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14 años después: El caso Escué Zapata vs. Colombia

Por: Danielys Romero Sarmiento y Valentina Rodríguez Guerrero

Estudiantes de octavo semestre de Derecho, Universidad del Norte

Este caso se enmarca en el patrón de violencia contra los pueblos indígenas del país y sus líderes. Germán Zapata Escué era un cabildo gobernador del resguardo indígena de Jambaló, en el departamento del Cauca, quien al igual que otros miembros de su comunidad, se dedicaba a la agricultura y a la defensa del territorio. El 1 de febrero de 1988, agentes del Ejército colombiano entraron de manera violenta en su domicilio. Allí lo amarraron y lo sacaron de su casa haciendo uso de la fuerza. La madre de la víctima se dirigió a la vivienda de unos familiares que vivían en las cercanías, sitio desde el cual pudo escuchar una serie de disparos. De inmediato salió en busca de su hijo, cuyo cuerpo encontró sin vida en las inmediaciones del caserío; su cuerpo mostraba signos de maltrato. En el caso, se alegó una falta de debida diligencia en la investigación de los hechos. Por esto, se interpusieron diversas acciones judiciales para que se investigara y sancionara a los responsables de la muerte del señor Escué Zapata.

El caso fue remitido a la Corte IDH el 16 de mayo de 2006, para verificar si el Estado colombiano violó los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal) y 7 (derecho a la libertad personal) de la CADH, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Germán Escué Zapata; así como por la violación del derecho contemplado en el artículo 5 de la Convención Americana en perjuicio de los familiares de la presunta víctima y por la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana.

 

Decisión de la Corte y reparaciones

El Estado colombiano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, libertad e integridad personal de Germán Escué Zapata, pero negó la existencia de un patrón sistemático de violencia estatal contra el pueblo indígena Nasa. La Corte IDH por su parte concluyó que efectivamente el Estado colombiano incumplió con su obligación de investigar las lesiones y muerte de Escué Zapata dentro de un plazo razonable. Con todo, la Corte no encontró demostrado que su ejecución se debió a su rol como líder comunitario ni como parte de un patrón de violencia sistemática contra la comunidad, aunque existiera evidencia que permitiera inferirlo. En sentido similar, tampoco encontró violación a los derechos políticos de la víctima ni de la comunidad.

La Corte IDH con respecto al fondo de la sentencia, decidió que el Estado debía:

  1. Pagar por los daños materiales e inmateriales, además de las costas y gastos en un término de un año, tras la notificación de la sentencia.
  2. Investigar los procesos penales que se hayan causado con estos sucesos, y velar por que se realicen eficazmente los que ya están en curso, para imputar cargos a los responsables de estos actos y les sean aplicables las consecuencias que impone el ordenamiento jurídico. 
  3. Destinar US $40.000 en un fondo a nombre del señor Germán Escué Zapata, para la comunidad de Jambaló, para que se pueda continuar con las obras al servicio a la comunidad que realizaba este líder social. 
  4. Reconocer y entregar a Myrian Zapata Escué, de la manera más rápida y diligente posible, una beca que le permita continuar con sus estudios universitarios, que incluya los gastos de manutención, alojamiento y transporte, por ser una de las principales víctimas con los hechos ocasionados a su padre.
  5. Brindar los tratamientos especializados necesarios de carácter médico, psiquiátrico y psicológico que requieran los familiares de la víctima.
  6. Publicar el contenido y parte resolutiva de la sentencia, en un diario de amplia circulación en el territorio del Cauca, específicamente en la zona en la que residen los familiares de la víctima, además, de que se traduzca en la lengua Nasa Yute.
  7. Por medio de un acto público reconocer la responsabilidad de los actos cometidos.

Todo esto en el plazo de un año, tras el cual el Estado debía rendir informe sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas.

 

Grado de cumplimiento de la sentencia

En el momento en que la Corte dictó la sentencia, se activaron las investigaciones penales contra los responsables. Sin embargo, para los familiares y la comunidad, no hubo un esclarecimiento real de las razones del crimen. Las reparaciones a los familiares de Escué Zapata se encuentran en la Resolución del 18 de mayo de 2010, donde se establece que el Estado ha dado cumplimiento total de los puntos sobre pago  por  concepto  de  daño  material e inmaterial, reintegro de costas y gastos, la creación  de  un  fondo  que  lleve  el  nombre  de  “Germán  Escué Zapata”, para que la comunidad lo invierta en obras o servicios de interés  colectivo  en  su  beneficio, y la realización de un acto público, donde se  reconozca la responsabilidad.

Por otro lado, en la Resolución del 21 de febrero de 2011, la Corte señala que Estado colombiano ha dado cumplimiento a puntos resolutivos de la sentencia como el otorgamiento de la beca para realizar estudios universitarios, y la publicación de la sentencia en el Diario Oficial. En adición, la Resolución del 22 de noviembre de 2016, en la que se cumplieron puntos como la conducción de los procesos penales para determinar la responsabilidad por los hechos ocurridos. Sin embargo, la investigación para el cumplimiento sigue abierta, pues aún no se han cumplido plenamente todos los puntos. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a todo lo dispuesto en el fallo.

 

Impacto transformador de la sentencia en Colombia

Este caso resulta de gran importancia para el Estado colombiano, debido a que en su momento fue el primer caso indígena en el que Colombia fue condenada por un tribunal internacional de derechos humanos. Se ordenó una reparación individual a los familiares, sentando así un precedente que refleja la historia de la violencia contra los pueblos indígenas en Colombia. No obstante, la comunidad indígena no se siente satisfecha. No solo por la impunidad y la falta de cumplimiento de algunas medidas ordenadas por la Corte IDH, sino por la desatención a los efectos que el asesinato de uno de sus líderes tuvo en la vida comunitaria. También se ha criticado la falta de reconocimiento de la sistematicidad de la violencia contra los pueblos indígenas, lo que se refleja en la ausencia de medidas de no repetición, tema que es especialmente relevante en Colombia ante el notorio incremento de asesinatos de líderes indígenas y sociales en los últimos años. Por consiguiente, nos planteamos si las medidas que la Corte establece fueron realmente eficaces, no solo para la reparación de las víctimas, sino en cuanto a una aleccionadora sanción al Estado por sus actos abyectos, que prevenga la ocurrencia de casos similares en el futuro, debilitando la confianza en la justicia transicional y en la vigencia de normas internacionales vinculantes.

Desde la perspectiva de la comunidad afectada, se puede señalar que el proceso de reparación que llevó a cabo el Estado no aportó al restablecimiento de la armonía y el equilibrio dentro del territorio, lo cual debió haber sido un factor fundamental en la reparación. Por otra parte, el no cumplimiento a cabalidad de los puntos resolutivos de la sentencia pronunciada por la Corte IDH, y en particular, la impunidad ocasionada con el paso de los años, tal y como lo reconoce la Corte, generó una fuerte desconfianza de parte de las víctimas hacia el Estado.

 

16 años después: El Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia

 

Por: Isabella Cantillo Navas y Dayron David Escorcia Atencio

Estudiantes de cuarto semestre de Ciencia Política, Universidad del Norte

 

Según los hechos probados ante el SIDH, el 24 de agosto de 1994 el señor Wilson Gutiérrez Soler fue citado a un café en la ciudad de Bogotá por Ricardo Dalel Barón, uno de los directivos de una reconocida empresa de electrodomésticos y quien había sido teniente coronel del Ejército. Gutiérrez Soler, que había denunciado ante la DIJIN a la empresa por posible evasión de impuestos y lavado de activos, fue capturado por integrantes de la Unidad de Antiextorsión y Secuestro (UNASE) de la Policía, bajo las órdenes del entonces coronel Luis Gonzaga Enciso Barón, primo de Dalel Barón. Gutiérrez Soler fue llevado en una camioneta de vidrios polarizados al sótano de la UNASE, donde fue esposado a las llaves de un tanque de agua, y sometido a actos crueles, inhumanos y degradantes; fue torturado, golpeado, violado sexualmente, y quemado en sus órganos genitales, entre otras lesiones graves. Según Gutiérrez, el objetivo de la tortura era revelar la identidad de la persona que le suministró la información sobre los movimientos contables irregulares que denunció.

Bajo los actos anteriormente mencionados y tras más de tres horas de tortura, Gutiérrez fue inducido a declarar en diligencia de versión libre sobre los hechos que motivaron su detención. Durante el procedimiento, el señor Gutiérrez fue amenazado y se le advirtió que tenía que responder positivamente a todas las preguntas para así salvar su vida. Es así como Gutiérrez se autoinculpó por extorsión y se abrió un proceso en su contra por este delito. Durante los hechos mencionados y en el momento de la declaración, Gutiérrez no contó con la presencia de un representante legal o un defensor público.

Por todo lo acontecido, Gutiérrez Soler decidió presentar algunos recursos con el fin de sancionar a los responsables de los actos que cometieron en su contra, pero ni la jurisdicción ordinaria, ni la jurisdicción penal militar realizaron investigaciones adecuadas. Gutiérrez Soler tuvo que exiliarse con su hijo, y actualmente residen en Estados Unidos. Varios familiares residentes en Colombia han recibido reiteradamente amenazas y han sufrido hostigamientos por parte de miembros de la Policía Nacional. El caso fue llevado ante el SIDH y la Corte Interamericana profirió sentencia en 2005.

 

Decisión de la Corte IDH

En el presente caso, la Corte Interamericana precisó las violaciones encontradas en los artículos alegados. Partiendo del artículo 1.1 de la CADH, los Estados deben iniciar una investigación efectiva para juzgar a los responsables de una violación al artículo 5 de la CADH. Esto también se encuentra consagrado en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sobre esta base normativa se constató el incumplimiento de Colombia frente a estas previsiones, ya que hasta ese entonces no existía ninguna persona sancionada por las torturas al señor Gutiérrez.

En relación con la integridad psíquica y moral, la Corte también reconoció la violación del artículo 5.1 de la CADH en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado ya que, de acuerdo al acervo probatorio del caso, el señor Wilson Gutiérrez y varios familiares (en particular, sus hijos), tuvieron que padecer temor constante, angustia y separación familiar.

 

Reparaciones

Posterior a la identificación de las violaciones al derecho internacional, la Corte IDH adoptó lo establecido en el artículo 63.1 de la CADH. Entre las reparaciones podemos encontrar las de carácter indemnizatorio (cf. párrafos 76,78, 85, 103 y 117 de la sentencia), que tienen el objetivo de reparar por concepto de daño material, daño inmaterial, gastos y costas.

Así mismo, se ordenaron garantías de no repetición relativas a la implementación de cursos o programas para servidores públicos de la Justicia Penal Militar y la fuerza pública, en sintonía con los estándares establecidos en el Protocolo de Estambul relativo a la investigación y documentación eficaces de la tortura; igualmente en la mejora de los mecanismos de control ya existentes.

Como medida de rehabilitación, la Corte IDH ordenó brindar gratuitamente tratamiento psicológico a Gutiérrez y su familia. Como medidas de satisfacción, la Corte IDH ordenó identificar, sancionar y juzgar a los culpables, así como la publicación de los hechos probados. Por último, la Corte dispuso medidas de restitución, que se pueden observar en la obligación de garantizar la vida y seguridad de toda la familia Gutiérrez y en el cumplimiento íntegro de la sentencia.

 

Grado de cumplimiento

La prensa colombiana no le ha dado una cobertura significativa a los hechos del caso ni al cumplimiento de esta sentencia. La mayor parte de la información disponible sobre este caso se encuentra hasta el año 2011; entre los medios que publicaron informes sobre la tortura y sus implicados se destacan El Espectador, la revista Semana y el Canal Uno.

Después de revisar los registros de los medios que hablaron sobre el caso, podemos determinar que hay un cumplimiento parcial de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano. Por ejemplo, el Estado tenía la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los responsables. Sin embargo, el proceso penal presentó inconsistencias empezando por el hecho que solo se investigó y juzgó al ex coronel Luis Gonzaga, excluyendo del proceso a otros posibles implicados, lo cual dificulta la clarificación de los hechos. Adicionalmente, el caso dio un giro copernicano en 2018, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de absolver al coronel, ya que no contaba con las pruebas suficientes para mantener la condena en su contra. Y hasta la fecha no hay ningún otro acusado. Esto significa que, tras más de dos décadas, el sistema judicial colombiano no ha logrado definir quiénes fueron los perpetradores de estas graves violaciones al DIDH.

 

Impacto transformador de la sentencia en Colombia

El caso Gutiérrez Soler fue tenido en cuenta en la reforma al Código de Procedimiento Penal en la década del 2000, en un esfuerzo estatal por garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos en el desarrollo de los procesos penales; esto se vio reflejado en una ampliación de los principios rectores y garantías procesales.

Por otra parte, se pudo evidenciar la actualización de los contenidos formativos del personal de las fuerzas armadas, Policía Nacional de Colombia, rama judicial, INPEC, entre otros. El objetivo principal fue la capacitación y difusión del Protocolo de Estambul. Esta instrucción fue inicialmente dada por la Corte IDH; sin embargo, también ha sido impulsada por el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. En su rendimiento de informes a ese Comité en 2007, el Estado Colombiano explicó que, en cumplimiento de la sentencia Gutiérrez Soler, se han organizado seminarios de formación en los estándares del Protocolo de Estambul. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha trabajado en esa misma dirección. Esto evidencia la variedad de fuentes de presión internacional hacia el Estado colombiano para combatir la tortura y para una correcta aplicación de lo establecido en la sentencia.

El hecho de que Colombia haya sido encontrado como responsable de un caso de tortura, considerado ante la sociedad como una de las peores violaciones a los derechos humanos, provoca indignación entre los ciudadanos. Por lo tanto, se hace necesario que el Estado tome medidas de reparación efectivas. Esto se consigue mediante la socialización activa de los programas que vayan encaminados a la eliminación de la tortura, y un cambio del discurso político donde tiene que prevalecer la intención de proteger los derechos humanos por encima de cualquier otra consideración.

Es impactante que los perpetradores de la violación de derechos humanos planteados en la sentencia estudiada fueran agentes del Estado que usaron su calidad de miembros de la Fuerza Pública para servir a sus intereses personales, vulnerando gravemente la libertad e integridad del señor Wilson Gutiérrez Soler. También es altamente cuestionable que el aparato de justicia haya desestimado las denuncias de Gutiérrez, a pesar de las contundentes pruebas sobre estos graves hechos. Los responsables no deben quedar en la impunidad y se debe reparar plenamente los perjuicios a Gutiérrez y su familia, con la finalidad de ratificar que en Colombia sí hay justicia frente a las violaciones de los derechos humanos y se da respaldo a las víctimas.

 

 

La toma de Lalibela: Cómo un conflicto ignorado durante la pandemia recupera atención internacional

 

Por: Manuel Góngora Mera

Profesor de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte

 

Lalibela es conocida popularmente como "la Nueva Jerusalén"; una ciudad perdida en las entrañas del norte de Etiopía, construida entre los siglos XII y XIII tras la caída del efímero reino cristiano en Jerusalén durante las Cruzadas como alternativa para los peregrinos. Su magnífico conjunto de iglesias fue declarado en 1978 patrimonio de la humanidad por reunir tres criterios exigidos en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, así como en los estándares operativos de implementación de la Convención por la UNESCO: 1) representa una pieza maestra del genio creativo humano; 2) es testimonio de un significativo entrelazamiento de valores humanos a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, o al interior de un área cultural del mundo, con desarrollos de elementos arquitectónicos o tecnológicos, artes monumentales, urbanística y diseño paisajista; y 3) es testimonio único de alguna tradición excepcional de alguna civilización, existente o extinguida. En efecto, hablamos de 11 majestuosas iglesias que se encuentran entre las estructuras monolíticas artificiales más grandes del mundo. Pero lo más asombroso es que algunas de estas construcciones fueron talladas a partir de una sola roca. Un guía local me explicó que primero se tallaba el contorno exterior de la iglesia (algunas a ras de tierra, por lo que solo son visibles en su cercanía); se cavaba un túnel en lo que sería el interior de la iglesia, y finalmente se extraía roca del interior, dando forma y decoración a lo que serían las paredes, las columnas, el altar y la audiencia. La más hermosa de estas impresionantes construcciones en mi opinión es Beta Girorgios (la iglesia de San Jorge), delineada en forma de cruz griega. Los templos continúan cumpliendo su función; al interior se encuentran monjes cristianos ortodoxos con sus características túnicas blancas y amarillas; y algunos de ellos duermen en espacios cavados alrededor o en las cercanías de estas iglesias. Un lugar sagrado, solo comparable con la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum, donde según la creencia de los etíopes cristianos se conserva la mítica Arca de la Alianza.

Foto: Iglesia de San Jorge (Beta Girorgios), Lalibela, Etiopía.  ® Manuel Góngora Mera
 

Según reportes de prensa, el 5 de agosto el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) tomó el control de Lalibela, lo que dirige temporalmente la atención internacional hacia uno de los conflictos más sangrientos que están ocurriendo bajo el oscuro y letal manto de la actual pandemia. Desde noviembre de 2020, Etiopía sufre un conflicto armado entre el gobierno central y el TPLF, un poder regional al norte de Etiopía. A esto se suma la intervención del ejército de la vecina Eritrea, que combate a las fuerzas de Tigray en las zonas fronterizas. Existen reportes sobre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad perpetrados por todas las partes combatientes a lo largo de 2021. Hasta junio de 2021 se habían reportado unas 230 masacres, incontables violaciones sexuales, y la destrucción masiva de infraestructura civil. Algunas ONGs hablan incluso de un genocidio en curso en contra de la etnia Tigray.

Para entender lo que está ocurriendo, es preciso mencionar que Etiopía es un Estado federal, con fuertes autonomías regionales, en gran medida basadas en las divisiones étnicas del país (sistema kililoch). Por eso la región en cuestión asume el nombre de la etnia Tigray, que es dominante en ese territorio, y en el que se habla tigriña (el idioma más extendido en Etiopía es el amhárico). Se trata además de una región fronteriza, que limita con Eritrea (país con el que Etiopía ha tenido fuertes tensiones tras su independencia en 1991, hasta el acuerdo de paz de 2018). Tigray es conocida como la cuna de la civilización etíope, ya que allí se consolidó el Imperio Aksum, que en su máxima expansión logró incluso controlar áreas de la península arábica (actual Yemen) y cuya referencia histórica más conocida en occidente es haber sido el hogar de la Reina de Saba. Se trata entonces de una región con una historia ancestral y con una lengua e identidad cultural propia. Es de resaltar además que el sistema kilil (que significa literalmente "resguardos" o "áreas protegidas") es controversial, porque tiene similitudes con las divisiones territoriales creadas durante el Apartheid en Sudáfrica (Bantustans) con el objetivo de concentrar ciertos grupos étnicos y mantenerlos étnicamente homogéneos y de este modo asegurar su separación con la población blanca que controlaba el país.

Entre las décadas de 1990 y 2010, el TPLF tuvo representación a nivel del gobierno federal como uno de los cuatro grandes partidos de la coalición de gobierno. Sin embargo, a finales de 2019, Abiy Ahmed (de la región y etnia Oromo), el actual Primer Ministro de Etiopía, decidió la disolución de la coalición y la conformación del Partido de la Prosperidad, que integraría al Partido Oromo (del cual era presidente). Tigray rechazó hacer parte de esta nueva coalición. Por su parte, Abiy Ahmed inició una serie de reformas políticas que fueron interpretadas en Tigray como un retroceso en la descentralización administrativa en curso. En 2020, el Primer Ministro ordenó retirar a varios líderes del gobierno local de Tigray bajo alegaciones de corrupción. En respuesta, en septiembre de 2020, el gobierno local de Tigray decidió realizar sus propias elecciones, pese a las restricciones por la pandemia. A su turno, en octubre, el Primer Ministro suspendió el financiamiento a Tigray, lo que fue considerado una “declaración de guerra” por el gobierno de Tigray. Abiy Ahmed ordenó el 4 de noviembre el despliegue de tropas en  Tigray. Existen reportes que aseguran que durante el avance de las tropas se produjeron masacres y otras graves violaciones al DIH. Por su parte, a mediados de noviembre, Tigray lanzó cohetes al territorio de Eritrea, en un intento por atacar la capital, Asmara, lo que derivó en una invasión de las fuerzas armadas de Eritrea en Tigray. Además, el TPLF lanzó cohetes a las ciudades de Gondar y Bahir Dar, en la vecina región de Amhara. Estas acciones están claramente proscritas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales. El 29 de noviembre, Abiy Ahmed anunció que había logrado tomar el control de Mekelle, la capital de Tigray, y daba por concluido el levantamiento de la región. Sin embargo, el TPLF y sus aliados conformaron una organización armada denominada Tigray Defense Forces (TDF) e iniciaron una guerra de guerrillas contra las tropas etíopes en Tigray. En abril, TDF había retomado el control de las áreas rurales, forzando al ejército etíope a replegarse en Mekelle. A partir de ahí, TDF aplicó una estrategia de guerra de desgaste, aprovechando el profundo descontento popular por la presencia del ejército etíope. El 28 de junio pasado, TDF retomó la ciudad de Mekelle y al siguiente día decidió iniciar una ofensiva más allá de los límites de Tigray, hacia el sur (en la vecina región de Amhara) y hacia el oriente (a la región de Afar). Durante el mes de julio, sus fuerzas capturaron varios pueblos de Amhara, en un corredor que el 5 de agosto alcanzó la ciudad de Lalibela.

Las agencias de noticias internacionales han dedicado numerosos artículos sobre Lalibela y su importancia como patrimonio de la humanidad. El gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado sobre estos eventos, llamando a las partes en conflicto a “poner fin a la violencia e iniciar discusiones para negociar un alto al fuego”, y en el caso de Lalibela, a “proteger esta herencia cultural”. Samantha Power, directora de la USAID, estuvo esta semana de visita en Etiopía para verificar la situación de la ayuda humanitaria. Previamente, esta alta funcionaria había expresado su preocupación por el curso que está tomando este conflicto armado hacia una guerra civil de gran escala, con un Primer Ministro que emplea una retórica deshumanizante contra la etnia Tigray, y regiones del país que se alinean en bandos opuestos. Como académico, he estado haciendo seguimiento al conflicto en Tigray desde su estallido en noviembre de 2020. Durante los últimos meses se han producido graves violaciones al DIDH y al DIH en la región, que han pasado prácticamente inadvertidas en la prensa internacional. Más allá del efecto que la pandemia puede tener en la cobertura internacional de noticias, la impresión que me queda es que sólo cuando la guerra amenaza bienes culturales que hacen parte del patrimonio de la humanidad se presta la atención debida a un conflicto que ha causado miles de muertos y cerca de dos millones de víctimas de desplazamiento forzado, y que ha expuesto a cientos de miles de personas a condiciones de hambre, como víctimas de un bloqueo de ayuda humanitaria ordenado por el gobierno etíope. Reconozco el inmenso valor histórico y religioso de las iglesias de Lalibela, pero ni la más perfecta de estas imponentes construcciones se puede equiparar con el significado infinito de una sola vida humana sacrificada en esta guerra fratricida. Es tiempo de que la comunidad internacional mire hacia la crisis humanitaria en Etiopía y presione a las partes a un cese al fuego y a resolver sus diferencias a través del diálogo.

Uninorte en el Jessup: Conversación con Germán Sandoval

 

Por: Conny Mercado Torres y Daniela Martínez Rojas

Estudiantes de tercer semestre de Derecho, Universidad del Norte

 

El pasado 28 de febrero, como representantes del ICCAL-Lab, tuvimos la oportunidad de conversar con el profesor Germán Sandoval Trigo, coach del grupo que representa a la Universidad del Norte en una de las competencias más importantes de derecho internacional a nivel mundial, el “Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition”, conocido como “el Jessup”. El grupo está conformado por tres mujeres, y por ello, el profesor Sandoval nos aclaró como primer punto que él se refiere al grupo como “nosotras”. Los destacados alegatos presentados este año, unidos a otros factores, le permitieron al grupo alcanzar el lugar de Primer Semifinalista de la ronda nacional. Con ello, Uninorte se convierte en la primera universidad de la costa Caribe colombiana en participar en tan prestigiosa competencia y en clasificar a las rondas internacionales.

 

A lo largo de la charla, además de tener el gusto de escuchar la entusiasta voz de orgullo y emoción del profesor Sandoval al relatar sus historias sobre las horas de trabajo, estrés y preocupación que tuvieron como equipo durante la preparación y desarrollo del caso, le formulamos algunas preguntas que consideramos de interés de la comunidad universitaria.

Inicialmente quisimos indagar sobre el origen del grupo. El profesor Sandoval nos comentó que su inspiración para formar el grupo en la Universidad del Norte se dio gracias a que en la Universidad Nacional Autónoma de México (donde fue profesor) se hacían prácticas previas del concurso con preguntas específicas, para identificar las fortalezas y defectos de la argumentación en la teoría del caso. Cuando llegó a Barranquilla, notó que no había un equipo que representara a la universidad en el Jessup. Con la colaboración de colegas de la Universidad de los Andes, se propuso abrir el espacio para la preparación de un equipo uninorteño.

Posteriormente dirigimos la conversación a la importancia de la competencia para los estudiantes que participan en ella, ante lo cual explicó que puede plasmarse en dos puntos: preparación y significado. En cuanto a la preparación, el primer paso fue formar el equipo, buscando perfiles con buena capacidad analítica y desempeño argumentativo, y con buen dominio del inglés; su conocimiento en derecho internacional era un criterio auxiliar, ya que se reforzaría en los entrenamientos. Las convocatorias se abrieron a partir del segundo semestre, y el requisito más importante era el idioma, ya que era imprescindible para los roles a desempeñar, como por ejemplo: las oradoras, la off counsel (encargada de escuchar los argumentos de la contraparte) y la scout de los documentos (quien busca y sintetiza la información).

Respecto al significado, nos explicó que la participación en un concurso es una forma de aprendizaje que deja una huella particular. Como coach, su método consiste en corregir a los estudiantes y guiarlos en el proceso; no se trata de hacer todo por ellos. ¿El resultado? Un estudiante responsable y autodidacta, con la capacidad de resolver problemas jurídicos por su cuenta. Este es el significado del concurso: formar abogados de primer nivel con dominio del inglés, reforzando sus virtudes cognitivas y capacidades individuales, y a la vez apreciando el trabajo en equipo y el talento para desarrollar colectivamente criterios jurídicos. Esto va mucho más allá de la obtención de una medalla; representa una marca distintiva en la hoja de vida; las firmas nacionales e internacionales más importantes tienen muy en cuenta a estos estudiantes.

Posteriormente nos interesó conocer el caso abordado durante la competencia. El profesor Sandoval nos mencionó que este año se centró en los problemas que surgieron entre dos Estados limítrofes relacionados con restricciones al turismo y al desplazamiento debido al establecimiento de cuarentenas asociadas a la expansión de una cepa parecida al COVID-19. Según uno de los Estados, se produjo una vulneración del derecho internacional dado que se habían vulnerado los tratados firmados entre ellos, así como estándares de la comunidad internacional. Se trataba ante todo de violaciones a la libertad de tránsito, pero también de cuotas compensatorias por el daño ocasionado con las medidas cautelares o preventivas derivadas de la cuarentena. El enfoque sobre la compensación, de acuerdo a la regulación internacional implica el estudio sobre la fragmentación del derecho internacional y la competencia de la Corte Internacional de Justicia.

Sumado a ello, hay dos situaciones que complejizan el caso: la primera se relaciona con una científica que publica un tweet sobre las medidas que se llevan a cabo por la cuarentena del Estado (A) de donde proviene; la publicación se califica como difamatoria y se inicia un proceso legal en su contra. Asimismo, se advierte que hay un problema de refugio o asilo político porque la científica logra el ingreso a instalaciones diplomáticas del otro Estado (B). Para la segunda situación se trataba de una amenaza por parte de una liga terrorista: “Friends of Justice”; los organismos internacionales alertan a los países de una amenaza inminente. En el Estado (A) sale un vuelo en un avión privado que sobrevuela el espacio aéreo y no contesta los llamados de la fuerza aérea del país, de tal manera que se lleva a cabo el protocolo de seguridad y se toma la decisión de derribarlo. Al caer el avión se encuentran personas del Estado (B) generando así una crisis internacional.

Como el profesor Sandoval nos explicó, cada año se propone un caso diferente que atiende temas de actualidad, y se realiza una convocatoria para su redacción por expertos del derecho internacional. Entre los redactores suelen incluirse personas cercanas a la Corte Internacional de Justicia, ex Jessup (ex participantes de la competencia) y coaches del concurso.

Para armar los alegatos, el equipo debe buscar casos análogos, jurisprudencia, doctrina y tratados internacionales. Usualmente el Jessup brinda una base de datos: envían el “First Batch” y el “Second Batch”, que son un conjunto de documentos prioritarios para la comprensión del caso, más el acceso a bases de datos de diversas fuentes. Pero lo realmente importante es saber buscar correctamente, lo cual requiere comprender el contenido de los documentos del “First Batch”, pues en cada nota o frase puede haber un significado o una fuente clave para la solución del caso.

A manera de estrategia, el grupo acudió a la práctica y la vivencia, es decir, estudiar casos parecidos para analizar lo que era aplicable. Esta es una recomendación de los ex Jessup de México: argumentar desde la analogía de los casos, pues ya hay universidades que tienen grandes grupos de investigación y especialistas en estos temas al momento de seguir la línea del razonamiento por condiciones o reglas en el sentido general. Así que para apropiarse del caso siguieron una línea del razonamiento lateral desde la praxis: emplearon casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras fuentes del derecho internacional, tratando de pensar out of the box. Esto se debe a que la abogacía no solo son reglas; ante todo es experiencia. Dado que aún faltan las rondas internacionales, el profesor no ahondó mucho más en su estrategia en este caso específico, pero estaría dispuesto a compartirla con el equipo al finalizar la competencia.

Terminamos nuestra charla formulando algunas preguntas sobre la experiencia con los equipos que enfrentaron en la ronda nacional, a lo que nos respondió que más allá de los alegatos y la teoría del caso, se desarrolló una sana competencia con todas las universidades, en especial con la Universidad de los Andes. Cada vez que Uninorte compite con esa universidad, nuestras compañeras se esfuerzan con especial ahínco, lo que lo llena de orgullo. Nos comentó que con el equipo de la Universidad de los Andes se han dado los rounds más memorables y a la vez conmovedores, dado que tiene muchos amigos que fueron sus compañeros de trabajo en su tiempo en esa universidad y que conoce a los coaches de ese equipo. Por esta razón, es motivo de satisfacción constatar cómo el equipo uninorteño está ganando confianza al enfrentarse con equipos colombianos con gran tradición en el Jessup.

Para finalizar, queremos darle las gracias al Profesor Germán Sandoval y a nuestras compañeras, por dejar en alto el nombre de la Universidad del Norte, demostrando lo que con esfuerzo y dedicación se puede lograr. También le agradecemos al profesor Sandoval por aceptar esta conversación y responder nuestras inquietudes. Desde el ICCAL-Lab les deseamos lo mejor en la ronda internacional; sabemos que darán lo mejor de sí.

 

La angustia del retorno: Una mirada a la realidad de nacionales mexicanos deportados

 

Por: María Alejandra Tejedor Cáceres

Estudiante de tercer semestre de Derecho, Universidad del Norte

 

Gabriela Pinillos, experta  colombiana en migración y residente en México desde hace varios años, presentó al ICCAL-Lab y a estudiantes de la maestría en derecho su ponencia “Paradojas de la documentación: lecciones de la migración EEUU-mexicana para el proceso de regularización de migrantes venezolanos en Colombia”, el pasado 27 de febrero. Su charla se enfocó ante todo en comprender la estructura de la migración y sus impactos sobre la vida de las personas, porque a fin de cuentas son vidas que se yuxtaponen sobre la base de sistemas migratorios. Durante su investigación doctoral, Pinillos quería comprender por qué en Tijuana, ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, se hallaban aglomeradas tantas personas en situación de calle, viviendo incluso dentro de alcantarillas. Al continuar su labor investigativa se encontró con el hecho de que muchos de estos individuos habían vivido mucho tiempo en Estados Unidos y habían sido deportados.

Estados unidos es un país receptor de migrantes que buscan nuevas oportunidades y mejores opciones para optimizar su calidad de vida, atravesando las fronteras no siempre bajo condiciones de legalidad, lo que ocasiona que de acuerdo a la coyuntura política que atraviese el país se determine directamente la vida de dichas poblaciones. En tiempos restrictivos, pueden ser sometidos a procesos de deportación bajo la noción de removals (personas que lograron establecerse en Estados Unidos pero fueron detenidas y deportadas),  o deportable/returned (aquellos que no logran pasar la frontera y se les devuelve en el acto).

Ante la situación de retorno, los nacionales mexicanos se ven no solo ante la necesidad de asimilar la expulsión de un territorio con el impacto económico, social y psicológico que ello significa, sino también a la frustración de probar su propia identidad: “volver a ser mexicanos”, puesto que durante la estancia en el extranjero no siempre se conservó la documentación que asegurase su nacionalidad mexicana, ni México como Estado conserva en su totalidad dicho registro nacional, dado que no se han completado las reformas tecnológicas que buscan agrupar la información en bases de datos. Parte de la documentación –registros civiles y documentos de identidad mexicanos- reposan en registradurías - o el ente que haga sus veces-  en pueblos de las periferias del país donde no se conservan copias. De hecho, otra problemática en probar la ciudadanía de estos nacionales es el no conocimiento de su lugar de nacimiento, así que se hace imposible recuperar la identidad en una significativa cantidad de casos. Esto no solo transgrede su capacidad de ser reconocidos como nacionales por el Estado, sino que  también reduce la posibilidad de encontrar un trabajo que permita su sustento.

En este orden de ideas, la deportación se configura como una forma de desplazamiento forzado que define quién está incluido y a quién se excluye. En Estados Unidos, la legislación migratoria tuvo efectos retroactivos y permitió imponer, desde la legitimidad que otorgan las leyes, la construcción del imaginario de la migración como asociada al auge de criminalidad, habilitando de este modo la expulsión de personas desde el interior del Estado, en nombre de una migración legal, regulada y segura.


Se destaca que todas las migraciones son distintas, en diferentes contextos y en diferentes motivaciones donde no solo se vincula la soberanía de un país sino el destino de personas, seres humanos que ven la migración como la mejor opción de derribar las barreras de estancamiento social y aseguren la posibilidad de un mejor futuro. De aquí que bajo el proceso de deportación, más que una mera actuación administrativa, se repercute directamente sobre los derechos humanos de los afectados, quienes en algunos casos terminan en condiciones de necesidad, insalubridad y  relativa ausencia de protección estatal. Aunque existan organizaciones de apoyo, no son suficientes para las necesidades a las que se enfrentan.


Finalmente, la deportación de migrantes mexicanos establecidos en Tijuana supone una cadena de eventos traumáticos por los que tiene que pasar el migrante deportado y que se ve involucrado en condiciones deplorables a su regreso. En México, no existe una política clara encargada de reintegrar a la sociedad civil a dichas personas. Si bien se mantienen en albergues, estas medidas no hacen eco en la solución de raíz para mejorar su situación. Por ello, se hace notoria la importancia de introducir en la agenda nacional mexicana la recuperación de la ciudadanía efectiva de los retornados. Lo anterior nos ofrece luces para analizar la realidad colombiana con la situación de retorno de nacionales que fueron residentes en el vecino país, Venezuela, durante un amplio lapso de tiempo, entendiendo desde el Derecho las vías legales que pueden activarse y las obligaciones del Estado frente a sus nacionales. En últimas, todo esto ilustra en qué medida los recursos jurídicos afectan los destinos de las personas.


Sin más que agregar, se agradece muchísimo a Gabriela Pinillos por compartir su visión con nosotros.

Conflicto y derecho: Impresiones de la charla con Markus Ciesielski

 

Por: Daniela Martínez Rojas

Estudiante de tercer semestre de Derecho, Universidad del Norte

 

El día 13 de febrero de 2021, el ICCAL-Lab tuvo la grata oportunidad de escuchar a Markus Ciesielski, quien presentó un adelanto de su investigación doctoral. Markus analiza la relación entre derecho y conflicto tomando como base la experiencia colombiana, un país en el que las clases populares tienen experiencia en el uso del derecho constitucional a través de la acción de tutela. Para ello expuso el caso de quien él llama Marcela, quien ganó una tutela a una universidad que le negaba su título por supuesta falta de una nota de clases, lo que le impedía graduarse como abogada.

Lo anterior, como ilustración de los puntos que brindó: (i) una aproximación al derecho como una representación simbólica de la resolución “correcta” de los conflictos -para lo cual ofreció una excelente explicación desde Pierre Bourdieu-, (ii) una aproximación a los conflictos y las desigualdades sociales - siguiendo con Pierre Bourdieu y planteando el análisis entre posiciones y disposiciones (estructuras, el concepto de habitus y las prácticas desiguales), y (iii) la acción de tutela y demás instrumentos de protección de derechos fundamentales, como figuras estelares de la Constitución de 1991 y que traen consigo una transformación integral de la situación anticonstitucional colombiana (Marquardt 2011) plagada de conflictos.

A modo de conclusión, y utilizando el caso de Marcela, sostuvo que desde la sociología de conflictos Marcela usa la tutela para hacer invisibles los conflictos sociales que la afectan, pues ella logra presentarse así misma como alguien que no debe justificar su posición social (el hecho de ser mujer y no ser parte de la clase alta). Con la tutela, tradujo una falta de reconocimiento social (un tema de lucha de privilegios como lo es el tener un diploma universitario) en un problema neutral, un error en la base de datos o del sistema tecnológico de una institución educativa. Pese a lograr el resultado esperado, la acción de tutela funcionó para cubrir el conflicto, sin una aspiración real de resolverlo. Con esto se constata la perspectiva de Bourdieu sobre el poder simbólico y performativo del derecho: el conflicto continúa, pero ahora representado legítimamente en términos del derecho constitucional.

Aunque muchas veces Markus nos aclaró que solo es una presentación preliminar de su proyecto de investigación, nos deja muchas reflexiones a nosotros los estudiantes acerca del enfoque sociológico de los conflictos que se nos plantean en clase día a día.

Muchas gracias a Markus Ciesielski por su intervención en el ICCAL-Lab. Le deseamos los mejores resultados con su investigación.

 

El Caso Ongwen y sus implicaciones para la JEP

Foto: Monumento de la masacre de Lukodi (19 de mayo de 2004) perpetrada por LRA, Gulu (Uganda)
Fuente: Malaika Overcomer / Creative Commons

 

Por: Manuel Góngora Mera

Profesor de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte

 

Una reciente sentencia de la Sala de Primera Instancia IX de la Corte Penal Internacional tiene una alta trascendencia para Colombia, en perspectiva del actual trabajo de la JEP en el procesamiento de crímenes sexuales y de género (CSG) en el marco del conflicto armado. Se trata del Caso Ongwen (The Prosecutor v. Dominic Ongwen, ICC-02/04-01/15). Es la primera sentencia de la CPI en la que se sanciona el embarazo forzado como crimen de lesa humanidad. Un antecedente sobre esta sensible temática fue el Caso Bemba (The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08). Inicialmente Bemba (presidente y comandante del Movimiento de Liberación del Congo) fue condenado por la sala de primera instancia a 18 años de prisión por violaciones perpetradas por subalternos como crímenes de guerra. Sin embargo, en una decisión muy controvertida, fue absuelto en 2018 por la sala de apelaciones en una votación dividida, al considerar que las operaciones en las que ocurrieron las violaciones tuvieron lugar en territorio extranjero y no tenía capacidad para vigilar las acciones (remote commander). Más problemático aún, el Caso Lubanga (The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06), en el que quedaron por fuera las denuncias relativas al crimen de esclavitud sexual y otros actos de violencia sexual (embarazos forzados, violaciones a niños reclutados), pese a la abundante evidencia sobre estas atrocidades. En 2019, en el Caso Ntaganda (Case: The Prosecutor v. Bosco Ntaganda, ICC-01/04-02/06-2442), la CPI tuvo oportunidad para pronunciarse sobre delitos de violación y esclavitud sexual como crímenes de lesa humanidad (CLH) y crímenes de guerra (CG).

Sin embargo, como se observa, la violencia sexual y basada en el género como CLH o CG había sido hasta la sentencia del Caso Ongwen uno de los grandes temas pendientes de la CPI. Por eso la sentencia del 4 de febrero de 2021 representa un hito histórico. Dominic Ongwen era el comandante de una brigada del Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), una organización de extrema derecha cristiana que alega tener como objetivo el establecimiento de una teocracia cristiana. Esta organización tiene presencia en el norte de Uganda desde finales de la década de 1980, pero ha desarrollado acciones en Sudán del Sur y el nordeste de la República Democrática del Congo. Entre las prácticas atroces del LRA se cuenta la celebración de "matrimonios" simulados con mujeres y niñas secuestradas, quienes eran asignadas a combatientes del LRA como botines de guerra, y eran forzadas a mantener relaciones sexuales con ellos. Ongwen se encargaba personalmente de estas asignaciones y ordenaba los secuestros; de hecho participó directamente en la perpetración de algunos de estos crímenes. En algunos casos, como rito de iniciación, forzaba a sus "esposas" a golpear hasta la muerte a soldados del ejército de Uganda capturados por el LRA.

Entre los crímenes sexuales y basados en género por los que fue condenado Ongwen se cuentan: tortura (como CLH y CG), violación (CLH y CG), esclavitud sexual (CLH y CG), esclavitud (CLH). Además se incluyeron el embarazo forzado (CLH y CG, art. 7.1.g y 8.2.e.iv del Estatuto de Roma) y el matrimonio forzado, sancionados por primera vez en aplicación del artículo 7.1.k ("otros actos inhumanos que constituyen CLH", cf. pág. 20/1077 de la sentencia).

El caso tiene unas complejidades adicionales. Ongwen fue reclutado forzadamente cuando aún era un niño de 10 años y desde el comienzo fue obligado a cometer asesinatos y mutilaciones, lo que lo convierte en una víctima del LRA. La defensa había argumentado que esta condición lo exoneraba de su responsabilidad penal; sus acciones fueron realizadas bajo coacción y amenaza de muerte o lesiones corporales. La Fiscalía, por su parte, consideró que esta condición no lo eximía de responsabilidad penal individual (art. 25 del Estatuto de Roma) pero podría ser tomada en cuenta en la determinación de la pena. Esta cuestión es una dimensión crucial para analizar casos colombianos, dada la estructura de violencia cíclica de los conflictos armados, que genera ese doble carácter de víctimas y perpetradores para muchos combatientes. En el Caso Ongwen, la CPI optó por evaluar su conducta como adulto en el período 2002-2005; está por verse si en la definición de la pena es tenida o no en cuenta su calidad de víctima de reclutamiento forzado.

Por las consideraciones previas, el Caso Ongwen puede tener repercusiones sustanciales en diversos casos que adelanta la JEP; particularmente en los relacionados con violencia basada en género cometida por las FARC- EP (ej. Caso 007 sobre Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado colombiano). En los informes de la Fiscalía General se cuentan unas 874 investigaciones por violencia basada en género, que involucran a unas 945 víctimas (la mayoría por acceso carnal violento y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y 21 casos de aborto sin consentimiento). Existen otros reportes acerca de prácticas de planificación forzada y aborto forzado como políticas de las FARC que incluso se encontraban en sus estatutos. Se ha alegado además la sistematicidad de las violaciones sexuales a guerrilleras de bajo rango y a rehenes en poder de esta guerrilla. Es cierto que por el débil desarrollo del tema en las sentencias de la CPI aún no contamos con un cuerpo más sólido de jurisprudencia que permita tener fundamentos más elaborados acerca de la responsabilidad del superior por este tipo de conductas atroces, pero el Caso Ongwen es sin duda un paso significativo en la lucha contra la impunidad.
 

Trump y el totalitarismo nazi: Reflexiones a la luz de Hannah Arendt

 

Por: Manuel Góngora Mera

Profesor de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte

NOTA: Buena parte del texto fue expuesto en el evento "Distorsiones y distopías del Derecho", disponible en YouTube

 

En “Los orígenes del Totalitarismo”, Hannah Arendt analiza algunos mecanismos que se pueden aplicar para el establecimiento de un régimen totalitario. Entre ellos se destacan:

1. La creación de un movimiento de masas

2. El uso de propaganda para crear una realidad alternativa para el movimiento y mantener la fidelidad del movimiento a esa ficción

3. La concentración del poder en el líder y su manipulación de la ley para suprimir progresivamente las libertades y derechos individuales

4. El uso del terror y la represión para eliminar la oposición y someter a la mayoría de la población

 

Voy a desarrollar estos cuatro puntos contrastando el régimen nazi y el de Trump.

1. El primer mecanismo consiste en reemplazar el sistema democrático de partidos por un movimiento de masas basado en una ideología con vocación explicativa universal, que Arendt define como un sistema basado en una sola idea que es suficientemente fuerte como para atraer y persuadir a la mayoría de la gente, y suficientemente amplio como para que se aplique a la mayoría de las experiencias de la vida. En el caso del régimen nazi, el movimiento de masas que reemplazó el sistema democrático de partidos se basó en la ideología racista. La idea simple en la que se basaba era en la existencia biológica de “razas” y la convicción de que hay unas superiores y otras inferiores. Esta idea debía explicar todo tipo de dinámicas sociales, económicas y geopolíticas de la época: desde la pobreza y retraso socioeconómico de países con prevalencia de “razas inferiores” (lo que justificaba el dominio europeo sobre tales pueblos) hasta la natural desaparición de las “razas inferiores” y el destino manifiesto de la expansión territorial germana sobre Europa oriental. Las implicaciones reales de esta lógica fueron atroces: la presencia en la sociedad alemana de poblaciones de “razas” consideradas inferiores suponía una amenaza para la pureza de la “raza aria”. En defensa de esta amenaza interna y externa se justificó el Holocausto y causó las millones de víctimas de la Segunda Guerra Mundial.

En el caso de Trump, la idea simple que logró implantar es: America first. Esta idea no es original; tuvo su desarrollo en las primeras décadas del siglo XX, y estuvo asociada al KKK y grupos fascistas: “América” alude a los blancos y a su primacía frente a los demás grupos raciales. Trump actualizó esta idea en términos xenofóbicos: “Primero los americanos”, con lo cual impuso una alteridad dicotómica entre ciudadanos y extranjeros, fácilmente comprensible por la mayoría de la gente. La respuesta elemental bajo esta simple lógica es que todos los problemas socieconómicos y políticos de Estados Unidos se resolverían si se detiene la inmigración. Lo que explica entre otras cosas el absurdo intento de construir un muro con un país con fronteras fluviales.

2. El segundo mecanismo, según Arendt, consiste en crear una realidad alternativa para el movimiento. A través del uso de métodos de propaganda, hay que desaparecer las bases de la realidad fáctica a favor de la interpretación ideológica de la realidad. El objetivo de este adoctrinamiento es lograr la lealtad total e incondicional al movimiento totalitario, creando un enemigo común al cual se le atribuye la responsabilidad de todo lo que está mal.

En el caso del régimen nazi, su ideología racista se sostuvo en varias teorías conspirativas que ya circulaban desde hacía varias décadas en Europa. Por ejemplo, usando los "Protocolos de los sabios de Zion", un texto publicado en 1903 en Rusia por un grupo de antisemitas, pero que luego fue traducido a varios idiomas en Europa y Estados Unidos y fue tomado como un documento verdadero, en el cual se revelaba la estrategia de los judíos para la conquista y dominación del mundo. Ese documento exacerbó los odios contra los judíos y fue una de las fuentes usadas por Hitler al redactar Mein Kampf.

La clave aquí es convencer al mayor número posible de personas de que las bases fácticas de la ideología son correctas. En el caso de los nazis, la existencia biológica de razas y sus jerarquías. Para ello se pueden usar diferentes técnicas de manipulación propagandística, como las que hicieron famoso a Goebbels. Con el tiempo, y prácticamente sin notarlo, gente con sentido común va radicalizando sus posturas y se vuelve reacia a considerar otras visiones. Así se logró que creyeran en teorías conspirativas ajustadas a la ideología racista. Por ejemplo, fue posible convencer a la gente de cosas tan disparatadas como los sacrificios y libaciones secretas que los judíos supuestamente realizaban secuestrando niños, usando su sangre como una especie de elíxir, o la existencia de un presunto pacto entre élites judías para la dominación global.

A pesar de lo inverosímil de estas teorías conspirativas, este es el tipo de ideas que defienden supremacistas blancos y otros seguidores de Trump agrupados en el movimiento Q-Anon. Afirman que una élite del deep state y de liberales de Hollywood tienen una red de pedófilos caníbales que hace libaciones con sangre de niños secuestrados para mantenerse jóvenes y tener poderes especiales. Creen que Trump está en una lucha secreta contra ellos y que se acerca el día en que los capturará y eliminará ("The Storm"), iniciando una nueva era de paz y armonía.

Para lograr esta desconexión con la realidad, Trump ha seguido varias de las técnicas nazis. El principio fundamental de Goebbels era el uso de la mentira para lograr el poder. Una vez instalado en el poder, la mentira totalitaria se convierte en la verdad de las masas. El elemento clave para alimentar esta verdad de masas es la repetición. Goebbels decía que la más brillante propaganda fracasa si no se concentra en unos cuantos puntos y se repiten incansablemente, hasta que de tanto repetirlos se convierten en verdad. Sobre este principio, Trump ha empleado, entre otros, estas técnicas de la propaganda nazi:

a) Simplificación: Plantear soluciones simples a problemas complejos. Por ejemplo: para acabar la criminalidad hay que impedir la inmigración de latinos. La premisa: los latinos son violadores y criminales.

b) Vulgarización: La propaganda debe adaptarse para que sea comprensible incluso para el individuo menos educado.

c) Transportación: Trasladar al adversario la carga de la argumentación y su defensa.

d) Renovación: Crear una mentira tras otra a un ritmo tal que cuando el adversario pueda responder, la gente ya está distraída con otra mentira.

e) Exageración: Convertir cualquier cuestión anecdótica del oponente en un asunto muy grave o de grandes implicaciones.

f) Unanimidad: Hacer creer a los seguidores que la idea o verdad que se difunde la acepta todo el mundo.

Hannah Arendt decía que las masas ideologizadas llegan a un punto en el que pueden creer en todo y en nada, y pensar que todo es posible y que nada es verdad. Esto nos ayuda a entender hoy a los terraplanistas, los que creen en la invasión de reptilianos y los que creen que el coronavirus se transmite por antenas 5G. También nos explica la férrea defensa de los seguidores de Trump por su presidente y la amenaza que representa para la democracia si Trump logra convencer a la gran mayoría de republicanos de un fraude masivo en las elecciones 2020.

3. El tercer mecanismo es la manipulación de la ley y las instituciones para lograr la paulatina concentración del poder en un líder, para así usar la ley y las instituciones en el logro de sus objetivos. El régimen nazi se apegó a sus propias leyes y las aplicó para suprimir progresivamente las libertades hasta alcanzar la dominación total de los ámbitos individuales. Así pudo llegar a cometer “legalmente” todo tipo de arbitrariedades y atrocidades. Desde el inicio del régimen nazi se suspendieron los derechos y garantías de la Constitución de Weimar, pero se alegaba que solo se iba a perseguir a determinados grupos (primero los comunistas y socialdemócratas). Después vinieron las leyes contra los judíos, gitanos y homosexuales. Finalmente la persecución se generalizó a cualquier persona que pudiera representar una amenaza al régimen. Cuando esto se logra, ya no es necesario respetar el derecho ni hacerlo público (Unrechtsstaat).

Ahí se hace posible la aniquilación de millones personas inocentes como criminales sin crimen. Se puede borrar cualquier identidad, diversidad y espontaneidad. Se les puede infringir todo tipo de atrocidades; se les puede llevar a campos de concentración y se les puede conducir a cámaras de gas como un acto mecanizado sin bestialidad individualizada. Pero esto no basta. Hay que asesinar a la persona moral, borrar los vestigios de su existencia, prohibir su recuerdo en su círculo de amigos. Según Arendt, una vez alcanzado este punto, en el que el Estado es capaz de privar al ser humano de su carácter humano y de borrar su existencia, el líder ya es reemplazable. Ante su eventual muerte, el país obedecerá a cualquiera que ocupe su puesto.

En el caso de Trump, su énfasis en estos cuatro años ha sido el recorte de libertades y derechos de los migrantes (predominantemente latinos). En este sentido, Trump ha cumplido con sus promesas y eso se lo reconocen sus electores. Además ha manipulado la ley para redirigir recursos para financiar su muro, ha usado el Departamento de Justicia para su propia defensa, ha aprovechado su influencia para cubrir vacantes en el aparato de justicia con personas afines a sus ideas, y superó un impeachment gracias a sus aliados republicanos en el Senado. También se ha retirado de tratados internacionales claves para la paz y la estabilidad mundial, consistente con su política unilateralista. Un listado detallado de todas las medidas adoptadas para estos propósitos tomaría demasiado espacio, pero el siguiente gráfico resume algunas de la órdenes ejecutivas y decisiones más importantes:

Foto: Trump White House, 21.12.2018. Copyright: Official White House Photo by Shealah Craighead / Dominio público

 

4. El cuarto mecanismo es el uso de métodos de represión y terror para eliminar opositores y disidentes. El miedo que estas tácticas generaron en la Alemania nazi llevaron a la conformidad y pasividad del ciudadano del común, que evitó oponerse a la nueva forma de gobierno para no ser su víctima. Para ello, inicialmente se usaron milicias como las SA, para luego profesionalizar el terror con las SS y la Policía Secreta (Gestapo).

En el caso de Trump, es claro que él se beneficia del auge que han tenido las milicias armadas de supremacistas blancos, que ya venían organizándose en oposición al gobierno Obama o incluso antes. Con el lockdown ha habido un crecimiento exponencial de estos grupos por redes sociales, que no se quedan sentados en sus computadores. Estos grupos ya han causado muertes en protestas del BLM y en diversos ataques armados. En el reciente debate presidencial, Trump se negó a condenar a estas milicias, e incluso les dijo que se mantuvieran alerta, como si se tratara de un comandante ante sus tropas. También hay reportes sobre la infiltración de supremacistas blancos en la policía. En un escenario de derrota electoral de Trump, y tras semanas de repetir hasta el cansancio que va a haber fraude, esta situación es extremadamente preocupante porque pone en riesgo la transferencia pacífica del poder. Y aún sin Trump en la Casa Blanca, estas fuerzas seguirán siendo una amenaza permanente para el gobierno de Biden.

Durante mucho tiempo me pregunté cómo fue posible que en 1933 millones de personas relativamente bien educadas eligieran a Hitler y aceptaran la violación masiva de derechos y libertades en el marco de un proyecto político abiertamente racista e inmoral. Esta pandemia me ha dado algunas respuestas. Mi preocupación es que cuatro años más de Trump pueden desatar a escala global los monstruos que creíamos haber derrotado hace 75 años. Por eso este no es un tema que atañe solo a los estadounidenses. Trump ha infundido vigor a la extrema derecha en diversos países. Y nos encontramos en un momento muy complejo para la democracia, porque la gente no puede salir a las calles a defenderla. Diversos gobiernos, tanto democráticos como autoritarios, han empleado el miedo como mecanismo de control social y vigilancia a gran escala. Y el miedo es poderoso. Destruye el pensamiento crítico, anula la disidencia, promueve la uniformidad. Y con ello, ganan espacio los hombres fuertes, los Trump, Bolsonaro, Erdogan, Putin, Orban, Modi, que saben guiarnos y protegernos del enemigo invisible. En varios países, esto ha justificado el debilitamiento del Estado de Derecho y la supresión de libertades, sin mayor consideración por la proporcionalidad y razonabilidad de las medidas. En algunas sociedades, estas arbitrariedades han tenido una buena recepción entre algunos sectores: "que el ejército salga a las calles y controle a los indisciplinados"; "que la policía dispare a mansalva a los vándalos"; "que mueran en prisión los privados de la libertad, porque por algo están ahí". Podríamos estar retrocediendo peligrosamente hacia democracias con candidatos elegidos para acabarlas. Si algo debió quedar claro con la victoria nazi en las elecciones de 1933 es que estos experimentos autoritarios conducen a la deshumanización de un "otro", desencadenando formas inconcebiblemente atroces de violencia.

El coronavirus en Perú: Análisis de proporcionalidad de medidas gubernamentales

 

Autores: Alexander Bueno, Isabella Cantillo y Gabriela García

Estudiantes de segundo semestre de Ciencia Política y Gobierno, Universidad del Norte

 

Imagen: Palacio de Gobierno del Perú, Lima.  ® Manuel Góngora Mera

Tras la confirmación de la OMS de la covid-19 como pandemia que ponía en peligro el bienestar y la salud de todas las personas en el mundo, los países latinoamericanos implementaron medidas estratégicas para contrarrestar y mitigar las consecuencias en sus países. A pesar de las medidas tomadas en América Latina, varios países han alcanzado altos niveles de contagios. Uno de los casos que más resuena es el del Perú, que para el 14 de septiembre alcanzaba el quinto lugar mundial en el total de casos confirmados de covid-19, y una de las tasas de letalidad más altas a escala global. Martin Vizcarra, jefe de Estado de la república del Perú, fue uno de los primeros mandatarios sudamericanos en declarar cuarentena obligatoria en el país y  llevar a cabo una serie de disposiciones que generaron diversas opiniones dentro de la población peruana sobre su efectividad. Además ha generado varios choques entre el ejecutivo y el Congreso (el más reciente, un proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral), agregando a la crisis sanitaria una grave crisis política. En este blog se resumen los resultados de un ensayo en el que analizamos desde diferentes aristas las restricciones ejecutadas por el gobierno de Perú haciendo uso del test de proporcionalidad, determinando si estas medidas cumplen con los criterios de idoneidad, necesidad y ponderación.

 

Medidas analizadas

Desde la llegada del coronavirus a Perú, el ejecutivo ha hecho esfuerzos inmensurables para mitigar el impacto que este virus puede tener a nivel económico y social, esfuerzos que se han materializado en leyes y decretos oficiales que argumentan ser de carácter necesario para salvaguardar la seguridad y bienestar de la población peruana. Sin embargo, hay un factor clave que debe ser sometido a cuestionamiento y es si son necesarias las limitaciones a las libertades y derechos de los peruanos consagrados en la Constitución de 1993 y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Perú, o si estas medidas resultan ser excesivamente restrictivas llegando al punto de vulnerar los derechos de la sociedad peruana. Para resolver las dudas en torno a las restricciones sobre estas libertades individuales y colectivas se presentarán en este artículo cinco disposiciones del gobierno durante esta crisis, su impacto y cómo se han implementado.

 

1. Estado de emergencia


La primera medida fue implementada por el presidente Martin Vizcarra el 15 de marzo del 2020, cuando decretó el estado de emergencia nacional, incluyendo el cierre total de fronteras y el aislamiento preventivo, en virtud de lo establecido en el artículo 44 de la constitución peruana, el cual establece que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas en contra de su seguridad, y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación, además de otros artículos de la carta magna que buscan proteger el bienestar del pueblo peruano. Según las estadísticas que nos brinda Ipsos, a la fecha del 21 de marzo del 2020, se realizó una encuesta para evaluar las medidas tomadas por el gobierno para contrarrestar el Covid-19, obteniendo resultados positivos, especialmente la medida de decretar el aislamiento preventivo. En otra encuesta, también realizada por Ipsos en mayo del 2020 se puede observar que los ciudadanos estaban de acuerdo en cómo estaba evolucionando la gestión pública para contener el avance del virus. Para la redacción del ensayo base para este blog, se elaboró un sondeo a cincuenta personas peruanas elegidas aleatoriamente por medio de redes sociales y esta encuesta reflejó datos similares a los obtenidos por Ipsos.

 

 

2. Cierre de fronteras

Con el anuncio de la declaración del estado de emergencia y del cierre total de las fronteras mediante el decreto supremo N° 044-2020-PCM el 16 de marzo, la república del Perú suspendió la salida y/o entrada del país por cualquier medio de transporte por los primeros 15 días, plazo que se ha venido extendiendo por varias semanas.  Por medio de una entrevista, el ministro de defensa Walter Martos dio el anuncio del cierre total de los aeropuertos el 21 de marzo e indicó que este sería el último día en el que el gobierno peruano brindaría ayuda a los peruanos que estaban en el exterior para retornar a casa.
 

3. Impunidad penal: La ley de protección policial

La ley N° 31012 de protección policial, publicada el 28 de marzo de 2020 tras ser aprobada por el Congreso de la república del Perú, trae consigo la modificación al numeral 11 del artículo 20 del código penal, que hace referencia a los sujetos exentos de responsabilidad penal. Aunque su redacción fue previa a la pandemia y  no es una medida directa para mitigar la propagación del virus, la legislación ha causado preocupación en entidades como la Comisión Interamericana de Derechos humanos y la ONU, ya que en palabras de Jan Jarab, representante en América del Sur de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “en varios aspectos contraviene normas y estándares internacionales de Derechos Humanos.”


En relación con lo anterior, esta nueva norma ha sido altamente cuestionada ya que deroga el principio de proporcionalidad que principalmente imposibilita que miembros de la fuerza pública hagan uso de la fuerza de manera arbitraria, vulnerando principios fundamentales de la constitución del Perú.

 

4. Conmutación para evitar el hacinamiento en cárceles

El dos de mayo del 2020, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entregó documentos de conmutación o indulto a reclusos que estuviesen pagando condenas y estuviesen privados de la libertad. En la lista de prioridad se encuentran mujeres embarazadas y madres con hijos dentro de penales, la salida de estas personas se facilitará para mejorar la situación dentro de los centros penitenciarios teniendo en cuenta ciertos criterios. Adicionalmente, el 19 de mayo del 2020 el gobierno le pidió facultades al Congreso para legislar en el tema del hacinamiento en los centros penitenciarios. Además, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario informó que gracias a las medidas establecidas por el ejecutivo la población en centros de reclusión se redujo aproximadamente un 8,1%.


5. Reanudación de actividades por fases

Otra de las medidas que fueron evaluadas con la aplicación del test de proporcionalidad es la decisión tomada por el gobierno peruano en el decreto supremo N°080-2020-PCM el cual indica la aprobación de la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. Esta reanudación está organizada en 4 fases de las cuales la primera fase fue aprobada para dar inicio en el mes de mayo con los sectores de minería e industria, construcción, servicios y turismo.


Para determinar si el gobierno peruano ha tomado las decisiones correctas para contrarrestar la propagación del virus se utilizó como herramienta la prueba de proporcionalidad el cual brinda tres criterios para identificar si medidas son realmente necesarias, cumplen con el fin que invocan y las limitaciones de estas libertades individuales representan la protección del bienestar y la salud de la sociedad peruana.


Al someter todas las medidas al análisis a partir de los criterios ya mencionados, se evidenció que las disposiciones 1, 2, 4 y 5 cumplen con todos los criterios, es decir todas son proporcionales al fin que invocan. La única que a la luz de este estudio no cumplió con los tres criterios fue la ley de protección policial.  Esta ley no era necesaria ya que hay otros medios alternativos para garantizar la protección de la fuerza pública y, además, los beneficios de esta medida son inferiores a las ventajas que trae implementarla porque pone en peligro el derecho a la vida señalado en el artículo 2 de la Constitución del Perú y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que propicia el escenario perfecto para crear espacios de impunidad cuando algún miembro de la policía se extralimite en sus funciones.

Después de las interpretaciones nos queda por preguntar: ¿Realmente el gobierno peruano buscó con esta medida salvaguardar los derechos fundamentales de la población peruana o solo le está dando camino libre a la fuerza pública para atentar en contra de la integridad de su carta magna y el bienestar de sus ciudadanos?


Para terminar, además del test de proporcionalidad se debe tener en cuenta el contexto social donde se desarrollan estas limitaciones de derechos. Un ejemplo claro es la recepción que ha tenido la ley de protección policial. Pese a que no es idónea, necesaria ni proporcional desde un análisis constitucional y del DIDH, en diálogos desarrollados por los autores de este texto con ciudadanos peruanos se observó que muchas personas consideran que esta ley es necesaria debido a la pérdida de autoridad y los atropellos constantes que han sufrido las fuerzas militares y policiales del Perú a lo largo de su historia. En palabras de uno de los participantes de la encuesta realizada para el ensayo: “Desde mi punto de vista, las medidas han sido buenas. Pero la realidad peruana es muy diferente, uno puede plantear distintos planes teniéndolos como hipótesis, pero en la ejecución o práctica cambia totalmente”. Al parecer, medidas de corte autoritario cuentan con apoyo popular, como ha ocurrido en otros países en el marco de la pandemia.

¿Si soy presidiario salvadoreño he dejado de ser humano?

Por: Athina Guatecique Pacheco y María de los Ángeles Salas

Estudiantes de Segundo Semestre de Ciencia Política y Gobierno

 

Las peores epidemias no son biológicas, sino morales. En las situaciones de crisis, sale a luz lo peor de la sociedad: insolidaridad, egoísmo, inmadurez, irracionalidad.

Albert Camus, La Peste

 

La pandemia del coronavirus no solo ha revelado la debilidad del sistema de salud de la mayoría de los países que están siendo afectados. Ha puesto a prueba la fortaleza institucional de los gobiernos latinoamericanos. En países como Perú, Bolivia, Ecuador, Honduras, Uruguay, Panamá, El Salvador y Colombia, en la búsqueda de mantener a salvo a su población, se han visto obligados a declarar el estado de emergencia en su territorio.


Al respecto de los estados de excepción, Carl Schmitt, sin duda uno de los teóricos más controvertidos por sus escritos y su conexión con el régimen nazi, afirmaba que la "excepción" es la capacidad del soberano para tomar decisiones en términos de su voluntad política, en lugar de estar limitado por normativas legales. Consciente de los riesgos de los estados de excepción, la Oficina del Alto comisionado de la ONU el pasado 14 abril planteó una serie de estándares que los Estados miembros deben seguir en pro del respeto de los derechos humanos: “El DI permite la adopción de medidas de urgencia en respuesta a amenazas de gran entidad, pero las medidas que limiten los derechos humanos han de ser necesarias y proporcionales al riesgo estimado, y deben aplicarse de manera no discriminatoria” ACNUDH (2020).


En este texto nos concentramos en El Salvador. Su presidente, Nayib Bukele, el pasado 14 de marzo decretó el estado de excepción por 30 días de forma que se le otorgase facultad para restringir los derechos constitucionales de los salvadoreños a la libre circulación, reunión pacífica y el derecho a no ser obligado a cambiar de lugar de residencia. En el documento no está autorizada la limitación de otros derechos fundamentales. Por tanto, es arbitraria toda medida tomada en este tiempo y que no cumpla con los estándares de proporcionalidad.


El presidente, en el uso de sus facultades excepcionales, presentó al inicio de la pandemia una serie de medidas que dentro de poco tiempo se hicieron virales en redes sociales, en las que anunciaba la interrupción del pago de servicios básicos como agua, luz e incluso internet, durante tres meses y para toda la población. Además de anunciar el pago de un subsidio de 300 dólares para aproximadamente el 75 % de los hogares salvadoreños. Estas ambiciosas medidas de corte populista fueron alabadas y puestas como ejemplo por muchas personas en todo el mundo.   Fue elogiado por tomar medidas tan radicales a pesar de tener en ese entonces, solo 3 reportes de casos confirmados de COVID-19, según reporte de la Revista Semana.

Sin embargo, el comportamiento autoritario de Bukele despertó inconformidades entre distintos sectores. El director de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Javier Castro, afirmó en una entrevista para la DW en español que: “estamos viendo que esas conductas se están reproduciendo de nuevo durante la emergencia (por el coronavirus) al punto que se está violentando el principio de separación de poderes al no respetar las decisiones de la Sala Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) y también al invadir facultades legislativas”. Pero lo que ha causado indignación internacional es el abuso hacia la dignidad humana de la población carcelaria, con las medidas internas-externas tomadas por el presidente salvadoreño hacia los centros penitenciarios. Sin dudas, el gobierno ha atacado sistemáticamente derechos constitucionales, acumulando prácticas inhumanas que, aunque no son novedosas, con la pandemia solo han conseguido agravarse. Anotemos que El Salvador es el segundo país con mayor tasa de presos per cápita en el mundo según cifras del World Prison Population List, con 604 por cada 100.000 habitantes.


Así mismo, preocupa que la tasa de hacinamiento promedio en las cárceles es del 142%, lo que en el marco de la pandemia hace que la situación de los detenidos sea crítica. Un informe del 2019 de la CIDH, basado en visitas in loco en cárceles salvadoreñas, evidencia las circunstancias inhumanas en las que viven los detenidos. La infraestructura de las cárceles es deficiente; no tienen horas al sol; no están en contacto con otros internos salvo sus compañeros de celda y no realizan ningún tipo de actividad académica, laboral o recreativa; hay insalubridad y carecen de programas de reinserción social. Los centros de seguridad y máxima seguridad afectan gravemente a aproximadamente 16.000 personas; la atención médica es insuficiente, el escaso e inadecuado acceso al agua son parte de la cotidianeidad. Además, la CIDH fue informada sobre el hecho de que cerca del 60% de los casos de tuberculosis del país se encontraban en las cárceles, indicando que la salud en centros penitenciarios desde hace tiempo ha sido un asunto desatendido por las autoridades públicas.


Poniendo en una misma mesa la visita de la CIDH a las cárceles salvadoreñas, y comparándolo con la situación actual, se evidencia que no son novedosas las precarias garantías y condiciones brindadas por parte del Estado, permitiendo entrever la dureza de los centros penitenciarios, cuya responsabilidad recae en el gobierno. Dureza que no cumple con los mandatos constitucionales y deshumaniza a los presos: sin ley, pero con orden.

No es una dádiva ni un ejercicio de compasión del Estado el garantizar los derechos constitucionales. Es su obligación, como establece el artículo 27: “(...) El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formar hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos.” Artículo que claramente contrasta con la realidad social de los detenidos, que en la práctica sufren una violación sistemática de su dignidad humana.  


El domingo 26 de abril, el viceministro de Justicia de El Salvador, Osiris Luna Meza anunció unas de las medidas previstas por el estado de emergencia decretado en las cárceles. Autorizó a la policía y al ejército el uso de la fuerza letal, e incluso mezclar en las mismas celdas a miembros de pandillas rivales, impidiéndoles recibir visitas y dificultando el aislamiento social a causa de la pandemia. La medida ordenada presentaba dos claros objetivos: el primero de ellos era intentar controlar la tasa de homicidios, sin involucrarse con la raíz de los mismos e ir directamente a los culpables. Y el segundo objetivo perceptible era desviar la atención sobre el foco principal de las deplorables circunstancias en que se encuentran los detenidos. Se intentó justificar estas medidas relacionándolas con asesinatos ordenados desde las cárceles, intentando de esta forma ponderar la dignidad humana.


Aplicando test de proporcionalidad, es evidente que la medida adoptada no resulta idónea para el fin que se invocó, dado que infringe gravemente el derecho constitucional a la dignidad humana; discrimina la vida, restándole valor por el hecho de pertenecer a la población carcelaria. Además, no cumple el fin que invoca (la seguridad pública). Al juntar pandillas rivales al interior de los centros penitenciarios, solo consigue atentar contra derechos fundamentales y aumentar los homicidios en estos centros.


Pero si no fue idónea, ¿era al menos necesaria? Si se buscaba garantizar el derecho a la seguridad pública por las órdenes dadas desde dentro de las cárceles, podría haberse abierto una investigación para aprehender a las personas implicadas en este modus operandi. Mezclar pandillas no disminuye esta práctica ya que no ataca la raíz del problema. Crear aglomeraciones al interior de las cárceles no disminuiría los homicidios externos. Aun así, ¿tiene esta medida algún beneficio real? Se creía que el efecto de mezclar a las pandillas fuese acabar con los problemas del aumento de los homicidios, más solo aumentó la conducta criminal-homicida desde las cárceles.


Las redes sociales están plagadas de discusiones que les niegan sus derechos constitucionales a las personas en situación de detención: como criminales, no son ciudadanos, y no son dignos de ser protegidos por el Estado. Asumamos que jurídicamente la dignidad humana, como principio y derecho constitucional, es inviolable; no es un tema de negociación política, ni puede depender de las preferencias o votos entre los ciudadanos. La dignidad humana no es un derecho de compasión, ni puede quedar a merced de la opinión o debate público, ya que puede ser manipulada para todo tipo de propósitos, hasta el punto de que sea viable que le sea negada a alguna parte de la población. Recordemos que los estados de excepción no son oportunidades estatales para incurrir en actos inconstitucionales o violatorios del derecho internacional; cualquier intento de interrumpir la vigencia de los derechos humanos debe ser procesado, juzgado y condenado. No puede haber norma o decisión judicial que le quite a alguna persona su condición de ser humano.

PAX COLOMBIANA = ¿PAX CHRISTIANA?

Por: Laetitia Ruiz

Profesora del área de Derecho Internacional de la Universidad del Norte

 

Ayer (25 de agosto de 2020), la Silla Vacía publicó un artículo titulado “La enseñanza contra el progresismo en cartilla de la Oficina del Comisionado para la Paz” en el que se nos informa que un diplomado online organizado por dos instituciones públicas colombianas - la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) – enseña a los participantes del diplomado sobre la ‘Paz, convivencia y Cultura de Legalidad’ que la ideología progresista es fuente de violencias secundarias en Colombia.

El no-filosofo puede ser perdonado por no ver lo escandaloso de la frase anterior. De manera general, solo una persona con un poco de conocimiento filosófico podría inmediatamente identificar lo problemático con la cartilla elaborada para el diplomado, con los logos oficiales tanto de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como de la ESAP. No soy filósofa; por eso dejo el análisis filosófico a los filósofos y voy a enfocarme en lo que sé: el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). En particular, voy a enfocarme en uno de los pilares de la ideología progresista identificado por el autor de la cartilla (ver texto completo en el artículo de la Silla Vacía), Camilo Noguera Pardo: el ateísmo. ¿Por qué la inclusión del ateísmo como una fuente de violencia y de “extravío moral” en esta cartilla con los logos de dos instituciones públicas colombianas es problemática desde la perspectiva del DIDH?

La respuesta corta es la siguiente: ser ateo es un derecho humano protegido a nivel internacional y regional. Puede ser que esta respuesta no sea satisfactoria porque deja muchas preguntas sin respuesta, tales como ¿en qué sentido la cartilla vulnera o invita a la vulneración de los derechos humanos de las personas ateas? O, ¿por qué esta cartilla es tan problemática en sí, considerando que otro derecho humano es precisamente la libertad de opinión y de expresión? Estas preguntas necesitan respuesta y, por eso, ahora comienza la respuesta larga.

Empecemos con la protección internacional de los derechos humanos y en particular con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ratificado por Colombia. En su artículo 18, el PIDCP protege la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En particular, estipula que “este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección”. Este lenguaje no nos dice precisamente que el ateísmo es una creencia protegida por el artículo. Para claridad necesitamos referirnos al Comentario General No. 22 del Comité de Derechos Humanos, el órgano encargado de, entre otros, interpretar el PIDCP. Este Comentario General No. 22 de 1993 – es decir, no es una novedad en el derecho internacional – nos dice que el “artículo 18 protege las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión o creencia”. Ahora no hay confusión posible: el Estado Colombiano tiene la obligación de respetar las creencias ateístas.

A nivel regional, un artículo muy similar se encuentra en la Convención Americana sobre Derechos Humanos  (CADH). El artículo 12 garantiza “la libertad de conciencia y de religión [lo que] implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias”. El artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza “la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. Y el artículo 8 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos garantiza la libertad de conciencia y religión. De nuevo, surge la cuestión acerca de si estos instrumentos interpretan la libertad de creencias como lo hizo el Comité de Derechos Humanos en 1993.

No podemos encontrar una respuesta satisfactoria a esta pregunta en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya jurisdicción contenciosa fue aceptada por Colombia cuando ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos) porque la Corte no ha tenido la oportunidad de conocer muchos casos que aleguen una violación de la libertad de religión, conciencia o creencias y por ello no ha desarrollado una jurisprudencia comprehensiva sobre este tema. Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí se ha pronunciado varias veces sobre la interpretación y el alcance de la libertad de religión y de conciencia. Su interpretación, sin duda alguna, está en consonancia con la del Comité de Derechos Humanos. En el caso Kokkinakis vs Grecia de 1993 – de nuevo, no estamos hablando de una interpretación particularmente novedosa de este derecho humano – el Tribunal decidió que “Tal como viene protegida por el artículo 9, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión constituye una de las bases de una ‘sociedad democrática’ en el sentido del Convenio. Figura entre los elementos más esenciales de la identidad de los creyentes y de su concepción de la vida, pero también es un bien precioso para los ateos, los agnósticos, los escépticos o los indiferentes".

Como se ha establecido previamente, aunque no existe una jurisprudencia comprehensiva sobre el alcance del artículo 12 de la CADH, no hay razón de pensar que su interpretación sería diferente de la del Comité de Derechos Humanos o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto de la protección de las creencias, entre otras, ateas. Además, y aquí me arriesgo a ir en un terreno un poco desconocido para mí – el derecho constitucional colombiano – la Corte Constitucional Colombiana, en varias de sus sentencias, se ha referido a la jurisprudencia e interpretación universal (como la del Comité de Derechos Humanos) y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, podemos cerrar el círculo y volver al punto de partida de nuestro análisis: la cartilla elaborada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la ESAP. Esta cartilla hace parte de un grupo de documentos puestos a la disposición de las personas que participan en el diplomado, con el objetivo de, si le creemos a la descripción del curso, “profundizar en temas que fortalecerán […] la labor cotidiana [de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la ESAP]”.

Como se indicó al inicio, esa cartilla establece la ideología progresista como una fuente de violencia y de extravío moral en Colombia. Presenta al ateísmo como uno de los pilares de esta ideología progresista. ¿Por qué eso es tan problemático? De nuevo, hay una respuesta corta y otra un poquito más larga. La respuesta corta es: porque la cartilla es un documento que emana de instituciones públicas colombianas.

Y ahora la respuesta larga. La Silla Vacía contactó al Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos Arévalo, quién les dijo que “pese a que el logo de su oficina (y de la ESAP) aparece en todas las páginas, la cartilla es del autor (su asesor Camilo Noguera Pardo) y que es él quien responde por sus afirmaciones” y que, por eso, “el texto no representa a su Oficina”. Si Camilo Noguera Pardo hubiera publicado ese mismo texto en una revista académica, no habría ningún problema. La cartilla estaría protegida por la libertad de opinión y expresión, un derecho humano consagrado en cada uno de los instrumentos internacionales y regionales mencionados anteriormente. Pero ese no fue el caso. Los logos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de la ESAP aparecen en cada una de las páginas de la cartilla. En la segunda página de la cartilla aparece también el nombre del Comisionado para la paz al lado de los nombres de los directivos de la ESAP, todos representantes del Estado colombiano. Sostener que la cartilla representa únicamente la opinión de su autor es una posición que es muy difícil mantener. Es aún más difícil de mantener cuando uno lee la descripción del curso enviada a las personas al momento de inscribirse: “La Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) los invitan a inscribirse…” Esta invitación no dice: “Camilo Noguera Pardo los invita a inscribirse…”

Por lo anterior, un documento en el que aparecen los logos oficiales de dos instituciones públicas colombianas nos enseña que el ateísmo, entre otros, es una fuente de violencia en Colombia. Si uno lee entre líneas, lo que este documento dice es que para asegurar una paz duradera en Colombia debemos combatir las fuentes de la violencia. Una de estas fuentes es el ateísmo. Por tanto, si queremos paz, debemos combatir el ateísmo. Todo esto podría traducirse en el lenguaje del DIDH como: el Estado colombiano, aduciendo el logro de la paz, apoya la vulneración de un derecho humano.

El potencial peligro que plantea ese documento fue entendido por la ESAP, cuyo Director Nacional anunció esta mañana (26 de agosto) en un comunicado oficial que la ESAP “no ejerció debidamente la tarea de revisar y corregir de manera adecuada” la cartilla. Este peligro va mucho más allá que el enfoque de la presente contribución, planteando preguntas sobre la laicidad y la neutralidad del Estado colombiano, las ideologías religiosas y filosóficas patrocinadas por el Estado colombiano expuestas en esta cartilla, y también el enfoque de la cartilla en el dogma católico, en detrimento de otras religiones presentes en Colombia, tal como las creencias indígenas. Muchas preguntas que dejo para los filósofos y los abogados constitucionalistas.

 

Belomaidan: O lo que va de Ucrania a Bielorrusia

Por: Manuel Góngora Mera

Profesor de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte

 

En 2019 tuve la oportunidad de observar las elecciones presidenciales de Ucrania durante una corta estancia en Kiev. Me quedaron varias impresiones. Una sociedad hastiada de su clase política, buscando una renovación total de sus dirigentes, probando caminos no recorridos. Eligieron a un humorista como presidente. Me parecía un experimento desesperado, tras varios años sufriendo los desastres de una serie de eventos que los llevaron a terminar en el medio de los intereses geopolíticos de Rusia y la Unión Europea.

Imagen: Resultados de las elecciones presidenciales de Ucrania de 2019, en la Plaza de Sofía (Kiev). ® Manuel Góngora-Mera

 

A finales de 2013, después de que el presidente Janukowytsch rechazara la firma del Tratado de Asociación y Libre Comercio con la Unión Europea, los estudiantes primero, y posteriormente una masa popular, se tomaron edificios y secciones de Maidan, la icónica plaza de la Independencia. La mayoría de la población deseaba integrarse a la UE y estaba harta del gobierno. Las promesas de los líderes europeos y el lenguaje altisonante de la UE fueron interpretados como un apoyo firme al movimiento proeuropeo en Ucrania, lo que le dio fuerza. Janukowytsch huyó del país después de la represión violenta con fuerzas especiales, que terminó con la muerte de unas 80 personas. La respuesta rusa fue contundente: la anexión de Crimea y la desestabilización de Ucrania, apoyando fuerzas irregulares que desarrollan un conflicto separatista en dos regiones al oriente de Ucrania. Esto fortaleció internamente a Putin y en parte lo convirtió en lo que es hoy. Por su parte, la UE solo logró ponerse de acuerdo en torno al cierre de canales diplomáticos con Rusia, la aplicación de algunas sanciones económicas, y unas cuantas restricciones individuales de viajes a funcionarios rusos a países de la UE, pero reveló sus divisiones internas frente al tema ruso y la sensación en Ucrania es que fue abandonada a su suerte. Las cicatrices de estos eventos están abiertas y visibles en los espacios de memoria de Maidán.

Imagen: Espacios de memoria por las víctimas de la represión en la Plaza de la Independencia (Kiev). ® Manuel Góngora-Mera

 

En los últimos días, un levantamiento popular con varios paralelismos con el caso ucraniano se ha producido en Bielorrusia, después de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales que dieron por ganador al actual presidente Alexander Lukashenko. Las imágenes esperanzadoras de miles de ciudadanos bielorrusos marchando por las calles de Minsk pidiendo elecciones libres y el fin de 26 años de gobierno dictatorial se entremezclan con los crudos relatos e imágenes de miles de víctimas del régimen, que han sido detenidas arbitrariamente y torturadas en el marco de estas protestas. Se están perpetrando crímenes de lesa humanidad en Bielorrusia desde hace ya mucho tiempo, pero esta última ola represiva ha tenido una respuesta muy diferente entre la población. En lugar de miedo, ha generado determinación para enfrentarse al régimen y ponerle fin.

En 2014, para los medios de comunicación afines a Rusia, los protestantes de Maidan eran marionetas de los poderes occidentales, quienes orquestaron el levantamiento mediante agentes infiltrados que generaron el caos, con el objetivo de lograr la caída de un aliado ruso. Esta estrategia de deslegitimación de un movimiento genuinamente popular es la que se está aplicando actualmente en Bielorrusia. Por un lado, circulan en redes diversas teorías conspirativas, que sostienen que Lukashenko no se alineó a los poderes occidentales y a la OMS para establecer restricciones a las libertades para la contención del coronavirus y por eso le están pasando la cuenta de cobro. Bajo esta “lógica”, quienes protestan contra el régimen persiguen los intereses oscuros de Bill Gates, la OMS y la UE. Por otra parte, algunos medios afines a Rusia promueven la idea de un Belomaidan o un Minsk-Maidan, deslegitimado bajo los mismos argumentos planteados en 2014 con el caso ucraniano: las protestas estarían coordinadas y financiadas desde países europeos, con el propósito de promover la caída de un aliado del Kremlin o atentar contra la independencia nacional. En Twitter, #BeloMaidan se contrasta con las marchas a favor de Lukashenko, que se identifican como #ForBelarus.

Por supuesto, en un mundo de fake news y manipulación masiva de la información, es difícil impedir que estas ideas se difundan y cumplan sus propósitos. Lo que está detrás de esta narrativa es evidente: Rusia no va a tolerar que otro aliado histórico pase al área de influencia de la UE. Sus fronteras físicas ya colindan con miembros de la OTAN: Estonia y Letonia al nororiente, y Turquía por el Mar Negro, al suroriente del país. Bielorrusia y Ucrania son geoestratégicas para la seguridad nacional rusa como barreras de contención en Europa Oriental. A la UE le costó entender este punto, lo que la llevó a medir fuerzas con Rusia, y con ello, provocando el desastre que vive Ucrania. Por eso esta vez su reacción ha sido más mesurada. Desgastados por el manejo de la pandemia del coronavirus, y con la lección aprendida en Kiev, los europeos han optado por dar una voz de apoyo a las marchas en Minsk y desconocer las elecciones, pero sin dar la sensación de que intervendrán de manera decidida en los eventos internos bielorrusos.

En julio, Putin logró consolidarse por un periodo indefinido en el poder (en teoría hasta el 2036), gracias a la ratificación de la reforma constitucional que lo autoriza a presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. Y si sus opositores siguen muriendo envenenados o son detenidos en prisión, la comunidad internacional muy probablemente tendrá que lidiar con Putin por varios años más. Parece que es tiempo de que la UE restablezca canales diplomáticos con Rusia y convencer a Putin de que no hay interés en incorporar a Bielorrusia en el área de influencia de la UE, si no quiere que se repita la historia de Ucrania. Según el manejo que le dé la UE a la crisis, estos podrían ser los primeros pasos para avanzar hacia la democratización de Bielorrusia, o bien podría terminar en una nueva demostración de fuerza rusa sobre una Europa profundamente dividida.

Sobre el proyecto de restricción de la protesta social

 

Por: Manuel Góngora Mera

Profesor de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte

 

Imagen: Protesta estudiantil en Bogotá. ® Manuel Góngora-Mera

 

El derecho a la protesta es la combinación del derecho a la libertad de expresión y los derechos de reunión y asociación. Está protegido constitucionalmente por los artículos 20 (libertad de expresión), 37 (derecho a reunirse pacíficamente), 38 (asociación) y 40 (participación en el control del poder). También en tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad (artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sin embargo, estos derechos en América Latina (y actualmente también en Estados Unidos) son reprimidos sistemáticamente, no solo a través de violencia policial y militar sino también mediante diversas leyes que en los últimos años han criminalizado la protesta social. Esto ha legitimado ejecuciones extrajudiciales o sumarias, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra población civil, defensores de derechos humanos y periodistas en el contexto de marchas y manifestaciones pacíficas. Por eso el sistema interamericano de derechos humanos ha sido enfático en criticar a los Estados que restringen desproporcionadamente el derecho a la protesta o que utilizan la ley como un medio para disuadir la movilización social contra el gobierno o reprimirla violentamente con escuadrones con entrenamiento militar o antiterrorista. De hecho ha sostenido que los Estados no deben contener protestas usando el ejército, ya que este es un cuerpo destinado a la defensa exterior, no al mantenimiento del orden público.

La protesta, como los demás derechos, no es absoluta. Sus límites son básicamente los de la libertad de expresión (no se permite la propaganda de guerra, ni el discurso de odio o discriminación racial, ni la apología a la violencia, ni la pornografía infantil) y los del derecho a la huelga (en Colombia no opera en servicios públicos esenciales). En casos en que una protesta genere una afectación real e intolerable al orden público, el Estado tiene la facultad de intervenir y restablecer el orden, pero con el uso proporcionado de la fuerza.

La protesta social hasta inicios de este año le estaba restando gobernabilidad a Duque. La pandemia mandó la protesta a una especie de detención domiciliaria, y esto le devolvió temporalmente gobernabilidad a Duque. Es muy probable que en cuanto el pico pase y la cuarentena ya no se pueda extender por más tiempo, resurja el descontento social represado durante todos estos meses. Y por eso es muy conveniente para el gobierno la expedición de una ley que contenga esa oposición.

La reforma que se plantea en el Congreso no es necesaria porque ya hay normas, contravenciones y delitos que proscriben el daño en bien ajeno o a bienes públicos. Ya tenemos normas suficientes para detener y procesar a alguien que rompe los vidrios de un Transmilenio.

La reforma es un retroceso en la protección de la democracia participativa. Habilita al Estado a reprimir las protestas, a tener más herramientas legales para anularlas, debilitarlas o incluso disuadirlas. Eso es incompatible con principios básicos de sociedades libres y encaja en la arquitectura de opresión que progresivamente se está imponiendo en diversos países.

La reforma es además peligrosista, porque se basa en presunciones vagas y prejuicios que maximizan el uso del derecho penal en contra de hombres jóvenes y minorías, como pasa por ejemplo con la ley antiterrorista en Chile, que ha sido aplicada desproporcionadamente contra los mapuches. Se crea una etiqueta de "vándalos" contra los estudiantes, los amenazan con quitarles sus becas, y establecen definiciones vagas de lo que se interpreta como acto de violencia, con lo cual gritar podría encajar como violencia.

Finalmente, no debemos perder de vista lo que está en juego aquí. La esencia de la protesta social es la existencia o percepción de existencia de un daño o agravio causado por el Estado a una parte de la población. Esa población se hace visible, se moviliza, expresa sus argumentos, busca una respuesta del Estado. Lamentablemente en Colombia los gobiernos en lugar de atender esas demandas, toman la vía fácil y desvían la atención hacia focos violentos en las protestas. En lugar de individualizar la violencia, la generalizan para deslegitimar la protesta. Eso, en el marco histórico de un uso excesivo y arbitrario de esa fuerza, ha creado las condiciones ideales para amordazar la protesta y con ella, la democracia.