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Por: Carla Gómez Solano, María Esperanza Cuenca y José Mendoza Pérez

Históricamente, la comunidad LGBT+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y otras identidades relacionadas) ha enfrentado estigmas basados en la orientación sexual y la identidad de género, lo que ha llevado a situaciones de exclusión, desigualdad y limitaciones en el acceso a oportunidades.  Estos prejuicios se han extendido a diversas áreas de la sociedad, incluyendo la educación y el mercado de trabajo. Por esta razón, en este blog exploraremos los desafíos y las oportunidades que la comunidad LGBTI+ enfrenta en el ámbito laboral.

Durante el período comprendido entre abril de 2023 y marzo de 2024, los datos del DANE indican que en el mercado laboral colombiano participaron alrededor de 37 millones de personas, de las cuales, aproximadamente el 67,5% está activamente buscando empleo, el 60.7% ya está ocupado y un 10,1% se encuentra desempleado. Dentro de esta amplia cifra, el DANE identificó que 484,000 personas pertenecen a la comunidad LGBT, que representan aproximadamente el 1.30% del total). Sin embargo, estas cifras solo reflejan a aquellos que se han censado o registrado, siendo posible que la cifra real sea mayor. Según las cifras oficiales, son un porcentaje relativamente pequeño, y muestran una alta participación en el mercado laboral, con una tasa de ocupación mayor a la del resto del país, alcanzando el 70,4 %. Sin embargo, es preocupante notar que su tasa de desempleo es significativamente más alta, llegando al 13.3% (3.2 p.p de diferencia) (usted puede navegar en el tablero de visualización).

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En general, la distribución del empleo es semejante para la comunidad LGBT y el resto de la población. Las ocupaciones más comunes en ambos grupos son “Obrero, empleado particular” (56,9% LGBTI vs 43,5% resto), que engloba a quienes laboran bajo un contrato con empresas privadas o entidades no gubernamentales, y “Trabajador por cuenta propia” (33% LGBTI vs 41,7% resto), llamados independientes, o sea, aquellos que ejercen su actividad de manera autónoma (Serie año móvil de abril de 2023 a marzo de 2024, DANE).

Es crucial comprender que, aunque la comunidad LGBT tiene acceso a oportunidades laborales, un estudio de la Fundación Corona (2021) revela que una proporción considerable de ellos enfrenta una sensación de vulnerabilidad en sus lugares de trabajo. Esto se manifiesta, por ejemplo, en el hecho que el 80% de los encuestados informaron haber experimentado discriminación durante los procesos de empleo y contratación, específicamente por su identidad de género no normativa. Además, un porcentaje significativo ha sido víctima de acoso verbal (58%) y físico (50%), e incluso de violencia física (22%). Estos actos discriminatorios hacia la comunidad LGBT encuentran su origen en procesos de exclusión arraigados en las dinámicas laborales del país y en profundas influencias culturales, así como en sesgos inconscientes.

Ahora bien, hay ciertos sectores donde la comunidad LGBT se ve más representada, tales como: "Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos" (13,2% LGBT vs 7,9% resto), "Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana"(16,6% LGBT vs 12,1% resto) y “Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras” (12,5% LGBT vs 8,5% resto) (Serie año móvil de abril de 2023 a marzo de 2024, DANE). Esta mayor representación podría atribuirse a varios factores. En primer lugar, son sectores que suelen valorar el conocimiento, la experiencia y las habilidades específicas sobre la orientación sexual o identidad de género de los individuos, lo que puede crear un entorno más inclusivo para las personas LGBT. Además, es posible que existan políticas de igualdad y diversidad en estas áreas que promuevan la contratación y el desarrollo profesional de miembros de la comunidad LGBT.

Un ejemplo claro del avance en los sectores es Mauricio Toro. En el 2022, se convirtió en el primer congresista abiertamente gay de Colombia al ser elegido representante a la Cámara por Bogotá. Su elección marcó un hito crucial en la inclusión de la comunidad LGBT en la esfera política nacional. Actualmente, destaca como director del ICETEX. Por otro lado, Angélica Lozano, como Senadora de la República por Bogotá desde el 2018, ha sido fundamental en la promoción de los derechos de la comunidad LGBT+ y en la lucha por la igualdad en Colombia.

Sin embargo, todavía hace falta que haya más representación en otros ámbitos. Por ejemplo, en áreas como “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” (5,2% LGBT vs 14,3%), “Transporte y almacenamiento” (3,4% LGBT vs 7,6%) y “Construcción” (3% LGBT vs 6,9%), la presencia de la población LGBT es notablemente menor (Serie año móvil de abril de 2023 a marzo de 2024, DANE). Estas diferencias pueden deberse a varios factores, como posibles prejuicios o discriminación en determinados sectores laborales, así como a la falta de políticas específicas de inclusión y protección para la comunidad LGBT en estos campos. Por ejemplo, en la Construcción, la predominancia masculina es muy marcada: apenas el 6.2% de los trabajadores son mujeres, mientras que el 93.8% son hombres (CAMACOL, 2023). Lo cual puede llevar a la exclusión o discriminación de personas LGBT que no se ajusten a las normas de género establecidas en el sector.

Si bien es cierto que la comunidad LGBT ha logrado avances significativos en términos de reconocimiento y protección a través de leyes como la Ley 1482 de 2011, también conocida como la "Ley Contra la Discriminación Racial o por Orientación Sexual e Identidad de Género", y decisiones judiciales como la Sentencia T-066 de 2015, que establecen precedentes para asegurar la igualdad de trato y oportunidades laborales, aún persisten desafíos significativos que vale la pena abordar.

Algunas alternativas de solución

 

Es claro que se necesita implementar medidas para promover una inclusión completa y equitativa en el trabajo. Un buen acercamiento, podría ser implementar programas de sensibilización y capacitación para empleadores y reclutadores sobre sesgos inconscientes y prácticas de contratación inclusivas. Esto, debido a que regularmente, las personas de la comunidad se encuentran con prejuicios y juicios de valor en los procesos de selección en los que participan.  Para ponerlo en contexto, cuando la iniciativa “Política Pública LGBTI” de Bogotá revisó su encuesta de línea base, descubrió algo interesante: en el momento de la encuesta inicial en 2021, había más mujeres trans buscando trabajo que cualquier otro grupo. Pero lo curioso es que tanto las mujeres como los hombres trans fueron los que tuvieron menos posibilidades de conseguir un contrato laboral en comparación con otros grupos sociales (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021).

Asimismo, se deberían Establecer sistemas internos que impulsen el progreso profesional de las personas LGBT, desarrollar y poner en marcha servicios de apoyo, mecanismos para reportar incidentes y medidas para prevenir la violación de derechos, así como asegurar la protección del empleo a largo plazo. Según un estudio realizado por la Fundación Corona y el Observatorio de Política Pública LGBTI, el 22% de las personas encuestadas manifestaron haber experimentado discriminación y/o acoso (acoso verbal y físico, amenazas de contacto y violencia física) por parte de jefes y colegas de trabajo.  Esto subraya la urgente necesidad de acciones concretas para garantizar un entorno laboral seguro y respetuoso para todos los empleados.

De la misma manera, seguir fortaleciendo alianzas con organizaciones LGBTI+ puede ser clave para proporcionar recursos adicionales, como capacitación especializada, asesoramiento legal y apoyo emocional, tanto para empleados como para empleadores. Estas asociaciones pueden servir como un puente crucial entre la comunidad LGBTI+ y el mundo laboral, facilitando la implementación de políticas inclusivas y proporcionando orientación sobre cómo abordar desafíos específicos que puedan surgir en el lugar de trabajo. Algunas de las organizaciones que están en la capacidad de ofrecer estos servicios son: Colombia diversa, Corporación Caribe Afirmativo, Santamaría Fundación y Corporación Red Somos.

La creación, diseño, aplicación y evaluación de políticas claras que prohíban cualquier forma de discriminación en el lugar de trabajo y su cumplimiento mediante medidas efectivas de monitoreo y sanción es esencial para crear un ambiente laboral seguro y respetuoso para todos los empleados. Además, ofrecer programas de asesoramiento y apoyo psicológico para personas víctimas de discriminación o acoso laboral es crucial para su bienestar integral.

En última instancia, abordar estos desafíos y promover la igualdad en el lugar de trabajo beneficia no solo a los miembros de la comunidad LGBTI+, sino a toda la sociedad al fomentar un entorno laboral más diverso, inclusivo y justo.

 


Referencias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2024.

Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), 2023: TENDENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN VIGÉSIMA SEXTA - Economía y Coyuntura Sectorial. Recuperado de: https://camacol.co/sites/default/files/descargables/TENDENCIAS%2026%20MAYO%2016%20DE%202023.pdf

Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021. Serie de documentos sobre diversidad sexual y de género en Bogotá: PROPUESTA DE ACCIONES AFIRMATIVAS. Recuperado de: https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/acciones_afirmativas_trans_v.3.pdf

Fundación Corona (2021). DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE LOS SECTORES SOCIALES LGBTI. Recuperado de: Diagnóstico y recomendaciones para la inclusión laboral de los Sectores Sociales LGBTI | Fundación Corona (fundacioncorona.org)


Imagen de la portada tomada de: lgbt-trabajo - NODAL

Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe Colombiano– OCSA, Universidad del Norte (Barranquilla).

 

Por: José David Mendoza Pérez

La inflación se entiende como el aumento generalizado en los precios en un momento y lugar determinados; y se considera un problema económico, dados sus efectos en el bienestar, en la asignación de recursos y en el crecimiento económico. Se puede medir por una serie de indicadores, entre ellos, el más importante es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual es una medida crucial que refleja la variación en los precios de una cesta de bienes y servicios consumidos habitualmente por los hogares.  

En Colombia, la inflación es un tema de mayor preocupación, tanto así que para el Banco de la República es el fundamento de su actividad; ahora, el IPC se utiliza como indicador económico clave y como guía esencial para comprender cómo los cambios en los precios influyen en los patrones de consumo. En este blog, nos adentraremos en los detalles de cómo las fluctuaciones en el IPC impactan directamente en el bolsillo de los colombianos y qué acciones pueden tomarse para mitigar estos efectos. 

El cálculo del IPC implica comparar los precios de esta cesta de productos en diferentes períodos de tiempo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es el encargado de recopilar y calcular el IPC en Colombia. Según las cifras más recientes, la tasa de variación anual del IPC desde marzo de 2023 hasta marzo de 2024 fue del 7,36 %, lo que representa una diferencia de 5,98 puntos porcentuales en comparación con marzo de 2023 (13,34%) (usted puede navegar en el tablero de visualización). En otras palabras, el país ha experimentado 12 meses consecutivos de disminución en la tasa de inflación, reflejando una menor presión inflacionaria en la economía en comparación con el año anterior. Es importante resaltar que los precios no han bajado; su aumento ha sido menor, lo cual es, de por sí, una buena noticia. 

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Entre los factores que más contribuyeron a la disminución de la inflación durante el último año (7,36 %), destacan los Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (1,73%) y el sector de Información y Comunicación (0,16%). Por otro lado, entre los componentes que más han aumentado durante el último año resaltan el Transporte (11,72%), las Bebidas Alcohólicas y el Tabaco (10,81%) y los Restaurantes y Hoteles (10,62%). Este resultado es ambivalente, ya que, aunque es una buena noticia que los alimentos hayan tenido una disminución más marcada de la escalada de precios respecto al año anterior, el aumento de las tarifas de transporte impacta directamente a todos, especialmente a la clase trabajadora. 

 

Región Caribe 

 

Aunque a nivel nacional la escalada de precios parece estar desacelerándose, la Región Caribe presenta una situación un tanto desalentadora: De acuerdo con el diario La República, Valledupar (10,69%); Santa Marta (10,50%); Montería (10,48%) y Barranquilla (10,35%), fueron las cuatro ciudades con la mayor inflación en 2023. Además, todas las cabeceras municipales de la región presentaron una mayor inflación anual que el promedio nacional. En particular, Valledupar (9,49%), Riohacha (8,94%) y Montería (8,62%) presentan las tasas de inflación más elevadas, pero Sincelejo (8,58%), Barranquilla (8,06%), Cartagena (8,05%) y Santa Marta (7,74%) tuvieron un aumento de precios mayor al resto del país (7,36%). 

Aunque en un rubro tan importante como los alimentos el Caribe no sale tan mal parado (Sincelejo y Montería fueron los únicos municipios donde la inflación fue mayor al promedio nacional, con 4,11% y 2,18% respectivamente), segmentos como el transporte, salud o  servicios públicos como el agua y la electricidad dejan en evidencia que la desaceleración experimentada en el resto del país presenta obstáculos en nuestra región. Aunque sólo tenemos datos a nivel nacional en cuanto al cambio en el precio de los servicios públicos, el panorama es preocupante: Las tarifas de servicios como la electricidad (19,51%), el alcantarillado (11,93%) y el suministro de agua (11,01%) han sido los componentes con un incremento más elevado de todo el apartado de Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas Y Otros Combustibles.  Así, se calcula que el rubro más importante, el de la electricidad, reporta incrementos que para marzo de 2024, alcanzaron el 30% anual en el promedio nacional. 

Valga la pena aclarar que el componente más importante en la tarifa eléctrica en la Costa Caribe es el denominado “pérdidas técnicas” que corresponde a los robos de electricidad que deben pagar los usuarios que pagan su factura y que corresponde al 41% de la tarifa en el caso de Aire y el 31% para Afinia, empresas de la región. Este cobro además de ser oneroso para los consumidores estaría desestimulando la inversión en procesos que busquen evitar los robos, pues al recibir el pago, las empresas pueden mantener la situación sin que se vea reflejado en sus utilidades. 

En el transporte, toda la región tuvo una inflación mayor al promedio nacional, destacando el caso de Riohacha, donde el cambio al alza fue del 28,3% en este componente durante el último año. En salud, exceptuando Montería (5,12%), toda la región tuvo un aumento en el IPC mayor al resto de la nación. En los servicios públicos, excluyendo a Sincelejo (8,89%), todos los municipios tuvieron un mayor aumento del costo de vida en este aspecto, siendo Valledupar (12,49%) y Montería (11,79%) los casos más acuciantes. Esto último, con el hecho de que la electricidad, el alcantarillado y el suministro de agua fueron los componentes de servicios públicos que más aumentaron a nivel nacional, deja de manifiesto que la situación es aún más crítica en el caribe colombiano. 

La situación actual refleja un panorama desafiante para los hogares de la región. El aumento constante en los precios, especialmente en aspectos fundamentales como el transporte y los servicios públicos, se suma a las preocupaciones económicas de una población ya golpeada por altos índices de pobreza e informalidad. Esta realidad plantea serias preocupaciones sobre la capacidad de las familias para llegar a fin de mes y mantener un nivel de vida digno. Además, la región enfrenta amenazas adicionales, como el estrés hídrico causado por El Niño, que ha reducido drásticamente el suministro de agua y la generación de electricidad, y junto a la resolución de la CREG con sobre costos a quienes no ahorran en luz (lo que se dificulta en la región por su tipo de clima), complican la situación. Este escenario se agrava aún más con los ajustes en las tarifas de combustibles, lo que aumenta la presión sobre los bolsillos ya estirados de los ciudadanos. 

 

La solución: Instituciones eficientes en las políticas públicas 

 

Es evidente que se necesita una acción decisiva por parte de las autoridades locales y nacionales para abordar esta crisis inminente. No solo se requieren medidas inmediatas para enfrentar desafíos coyunturales, como la escasez de agua y la generación de electricidad, y también es crucial abordar los problemas estructurales de la región. El tema de la electricidad, por ejemplo, es un problema arraigado que demanda soluciones a largo plazo para garantizar un suministro confiable y asequible para todos los habitantes del Caribe. 

En definitiva, aunque la situación parece estar mejorando respecto al año anterior, no nos llamemos a engaños: la disminución en la tasa de inflación a nivel nacional contrasta con los aumentos en rubros críticos como el transporte y los servicios públicos en el Caribe, lo que agudiza las preocupaciones sobre la capacidad de las familias para mantener un nivel de vida digno. Además, la región enfrenta desafíos adicionales como el estrés hídrico y el pago de servicios como la electricidad, lo que requiere acciones urgentes y a largo plazo por parte de las autoridades para garantizar la estabilidad económica y el bienestar de todos los ciudadanos. En este contexto, la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil se vuelve fundamental para encontrar soluciones sostenibles y equitativas que impulsen el desarrollo económico y social en todo el país. 

 


Referencias  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2024.  

 

 


Imagen de la portada tomada de: https://caracol.com.co/programa/2018/08/27/nuevo_mundo/1535399526_354853.html 

Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe Colombiano– OCSA, Universidad del Norte (Barranquilla). 

Por: Carla Yinella Gómez Solano

En un país tan diverso como Colombia, las inequidades en género y la ubicación geográfica se entrelazan de manera compleja, dando forma a las realidades cotidianas de millones de personas. Estas desigualdades, en algunos casos evidentes, impactan profundamente en la calidad de vida y las oportunidades disponibles para diferentes segmentos de la población. En este blog, exploraremos a fondo estas inequidades, examinando cómo se entrelazan para moldear las experiencias de vida de millones de colombianos.  

Para empezar, se observa que aún existe una disparidad de género en el ámbito laboral colombiano. Una de las consecuencias más notables es la persistente brecha salarial entre hombres y mujeres, lo cual además impacta el agregado de los ingresos. Según Passport Euromonitor International en 2023, las mujeres en Colombia perciben ingresos menores en un 11% comparadas con los hombres a nivel nacional (usted puede navegar en el tablero de visualización).  

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Este dato se puede constatar fácilmente, ya que en Colombia para el trimestre octubre-diciembre de 2023, los hombres obtuvieron un ingreso laboral mensual promedio de $1,620,000 COP, mientras que las mujeres percibieron $1,440,000 COP (lo cual representa el 11% de brecha entre los ingresos de hombre y mujeres, a favor de los primeros). 

A nivel laboral, sería razonable esperar menores disparidades, dado que las mujeres en las últimas décadas han ganado espacios dentro del mercado. Sin embargo, al examinar el ingreso laboral promedio por hora, también se evidencia una diferencia del 2,4%, donde los hombres ganan una media de 9,170 pesos por hora, mientras que las mujeres ganan 8,950 pesos por hora. 

Ahora bien, históricamente se ha demostrado que la participación laboral masculina es mayor a la femenina y, aunque este factor por sí solo no debería atribuirse estrictamente a diferencias de género (pues hoy día muchas mujeres eligen no trabajar por decisión propia, y no por restricciones externas de género o discriminación), las estadísticas son contundentes y revelan que claramente existe una disparidad, para ilustrar un poco: 

En el trimestre octubre-diciembre de 2023, la participación laboral masculina fue del 76,5%, de los cuales el 70,5% están empleados. En contraste, la participación femenina es del 52,4%, con solo el 46,3% empleadas. Esto significa que, mientras que el 92% de los hombres en la fuerza laboral consiguen empleo, solo el 88% de las mujeres lo logra. Asimismo, el desempleo de las mujeres (11,6%) en comparación con el de los hombres (7,8%) indica un trato desigual en las oportunidades de empleo para las mujeres. 

Este fenómeno se manifiesta en distintos rincones del país, aunque con diferentes matices, en ciudades principales como Bogotá D.C. (78.40% hombres frente a 64% mujeres), la brecha persiste, pero ambas partes tienen una participación que superan la del nivel nacional. Mientras que, en ciudades más pequeñas como Valledupar, la situación es aún más desafiante (71.1% hombres frente a 48.4% mujeres), ya que la economía está más restringida y las oportunidades laborales son más limitadas (trimestre octubre-diciembre de 2023). 

En otras ciudades de la costa colombiana, como Santa Marta, Montería y Sincelejo, la participación en el mercado laboral también se reduce. Por ejemplo, en Santa Marta la participación laboral masculina es del 74% frente al 49% de las mujeres, en Montería del 75% frente al 54% y en Sincelejo del 72% frente al 48%. Estas disparidades reflejan un panorama similar al de Valledupar. Sin embargo, ciudades como Barranquilla (75% frente al 55%) y Cartagena (75% frente al 55%), por el contrario, muestran una competencia un poco más equitativa con el nivel nacional y otras ciudades principales, sugiriendo una mayor igualdad en el acceso al empleo entre géneros en estas áreas. 

El problema se agudiza en las áreas apartadas del centro del país, ya que la ubicación geográfica juega un papel crucial en la determinación de las oportunidades laborales y los ingresos, al menos en Colombia. Según lo documentado por Galvis (2011), existen disparidades de género y una concentración de oportunidades en la región central colombiana. Esta disparidad entre ciudades puede atribuirse a varios factores, como una infraestructura limitada, la falta de inversión en desarrollo económico y la concentración de industrias en áreas urbanas más desarrolladas. 

Asimismo, hay quienes argumentan que la falta de acceso a la educación y a programas de capacitación laboral adecuados en estas zonas contribuye a estas diferencias de género. Sin embargo, los datos muestran que, en general, las mujeres en Colombia tienen un mayor nivel educativo alcanzado que los hombres, lo que desafía esta percepción. Ahora bien, si puede haber diferencias regionales importantes: Mientras en Bogotá el 42.7% de las mujeres poseen estudios superiores, en ciudades como Barranquilla, solo el 27.4% lo poseen y es claro que no es la diferencia más extrema con las demás ciudades de la región. 

De la misma manera, en Bogotá hay una mayor proporción de mujeres que alcanzaron un nivel educativo superior de posgrado, mientras que en Barranquilla predominan las mujeres que alcanzaron una Educación Media. Esta disparidad podría atribuirse a diferentes niveles de motivación educativa relacionados con la búsqueda de mayores oportunidades y beneficios (pero no es la única variable por considerar en este análisis, ya que los factores socioeconómicos y culturales también pueden influir significativamente en las decisiones educativas de las mujeres en cada región). 

De hecho, a pesar de las diferencias entre ciudades, la distribución del nivel educativo demuestra que es mayor la cantidad de mujeres que culminan sus estudios de posgrado que los hombres. Esta tendencia indica un compromiso significativo de las mujeres con su desarrollo académico y profesional, lo que subraya aún más la necesidad de abordar las barreras estructurales que pueden manifestarse como limitaciones invisibles (techos de cristal) pero reales que enfrentan las mujeres en el ascenso hacia posiciones de liderazgo y en la consecución de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Según Eagly y Carli (2007), algunas de las limitaciones más frecuentes son: discriminación, sesgos de género, estereotipos sociales arraigados, falta de políticas de igualdad de género en las empresas, etc. 

Si dejamos de lado la consideración geográfica y la educación, ¿qué otro factor podría estar influyendo en estas diferencias? Un aspecto clave lo encontramos en las tareas de cuidado no remuneradas. En Colombia, como en otros lugares, las mujeres siguen siendo las principales encargadas de las responsabilidades domésticas y de cuidado familiar, lo que repercute en su capacidad para participar plenamente en el mercado laboral. Estas responsabilidades abarcan desde cuidar a niños y personas mayores hasta realizar labores domésticas como cocinar, limpiar y hacer compras. 

El trabajo de cuidado no remunerado es una de las dimensiones más críticas de las inequidades de género, puesto que, las responsabilidades recaen desproporcionadamente en mujeres y personas de bajos ingresos, o ambas. Esta labor, invisible en gran medida, sostiene el funcionamiento de los hogares y la sociedad en su conjunto, pero rara vez se valora adecuadamente ni se compensa de manera justa. Por ello, en palabras de Tronto (1993), “sacar el cuidado de las áreas privadas y no remuneradas donde generalmente las mujeres se encargan de él, es absolutamente necesario para hacer que todos en la sociedad reconozcan y asuman su responsabilidad de cuidar”. 

Recapitulando, el hecho de que en áreas más apartadas haya menor participación femenina en el mercado laboral se debe, inicialmente, a que en estos lugares la oferta de empleo es limitada y los salarios son insuficientes para cubrir las necesidades básicas, lo que ocasiona que muchas mujeres opten por dedicarse al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en vez de buscar empleo fuera del hogar. Así mismo vale la pena indagar si es posible que en estas zonas apartadas se encuentre una diferencia cultural donde las costumbres indican que las mujeres deben permanecer en casa.  

Galvis (2011) sugiere que, al analizar los salarios, se observan diferenciales positivos a favor de los hombres que parecen estar relacionados con características no observables (como la experiencia laboral previa, habilidades específicas, redes de contactos profesionales, percepciones subjetivas de productividad o desempeño, entre otros factores). Estos aspectos podrían influir significativamente en la determinación de los salarios y explicar parcialmente por qué los hombres tienden a recibir compensaciones salariales más altas que las mujeres en algunos contextos laborales. Asumiendo que existen esos diferenciales en favor de los salarios de los hombres, esta diferencia no debería ser tan notoria, especialmente, considerando el aumento en la escolaridad y la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, sorprendentemente, esta evolución no se refleja en la equiparación de los salarios entre hombres y mujeres. 

Como se ha evidenciado, la persistencia de las diferencias de género en el mercado laboral colombiano refleja una compleja red de factores sociales, económicos y culturales que continúan perpetuando la desigualdad. A pesar de los avances en materia de educación y capacitación, las mujeres siguen enfrentando obstáculos significativos para acceder a empleos dignos y bien remunerados. Estos obstáculos incluyen desde la falta de políticas laborales inclusivas hasta la carga desproporcionada de responsabilidades familiares y domésticas que limitan su participación plena en el mercado laboral.  

Estas desigualdades no solo afectan el bienestar económico de las mujeres, sino que también socavan el potencial de crecimiento y desarrollo económico del país en su conjunto al desaprovechar el talento y la capacidad productiva de la mitad de su población. Por lo tanto, es fundamental implementar políticas y programas que aborden de manera integral estas barreras sistémicas y promuevan un mercado laboral más equitativo y justo para todas las personas, independientemente de su género. 

 

 


Referencias  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2023.  

Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2007). Gender and Leadership: Rebranding Perspectives on Gender Differences. Harvard Business Review, 85(5), 126-135. 

Galvis–Aponte, L. A. (2010). Diferenciales salariales por género y región en Colombia: Una aproximación con regresión por cuantiles. Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana; No. 131. 

Tronto, J. (1993). Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. Retrieved from:https://www.researchgate.net/publication/342791672_Moral_Boundaries_A_Political_Argument_for_an_Ethic_of_Care 

   


Imagen de la portada tomada de 11 preguntas que debes hacerte antes de tener un segundo hijo | Tendencias 24 

Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe Colombiano– OCSA, Universidad del Norte (Barranquilla). 

 

 

 

 

Por: Carla Yinella Gómez Solano

Recientemente se ha evidenciado la necesidad de realizar un balance del año 2023 en términos de desigualdades regionales. Este análisis resulta crucial para comprender dinámicas relacionadas con las disparidades en producción, el acceso al empleo y la distribución de la pobreza entre distintas áreas geográficas del país.  

Por ello, desde el Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe Colombiano (OCSA) buscamos profundizar en esta temática y generar un análisis que permita identificar los factores que influyen en la economía del país. 

Mercado laboral 

Para empezar, los datos del mercado laboral arrojados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en diciembre de 2023 muestran una variación significativa en los diferentes indicadores en las regiones. A nivel nacional, la tasa global de participación (TGP) finalizó el año en 64%, la tasa de ocupación (TO) en 58%, la tasa de desempleo (TD) en 9,4% y la tasa de informalidad bajó de 58,2% a principios de año a 55,5% hacia finales de año (usted puede navegar en el tablero de visualización)

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Dentro de las ciudades que mantuvieron unas tasas favorables a lo largo del 2023, se encuentra Bogotá D.C. con las tasas más altas de participación, con una TGP promedio del 69.5% y una TD promedio del 10%. Asimismo, Medellín (65.2% y 8.9%), Cali (66.8% y 10.8%) y Bucaramanga (65.6% y 8.5%) mantuvieron tasas similares al nivel nacional en comparación con otras áreas urbanas del país (promedio del año 2023). 

Por el contrario, las ciudades de la región caribe exhiben tasas de participación ligeramente bajas (generalmente entre el 55% y 65%) y tasas de desempleo muy por encima (a excepción de Barranquilla y Montería) tanto de las ciudades principales del país (Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga) como del nivel nacional. Para ser más precisos, el desempleo va desde Barranquilla con un 10.3% hasta Riohacha con un 14,3% (promedio del año 2023).

Ahora bien, Montería presenta un comportamiento diferente, puesto que posee unas tasas promedio de participación (55,6%) y ocupación (12,8%) relativamente bajas en comparación con las demás ciudades de la región Caribe. Estos datos sugieren que Montería experimenta un nivel de dinamismo laboral menor en términos de generación de empleo.  

Por otro lado, Barranquilla se destaca como la única ciudad en la región Caribe que demuestra un comportamiento similar al de las ciudades principales del país (Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga). Con tasas promedio de participación, ocupación y desempleo laboral de 65,9 %, 59,1% y 10,3%, respectivamente. 

Al analizar la informalidad laboral, se observa que, aunque a nivel nacional esta ha disminuido de manera notable durante el año 2023, aún persisten diferencias significativas entre ciudades. Por ejemplo, mientras Bogotá y Medellín finalizaron el año con unas tasas de informalidad del 32,6%, y 38,4%, respectivamente. En contraste, las ciudades del Caribe muestran niveles más altos, donde aproximadamente 6 de cada 10 personas trabajan en el sector informal. Un ejemplo de esto es Riohacha (61%), Santa Marta (62,3%), Montería (62,8%), Valledupar (64,7%) y Sincelejo (68,1%) (Trimestre octubre- diciembre de 2023). Estos datos subrayan las notables disparidades en la estructura laboral entre las diversas regiones del país (usted puede navegar en el tablero de visualización)

Pobreza 

En relación con la pobreza monetaria (que se define como la incapacidad de las personas o familias para alcanzar ingresos adecuados que cubran sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y atención médica); es fundamental analizar las estadísticas del año 2023 para tener una comprensión más completa de las disparidades regionales en este ámbito. Según los datos proporcionados por el DANE, se ha observado una tendencia positiva a nivel nacional en la reducción de la pobreza monetaria durante los últimos dos años. 

En el año 2021, la tasa de pobreza monetaria a nivel nacional se situó en un 39.7%, disminuyendo a un 36.6% en el año 2022. Esta tendencia descendente también se refleja en varios departamentos del país, como Antioquia (de 32,8% a 28,8%), Atlántico (de 42,1% a 37,7%), Bogotá D.C. (de 30,5% a 28,1%), Santander (de 40,3% a 37,3%) y Valle del Cauca (de 32,1% a 28,1%), donde se registraron reducciones significativas en la pobreza monetaria durante el mismo período (usted puede navegar en el tablero de visualización). 

Sin embargo, es importante destacar que algunos departamentos experimentaron e inclusive dentro de la región Caribe, un aumento en la pobreza monetaria en comparación con el año anterior. La Guajira, por ejemplo, mostró un incremento notable de 7,4 puntos porcentuales, con una tasa de pobreza monetaria de 58.0% en 2021 al 65.4% en 2022. Este fenómeno puede atribuirse a varios factores, incluidos problemas estructurales dentro del mercado como: la falta de diversificación económica en la región, la escasez de oportunidades laborales formales y la dependencia de sectores económicos vulnerables a la volatilidad del mercado, por ejemplo, agricultura, turismo, minería y construcción.  

De la misma manera, Bolívar y Magdalena también experimentaron un aumento en la pobreza monetaria durante el año 2022. En Bolívar, el aumento fue de 2 p.p  (aumentó del 54.0% en 2021 al 56.0% en 2022), mientras que en Magdalena fue de 1,2 p.p (del 52.7% en 2021 al 53.9% en 2022). 

A pesar de que se observa una tendencia a la baja en la pobreza monetaria a nivel nacional y en la mayoría de los territorios del país, aun el problema persiste. Por lo que se deben abordar las causas subyacentes de la pobreza, sobre todo, en aquellos lugares en los que históricamente ha sido complicado combatir los factores e implicaciones de la pobreza.  

Crecimiento económico 

En cuanto al crecimiento económico de Colombia en 2020-2023, según los datos del DANE, se destacan tendencias significativas que reflejan la dinámica del Producto Interno Bruto (PIB). 

Durante el año 2020, el país experimentó una contracción del 6,8% en su PIB. Esta disminución estuvo influenciada principalmente por el desempeño negativo de varios sectores clave, como el comercio, el transporte y el alojamiento (-15,1%), la construcción (- 27,7%) y la explotación de minas y canteras (-15,7%). Estos sectores sufrieron debido a las restricciones impuestas para contener la propagación del COVID-19, lo que afectó la actividad económica y la demanda (usted puede navegar en el tablero de visualización). 

A partir del año 2021, se observó una tendencia de recuperación económica gradual. En este año, el PIB creció un 10,6 %, impulsado principalmente por el resurgimiento del comercio (+21,2%), la industria manufacturera (+16,4%) y actividades relacionadas con la administración pública, defensa, educación y salud (+6,9%). Este crecimiento se atribuye en parte a la flexibilización de las restricciones y a las políticas de estímulo implementadas para reactivar la economía. Un ejemplo muy puntual, fue el establecimiento de protocolos estrictos de seguridad en las plantas manufactureras para garantizar el distanciamiento social entre los empleados: en su momento, se reorganizaron las líneas de producción para aumentar el espacio entre estaciones de trabajo, se instalaron barreras físicas entre áreas de trabajo y se implementaron horarios escalonados para reducir la cantidad de empleados presentes al mismo tiempo (usted puede navegar en el tablero de visualización). 

En 2022, esta tendencia positiva continuó con un crecimiento del 7,5% respecto al año anterior. Sectores clave como el comercio (+ 10,7%), la industria manufacturera (+ 9,8%), y las actividades artísticas y recreativas (+37,9%) destacaron por su contribución al crecimiento económico. La reactivación económica de este año se evidenció en gran manera en el aumento de la asistencia a eventos culturales, como conciertos, teatro o exposiciones, y en el turismo nacional relacionado con actividades recreativas (usted puede navegar en el tablero de visualización). 

Finalmente, en el año 2023, el crecimiento del PIB fue del 0,6% respecto al 2022. Aunque este crecimiento fue más bajo en comparación con años anteriores, se observaron contribuciones positivas de sectores específicos. Por ejemplo, la administración pública, defensa, educación y servicios de salud crecieron un 3,9% (aportando 0,6 p.p en la variación anual), las actividades financieras y de seguros aumentaron un 7,9% (aportando 0,6 p.p en la variación anual), y las actividades relacionadas con el arte, entretenimiento, recreación y hogares individuales empleadores registraron un crecimiento del 7,0% (aportando 0,2 p.p en la variación anual) (usted puede navegar en el tablero de visualización). 

Aunque es cierto que estos sectores jugaron un papel crucial en la dinámica económica del país en este período, es importante destacar que las expectativas de crecimiento eran mucho superiores a lo alcanzado. Cuando se analiza el contexto económico y las proyecciones realizadas por expertos, se esperaba un crecimiento más robusto, que oscilaba entre el 0,9% y el 1,4%. Sin embargo, la realidad mostró un crecimiento más modesto, lo que sugiere que, si bien estos sectores contribuyeron de manera positiva al crecimiento económico, no pudieron alcanzar las expectativas previas. Este fenómeno puede atribuirse a diversos factores, como la persistencia de la incertidumbre económica, la volatilidad del mercado, los cambios en las políticas gubernamentales, entre otros. 

En definitiva, al analizar las disparidades regionales en 2023, obtenemos una visión detallada de la compleja realidad económica de Colombia. Observamos que ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla demostraron un dinamismo laboral y económico notable, mientras que otras, como Montería, enfrentaron desafíos en la generación de empleo. Además, se evidenciaron avances significativos en la lucha contra la pobreza monetaria en algunos departamentos, aunque persisten desafíos en la región Caribe Colombiana que requieren atención urgente. 

En cuanto al crecimiento económico, si bien se observó una recuperación gradual, la desaceleración en 2023 destaca que nos encontramos en un momento de recesión. Esto subraya la importancia de abordar políticas económicas resilientes y equitativas para fortalecer la economía nacional y cerrar la brecha de las desigualdades regionales. Es fundamental aprovechar las lecciones aprendidas de los sectores que contribuyeron positivamente al crecimiento económico, como el comercio, la industria manufacturera y las actividades relacionadas con la administración pública, defensa, educación y salud, para impulsar un desarrollo más sólido y sostenible en todas las regiones del país. 

 

 


Referencias  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2023.  


Imagen de la portada tomada de https://www.laopinion.com.co/colombia/segun-estudio-colombia-es-uno-de-los-paises-mas-ignorantes-del-mundo 

Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe Colombiano– OCSA, Universidad del Norte (Barranquilla). 

 

 

Por: Carla Yinella Gómez Solano

Analizar el mercado laboral es crucial para entender la pobreza y las desigualdades regionales en Colombia. Por una parte, porque el trabajo es la principal fuente de ingresos para las familias de más bajos recursos, especialmente, para las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, donde el trabajo es su única fuente de ingreso. Por otra parte, a nivel regional existe una alta correlación entre la incidencia de la pobreza (monetaria y multidimensional) y la situación de desempleo e informalidad laboral. 

En este contexto, al analizar el panorama laboral a nivel nacional según las últimas estadísticas del DANE para el trimestre julio-septiembre de 2023, se destacan los siguientes puntos (usted puede navegar en el tablero de visualización):

I) La tasa global de participación alcanzó el 64.2%, lo que significa que 6.4 de cada 10 personas en edad de trabajar están actualmente empleadas o en búsqueda activa de empleo. 

II) La tasa de ocupación se situó en el 58.3%, indicando que 5.8 de cada 10 personas en edad de trabajar se encuentran efectivamente empleadas. 

III) La tasa de desocupación se ubicó en el 9.3%, evidenciando que 9 de cada 100 personas que buscaban empleo no lograron encontrarlo. 

 

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A pesar de ser indicadores con mejores perspectivas respecto al año anterior, existen importantes matices a nivel regional. En líneas generales, las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, exhiben las tasas globales de participación más elevadas. Particularmente, resaltan los extremos representados por Bogotá, que registra una Tasa Global de Participación del 70.4%, mientras Valledupar, está 11,6 puntos porcentuales por debajo, situándose en el 58.8%. Asimismo, el desempleo es una de las grandes preocupaciones en la Región Caribe, esto debido a que todas sus ciudades exhiben tasas de desempleo relativamente altas (a excepción de Santa Marta), siendo Sincelejo (10,2%) y Riohacha (13%) las ciudades con mayor porcentaje de personas desempleadas en el país (DANE, trimestre móvil julio-septiembre) (usted puede navegar en el tablero de visualización).  

Adicionalmente, se observa una marcada disparidad en las tasas nacionales de desempleo. En concreto, la tasa de desempleo femenino (11,65%) es un 2.3% más elevada en comparación con la cifra total a nivel nacional (9.4%) y un 4% más alta en relación con el desempleo masculino (7,66%). Esta brecha se acentúa en las ciudades de la Región Caribe, donde existen mayores niveles de desempleo para hombres y mujeres, sobre todo, en las ciudades de Sincelejo (7,3% para hombres y 13,8% para mujeres), Montería (8,4% para hombres y 13,8% para mujeres), Valledupar (8,7% para hombres y 13,7% para mujeres) y Riohacha (9,5% para hombres y 17,1% para mujeres) (DANE, trimestre móvil julio-septiembre) (usted puede navegar en el tablero de visualización). Esto sugiere que no sólo las mujeres participan en menor medida en el mercado laboral, sino que, además, suelen presentar mayores dificultades para encontrar empleo.  

De la misma manera, es fundamental destacar que la situación no se limita exclusivamente a los aspectos previamente señalados. La notable prevalencia de empleo informal constituye otro elemento crítico a considerar. Como es de amplio conocimiento, la informalidad conlleva a la ausencia de acceso a beneficios laborales y seguridad social, generando así una mayor inestabilidad en el ámbito laboral y, como consecuencia, contribuyendo a la persistencia de la pobreza. 

En la actualidad, la informalidad afecta al 56% de la población a nivel nacional. No obstante, resulta alarmante observar cómo esta proporción se incrementa de manera significativa en las ciudades de la región Caribe. En particular, en Riohacha (62,6%), Valledupar (65,58%) y Sincelejo (68,36%), la informalidad afecta a 6 de cada 10 trabajadores (DANE, trimestre móvil junio-agosto de 2023) (usted puede navegar en el tablero de visualización)

Es importante destacar que, pese a que a nivel nacional la informalidad laboral impacta más a los hombres (58,14%) que a las mujeres (53,03%), es interesante ver cómo en Barranquilla, Cali y Medellín son las mujeres quienes se ven más perjudicadas por esta situación (DANE, trimestre móvil junio-agosto de 2023) (usted puede navegar en el tablero de visualización).  Dado que en estas ciudades la tasa global de participación es menor en las mujeres que en los hombres, esto sugiere que existen condiciones precarias de inserción de las mujeres al mercado laboral. 

Si a esto le sumamos que, en general, las mujeres perciben menores ingresos salariales que los hombres y que esos salarios tienden a ser aún más reducidos en las ciudades de la región caribe (DANE, trimestre móvil junio-agosto de 2023) (usted puede navegar en el tablero de visualización), tenemos un panorama aún más difícil para las mujeres en el mercado laboral colombiano. La investigación empírica sugiere que estos son obstáculos que pueden estar influenciados por temas como la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares, la persistencia de estereotipos de género en la sociedad y la discriminación de género en el lugar de trabajo. 

Entre el abanico de opciones sugeridas para dar solución a esta problemática, sin duda, los gremios y las organizaciones son claves para ser líderes en la creación de oportunidades laborales y la reducción de la pobreza. Pues estas pueden impulsar políticas que promuevan la inversión y la creación de empleo en sus respectivas regiones. 

En este sentido, el pasado 31 de octubre en el panel de discusión de la XIX jornada Académica OCSA en las instalaciones de la Universidad del Norte, Efraín Cepeda, director de Intergremial del Atlántico, expuso que desde la asociación ha observado que: 

 

“Cada vez más empresas están implementando estrategias que fomentan el empleo inclusivo, la igualdad de oportunidades y la equidad en el empleo, claves para el cierre de brechas” .

                                                                                                         -Efraín Cepeda 

 

Un ejemplo puntual es el caso de Argos, donde se han capacitado mujeres para que ocupen cargos que, dentro de la empresa, tradicionalmente estaban asociados a los hombres, como lo son: los conductores de míxer, oficiales de mantenimiento, técnicos de laboratorio, operadores de báscula, entre otros. 

Asimismo, durante el evento la directora de Fundesarrollo, Oriana Álvarez, expresó que su equipo de investigación está mayormente conformado por mujeres profesionales, las cuales se encargan de llevar a cabo investigaciones y proyectos de alta rigurosidad académica y, que, además, las últimas tres direcciones de Fundesarrollo han sido ocupadas por mujeres. 

Por otro lado, Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social y, Juan Ricardo Perilla, director del Observatorio de Condiciones Socio Económicas del Caribe Colombiano (OCSA), mencionaron que el aporte de los observatorios en este tipo de problemáticas se centra en la generación de conocimiento que contribuya a la discusión y creación de políticas públicas del mercado laboral. Sin embargo, para que esas investigaciones se den, requieren de financiación y disponibilidad de datos que muchas veces están ocultos.  

En resumen, la participación de las diferentes entidades tanto del sector público como privado es primordial no sólo en la financiación de proyectos, sino también en la facilitación de un diálogo que propicie debates constructivos acerca de la creación y reestructuración de políticas públicas relacionadas con el mercado laboral. Además, su participación activa en la difusión y promoción de los resultados obtenidos es fundamental para transformar la realidad del mercado laboral colombiano hacia un futuro más próspero, equitativo y justo. 

 

 


Referencias  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2023.  


Imagen de la portada tomada de PNUD: https://www.lacoladerata.co/conlupa/la-desigualdad-social/ 

Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe Colombiano– OCSA, Universidad del Norte (Barranquilla). 

Por: Carla Yinella Gómez Solano

El DANE publicó recientemente los datos de pobreza monetaria actualizados al año 2022. Según las estadísticas, el 36,6% de la población colombiana, es decir, 18,3 millones de personas, se encuentran en situación de pobreza monetaria. Esto significa que viven con ingresos mensuales inferiores a COP$396.684, lo que no les permite cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido y otros artículos de primera necesidad. 

Lo destacado es que esta cifra representa una disminución significativa de 3,1 puntos porcentuales en comparación con el año 2021, cuando la tasa de pobreza monetaria era del 39,7%. En otras palabras, esto implica que 1,3 millones de personas a nivel nacional lograron superar la pobreza en el transcurso de ese año. 

Adicionalmente, la tasa de pobreza extrema, que se refiere a las personas que subsisten con ingresos mensuales inferiores a COP$198.698 (lo suficiente para cubrir una canasta básica de alimentos) alcanzó el 13,8%, lo que equivale a 6,9 millones de individuos. Esto representa un incremento del 0,1% con respecto al 13,7% registrado en 2021, e implica que unas 131 mil personas se sumaron a la condición de pobreza extrema o indigencia. 

 

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Las nuevas cifras de pobreza también reflejan que persisten disparidades muy significativas en la incidencia de la pobreza y la indigencia entre la zona rural, que el DANE identifica como centros poblados y rural disperso, y los centros urbanos. Es decir, en la zona rural tanto la pobreza como la indigencia (45,9% y 23,3%, respectivamente) son mucho mayores que en las ciudades (33,8% y 11%) (usted puede navegar en el tablero de visualización).  

A tenor de los datos, un hecho importante de las cifras del agregado a nivel nacional es que el grueso de la disminución de la pobreza se dio en los cascos urbanos, con una reducción de más de 1 millón de personas con una línea de pobreza más alta (COP$440047), mientras que, en las zonas rurales la disminución fue de 265 mil personas con una línea de pobreza más baja (COP$253150) (usted puede navegar en el tablero de visualización). Por otra parte, el aumento del 0,1% en la tasa de pobreza extrema se debe a que, aunque la indigencia disminuyó en 77 mil personas en las áreas urbanas, se registró un aumento de 208 mil personas en condición de indigencia en la zona rural. Estos resultados resaltan la urgente necesidad de que la política pública focalice sus esfuerzos de manera más específica en abordar la problemática de la pobreza rural en el país. 

Las diferencias regionales también son notables. Las regiones Caribe y Pacífica históricamente tienen tasas de pobreza monetaria más altas en comparación a otras áreas, como la región Andina. En particular, ciudades como Quibdó (62,3% y 31,7%), Sincelejo (49,5% y 14,5%), Riohacha (48,8% y 23,3%), Valledupar (48,5% y 15,9%) y Santa Marta (44,4% y 16,1%) encabezan la lista de ciudades con mayor proporción de población en situación de pobreza e indigencia en el país. En la costa caribe solo Barranquilla (35.7% y 10.9%) muestra una menor incidencia de la pobreza e indigencia frente a los agregados nacionales (usted puede navegar en el tablero de visualización)

Otra diferencia importante es en la medición de las líneas de pobreza y pobreza extrema. Bucaramanga (COP%547356 y COP$262273), Bogotá (COP$536108 y COP$246192) y Tunja (COP$528245 y COP$248277) son tres ciudades con las líneas más altas, en contraste, Riohacha (COP$345787 y COP$190895) es una de las que tiene las líneas más bajas (usted puede navegar en el tablero de visualización). Estas diferencias dependen de los hábitos de consumo, estilos de vida y características estructurales de la economía. Por ejemplo, en Riohacha, una ciudad costera, los alimentos frescos y los productos del mar que son parte fundamental de la dieta local son más económicos y tienen una ponderación más alta en la canasta de consumo local. Esto se refleja en el deflactor de la línea de pobreza, donde los productos de río y mar en La Guajira tienen una ponderación significativamente mayor (2,08%) a la de Cundinamarca (0,45%) y Boyacá (0,75%) donde estos mismos productos son más costosos (DANE, 2022). 

Del mismo modo, en ciudades del centro como Bogotá y Medellín, la diversificación de la economía y la mayor disponibilidad de empleos bien remunerados pueden proporcionar a los trabajadores un nivel de vida relativamente más alto comparado con otras zonas del país. Por lo tanto, en estos territorios, los costos de vivienda pueden ser significativamente más altos, de ahí, que en Cundinamarca (25,6%) y Antioquía (18,8%) la ponderación del arriendo (en efectivo) en el deflactor de la línea de pobreza sea mayor a la de Atlántico (9,98%) (DANE, 2022), que se ha posicionado como la ciudad con mayor desarrollo económico del Caribe. 

Si nos dirigimos a Quibdó, en la región del Pacífico colombiano, enfrentamos otra realidad. Esta ciudad a menudo se encuentra entre las más afectadas por la pobreza debido a factores como la limitada infraestructura y oportunidades de empleo, así como la accidentada geografía y ausencia del Estado que se ve reflejada en la provisión de bienes públicos. En Quibdó, la falta de servicios de calidad representa un obstáculo para la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.  

De igual manera, en Riohacha y Sincelejo, las altas tasas de pobreza monetaria se explican en parte por que la economía local tiende a ser más dependiente de actividades como el comercio, la pesca y la agricultura. Si bien estas actividades pueden ser importantes desde el punto de vista cultural y tradicional, a menudo generan ingresos limitados para la población local debido a la falta de diversificación económica y oportunidades de empleo mejor remuneradas. Además, al igual que Quibdó, Riohacha y Sincelejo enfrentan desafíos adicionales en términos de infraestructura y acceso a servicios básicos, lo que puede limitar las oportunidades de desarrollo económico y social. Por ejemplo, la falta de inversión en educación, salud y transporte puede obstaculizar la movilidad laboral y el acceso a empleos de mejor calidad, lo que a su vez contribuye a las altas tasas de pobreza en estas ciudades. 

En última instancia, estas disparidades regionales son ejemplos concretos de cómo las peculiaridades en las canastas de consumo y las condiciones económicas locales desempeñan un papel crítico en la determinación de las líneas de pobreza. Reconocer estas diferencias es un paso fundamental en el camino hacia una lucha efectiva contra la pobreza. Implica no solo comprender la dinámica económica y social de cada región, sino también promover la colaboración intersectorial y mantener un compromiso a largo plazo. Las políticas y estrategias diseñadas para combatir la pobreza en Colombia deben ser flexibles y adaptables, capaces de responder a las necesidades específicas de cada área. 

En resumen, el enfoque en la pobreza en Colombia debe ser contextual y centrado en las particularidades regionales. Solo a través de un entendimiento profundo de las diferencias económicas y sociales, junto con un compromiso continuo por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto, se podrá avanzar significativamente hacia la reducción de la pobreza en todas las regiones del país. 

 


 

Referencias  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2022.  

 


Imagen de la portada tomada de Freepik: Hombre mayor con las manos sucias contando monedas. https://www.freepik.es/fotos-premium/hombre-mayor-manos-sucias-contando-monedas_28311220.htm 

Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe Colombiano– OCSA, Universidad del Norte (Barranquilla). 

 

Por: Carla Yinella Gómez Solano

Detrás de la dinámica económica de Colombia, se esconde una realidad compleja que afecta a miles de mujeres que luchan por encontrar un lugar en un mercado laboral marcado por la informalidad y la desigualdad, que en este caso involucra cuestiones de género. Un ejemplo de ello son las trabajadoras domésticas, quienes, a pesar de desempeñar una labor considerada esencial, con frecuencia perciben salarios insuficientes y, en muchas ocasiones, no cuentan con beneficios sociales. 

Las estadísticas ponen de manifiesto de manera contundente esta disparidad: si revisamos la proporción de personas en edad de trabajar que están empleadas, se observa en el trimestre mayo-julio que la participación de los hombres en la fuerza laboral es del 77%, y de ese grupo, el 71% se encuentra ocupado. En contraste, la participación de las mujeres en la fuerza laboral es del 53%, y de ellas, solo el 46% está empleada. Es decir que mientras 92 de cada 100 hombres que participan en el mercado laboral logran emplearse, solo 87 de cada 100 mujeres logra hacerlo. El menor nivel de empleabilidad y el hecho de que el desempleo en las mujeres (12.2%) sea superior al de los hombres (8%) constituye un indicio que sugiere un tratamiento desigual en las oportunidades de empleo para las mujeres. (DANE, trimestre móvil mayo-julio) (usted puede navegar en el tablero de visualización).

 

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Es importante recalcar que el mercado laboral femenino ha demostrado cierta “mejoría” con respecto al trimestre móvil del mes anterior (abril-junio). En particular, aunque la participación de las mujeres en el mercado laboral se mantuvo (52,9%), la tasa de ocupación aumentó 0.5 p.p (46,4%) y la tasa de desempleo disminuyó 0.7 p.p (12,2%) (usted puede navegar en el tablero de visualización). De manera, que en el último trimestre más mujeres han logrado vincularse al mercado de trabajo. 

Ahora bien, una de las grandes preocupaciones es la cantidad de personas que trabajan de manera informal. Actualmente la informalidad laboral nacional es del 55,8% (58% de los hombres y el 53% de las mujeres), mientras la brecha de informalidad según el género para el nivel nacional es de aproximadamente 5,11 p.p, en Barranquilla se evidencia una brecha negativa (-3,57 p.p). Lo cual quiere decir que mientras en el nivel nacional y otras ciudades de la región caribe la informalidad es mayor en los hombres, en Barranquilla la sufren más las mujeres. Por otra parte, se destaca que en Santa Marta (0,3 p.p) la informalidad afecta prácticamente por igual a hombres y mujeres (usted puede navegar en el tablero de visualización).   

Una explicación habitual al fenómeno de la informalidad es que esta afecta principalmente a trabajadores con escaso nivel de capital humano. Al examinar la relación entre nivel de educación e informalidad laboral se puede apreciar que esta es una característica asociada en mayor medida a las mujeres. Típicamente, las mujeres asumen la mayoría de las labores domésticas y de cuidado, lo cual limita sus oportunidades educativas y laborales y promueve la informalidad al restringir el crecimiento de habilidades y conocimientos necesarios para acceder a empleos formales. Como se aprecia en el recuadro, del total de ocupados informales a nivel nacional, el 83,2% (85,3 para las mujeres y 82,2% para los hombres) cuentan con un nivel educativo igual o inferior a básica secundaria. Es importante destacar que esta tendencia se acentúa aún más en todas las ciudades de la región Caribe, donde la informalidad asociada a bajos niveles educativos afecta principalmente a las mujeres, superando el 90% en ciudades como Montería, Valledupar, Riohacha y Sincelejo (DANE, trimestre móvil abril-junio) (usted puede navegar en el tablero de visualización).  

En relación con la remuneración salarial, se evidencia una disparidad que favorece a los hombres en todos los niveles educativos (con base en el ingreso laboral promedio). A nivel nacional, la brecha de ingreso salarial es particularmente amplia entre hombres y mujeres que no reportan algún nivel educativo (41,9%). Esto implica que mientras los hombres que no tienen ningún nivel educativo ganan 100 pesos, las mujeres en la misma situación apenas perciben 58,1 pesos. En el Caribe, las ciudades con las mayores brechas salariales para las personas sin ningún nivel educativo son Cartagena (44,9%), Riohacha (48%) y Santa Marta (57%), no obstante, en Sincelejo se evidencia una brecha negativa de –1,03%, la cual indica que la disparidad salarial tiende a favorecer ligeramente a las mujeres (DANE, trimestre móvil abril-junio) (usted puede navegar en el tablero de visualización).  

Si bien se requiere más investigación para establecer si las diferencias salariales entre hombres y mujeres se deben principalmente a diferencias objetivas en su formación y habilidades, los datos analizados plantean preocupaciones persistentes acerca de la equidad de género en el entorno laboral. Es decir, la inequidad de género parece ser un problema evidente, ya sea que las diferencias en los salarios se deban a la disparidad en la preparación laboral entre hombres y mujeres (lo que podría justificar las diferencias salariales) o a otros factores que conducen a la discriminación salarial entre trabajadores de igual nivel que solo se diferencian en género.   

La persistencia de amplias brechas salariales, incluso entre trabajadores que no cuentan con ningún nivel educativo, no solo sugiere que existen mayores dificultades para las mujeres en el acceso a empleos formales y bien remunerados, sino que también se convierte en un factor que contribuye a la feminización de la pobreza y la perpetuación de la informalidad.  La desigualdad de género en el mercado laboral no solo dificulta las posibilidades de una vida digna para los hogares donde las mujeres son cabeza de familia, sino que también restringe la capacidad que estas tienen para planificar a largo plazo y romper el ciclo de pobreza.  

En definitiva, realizar un cambio en el mercado laboral colombiano parece ser una tarea compleja que no arrojará resultados inmediatos. Sin embargo, es una necesidad imperante para construir una sociedad más justa y equitativa. La brecha salarial de género y la persistente informalidad laboral no solo afectan a las mujeres, sino que también tienen un impacto negativo en la economía en su conjunto. Por lo tanto, eliminar los obstáculos que históricamente han limitado la participación de las mujeres en la fuerza laboral, como los estereotipos de género y la falta de oportunidades de desarrollo, es de vital importancia para lograr una sociedad más inclusiva. 

 


Referencias  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2023.  

 


Imagen de la portada tomada por Agencia EFE. Las mujeres perdieron empleos informales durante marzo y mayo de 2022, de acuerdo con el DANE 

 

Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe Colombiano– OCSA, Universidad del Norte (Barranquilla). 

Contacto: ocsa@uninorte.edu.co

 

Por: Carla Yinella Gómez Solano

Los análisis que se han realizado recientemente desde distintos medios por todo el país sobre los logros del primer año de gobierno coinciden en señalar que los resultados económicos, en general, pueden considerarse buenos o al menos mejor de lo esperado considerando los desafíos políticos que implicaba la llegada de un presidente de izquierda por primera vez al poder y, también, frente a la complejidad del entorno económico tanto a nivel nacional como internacional.  

Desde el OCSA, coincidimos que los buenos resultados para la economía a nivel agregado no son necesariamente atribuibles a la gestión del gobierno. Es cierto que en este primer año han habido aciertos indiscutibles. Por ejemplo, en relación con el tramite de la reforma tributaria y la nivelación del precio de los combustibles al estándar internacional. Ambas, medidas fiscales responsables que han sido bien calificadas por inversionistas, agencias calificadoras y organismos internacionales. También es meritorio haber logrado mantener la estabilidad económica en medio de la turbulencia política que ha rodeado el primer año de gobierno, que en gran parte ha dependido de la confianza generada por el acertado nombramiento de los encargados del ministerio de hacienda.         

La pregunta que aún nos queda y a la que curiosamente nos parece se le ha dedicado menos espacio del que merece en esta evaluación, es sobre los logros y retos del gobierno en materia social. Más específicamente, nos parece que falta evaluar los logros y los retos que han surgido desde las regiones, y particularmente desde la Región Caribe Colombiana en términos de agenda presidencial. 

Por tratarse de un gobierno que asumió el poder con banderas históricamente progresistas, uno esperaría mayores y mejores resultados en este contexto. Pero la realidad es que los logros en la agenda social del gobierno aún están por verse. En parte, esto es comprensible,  porque se trata de cambios estructurales cuya implementación dependen de reformas que aún no se han aprobado, y cuyos resultados sabemos que tomarán tiempo en manifestarse.  Sin embargo, hay resultados de más corto plazo y omisiones en la reformas que preocupan.     

En primer lugar, es cierto que la inflación ha venido reduciéndose en los últimos dos meses después de mostrar incrementos permanentes por razones ajenas de la posesión del nuevo gobierno. Sin embargo, el dato más reciente de inflación cercana al 12%  (en comparación con junio de 2022) es aún alto y sugiere que si ajustamos la linea de pobreza que en 2021 era de $354,000 por su nuevo poder adquisitivo, esta debería ser actualmente más cercana a los $400,000 por persona por mes (DANE, 2021). Esta línea ajustada llevaría a un aumento del número de personas en estado de pobreza, que superaría la cifra aproximada de 20 millones de colombianos que fue registrada en la última estadística publicada por el DANE en 2021. Y también aumentaría claramente la población en condición de indigencia, que en 2021 era cercana a los 6 millones de colombianos. En este contexto, la implementación de la renta ciudadana (subsidio que reemplaza al Ingreso Solidario) podría tener efectos positivos, aunque  temporales en el bienestar de los hogares.  

La gran omisión de la agenda del gobierno en este contexto es una propuesta para avanzar en la reducción de la pobreza y la desigualdad con un enfoque estructural. En particular, en la agenda pública de este primer año, ha brillado por su ausencia una propuesta de reforma orientada a fomentar la generación de empleo, particularmente empleo de carácter formal y con un enfoque regional como lo han señalado varios expertos. La proporción de la informalidad que se ha mantenido históricamente alrededor del 60% sugiere la necesidad de iniciativas públicas que ayuden a revertir esa tendencia y promover una transformación hacia un mercado laboral estable y seguro.

 Tablero de visualización

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Con relación a los retos observados en la Región Caribe,  comenzamos por señalar que el impacto de la inflación ha sido mayor al observado a nivel nacional.  Durante el último año, la inflación del grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (14,31%) superó el promedio nacional (12,13%), poniendo en evidencia la altísima vulnerabilidad de los hogares con bajos ingresos que dedican la mayor proporción de su renta a este tipo de bienes. Pues bien, resulta aún más preocupante observar que en la Región Caribe las cifras de inflación de alimentos son aún más altas. En particular, ciudades como Sincelejo (17,25%), Riohacha (15,36%) y Valledupar (15,27%) muestran una mayor variación anual de este rubro (usted puede navegar en el tablero de visualización), lo cual ha afectado de manera más severa el poder adquisitivo de los hogares en estas ciudades. 

A esta preocupación se suma nuevamente el desafío en materia de mercado laboral. A pesar de que en el último año se ha observado también una tendencia decreciente del desempleo en las ciudades de la región Caribe, con notables excepciones (Santa Marta y Cartagena), las tasas de desempleo continúan siendo, en ocasiones, muy superiores al promedio nacional. Riohacha, Valledupar y Montería se destacan por presentar una brecha más amplia en contraste con la media a nivel nacional (manteniendo tasas de desempleo de alrededor del 14%) (usted puede navegar en el tablero de visualización). Por otra parte, también continúan registrándose tasas de informalidad laboral más altas que en el promedio nacional, que como ya señalamos es bastante elevado.    

A pesar de estos evidentes desafíos, así como las notables disparidades regionales, es lamentable constatar que la propuesta fallida de la reforma "Trabajo por el cambio", no estaba destinada a mejorar la generación de empleo ni mucho menos a generar condiciones para la formalización laboral. De manera que, este se puede considerar el peor resultado de la agenda económica del primer año de gobierno y se mantiene como el principal reto de cara a su agenda para los próximos años. 

La agenda pendiente que se vislumbra es considerable, y conlleva la necesidad de diseñar y ejecutar estrategias con un enfoque diferencial regional para abordar los retos laborales y económicos que persisten. Especialmente en la Región Caribe, donde las tasas de desempleo y la informalidad siguen siendo demasiado altas. Solo a través de una evaluación y ajuste constante de las estrategias se podrá asegurar un desarrollo sostenible y equitativo en Colombia, garantizando así un futuro más inclusivo y justo para todos sus ciudadanos.   

 


Referencias  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2023.  

 


Imagen de la portada tomada por Getty Images/iStockphoto. ¿Qué tan felices son los colombianos pese a la situación económica? Así luce el optimismo nacional frente al de otros países (semana.com) 

Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe Colombiano– OCSA, Universidad del Norte (Barranquilla). 

Por: Carla Yinella Gómez Solano

Como bien se sabe, la informalidad laboral en Colombia es un fenómeno persistente. Según las estadísticas más recientes, en el nivel nacional la incidencia de la informalidad es del 58% (DANE, trimestre móvil febrero - abril 2023). Una cifra inquietante que indica que 6 de cada 10 trabajadores carece de un contrato que les garantice su afiliación al sistema de seguridad social, lo cual afecta, principalmente, sus posibilidades de pensionarse algún día con base en sus propias contribuciones.  

La informalidad laboral, además, solo posee dos ventajas entre los numerosos inconvenientes que conlleva: flexibilidad laboral y una vía de escape al desempleo. En cambio, entre las desventajas resaltan: salarios muy bajos, escasa estabilidad laboral y la falta de beneficios y derechos laborales básicos (vacaciones, recreación, riesgos profesionales y otros componentes de auxilio y compensación al trabajador). Se trata, en términos generales y con pocas excepciones, algo que la OIT califica como trabajo de condiciones precarias.   

 

Ante la gran incidencia de la informalidad a nivel nacional, muy pocos expertos analizan las disparidades regionales que existen en este contexto. Para ejemplificar, mientras que en ciudades como Bogotá D.C, Medellín A.M, Cali A.M y Bucaramanga A.M, la proporción de trabajadores informales es menor al promedio nacional, en otras regiones el problema se intensifica. Todas las capitales de la Región Caribe presentan una proporción de informalidad superior al 54%, específicamente, en Sincelejo y Riohacha donde aproximadamente 7 de cada 10 personas trabajan en la informalidad (apartado de informalidad del tablero de visualización). 

Muchos consideran que la informalidad es el resultado de la estructura económica, sea del país o la región o incluso a nivel municipal. En otras palabras, que es el producto de limitaciones como la falta de información, acceso a crédito, tecnología y capacitación, o simplemente barreras burocráticas y regulatorias que desincentivan la formalización empresarial, lo que a su vez conduce a la informalidad laboral. Esto sucede principalmente con los trabajadores del sector agrícola y con muchos trabajadores dedicados al sector de servicios, donde las limitaciones en infraestructura, falta de inversión y acceso limitado a crédito parece limitar la transición a la formalidad a pesar de las numerosas iniciativas enfocadas a este tema desde la política pública. 

Otros consideran que la informalidad nace de condiciones institucionales inapropiadas o    que solo benefician a los trabajadores que cuentan con contratos formales. En esta consideración entran el establecimiento de salarios mínimos que no son consistentes con la realidad económica, los sobrecostos vinculados a la contratación formal y la actividad sindical. Después de todo, una gran proporción de trabajadores independientes, incluidos aquellos que están registrados como empresas formales, optan por contratar su trabajo de manera informal. Esto les permite ahorrar costos laborales mientras aún disfrutan de los beneficios de la formalización. Un ejemplo de estos últimos, son pequeños comerciantes que trabajan en las calles y mercados locales, quienes eligen contratar de manera informal para evitar los costos asociados a la formalidad, como el pago de seguridad social y demás beneficios laborales. 

De acuerdo con un análisis del OCSA, con base en estadísticas del DANE, el tamaño de las empresas desempeña un papel crucial en el problema de la informalidad en Colombia.  En general, en el sector de comercio, hotelería y restaurantes la informalidad laboral es cercana al 100% en empresas unipersonales (a pesar de que estas empresas si están registradas formalmente) y se reduce gradualmente a 0% en las medianas y grandes empresas. Parece obvio que, a mayor tamaño, mayor dificultad de las empresas para ocultar sus prácticas de contratación de los organismos de control.  

Sin embargo, en este mismo sector existen grandes diferencias regionales. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, la incidencia de la informalidad en los micronegocios, sin dejar de ser preocupante, es más reducida.  En contraste, en ciudades como Riohacha y Sincelejo, alrededor del 100% de las empresas unipersonales y el 50% de los empleados en micronegocios (más de uno y menos de cinco personas) son contratados informalmente (apartado de informalidad por tamaño de empresa del tablero de visualización). 

Lo que llama la atención es que, aunque las empresas estén registradas formalmente, realicen sus contrataciones laborales de manera informal. Este fenómeno puede estar asociado a diversos factores (falta de recursos financieros, conocimientos legales, presiones competitivas) pero aparentemente los costos asociados a la formalización laboral son determinantes. 

La investigación académica encuentra que la informalidad no solo afecta a los trabajadores informales. Por el contrario, este problema está asociado a menores niveles de productividad y competitividad, genera desincentivos a la inversión y reduce las posibilidades de desarrollo económico.  

En el país, la solución evidente para combatir la informalidad mediante la reducción de los costos de entrada o el otorgamiento de beneficios a la formalización (incentivos fiscales, facilidades de financiamiento, simplificación de trámites), han sido numerosos: la implementación de sistemas electrónicos para realizar trámites en línea, la disminución de impuestos durante los primeros años de operación, la facilitación de acceso a créditos y préstamos a tasas preferenciales, y la provisión de subsidios para el registro y la legalización de las empresas. Y sin duda, la implementación de la Ventanilla Única Empresarial (VUE) es un avance muy importante. Lo que queda en el tintero es que a pesar de esos esfuerzos tanto la informalidad empresarial como la informalidad laboral (aún por parte de empresas formales) continúan siendo fenómenos recurrentes.   

Sin duda, es de carácter prioritario, seguir buscando soluciones para el sector informal en Colombia. La experiencia sugiere la necesidad de un enfoque integral que vincule no solo la formalización empresarial, sino la formalización laboral donde muchas veces se ha repetido la necesidad de flexibilizar la contratación formal y rediseñar la política de seguridad social desligándola de la contratación laboral.     

 

 


 

Referencias  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Empleo informal y seguridad social (2023). Anexos. Recuperado de:DANE - Empleo informal y seguridad social  

Ulyssea, Gabriel. 2018. "Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil." American Economic Review, 108 (8): 2015-47.DOI: 10.1257/aer.20141745.Recuperado de: https://doi.org/10.1257/aer.20141745 

 


 

Imagen de la portada tomada por César Melgarejo, EL TIEMPO:  Pobreza en Bogotá: ¿Cómo se logró reducir la brecha social? - Bogotá - ELTIEMPO.COM 

Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe Colombiano– OCSA, Universidad del Norte (Barranquilla).  

Contacto: ocsa@uninorte.edu.co

 

 

 

Por: Carla Yinella Gómez Solano

La reciente actualización de esta estadística por parte del DANE revela que el índice de pobreza multidimensional para el 2022 fue de 12.9% en el agregado nacional, la estadística más baja registrada en los últimos 13 años que representa, además, una importante disminución de 3.1 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Lamentablemente, persisten amplias diferencias entre los centros urbanos y rurales (centros poblados y rural disperso) y también, como destacamos aquí, enormes brechas regionales.  

En particular, la Región Caribe (21.4%) y la Pacífica (20.7%) continúan encabezando la lista de regiones donde se presenta una mayor incidencia de la pobreza medida por este indicador (apartado IPM  Nal- Regiones del tablero de visualización). En otras palabras, dos de cada 10 personas se clasifican como pobres a nivel multidimensional en estas dos regiones. Esto es más de cuatro veces el índice de pobreza alcanzado en Bogotá, y el doble con respecto al promedio nacional y a otras regiones.    

    

Si nos enfocamos en los tipos de privaciones que más inciden en la pobreza, en el nivel nacional se observa que aún es recurrente el alto impacto de las privaciones de trabajo informal (72.7%), bajo logro educativo (40.9%), rezago escolar (24.3%) y desempleo de larga duración (13.3%). Lo que demuestra, una vez más, que las variables relacionadas con el mercado laboral y la educación influyen sustancialmente en la incidencia de la pobreza. Nuevamente, en el caso de la Región Pacífica y Caribe, la informalidad (más 85%) y el bajo logro educativo (más del 45%) superan el promedio nacional (apartado IPM privaciones Nal-Regiones del tablero de visualización), lo que supone un estado de mayor fragilidad y dificulta aún más la posibilidad de salir de la pobreza en estas regiones. 

Esta lectura genera alarmas importantes frente al proceso de las reformas en curso en el país. Si bien es cierto que el trabajo informal representa una vía de escape para trabajadores que no tienen otras opciones, este también es un fenómeno que, desafortunadamente, se asocia a la persistencia de fenómenos de pobreza y desigualdad. De acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares (ECV, 2022) el 44% de los jefes de hogar (en Colombia hay 17.5 millones de hogares) manifestaron que sus ingresos no alcanzaron para cubrir sus gastos mínimos. La correlación que existe entre la informalidad y otros fenómenos de pobreza (desempleo de larga duración, bajo logro educativo) también debería llamar la atención sobre las reformas en curso en el congreso. El desempleo prolongado y el hecho de que una persona no cuente con los perfiles educativos que demanda el mercado genera que las personas por la desesperación de adquirir rápidamente una remuneración accedan a trabajos de carácter informal.  

Estas privaciones son las que más pesan en las diferencias departamentales a través de las regiones del país. Por su parte, Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca, Atlántico, Antioquía y Santander mantienen un IPM por debajo de 11%. No obstante, el hecho de que Vichada (75.4%), Vaupés (47.1%), Guainía (46.5%), La Guajira (42.9%), Chocó (36.8%), Amazonas (27.9%), Córdoba (26.9%), Guaviare (26.9%) y Sucre (26%) sean los departamentos con mayor incidencia de la pobreza multidimensional, solo visibiliza un hecho históricamente recurrente: un alto grado de vulnerabilidad en la periferia del país. Por lo que estas zonas deben ser uno de los principales focos de atención si lo que se quiere es mejorar la situación del agregado nacional. 

Una privación concreta que tiene un impacto dramático es la falta de acceso a fuente de agua mejorada y la inadecuada eliminación de excretas. En el nivel nacional estas dos privaciones no generan mayor preocupación (apartado IPM privaciones Nal-Regiones del tablero de visualización). Sin embargo, resulta inquietante tener aún hoy regiones del país que no cuentan con los servicios de acueducto y alcantarillado: tan solo el 54% de los hogares de Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre cuentan con el servicio alcantarillado (ECV,2022). Además, la falta de agua potable en la Guajira pone en manifiesto la precaria situación en las comunidades indígenas Wayuu, abocadas a consumir agua insalubre y, por ende, propensas a contraer enfermedades y desarrollar malnutrición que, como se sabe, continúa causando altas tasas relativas de mortalidad infantil.  

En conclusión, a pesar de la buena noticia de la disminución del índice de pobreza multidimensional a nivel nacional, aún queda mucho por hacer en términos regionales. Dado que, este resultado no solo nos ofrece una nueva perspectiva en términos de avances, sino que también nos recalca aquellas variables que no se han logrado equilibrar del todo, en especial, aquellas relacionadas con el empleo, la educación y el acceso a servicios básicos. Los colombianos requieren de una estructura socioeconómica sólida que les garantice acceder y mantener una vida digna.  Por todo esto es que el país, en su conjunto, debe seguir apostándole a la reducción de la pobreza, la desigualdad y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. 


Referencias 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 


Imagen de la portada tomada de: https://www.freepik.es/foto-gratis/vista-frontal-colchon-manta-personas-hogar_11219408.htm#query=pobreza%20multidimensional&position=25&from_view=search&track=ais 

© Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico – OCSA1, Universidad del Norte (Barranquilla). 

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La pobreza, ¿una cuestión de percepción o realidad?

Blog informativo OCSA #4- Mayo 2023

Por: Carla Yinella Gómez Solano

Conocer la dimensión de la pobreza es fundamental para determinar su evolución, hacer seguimiento a las distintas estrategias de política pública diseñadas para mitigar el problema y, eventualmente, establecer nuevas alternativas. Pero en este, como en varios otros temas de la economía del mundo real, la medición objetiva de las privaciones monetarias o materiales suele ser muy distinta a las percepciones subjetivas de las personas o los hogares sobre su situación económica. Adicionalmente, frente a las diferencias que usualmente se observan en la medición objetiva a través de las regiones del país, no debería sorprender que igualmente existen diferencias en la percepción subjetiva de la pobreza. Pero si es sorprendente lo enormes que pueden llegar a ser esas diferencias.   

La incidencia de la pobreza, calculada como la proporción de personas por debajo de la línea de pobreza nacional, un valor monetario que engloba el costo de adquirir una canasta básica de alimentos y otros bienes y servicios considerados fundamentales para el bienestar, es uno de los principales indicadores objetivos sobre este fenómeno. Para el año 2021 (la última estadística disponible), el 39,3% de los colombianos se clasificaron en estado de pobreza monetaria. Esto quiere decir que alrededor de 20 millones de personas contaban con menos de $354.031/mes para cubrir sus gastos básicos de alimentación, vivienda y vestido (DANE 2021). Un numero alto que, sin embargo, muestra una disminución de 3,2 p.p frente a lo observado en la pandemia (42,5%) (apartado pobreza monetaria y linea de pobreza del tablero de visualización). 

    

 

Pues bien, el panorama de la pobreza medido por este indicador varía enormemente a través de las diferentes ciudades de Colombia. En particular, mientras que, en las principales capitales del país (Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga) la proporción de ciudadanos en estado de pobreza monetaria no sobrepasa el 36%, este indicador es mayor en la Región Caribe con un rango que va desde 35,7% en Barranquilla hasta 56,6% en Riohacha (apartado pobreza monetaria del tablero de visualización). 

Otro indicador monetario que merece ser analizado por su alta heterogeneidad en el contexto regional es la incidencia de la pobreza extrema. Para el año 2021, el 12,2% de los colombianos, alrededor de 6 millones de personas, contaban con ingresos menores a  $161.099/mes necesarios para cubrir el costo de una canasta nutricional minima suficiente para subsistir, razón por la que clasifican como personas en estado de indigencia. Aquí también las diferencias regionales resultan inquietantes: en el caso de Quibdó (30.4%), Riohacha (27.5%) y Santa Marta (18.5%) la pobreza extrema se intensifica, mientras la incidencia es menor en Ibagué (4,9%), Medellín AM (5,1%), Pereira AM (5,5%) y Cartagena (5,9%) (DANE, 2021). 

Ahora bien, aunque medir la pobreza en terminos monetarios es un buen acercamiento, también hay que tener en cuenta otros factores que aparte del dinero afectan las condiciones de bienestar de las personas. El índice de pobreza multidimensional (IPM) analiza dimensiones de pobreza como la calidad de la vivienda, salud, educación y acceso a bienes básicos: televisor, radio, medios de comunicación y transporte, etc. En el año 2021, el IPM en el país fue del 16%, lo cual representa un progreso de 2.1 p.p con respecto al año 2020 (18,1%). Aunque nuevamente destacan disparidades regionales: la Regiones Caribe (26,8%) y Pacífica (22,7%) representan casi el doble del IPM de la Regiones Oriental (13,7%) y Central (14,7%). 

Pues bien, frente a la batería de indicadores objetivos que demuestran, de cierto modo, algún progreso después del 2020, el contraste interesante es en relación con la percepción subjetiva de la pobreza. La manera como los hogares se clasifican a sí mismos en este indicador sugiere que la pobreza puede ser aún más pervasiva. Ante la pregunta de los encuestadores del DANE a los jefes de los hogares: ¿usted se considera pobre?, el 50,6% respondieron de manera afirmativa en el nivel nacional (DANE, 2022) (apartado pobreza subjetiva del tablero de visualización).   

Las diferencias regionales asociadas a este indicador son sorprendentes y la Región Caribe es la que resulta peor rankeada.  La autopercepción de la pobreza en el Atlántico se sitúa en 56,9%, en Córdoba  83,7% y en La Guajira 80,8%. En Cundinamarca (39,2%), Antioquia (48,7%), Valle del Cauca (40,6%) y Santander (49,5%) los porcentajes son menores al nacional. Sin embargo, llama la atención lo elevada que resulta la autopercepción de la pobreza en todos los territorios frente a los indicadores objetivos discutidos antes (apartado de pobreza subjetiva del tablero de visualización).  

La medición subjetiva de la pobreza, puede ser una herramienta valiosa para complementar la medición objetiva y tener una comprensión más completa del fenómeno. Por ejemplo, esta puede ser una herramienta clave para identificar el grado de pobreza relativa de los hogares e identificar las necesidades y prioridades que no están relacionadas directamente con la falta de recursos económicos, que está influenciado precisamente por factores que no se pueden medir como la cultura, el entorno social, la violencia y las expectativas individuales.  

En conclusión, aunque Colombia ha logrado disminuir, en cierto grado, los indicadores objetivos de pobreza, aún queda mucho trabajo por hacer  para reducir la percepcion de pobreza relativa, que captura, de alguna manera, condiciones de bienestar que no pueden ser analizadas en otras estadísticas. Para lograr esto, se hace necesaria la participación activa y la escucha de las personas de manera que sus demandas y necesidades sean consideradas en la toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas. La medición de la pobreza subjetiva, que actualmente no pasa de ser una estadística, debe convertirse en una herramienta complementaria para entender la complejidad de la pobreza en el país y tomar acción de política publica para combatirla. La pobreza no sólo es cuestión de realidad , sino también de percepción. 

 


Referencias 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 


Imagen de la portada tomada de https://www.infobae.com/colombia/2023/02/23/colombia-uno-de-los-paises-con-mayor-pobreza-extrema-en-america-latina-esto-es-lo-que-dice-la-cepal/ 

© Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico – OCSA1, Universidad del Norte (Barranquilla). 

Contacto: ocsa@uninorte.edu.co

 

Por: Ainara Echeverri Ávila

La variación anual del IPC a febrero de 2023 fue de 13,3%, 5,3 p.p. (puntos porcentuales) mayor que la registrada en febrero de 2022. Adicionalmente, la variación mensual fue de 1,66% (frente a enero de 2023) y la variación año corrido fue 3,47% (en relación con diciembre de 2022). Si vemos las cifras históricas de las últimas dos décadas, vemos que para el periodo enero-febrero no se había registrado una inflación tan alta como la actual (apartado IPC del tablero de visualización)..

    

El panorama económico de los últimos años refleja un fenómeno de inestabilidad e incertidumbre debido al incremento constante de los precios y la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. La crisis generada por la pandemia de Covid-19 impactó fuertemente a la economía en su conjunto, provocando pérdidas significativas de productividad e ingresos.

PIB por gasto
Variación anual promedio (%)


 

Aunque la economía se ha venido recuperando positivamente tras la recesión, con una tasa de crecimiento alta en 2021 (10,6%) y 2022 (7,7%) la ralentización observada en el crecimiento esperado sugiere que el 
período de recuperación post pandemia ya terminó y la economía colombiana esta volviendo lentamente a la senda habitual de crecimiento del PIB. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la demanda interna 
(consumo) pasó de 12,6% a 4,5% entre 2021 y 2022. De acuerdo con los pronósticos del Banco de la República, se espera que el crecimiento del PIB total sea practicamente 0% en 2023 y 1% en 2024.

PIB nacional
Variación anual promedio (%)+

Nota: el dato de 2023 corresponde al pronóstico del Banrep (2023).

No obstante, el problema que sale a relucir es que una inflación de 13,12% en 2022 y proyectada alrededor del 7% para 2023 (Banrep, 2022), superior a la tasa de crecimiento del PIB, implica que los ingresos de los hogares, en promedio, se verán deteriorados. En promedio, los ingresos de los hogaresen 2023 alcanzarán para comprar menos productos que en 2022. Este escenario revela por qué la inflación no deja de ser una gran preocupación para los colombianos.

Ademas, los datos agregados esconden una realidad aún más alarmante: los hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad son los más afectados por la inflación y el lento crecimiento económico. 

Al analizar el aumento de los precios de los bienes y servicios más importantes, en términos de su participación en el gasto, vemos que el rubro de Vivienda y servicios públicos ocupa entre el 36% y el 40% del gasto de 
los hogares vulnerables y pobres, respectivamente, y corresponde a un 30% del gasto de los hogares de clase alta. Por su parte, el rubro de Alimentosrepresenta cerca del 24% para los hogares pobres, el 22% para los hogaresvulnerables, mientras que corresponde apenas al 8% del gasto de los hogares más ricos.

Resulta interesante que en el gasto en Transporte y Salud ocurre una dinámica opuesta: los hogares de clase alta son los que más gastan en estos rubros (15% y 6,5%, respectivamente). En contraste, los hogares de menos recursos destinan un 7,1% a Transporte y 1,6% a Salud, y los hogares vulerables destinan un 10% y 1,7%, respectivamente (apartado ponderación del tablero de visualización)

Por otro lado, si analizamos la variación anual del IPC por división de gasto en el Caribe, vemos que el rubro de Alimentos fue el que tuvo los mayores incrementos en todas las ciudades, cercanos a la cifra nacional (24%). Asimismo, los precios de Vivienda y servicios públicos aumentaron en todas las ciudades caribeñas por encima del promedio nacional (7,2%), llegando a cifras cercanas al 11% en ciudades como Valledupar y Montería.

Por su parte, Valledupar y Sincelejo evidenciaron los mayores aumentos en el rubro de Transporte (18,6% y 27,2%, respectivamente), ubicándose por encima del promedio nacional (15%). En cuanto a la Salud, se registraron incrementos superiores al total nacional (10,4%) en las ciudades de Valledupar (12%), Santa Marta (13%), Montería (14%) y Cartagena (15%).

El rubro de Educación presentó incrementos superiores al 10% (promedio nacional) en Montería (12%), Barranquilla (13,5%) y Cartagena (14%), mientras que en Valledupar fue apenas del 2,8% (apartado divisiones del tablero de visualización).

Estos aumentos impactan fuertemente las finanzas de los hogares colombianos, y especialmente sobre aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad, considerando que las divisiones de gasto analizadas hacen parte de los gastos básicos necesarios para las familias, y corresponden a más del 70% de sus gastos totales.

Esto repercute negativamente sobre la calidad de vida de estos hogares y sobre los avances en la lucha contra la pobreza, que a 2021 se registró cerca del 39% (pobreza monetaria) (DANE, 2022).

Adicionalmente, cabe resaltar que cerca del 60% de los trabajadores en Colombia ganan un salario mínimo mensual o menos (según datos de la GEIH–DANE), y estos ingresos son destinados mayormente a alimentación y gastos básicos del hogar, rubros que presentaron la mayor inflación en este último año.

Esto revela una situación de vulnerabilidad latente para millones de personas que, debido al encarecimiento de los diferentes bienes y servicios, se enfrentan a una constante incertidumbre respecto a la capacidad de 
solventar las necesidades básicas cotidianas.

Si bien el Banco de la República ha adoptado acertadamente medidas correctivas para enfrentar el incremento de la inflación heredado de las políticas de intervención implementadas durante la pandemia, este análisis permite concluir que se hacen necesarias medidas complementarias que ayuden a subsanar las condiciones de los más afectados por la inflación. 

El control de precios no sería una medida adecuada, pero la asistencia alimentaria de urgencia y apoyo a servicios básicos puede hacer una enorme diferencia en el bienestar de los hogares más afectados en los 
municipios más pobres del país; particularmente en la costa Caribe, donde –como lamentablemente sabemos– muchos niños mueren por desnutricióny por escaso acceso a servicios básicos como agua potable o atención de salud.


Referencias
Banco de la República (Banrep). (2022). La inflación en 2022 y perspectivas para 2023. Informe de Política Monetaria –IPM– 2022. Recuperado de:
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/presentacioncomision-concertacion-salarial-2022.pdf

Banrep. (2023). Informe de Política Monetaria - enero 2023. Recuperado de: https://www.banrep.gov.co/es/publicaciones-investigaciones/informepolitica-monetaria/enero-2023
DANE. (2023)

DANE. (2022). Comunicado de prensa – Pobreza monetaria. Año 2021. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2021/Comunicado-pobreza-monetaria_2021.pdf 


Imagen de la portada tomada del artículo Colombia acumula en 2022 la inflación más alta de este siglo de El País (2022). https://elpais.com/america-colombia/2022-10-05/colombia-acumula-en-2022-la-inflacion-mas-alta-de-este-siglo.html

 

© Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico – OCSA1, Universidad del Norte (Barranquilla). 

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Por: Ainara Echeverri Ávila

Como ya se sabe, la pandemia impactó fuertemente el empleo a nivel nacional. La Tasa Global de Participación (TGP) cayó casi 10 p.p. (puntos porcentuales) durante el primer semestre de 2020 y la Tasa de Ocupación (TO) cayó cerca de 14 p.p. en el mismo periodo, mientras que la Tasa de Desempleo (TD) se incrementó 11 p.p., ubicándose en 21% en el segundo trimestre de 2020, la cifra más alta de las últimas dos décadas (apartado total nacional del tablero de visualización).

    

A partir de aquí, las cifras del mercado laboral sugieren un proceso constante recuperación. Para el cuarto trimestre de 2022 la TGP (63,7%) y la ocupación (57,5%) se han incrementado y el desempleo ha disminuido hasta niveles similares a los registrados en 2018 (9,8%) (apartado total nacional del tablero de visualización)

En la región Caribe las cifras también han mejorado en términos generales, aunque no se ha logrado mejorar completamente el panorama con respecto a los años anteriores a la pandemia. La tasa de ocupación entre 2020 y 2022 se ha recuperado en Valledupar (37,8% a 51,8%), Riohacha (38% a 50,2%), Montería (45,4% a 53,4%) y Sincelejo (42% a 51,5%). Sin embargo, la proporción de ocupados es menor a la que se registró en 2018 (54%, 58% y 63% para las dos últimas, respectivamente). En contraste, Barranquilla alcanzó a finales de 2022 la misma tasa de ocupación registrada en 2018 (entre 58% y 59%), y una TGP superior a los niveles de 2018 (66,7%) (apartados por ciudades y años del tablero de visualización).  

Si asociamos el empleo informal con trabajadores por cuenta propia, que, como se sabe, es donde se encuentran los mayores niveles de informalidad, y, a su vez, el empleo formal con empleados particulares; surge la pregunta si el mercado laboral caribeño se está recuperando bajo cimientos sólidos, con mayor generación de empleo formal, o se trata de una recuperación frágil impulsada por empleos informales. 

El análisis del crecimiento observado para el total de ocupados en el periodo de estudio revela que los empleados particulares han aportado más que los trabajadores por cuenta propia y el resto de posiciones ocupacionales a nivel nacional. Cabe resaltar la particularidad del periodo de pandemia en 2020, donde hubo un descenso considerable del empleo particular paralelo a un incremento de trabajadores por cuenta propia, como consecuencia de la crisis económica experimentada. Así, la recuperación del empleo particular sugiere una situación favorable para la formalidad laboral. 

Poniendo la lupa sobre el Caribe, se observa una brecha amplia entre las dos ramas ocupacionales en algunas ciudades de la región, con una mayor proporción de trabajadores por cuenta propia que de empleados particulares. 

En 2022, Montería cerró la brecha y se invirtió el comportamiento, registrándose mayores niveles de empleados particulares (43%) que trabajadores por cuenta propia (42%). 

En Cartagena y Sincelejo sigue habiendo una amplia diferencia entre las dos ramas ocupacionales, pero en 2022 hubo una ligera tendencia a la convergencia por la disminución del nivel de trabajadores por cuenta propia (de 2,8% y 2%, respectivamente) y el incremento de empleados particulares (de 1.8% y 3,3%, respectivamente). 

Ahora bien, comparando el comportamiento de las ciudades caribeñas con el de otras ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, vemos un escenario completamente opuesto: alrededor del 40%-60% de ocupados corresponden a empleados particulares. Más específicamente, en Bogotá, Medellín y Bucaramanga se evidencia una tendencia divergente en el comportamiento de las tasas de ocupación, mientras que en Cali se empezó a cerrar la brecha en el último trimestre de 2022. 

Por otro lado, si se analizan las contribuciones al crecimiento total de la tasa de ocupación en el último trimestre de 2022, se observa que el principal aporte fue por parte del empleo particular en la mayoría de ciudades, como Barranquilla (8,2 p.p. frente a un crecimiento de 8,9%) y Cartagena (5,7 p.p. de 4,5%), mientras que la contribución del trabajo por cuenta propia fue muy baja o incluso negativa. En contraste, cabe destacar el caso particular de Santa Marta, donde los trabajadores por cuenta propia contribuyeron 10,4 p.p. sobre un crecimiento de 12% del total de ocupados. 

En resumen, la región Caribe parece presentar rezagos en la generación de empleos particulares frente a otras ciudades capitales del país. A pesar de que el crecimiento de la ocupación está siendo jalonado en mayor medida por la tasa de crecimiento de empleados particulares, este grupo aún representa una proporción menor en el total de ocupados frente a los trabajadores por cuenta propia. 

Considerando que una gran proporción del trabajo informal es bastante inestable, y se asocia principalmente al grupo de trabajadores por cuenta propia, esto da cuenta de un panorama de recuperación laboral frágil en la región. 

Una posible explicación es que no se están generando las condiciones necesarias, desde las políticas públicas, que permitan consolidar un mercado laboral estable y con las debidas garantías para que las personas que buscan emplearse ejerzan su derecho a un trabajo que les permita vivir en óptimas condiciones de manera sostenida a través del tiempo, incluso en tiempos de crisis. 

 


Referencias 

DANE. (2023). Mercado laboral. Empleo y desempleo. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 


Imagen tomada del artículo La Costa Caribe lidera la tasa de informalidad en el país de Forbes Colombia (2022). https://forbes.co/2022/10/14/capital-humano/la-costa-caribe-lidera-la-tasa-de-informalidad-en-el-pais 

© Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico – OCSA1, Universidad del Norte (Barranquilla). 

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Por: Carla Yinella Gómez Solano

Sin lugar a dudas, la propuesta de la reforma laboral presentada recientemente por el gobierno enfatiza en aspectos que, al menos a primera vista, son deseables para el bienestar de los trabajadores: I) estabilidad laboral mediante la priorización de contratos a término indefinido; 2) condiciones laborales más justas mediante la reducción de las jornadas de trabajo, incluido el recargo por trabajo nocturno; 3) remuneración integral a través del recargo del 100% sobre el salario ordinario para el trabajo dominical y festivo; 4) equidad de género con el aumento gradual de las licencias de paternidad y 5) mejoramiento de las condiciones del trabajo rural a partir de contratos y jornales agropecuarios.   

La debilidad de la propuesta, por lo menos en su versión original, está en que solo se enfatizan las condiciones de bienestar de los pocos trabajadores que cuentan con contratos formales (un 40% de la población ocupada). Para la gran mayoría de trabajadores informales, las reformas propuestas podrían causar más daño que bien al endurecer las condiciones de contratación que claramente afectan la viabilidad económica para los empleadores por la vía de mayores costos y las dificultades para contratar de manera temporal o a tiempo parcial para labores específicas. Estimaciones preliminares sugieren un sobrecoste cercano al 20% por el aumento del recargo nocturno y la remuneración en días festivos. Esto perjudica la generación de nuevos empleos y puede llevar a tasas de desempleo e informalidad más altas en sectores que como la hotelería y el turismo se enfrentan a temporadas de actividad altas en unos meses y bajas en otros.

    

La altísima heterogeneidad que existe en el mercado laboral colombiano en términos de capital humano, género y edad a través de las regiones sugiere la necesidad de otro tipo de reforma. En el caso particular de la costa Caribe parece existir un fenómeno de histéresis: las tasas de desempleo se quedaron pegadas en niveles muy altos, mientras que, en Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, estas tasas ya bajaron a niveles prepandemia (apartado general del tablero de visualización). Profundizando un poco más en el análisis por sexo, se observa que en las ciudades costeras las tasas de desempleo femenino suelen ser superiores en aproximadamente un 7,5% que las masculinas. No obstante, esta diferencia se reduce en las ciudades andinas (en promedio, las tasas de desempleo femeninas se encuentran un 1,4% por encima de las masculinas).

Las mujeres y los jóvenes tienen, en promedio, menores niveles educativos y menores niveles salariales, los jóvenes de la Región Caribe para el año 2021 ganaron aproximadamente el salario mínimo legal vigente de ese mismo año más el auxilio de transporte ($908.526 y $106.454, respectivamente), mientras que en las ciudades principales esta suma era cercana a $1.400.000 (apartado Ingreso-Edad del tablero de visualización). Por otro lado, en 2021, Bogotá fue la única ciudad donde las mujeres con estudios superiores ganaron un salario promedio por encima de los $2.000.000 (apartado Ingreso- Edu del tablero de visualización).

El reto que lamentablemente no se enfrenta en la reforma es atacar esas heterogeneidades, generando incentivos a la generación de más empleos formales, pero en condiciones económicas viables para los empleadores—particularmente los de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las mayores generadoras de empleo, y también donde más se observa el fenómeno de la informalidad. 

Una alternativa posible, en la experiencia internacional, lo ofrece el modelo nórdico denominado “Flexicurity”, que podríamos traducir como Flexi-seguridad, originado en el año 1995 en Dinamarca. Este modelo se basa en 3 pilares fundamentales que combinan las ventajas para el empleador y el trabajador a través de un mercado laboral flexible, con protección al desempleo y la formalidad laboral a través de políticas activas de formación del capital humano. El siguiente diagrama ilustra la esencia del modelo:

Gráfico 1: Pilares del Modelo Flexicurity 

Fuente: Wikimedia Commons

Para lograr esta armonía, el modelo les brinda a los trabajadores y empresarios la posibilidad de combinar el trabajo formal con procesos de formación continua y cobertura en caso de quedar desempleados. Más específicamente, La flexiguridad busca que los empresarios tengan la posibilidad de contratar y despedir personal rápidamente, que los trabajadores tengan la facilidad de cambiar y encontrar trabajo en el menor tiempo posible, y que todo este proceso involucre unas condiciones laborales formales de remuneración y aseguramiento a seguridad social. Esto permite que las personas puedan compaginar el trabajo con su vida personal, lo que beneficia particularmente a quienes por razones culturales o por simple conveniencia solo pueden o quieren trabajar a tiempo parcial, e.g. mujeres en período de embarazo, lactancia, estudiantes que simplemente desean trabajar a tiempo parcial. 

Si bien es cierto que el argumento necesita mayor discusión que la que es posible en el espacio de este blog, es importante resaltar que, comparado con el caso colombiano, el modelo danés ha llevado a tasas de desempleo comparativamente más bajas y estables, incluso durante la pandemia (tasa de desempleo promedio de 5,6% en el caso de Dinamarca en comparación con una tasa de 10,5% en Colombia).  

 Gráfico 2: Tasa de desempleo Dinamarca Vs Colombia 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Banco mundial. 

Para terminar, es interesante comparar la manera como se aborda el caso de los trabajadores jóvenes que, como se anotó antes, presentan los mayores niveles de desempleo e informalidad en la Región Caribe. La intención de la propuesta de establecer un piso, más alto (100% del SMMLV), a la remuneración anterior de las prácticas profesionales (75% del SMMLV), aunque bien intencionada, va en contra vía de principios económicos básicos. El consenso económico es que este tipo de iniciativas tienden a generar mayor desempleo, y la perspectiva de mayor informalidad, en este caso entre los trabajadores jóvenes y sin experiencia. Infortunadamente, la formación para el trabajo que debería ser una prioridad no está actualmente en la propuesta de la reforma, ni en la agenda de los Ministerios a quienes compete el tema de manera natural (Educación, trabajo). 

La enseñanza del modelo nórdico que privilegia la capacitación y formación de capital humano como una estrategia para que los trabajadores, principalmente jóvenes, puedan vincularse de manera formal a empleos mejor remunerados. Un ejemplo local que parece ir bien encaminado en esta dirección es el programa “inglés para el trabajo” de la secretaría de desarrollo de Barranquilla, el cual busca fortalecer el nivel de inglés de los jóvenes, de manera que, estos estén en capacidad de vincularse laboralmente. Específicamente, el programa ha facilitado la vinculación de los jóvenes en empresas de Business Outsourcing y Knowledge Process Outsourcing (BPO y KPO). El programa forma a los jóvenes en un nivel de inglés conversacional del 75% hasta el 85% (B1-B2), para que puedan acceder a convocatorias con un salario de ingreso promedio de $2.200.000 (2.2 veces el salario mínimo mensual).

Este tipo de iniciativas que promueven que los jóvenes estén en capacidad de acceder a empleos formales mejor remunerados marca una diferencia notable con la preocupación puesta en la propuesta de simplemente regular los salarios de entrada.  Omitir de la reforma el tema de la capacitación, representa un gran vacío en la intención de mejorar las condiciones de inserción al mercado laboral.  

En resumidas cuentas, el Flexicurity vela porque los trabajadores tengan acceso a mecanismos de seguridad social, independientemente de si deciden mantenerse o cambiar de empleo sin afectar la motivación de las empresas para generar empleos. Este tipo de flexibilidad sugiere ventajas para empleadores y trabajadores y abre una vía a la creación de empleos formales. El contraste es evidente con la propuesta de reforma laboral que enfatiza en la extensión de derechos a la seguridad, los beneficios y la estabilidad laboral de los trabajadores que cuentan con contratos formales, pero que en este propósito endurece las condiciones del mercado laboral para el resto de los trabajadores y las empresas. Beneficios para pocos versus rigidez para todos es el dilema que plantea la propuesta. 

 


Referencias 

Banco mundial. (2023). Databank Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate). Recuperado de: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS 

DANE. (2023). Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018-2022. Recuperado de: https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/MERCLAB-Microdatos#_r=1681728812771&collection=&country=&dtype=&from=2018&page=1&ps=&sid=&sk=&sort_by=title&sort_order=&to=2023&topic=&view=s&vk= 

Wikimedia commons (2022). Triángulo de oro del Flexiseguridad. R4m.3sp4d4s, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>. Recuperado de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tri%C3%A1ngulo_de_oro_(flexiseguridad).jpg 


Imagen de la portada tomada de Pixabay https://pixabay.com/es/photos/vendedor-ambulante-calle-vietnam-6612816/

© Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico – OCSA1, Universidad del Norte (Barranquilla). 

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