Puntos Clave del Proyecto de Reforma Electoral
Publicado en: mar, 06 jun 2017 15:19:00 -0500

PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO DE REFORMA ELECTORAL.

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 012 DE 2017 CÁMARA)

El Ministerio de Interior radicó el proyecto de Acto Legislativo a través del cual se busca adoptar la reforma política y electoral. Esta propuesta busca implementar lo establecido en el punto de Participación Política del Acuerdo de Paz, materializando cambios orientados a la profundización de la democracia, la promoción de la participación política, la erradicación de la corrupción, la modernización del régimen electoral, entre otros. Siguiendo lo dispuesto en el Acuerdo, el proyecto fue elaborado a partir de las recomendaciones otorgadas por la Misión Electoral Especial, que previamente se reunió con partidos y organizaciones políticas del país para recibir sus sugerencias. El proyecto propone modificar una serie de artículos de la Constitución Política, relacionados con la financiación y el reconocimiento de partidos y movimientos políticos, la autoridad electoral, los requisitos e incompatibilidades para ser congresistas, entre otros. A continuación, se presentan algunos de los principales cambios propuestos en el proyecto.

  • Reconocimiento de personería jurídica y ejercicio de derechos de movimientos políticos y partidos políticos

El proyecto propone diferenciar el requisito para el reconocimiento de personería jurídica de los movimientos políticos y de los partidos políticos, exigiendo una base de afiliados de al menos el 0.2% del censo electoral nacional para los primeros, y una votación de al menos el 3% de los votos emitidos válidamente en el país durante las elecciones anteriores a la Cámara o el Senado para los segundos. Asimismo, busca establecer un régimen diferenciado de derechos para estas organizaciones, de manera tal que mientras los partidos gozarían de la totalidad de los derechos, los movimientos sólo podrían postular listas y candidatos cumpliendo con requisitos específicos adicionales.  En ese marco, la obtención de un mínimo de votos no sería causal de pérdida de personería jurídica.  El proyecto también permitiría limitar el derecho de postulación de candidatos de los grupos significativos de ciudadanos, que sólo podrían ejercer dicho derecho en las elecciones municipales y distritales. Estos cambios funcionarían a partir de un período de transición.

Actualmente, tanto a partidos como movimientos políticos y a los grupos significativos de ciudadanos, se les exige tener el 3% de los votos válidos en las elecciones a la Cámara o Senado para tener personería jurídica. El hecho de no obtener el mínimo de votos implica la pérdida de la personería jurídica del partido político. Asimismo, se exige que estas organizaciones celebren, al menos bianualmente, convenciones de miembros. Todas las organizaciones políticas tienen el derecho de inscribir candidatos sin el cumplimiento de requisitos adicionales. Los grupos significativos de ciudadanos tienen derecho a inscribir candidatos a cargos de elección popular.

  • Financiación de las organizaciones políticas

El proyecto regularía la distribución de los anticipos estatales para la financiación de las campañas electorales dados a las organizaciones políticas, estableciendo que el 50% de dichos anticipos se dividiría en partes iguales para todas las organizaciones políticas. La repartición del 50% restante variaría según se trate de elección de presidente, gobernador, o alcalde; o de elección de Corporación Pública. En el primer caso, el 50% restante se distribuiría proporcionalmente al número de curules obtenidas en la respectiva Corporación Pública en la elección previa, es decir, se repartirán de acuerdo al número de senadores y representantes a la Cámara (si es elección presidencial), el número de diputados (si es elección de gobernador) o el número de concejales (si es elección de alcalde) de cada organización que hayan sido elegidos en el proceso electoral anterior. En el segundo caso, se distribuiría un 30% en proporción al número de curules obtenido en la misma elección en el proceso previo, un 10% en proporción al número de mujeres inscritas como candidatas en cada lista, y el 10% faltante en proporción al número de jóvenes inscritos como candidatos en cada lista.

También prohibiría a las organizaciones políticas entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos, incluyendo el transporte en elecciones o actos públicos, y establecería que el Estado tendría que garantizar el funcionamiento del servicio público de transporte durante las elecciones. Asimismo, señala que no sólo las organizaciones y los candidatos tendrían el deber de rendir cuentas públicamente sobre sus ingresos, también los particulares que hiciesen cualquier tipo de contribución tendrían que cumplir con esta obligación. A su vez, el Consejo Electoral Colombiano debería implementar un Registro Nacional de Proveedores, en que estarían inscritas las personas que suministrasen bienes y servicios a las campañas electorales.

El proyecto también excluye expresamente a los miembros de las corporaciones públicas de la prohibición para quienes ejercen funciones públicas de contribuir a partidos, movimientos o candidatos, siempre que tal contribución sea declarada públicamente.

  • Restricción a la reelección en Corporaciones Públicas

Según el proyecto, ninguna persona podría ser reelegida por más de 2 periodos seguidos en el Senado, la Cámara de Representantes, la Asamblea Departamental, el Concejo Distrital o Municipal y la Junta Administradora Local.

  • Requisitos para ser senador o representante a la Cámara

El proyecto reduciría la edad mínima que deben tener los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes en el momento de la elección. La edad para ser candidato al Senado se reduciría de un mínimo de 30 años a un mínimo de 25 años.  La edad para ser candidato a la Cámara de Representantes se reduciría de un mínimo de 25 años a un  mínimo de 21 años.

  • Incompatibilidades e inhabilidades de los congresistas

El proyecto modificaría el término de la incompatibilidad de los congresistas en caso de renuncia, estableciendo que éste podría variar según el tiempo faltante para la terminación del período constitucional. De ese modo, si faltase más de un año para la terminación del período constitucional respectivo, entonces la incompatibilidad se mantendría durante el año siguiente a la aceptación de la renuncia. Mientras que si faltase menos de un año para la terminación del período electoral, entonces la incompatibilidad se limitaría a la finalización de dicho período. Sin embargo, la incompatibilidad para desempeñar cargos o empleos públicos siempre tiene la duración de un año desde la aceptación de la renuncia.

Asimismo, se establecería el punto temporal de partida para la determinación de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés de la persona llamada a ocupar el cargo del congresista que renuncia, de manera tal que el parámetro de las inhabilidades sería la fecha de su elección, mientras que el de las incompatibilidad y conflictos de interés sería el día de su posesión.

  • Pérdida de investidura para miembros de Corporaciones Públicas

El proyecto modificaría las causales de pérdida de investidura para los congresistas y también haría sujetos de las mismas a los miembros de las demás Corporaciones Públicas. Así, serían causales de la pérdida de investidura: la condena a pena privativa de libertad (excepto por delitos culposos o políticos); la violación del régimen de incompatibilidad y conflicto de interés; la inasistencia a 6 reuniones plenarias en que se vote acto legislativo, ley, moción de censura, ordenanza u acuerdo en un mismo período (cuando no sea por fuerza mayor); no posesionarse en el cargo dentro de los 8 días siguientes al inicio del período constitucional de la Corporación (cuando no sea por fuerza mayor); y la violación de los límites máximos de financiación de las campañas, o las normas de propaganda electoral, transporte de electores y movimientos monetarios. Incluso, el proyecto ampliaría las causales referentes a la condena penal; la violación del régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses; y la violación de normas sobre financiación, propaganda y  transporte de electores, que también serían aplicables a gobernadores y alcaldes.

  • Conocimiento de los casos de pérdida de investidura de congresistas

De acuerdo al proyecto, el caso de pérdida de investidura de un congresista ser conocido por una Sala incidental integrada por un Magistrado de cada una de las Secciones del Consejo de Estado en primera instancia, y por la Sala Plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado (con excepción de quienes tuvieron conocimiento de la primera instancia) en la segunda instancia.  Los demás casos de pérdida de investidura serían conocidos por los Tribunales Contencioso Administrativos, en primera instancia.

  • Conocimiento de los casos de las nulidades de las designaciones realizadas por las Corporaciones Públicas de elección popular

Los Tribunales Contencioso Administrativos y el Consejo de Estado conocerían, en primera y segunda instancia respectivamente, de las nulidades de las designaciones realizadas por las Corporaciones Públicas.

  • Sistemas de listas

El proyecto establece que en los procesos de elección popular, las listas serían cerradas y bloqueadas de manera tal que ya no podría utilizarse el voto preferente.

  • Consejo Electoral Colombiano

La máxima autoridad electoral cambiaría su denominación a Consejo Electoral Colombiano y el período de sus miembros aumentaría a 8 años. A su vez, estos ejercerían funciones adicionales, entre ellas algunas de carácter judicial. El Consejo tendría secciones departamentales, cuyos servidores serían de carrera administrativa especial.

  • Garantías electorales para zonas gravemente afectadas por el conflicto o zonas apartadas

La Registraduría Nacional del Estado Civil tendría el deber de garantizar la instalación de puestos de votación en aquellos lugares de los que fueron traslados debido al conflicto armado para las próximas elecciones. Asimismo, procuraría instalar nuevos puestos de votación en zonas rurales apartadas atendiendo a la distancia y las condiciones de transporte.

 

 

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