Desde la segunda mitad del siglo XX se impuso de forma progresiva en el imaginario y el lenguaje común el concepto desarrollo, para designar unas veces como estado, otras como proceso y otras más como resultado, la idea de bienestar, progreso, justicia social, prosperidad económica, expansión personal, protección ambiental, etc. Todas visiones positivas de la necesaria evolución de las sociedades humanas.

Sin embargo, frente al desarrollo no solo es importante entender su significado, sino también las condiciones que lo hacen posible: por una parte, la claridad en torno a la expresión del deseo que subyace en el concepto (en general, la de una vida mejor), y, por otro, las decisiones y acciones que se deben tomar y ejecutar, teniendo en cuenta las capacidades existentes en términos humanos, técnicos, económicos y temporales.

Sin duda, llegado el siglo XXI, los esfuerzos realizados para alcanzar una idea común de desarrollo han sido significativos y motivados, en su mayoría, por el accionar de la Organización de las Naciones Unidas. Sin importar lo precaria o avanzada que pueda ser la situación de los países alrededor del mundo, todos cuentan hoy con instrumentos y procedimientos para lograr acuerdos fundamentales y metas de interés general que permitan mejorar la situación en la que se encuentran.

Para lo anterior, el principal instrumento del que han dispuesto los Estados es la Planificación para el Desarrollo, una teoría, una disciplina y un acto político, orientado hacia la creación de sentido (de pertenencia y de futuro) y la gobernanza (necesaria participación de todos los involucrados) a múltiples escalas (multiescalaridad), entre todos los sectores (intersectorialidad) y a diferentes horizontes temporales (multitemporalidad). Obviamente, la Planificación para el Desarrollo cuenta con sus respectivos planes a nivel global, regional, nacional y local.

En la actualidad, el principal instrumento de la Planificación para el Desarrollo está contenido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, un conjunto de 17 objetivos y 169 metas en los que se intersectan las cuestiones más relevantes de las dimensiones económica, humana y ambiental del desarrollo, a partir de una visión holística, en la cual el desarrollo se ve como un todo articulado, integrado, sinérgico y completo, para ser alcanzado en un horizonte temporal de 15 años (Septiembre de 2030).

Todos los países miembros de la ONU tienen la obligación de trabajar por los próximos 15 años en la consecución de las metas acordadas, pues ningún Estado es rueda suelta en la comunidad internacional, lo cual incluye a Colombia.

Sin embargo, cumplir con la Agenda Global de Desarrollo no es un asunto de dedicación única y exclusiva de los Gobiernos o los agentes públicos, sino que debe concitar el interés de la sociedad en su conjunto, principalmente el de las Universidades, por ser los escenarios en los cuales se educan, orientan y forman los profesionales que enfrentarán cada uno de los retos que allí se plantean.

Conscientes de lo anterior, la Universidad del Norte ha organizado el Simposio Internacional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible-2030, el cual tiene como propósito fundamental discutir, reflexionar y aproximar los aspectos más importantes y significativos de la Agenda Global de Desarrollo a 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero, sobre todo, impulsar su implementación, incidiendo en la formulación de los instrumentos de planificación para el desarrollo que deben ser adoptados por Colombia entre 2018 y 2019.

La idea es que, fruto de las reflexiones del evento y los aportes de la Academia, se entregue al Gobierno Nacional un documento de reflexiones y recomendaciones para la articulación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, con los ODS.

El Simposio Internacional será realizado en el Auditorio de la Universidad del Norte, Bloque F, primer piso, los días martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de julio y estará abierto a todo tipo de público: estudiantes, profesores, investigadores, empresarios, tanques de pensamiento, ONG, empresas, entidades gubernamentales.

Uno de los tantos problemas de este país es el centralismo. En relación con la producción de normas, nuestros congresistas, elegidos en las regiones, van a Bogotá y se vuelven más interioranos (para no ser despectivo) que nadie. Lo anterior trae como consecuencia que se legisle pensando que el país se parece a Bogotá, cuando nada se parece a Bogotá. Yo me pregunto: ¿Qué tienen en común Bogotá con Caparrapí, Chigorodó, Ambalema, Codazzi, Cereté, Chivolo, Cravo Norte o Puerto Colombia?. Absolutamente nada.

En materia de planeación del desarrollo local es evidente.

La planeación del desarrollo local inició en los años 70 del siglo pasado con los denominados planes integrales de desarrollo, los cuales, eran verdaderamente integrales (pues incluían todas las dimensiones del desarrollo). 40 años después hemos pasado de ese único instrumento de planificación a una verdadera sobredosis de planes a los que los administradores locales deben hacer frente, cumpliendo por cumplir a pesar de las limitaciones y penurias provenientes de su baja capacidad institucional y presupuestal; esa es la realidad de los medianos y pequeños municipios del país, que son casi el 90% de los 1122 municipios que tiene Colombia.

Hoy un municipio debe hacer su plan de desarrollo, articulado al plan departamental, el plan integral de desarrollo metropolitano y el nacional de desarrollo, los cuales deben cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Además deben adoptar su plan de ordenamiento territorial, el cual debe estar articulado al plan departamental de ordenamiento territorial, pero sin olvidar que debe incorporar las directrices del plan estratégico metropolitano, la planificación ambiental (Pomca, pgir, porn, etc.), del riesgo (planes integrales de gestión del riesgo), cultural (pemp, pec), y toda suerte de planes sectoriales más.

Todo lo anterior gusta a los órganos de control, las famosas IAS, que aparecen de manera constante para instigar que nada falte y, de paso, promover la ejecución de algún proyecto que pueda ser adjudicado o contratado a la casa política a la cual pertenecen.

Como se señaló, la capacidad técnica e institucional que se necesita para hacerle frente a la andanada de planes la tienen la minoría de los municipios en el país, en los medianos y pequeños la historia se reescribe cada cuatro años; es un volver a empezar. En este caso, al contrario de la canción, “no se hace camino al andar”.

Y en ese complejo entramado surgen los mercenarios de la planificación. Profesionales con algún nivel de conocimiento que se han especializado en la operación de los planes y que copian y pegan a partir de una plantilla interpretando poco la realidad y necesidades del municipio y que, por el contrario, se convierten en arrieros de los intereses económicos de grupos particulares, en vez de proponer, original y genuinamente, lo que mejor convenga al interés general. 

Los mercenarios de la planificación, aprovechando la necesidad del mandatario local por cumplir con la norma redactada pensando en la realidad de Bogotá, hipotecan la visión estratégica de desarrollo del municipio a los postores que mayor y mejor capacidad económica demuestren, por descabellada que sea su propuesta.

Con lo señalado hasta ahora no pretendo satanizar a la planeación como una valiosa forma de intervención e instrumento sin par para la toma de decisiones, pero llamo la atención sobre la complejidad que hoy existe en este campo atendiendo la realidad de los municipios del país, lo cual  ha permitido la proliferación de estos “profesionales”.

Frente a ese preocupante panorama no cabe sino informarse, estudiar, participar, preocuparse por la realidad de los municipios y manifestar de manera firme y clara las visiones y posiciones sobre lo que mejor convenga al municipio, haciendo frente a las cosas que se proponen cuando los planes se formulan de la manera como se ha señalado.  Por supuesto que también es necesario seguir insistiendo en desactivar el centralismo rampante que nos agobia, sin embargo, esto último, visto lo visto, nos tomará mucho más tiempo.

Cualquier solución a un problema de desarrollo urbano-territorial debe basarse en tres premisas básicas, existen otras, pero al menos en éstas tres: a.) considerar en todas sus dimensiones la complejidad del problema a solucionar; b.) fundamentarse en motivos de interés general (no en intereses particulares o de grupo) y; c.) tener una clara y necesaria justificación a partir del estudio minucioso de la realidad actual y proyectada de la ciudad.

Bajo ese entendido, el tren ligero es un proyecto privado que quieren “enchutarle” a la ciudad y que en Barranquilla hemos consentido, queriéndonos hacer ver una realidad diferente a la nuestra. Es posible decirlo más alto, pero no más claro: vamos a pagar con plata de todos, la propuesta de unos empresarios que han copiado un modelo -ya inventado- que poco han estudiado en su aplicación para Barranquilla y que sirve, mucho, en realidades diferentes a la nuestra.

Teniendo en cuenta las tres premisas básicas anotadas, analicemos lo que se propone:

La propuesta no toma en consideración la complejidad del problema a solucionar: es claro que este modelo ha funcionado a la perfección en ciudades que tienen una situación de movilidad diferente a la de Barranquilla, pero frente a la nuestra, son necesarias varias respuestas:

1. Nada se dice en relación con la gente que viene de los municipios de la banda oriental en buses intermunicipales, ¿cómo transbordarán?, ¿saldrán de circulación?, ¿hasta dónde irán?
2. ¿Qué se propone para la armonización de este sistema con los sistemas informales de movilidad: motocarro, mototaxi, bicitaxi, bicicoche, vehículos de tracción animal, colectivos ilegales? ¿cuál es la solución para ello?
3. ¿Cómo se articula urbanísticamente este proyecto con las actuaciones urbanísticas que ya se están levantando sobre la calle 30: centros comerciales y Macroproyectos de vivienda?
4. ¿Cómo rodará el vagón eléctrico sobre una superficie desnivelada, rugosa, quebrada, mojada y que se inunda con la lluvia?
5. ¿Qué pasará con todas esas empresas de transporte que circulan por la 30?

La más clara evidencia de que no se dimensiona toda la complejidad del problema a solucionar es que, en la presentación del proyecto, los proponentes mostraron un recorrido que no tuvo como punto de llegada el aeropuerto Ernesto Cortissoz; situación que repite los errores cometidos en otras ciudades, como Bogotá, la cual tuvo que adicionar, años después, la llegada de Transmilenio al Dorado.

Por otra parte, la información dada a conocer es que los originadores del proyecto trabajaron dos años en la propuesta presentada, pero la empresa originadora apenas tiene año y ocho meses de constituida. Allí hay dos problemas: uno, la empresa tiene menos tiempo de creación que el estudio que llevó a cabo y, dos, una empresa creada hace menos de dos años, ¿qué experiencia específica puede tener frente a un proyecto de tal envergadura?

Frente a la segunda premisa general planteada al incio, cabe preguntarse: ¿dónde está el interés general en todo esto?, ¿cómo aporta este proyecto, con claridad, a la dinámica de desarrollo de la ciudad?, ¿dónde están los ciudadanos que han señalado querer un proyecto de estas características?

Sin duda, este proyecto aparece como una rueda suelta. La principal evidencia de ello, es que solo se mira desde su dimensión económica, todo se resume en “cuánto cuesta lo que hay que hacer”. Lo anterior se puso de manifiesto con la respuesta que el representante de la firma proponente dio ante el interrogante de por qué el sistema no llegó hasta el Cortissoz: “la propuesta es viable, ya que la ley permite incrementar el monto de la obra en un 25%”.

Qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia. De tal manera que el asunto es: “páguenos un poco más y hasta allá estiramos”. Valiente solución.

Por último: ¿necesita Barranquilla de este metro ligero hoy? Atendiendo las prioridades de la ciudad, ¿está justificado o es relevante un proyecto de estas características hoy?

En nuestra opinión no, por supuesto que no.  Si ya tenemos Transmetro, propondría, en primer y más importante medida, utilizar esa plata para fortalecerlo; esa plata sí que le hace falta. Pero mirando más allá, son muchas otras las prioridades y problemáticas de importancia que la ciudad debe enfrentar, las cuales aguardan por su debida atención:

1. Mejorar el acceso al empleo formal de los barranquilleros: mucho rebusque, subempleo e informalidad;
2. Mejorar integralmente los barrios, la mitad de la ciudad son asentamientos precarios;
3. Mejorar el nefasto dato de 0.90 metros cuadrados de espacio público efectivo;
4. Comenzar a generar energía con energías limpias: hay sol, hay viento, hay mar;
5. Lograr que muchos más bachilleres puedan entrar a la educación superior;
6. Fortalecer la gestión ambiental de la ciudad, comenzando por tener estaciones, aparatos, medidores, laboratorios; para que los barranquilleros sepan qué tiene su medio ambiente; así como contratar personal cualificado para dirigir y ejecutar;
7. Reducir la alta mortalidad infantil en la ciudad;
8. Luchar contra los altos índices de embarazo adolecente.

A todas y cada una de estas problemáticas le vendría bien la platíca que pretende ser invertida en un proyecto que va rodando sin justificación.

Hoy entra en vigencia el nuevo Código Nacional de Policía y, la verdad, no hay mucho que celebrar. Esperamos 46 años para tener una norma que guiara -interpretando la realidad actual- las relaciones de convivencia entre los colombianos, y lo que obtuvimos fue un instrumento retrógrado; de la misma naturaleza que el que pretende reemplazar.

Sin entrar en mayores detalles jurídicos, cabe resaltar que el Código de Policía es la principal norma de lo que se conoce como poder de policía, también denominado poder limitativo o restrictivo. Su objetivo es garantizar, de forma preventiva, la convivencia pacífica entre los colombianos, a partir del ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía. A pesar de ser preventivo, esté limita la actividad de los ciudadanos, pues les señala qué pueden y qué no pueden hacer en su relación con los demás, con el fin de garantizar la seguridad, la tranquilidad, el ambiente y la salud pública.

Sin duda, era clara la necesidad de contar con un nuevo código, ya que el anterior, expedido en el año de 1970, se quedó anclado a una racionalidad diferente y una Constitución diferente (la de 1886), conservadora y autoritaria. Sin embargo, nos vendieron la idea de que el nuevo código interpretaría de manera adecuada el estado de cosas y la sociedad establecida en la Constitución de 1991, y que, por tanto, pasaríamos de un enfoque basado en la represión, prohibición y sanción, a uno que promoviese el buen hacer, el respeto y que garantizase de mejor manera los derechos y libertades.

Aquello no fue más que un discurso. Nadie duda que el poder de policía sea necesario en una sociedad democrática, pues sin seguridad y orden, el disfrute y ejercicio de los derechos sería ficción, sin embargo, este código quedó como el anterior, plagado de prohibiciones y sanciones; sin duda, la extensión e intensidad de esta intervención es, incluso, mayor que la del código anterior.  

Leer el código es trabajo sencillo: unas cuantas definiciones al principio, un catálogo de derechos y deberes redactados de manera general e inconclusa y de allí en adelante, qué no se puede hacer y cuál es la sanción para quien irrespete la norma. Lo que se lee a lo largo y ancho del texto son verdaderas sanciones, aunque eufemísticamente se les denomine: “medidas correctivas”.

Hay de todo y para todos. Desde sanciones por no destruir las botellas de vidrio ya vacías, pasando por obstruir el carril de la cicloruta, hasta prohibir que niños jueguen video juegos no aptos para su edad; todo ello, de manera principal, en manos de la fuerza de policía. Un verdadero sinsentido excesivo.

Sabemos que hoy, a la entrada en vigencia del código, la Corte Constitucional ha admitido 40 demandas que pretenden declararlo inconstitucional, algunas sobre su totalidad, otras sobre aspectos puntuales. Lo cierto es que el código anterior, si bien estaba anclado a un paradigma superado, había sido moldeado y matizado por periódicas decisiones de la Corte. Tendremos que esperar entonces, a lo que sucederá con éste, pero, sin duda, no significó un avance, como esperábamos. 

Uno siempre comienza el año con la expectativa de que sea mejor que el anterior. Debería ser, en teoría, el lógico camino a transitar para la especie más evolucionada del planeta, por eso nos autodenominamos, animales racionales. Sin embargo, el panorama al que acudimos en este 2017, que apenas comienza, evidencia una preocupante involución.

Viejas realidades y fenómenos se mezclan hoy con nuevas situaciones y escenarios que dan cuenta de que no estamos haciendo lo suficiente para dejar a nuestros hijos un planeta mejor que el que recibimos. La sociedad actual ha sido, sin duda, indiferente al compromiso de ser equitativos generacionalmente.

La Posverdad, la Corporocracia y la Corrupsociedad, se han convertido en algunos de los signos más importantes que cobran vigencia en nuestro tiempo.

No en vano los diccionarios Oxford escogieron la palabra Posverdad como la más relevante durante el año pasado, para señalar, a partir de este neologismo, la dinámica de generar opinión pública y mover a la gente frente a alguna causa, principalmente de carácter político, desdibujando la objetividad a partir de falsas informaciones, datos o cualidades relativas a los implicados. Las frases que abanderan este fenómeno: “una mentira repetida mil veces, termina convirtiéndose en verdad”, y “el que algo aparente ser verdad, es más importante que la propia verdad”, son reflejo de ello.

Todo lo anterior, se ve exacerbado por el volumen y la velocidad de la información que manejamos hoy día a través de los medios informáticos. En ese sentido, otro claro indicador de la posverdad está en los denominados Bots, programas que simulan el comportamiento de un humano; uno cree estar recibiendo información real, en tiempo real, de un interlocutor real; sin embargo, quien actúa es un programa intentando manipular nuestras creencias.

En días pasados se señalaba, por ejemplo, que la noticia (falsa) de que Trump habría sido apoyado por el papa, recibió más de un millón de likes (me gusta), a través de las redes sociales.

De otra parte, el ascenso de Donald Trump en la “principal nación del mundo libre”; errático, camorrero, díscolo, desafiante, creando problemas donde no los hay y, sobre todo, mal rodeado, muy mal rodeado; nos hace pensar que asistimos a la nueva era de la Corporocracia.

El nombre de Trump se asocia con dinero, reinados, lujo, pero también a negocios turbios, sonados fracasos empresariales, demandas e infinidad de pleitos judiciales. Sus acompañantes en la Casa Blanca, son del mismo talante.

Las decisiones tomadas en estos primeros días de mandato muestran lo que hay en su interior, lo que ha sido y lo que será, pues “yerba mala, nunca muere”. ¿Qué les hacía pensar a los norteamericanos que una vez sentado en el Despacho Oval habría de realizar un examen de conciencia y un propósito de enmienda?

El tercer y último jinete de nuestro Apocalipsis, y en ello Colombia ocupa una posición nada honrosa, es la corrupción. Campea a diestra y siniestra, en lo público y lo privado.  Me fastidia tener que a pagar a finales de este mes nuevos impuestos, cuando sé, de antemano, que todo eso irá a parar al bolsillo de alguno de nuestros inescrupulosos dirigentes (públicos y privados).

Reficar, La Guajira, Odebrecht, Comedores Escolares, se unen hoy a los Foncolpuertos, Agro Ingreso Seguro, Bogotá, Saludcoop, Caprecom, ISS, etc.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el costo anual de las malas prácticas que originan corrupción en el país es de cerca del 4 % del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de $40 billones. De los 168 países donde la ONG Transparencia Internacional mide la corrupción, Colombia ocupa el puesto 37 entre los de mayor corrupción.

Prometí este año seguir haciendo ingentes esfuerzos por ver el vaso medio lleno y todas las tonalidades de color a nuestra realidad, pero hasta el momento lo que he recibido son topetazos. Anhelo una realidad diferente, pues nada estamos haciendo para dejarle a los que vienen algo mejor.