De acuerdo a la Ley 142 de 1994, defendemos los derechos de nuestros usuarios ante las empresas de servicios públicos domiciliarios y Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, antes reclamaciones que versan sobre aumentos significativos en los valores de la factura, lecturas estimadas, medidores, cobros injustificados, energía consumida dejada por facturar/fraudes, tarifas de aseo, y cualquier otro que amerite el usuario.

Es uno de los temas más frecuente de nuestra área, en donde nuestros usuarios solicitan antes las autoridades pública la prescripción de la acción de cobro de aquellos impuestos prediales, de contribución o vehiculares, que al no haberlos cobrado a tiempo por parte de la autoridad pública ha prescrito su acción de cobro, ahorrándoles considerables sumas de dinero a nuestros usuarios.

Con la expedición del Código de Policía Ley 1801 de 2016, han aumentado considerablemente la infracciones a este código conllevando que el desconocimiento de las personas antes la defensa de sus derechos se les imponga sumas altas de dinero como multas. Por lo anterior, asesoramos a nuestros usuarios en la defensa de sus derechos tanto en trámites policivos ante Inspectores de Policía por infracciones al Código de Policía, como en trámites ante Inspectores de Tránsito por infracciones al Código de Tránsito.

Sin lugar a dudas, la atención a víctimas del conflicto armado constituye un pilar fundamental de nuestra área, atendiendo los requerimientos de nuestros usuarios en temas relacionados con la declaración y registro, ayudas humanitarias, solicitud de indemnización por reparación integral o cualquier otro tema que se solicite. Todos nuestros trámites se hacen a solicitud del interesado, no somos intermediarios ante la Unidad de Víctimas.

Logramos la protección de los derechos fundamentales de nuestros usuarios en temas de habeas data, derecho a la educación, vivienda digna, petición, ambiente sano, o cualquier otro derecho fundamental o colectivo que esté vulnerado, con la elaboración de acciones de tutela, acciones de cumplimiento, acciones populares y de grupo.

Si bien la Ley 583 de 2000 no establece la representación judicial en el área de derecho público, si acompañamos a nuestros usuarios en sus trámites judiciales con el asesoramiento respectivo y como terceros intervinientes o coadyuvantes cuando la acción pública lo permita, como en las acciones populares, acción de nulidad y otros.