esa pérdida de productividad es más pronunciada que el promedio nacional. 
Vale señalar un matiz importante: la Productividad Total de los Factores (PTF) sí mostró un aporte positivo de +0,91% en 2025, lo que indica que la tecnología y la organización de las empresas formales mejoraron. Pero ese avance corresponde principalmente a empresas con acceso a capital y tecnología — no a la gran masa de trabajadores informales y de microempresas que, precisamente, operan al margen de esas condiciones. 
El ESPE del Banco de la República (2025) estimó que la informalidad laboral genera en Colombia una pérdida de productividad laboral agregada de entre el 12% y el 19,3%. En el Caribe, con una informalidad estructuralmente más alta que el promedio nacional, ese costo es aún mayor: representa el freno invisible que le impide a la región crecer con el mismo dinamismo que el resto del país.

¿Cuánto cuesta formalizar? El peso del salario mínimo

Contratar formalmente a un trabajador en el salario mínimo implica mucho más que el salario base. Para 2026, el empleador debe asumir costos no laborales que equivalen al 58,7% adicional del SMMLV, distribuidos así: 

• Prestaciones sociales (21,83%): prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones. 
• Seguridad social (21,02%): aportes a salud (8,5%), pensión (12%) y ARL (0,52%). 
• Parafiscales (9%): aportes al SENA (2%), ICBF (3%) y cajas de compensación (4%). 
• Auxilio de transporte: $249.095 para 2026 (14,2% del SMMLV base).

Evolución del costo total de formalización (2022–2026) 

En términos nominales, el costo total de formalizar un trabajador pasó de $1.635.692 en 2022 a $3.126.742 en 2026 — un aumento del 91%. Sin embargo, al deflactar con el IPC del DANE (base diciembre 2025), el crecimiento real — es decir, descontando la inflación del período — fue del 58%, equivalente a pasar de $1.976.336 a $3.126.742 en pesos constantes. Más de la mitad de la diferencia entre ambas cifras (33 puntos porcentuales) corresponde a inflación general, no a una mayor carga laboral real. Aun así, un 58% de aumento real en cuatro años es una presión significativa, especialmente para las microempresas que operan con márgenes estrechos. 
A esto se suma el efecto de la Ley 2101 de 2021, que reduce la jornada semanal de 48 a 42 horas en 2026: el salario base es $1.750.905, pero el costo estimado ajustado por la nueva jornada asciende a $1.969.768 para 2026, encareciendo cada hora de trabajo contratada. Esto representa un incremento aproximado de $218.863, equivalente al 12,5% de un salario base.