Desafíos y avances en 30 años de nuestra Constitución Ecológica

En el marco de la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia, el departamento de Derecho se une a la celebración de las tres décadas de nuestra Constitución Ecológica. Con el apoyo del Centro de Estudios Urbano Regionales (URBANUM) y el Grupo de Litigio e Interés Público, se llevó a cabo una jornada virtual que convocó a grandes expertos del tema ambiental, con el fin de analizar y debatir sobre los resultados, desafíos y avances que ha tenido la Carta del 91 desde su expedición. 

El evento se desarrolló en dos bloques temáticos. Juan Pablo Sarmiento, director del departamento, dio apertura a la franja titulada Justicia ambiental: seres sintientes y ecosistemas como sujetos de derecho. El doctor en Derecho inició explicando que nuestra Constitución le otorga el carácter de interés superior al medio ambiente a través de un conjunto de disposiciones que configuran la denominada Constitución Ecológica. 

En la conferencia, Sarmiento alegó que en los últimos años han quedado al descubierto ciertas tensiones entre los derechos ambientales y otras actividades humanas, produciendo un avance jurisprudencial y legislativo. Además de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema han sentado un precedente horizontal que muestra logros en esa reconstrucción de la significación del derecho ambiental. 

“Esta última ola de Constitucionalismo ecológico empieza a generar unas discusiones más amplias, a propósito del biocentrismo y el antropocentrismo, orientaciones conceptuales antagónicas”. Y explica que, mientras que el biocentrismo pretende una conservación inalterable de la naturaleza, el antropocentrismo defiende su explotación y comercialización ilimitada para el desarrollo económico. 

Esta contraposición es un dilema que la Carta del 91 no termina de resolver, pues el artículo 79 señala el deber de protección del medio ambiente, pero el 80 apunta más al desarrollo del país. Y es ahí donde surge el concepto de antropocentrismo ecocéntrico, que propone un desarrollo sostenible que proteja el derecho humano a la pervivencia, un principio que ha sido más desarrollado en las últimas sentencias de las altas Cortes. 

El doctor Sarmiento hizo hincapié en ese aspecto. En una línea jurisprudencial, desde el 92 hasta la fecha, es posible ver cómo poco a poco se ha ido orientando la discusión a propósito del derecho humano de la pervivencia, que se traduce en el derecho de las generaciones futuras a vivir en las mismas condiciones, igualdad y dignidad que nosotros. 

“Ahí hay tres categorías jurídicas que empiezan a ensamblarse: el derecho a la pervivencia, igualdad y solidaridad intergeneracional. En mi interpretación, esa amalgama es la que ha producido que recientemente se empiecen a subjetivizar los ecosistemas”. Además, el docente analizó algunos aspectos de sentencias como la del Río Atrato, el Parque Nacional Natural de los Nevados y el Páramo de Pisba, donde las Cortes hacen un llamado implícito a volcar las obligaciones del Estado hacia la protección de las próximas generaciones.

La segunda conferencia estuvo a cargo de Andrea Padilla, doctora en Derecho y actual concejal de Bogotá, quien inició señalando que los proyectos que buscan activar el aparato estatal a favor de los animales apelan reiteradamente a los artículos de la Constitución Ecológica, a pesar de que la protección al ambiente no implica una protección a los individuos que hacen parte de él. “Mientras el enfoque ecológico está orientado a preservar la salud de los ecosistemas, no aborda necesariamente las afectaciones específicas a los animales como seres sintientes” aclaró. 

Por ello, la teoría jurídica más relevante sobre la protección a los animales es la que hacen las interpretaciones disruptivas de los jueces, pues es a partir del derecho al ambiente que se abre una vía de protección constitucional a los animales. “Esto me lleva a plantear que ante la falta de mención explícita a los animales en nuestra Constitución, buena parte del mérito de los jueces ha sido extraer de la Constitución Ecológica un mandato de protección a los animales, no como objetos ambientales sino como individuos con capacidad biológica de sentir”. 

En ese sentido, el marco de protección que se deriva de estas normas ambientales está fundamentado en dos posturas. Una concepción de orden ambiental, cimentada en el status jurídico de los animales como propiedad, por lo que es aplicable la función social y ecológica de la propiedad como fundamento de la prohibición del trato cruel a los animales. Y la segunda es una postura más ética, fundamentada en que los animales son seres dotados de un sistema nervioso que los hace ser susceptibles de sentir dolor. 

Respecto a esta última mirada, Padilla señala que “el concepto de sintiencia se viene desarrollando y apareciendo con más fuerza en decisiones judiciales, normas nacionales y políticas públicas que ordenan acciones concretas para proteger la vida de los animales”. Además, ilustró sus postulados con algunas sentencias como la T-760, T-608 y T-146, que mantienen su fundamento en la Constitución Ecológica, pero trascienden hacia una visión más progresista de la justicia a favor de la sintiencia. 

La concejal concluyó apuntando que “es hora de adelantar una profunda y emocionante discusión sobre la incorporación de los animales en la Constitución, y de perder el miedo a discutir públicamente cómo violentamos a diario a nuestros animales”. Y agregó que la Constitución Ecológica ha sido una punta de lanza que ha abierto camino, pero se ha quedado corta en lo concerniente a uno de los debates más urgentes y desafiantes de la teoría jurídica: el derecho de los animales. 

El primer bloque culminó con un panel de tres invitados. El doctor Luis Tolosa, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, trajo a colación el tema de la Amazonía como sujeto de derechos. El magistrado Octavio Tejeiro destacó el enfoque intergeneracional y de interdependencia en el caso del Parque Isla Salamanca. Y Gregorio Mesa, profesor de la Universidad Nacional, finalizó el panel señalando algunos retos de nuestra Constitución Ecológica, como pensar todos estos temas desde una teoría del derecho ambiental integral.

El evento finalizó con un segundo bloque, denominado Constitucionalismo ecológico y Sistema Nacional Ambiental. Con invitados como Gloria Amparo, Magistrada de la JEP; Jesús Insignares, Director General de la CRA; Julio Rodas, Procurador Judicial; y otros docentes de Uninorte, la Jornada de Derecho fue un espacio académico que abrió una conversación urgente en torno a los resultados, desafíos y avances en treinta años de nuestra Constitución Ecológica. 

Por María Fernanda Salgado