Consultorio Jurídico ha asistido a más de 390 migrantes de Venezuela

Estudiantes de octavo semestre de Derecho, vinculados al Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte, participan desde el segundo semestre de 2017 en un proyecto de asistencia legal a migrantes de Venezuela que necesitan formalizar su estadía en Colombia. La actividad, financiada por la corporación sin ánimo de lucro, Opción Legal, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha permitido hasta el momento la asesoría gratuita a más de 390 personas, en su mayoría venezolanos, y se prepara para su tercer ciclo en 2019.

La labor de asistencia jurídica va encaminada a personas con requerimientos de protección internacional, como migrantes económicos, refugiados, individuos que solicitan asilo, víctimas de trata, madres gestantes y niños no acompañados; mientras los estudiantes participantes ponen en práctica los conocimientos impartidos (23 horas) por profesores de Uninorte y representantes de ACNUR, en temas como derecho internacional de los refugiados, acciones constitucionales, procesos de retorno, entre otros.

El trabajo de campo se desarrolla en los cinco puntos de atención del Consultorio (Hospital del Prado, Hospital Universidad del Norte, Personería Municipal de Puerto Colombia, barrio La Sierra y la Casa de Justicia del barrio Simón Bolívar) y en brigadas realizadas en diferentes municipios del Atlántico, como Suan o Puerto Colombia.

“Cuando iniciamos el proyecto de atención legal a migrantes venezolanos nos enfocamos primero en realizar brigadas. Nos trasladábamos a sitios donde pudiéramos encontrar estos perfiles, pero gracias al trabajo de divulgación del proyecto hoy estamos atendiendo muchas más personas en los puntos directos. Las personas ya identifican al Consultorio Jurídico como un punto de atención. Somos un referente para los migrantes venezolanos”, puntualizó Laura Briceño Callejas, directora del Consultorio, ubicado en la calle 74 # 58 - 79.

La mayoría de consultas en 2017 se hicieron para resolver temas de registro de personas que llegaron de forma ilegal al país y que, al no tener pasaporte o cédula de ciudadanía nacional, no tenían acceso a trabajo. Sin embargo, Laura Cera, coordinadora local del programa de asistencia legal, explicó que el acceso a salud y a educación ha cobrado gran importancia desde 2018, porque “ahora la persona quiere que sus hijos estudien y accedan adecuadamente a salud”.

“Otra situación recurrente eran personas que venían con una enfermedad catastrófica, como un cáncer, VIH, o con embarazos. Muchos vinieron sin pasaporte y no tienen ningún familiar colombiano (…) De toda esta población tenemos que menos del 50 % pudo solucionar su situación, en la medida en que existen dificultades de acceso a la justicia en cuanto a salud”, agregó Cera.

Este año doce nuevos estudiantes harán parte del proyecto y las brigadas continuarán visitando los lugares donde habita esta población vulnerable. “Ellos tienen cientos de necesidades y la jurídica es una de ellas. Ayudamos a evitar situaciones como la xenofobia y que sean revictimizadas, mientras los estudiantes tienen la oportunidad de enfrentarse y formarse de una manera especializada en temas que son propios de su comunidad”, concluyó la coordinadora.

Por José Luis Rodríguez R.