“Defender el agua en Colombia está costando la vida”

Un grupo de personas foráneas llega a un pueblo indeterminado de Colombia a socializar un proyecto minero, de hidrocarburos o infraestructura. Exponen a la comunidad cómo se efectuarán los trabajos, la inversión social que esto implicará y el empleo local que generará. El ejercicio previo de concertación, donde debían sopesarse los posibles perjuicios de la obra, se realizó a miles de kilómetros del municipio, en un escritorio de Bogotá, entre el Gobierno central y la empresa explotadora. Los habitantes, aquellos que sufrirán de primera mano el impacto de la explotación en el agua que toman y el aire que respiren, no hicieron parte de esta conversación.

Se trata de una dinámica que, si bien ya es común, podrá hacerse más frecuente a raíz de la firma del Acuerdo de Paz, toda vez que este ha abierto nuevos espacios para la extracción de minerales e hidrocarburos en zonas donde no se podía llegar por la incidencia de la guerrilla. Lo anterior da cuenta de la importancia cada vez mayor que tiene el ordenamiento territorial, encaminado a promover la sostenibilidad ambiental y el bienestar de los pueblos, y de que proyectos que pretenden generar desarrollo económico concilien con los aspectos mencionados y cuenten con el apoyo de las comunidades.

Este fue uno de los temas principales del conversatorio Futuro del ordenamiento territorial democrático y la Justicia Especial para la Paz en el Caribe colombiano, organizado por Un Caribe y la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho, el 28 de noviembre en Uninorte.

Durante el primer foro de la jornada, concerniente al ordenamiento territorial, Rodrigo Negrete, consultor legal ambiental y asesor jurídico del Ministerio de Ambiente, se refirió a la complejidad ambiental que tiene el país, que va desde ecosistemas de páramos y humedales Ramsar, hasta diversas categorías de protección de orden ambiental.  El experto expresó que “esa complejidad no se está mirando” cuando el Gobierno afirma que “el posconflicto se va a financiar con el extractivismo”, por lo que es urgente una ordenación ambiental para así determinar una verdadera ordenación territorial.

“Se está ordenando el país para actividades sectoriales, que van en un contrasentido, donde lo particular está primando sobre lo territorial. El país tiene muchos títulos mineros y petroleros”, advirtió.

Negrete recordó que la minería es un motivo subyacente del conflicto armado y causa de alrededor del 30% de casos de desplazamiento, y lamentó que, a pesar de que el Acuerdo de Paz podría haberse visto como “una oportunidad para conocer mejor el territorio y potenciar nuestra biodiversidad”, Colombia esté “corriendo a vender su territorio mientras el mundo va para otro lado”, al son de enunciaciones como las de Ecopetrol cuando afirma que “no hay zonas vedadas para extraer hidrocarburos” en el país.

Agregó que los mensajes del Gobierno no son coherentes, y que en un país “megadiverso, pero con tanta conflictividad” se están exacerbando los conflictos frente al extraccionismo. “Es una feria de títulos y contratos mineros y petroleros de empresas que son responsables ambientalmente en sus países, pero en Colombia no lo son”.

“La jerarquía normativa se subvirtió”, agregó Negrete. “Priman los intereses particulares y el código de minas en ocasiones prevalece sobre leyes estatutarias. El Estado no respeta la autoridad de los municipios y toma decisiones sin acordar con ellos, sin tomar en cuenta los Planes de Ordenamiento Territorial ni los intereses de las comunidades”.

El abogado indicó también que muchas sentencias de la Corte Constitucional desmeritan las graves afectaciones ambientales que sufren pueblos donde se iniciaron proyectos sin estudios suficientes , y señaló cómo el Gobierno ha obstaculizado ejercicios de consulta popular. “El Gobierno ha bloqueado siete de las nueve consultas populares que se han lanzado en los últimos años al incumplir su labor de financiarlas. Veinte municipios tienen acuerdos que prohíben la minería y el Gobierno tiene estrategias para bloquear esos procesos”, manifestó.

Asimismo, Negrete recriminó la postura de Colombia de insistir con los combustibles fósiles y se refirió a cómo 20 países han acordado no comprar más carbón, mientras que potencias mundiales han tomado la decisión de no fabricar más carros con gasolina para 2030. “Tenemos que eliminar los combustibles fósiles porque ya firmamos el Acuerdo de París, pero estamos en una lectura totalmente opuesta. Y no nos basta con la minería tradicional, ahora queremos pasar a la no tradicional como el fracking”.

Carlos Santiago, vocero de la Corporación por la Defensa del Agua y el Territorio, recordó que 20 países y cuatro estados de Estados Unidos han prohibido el fracking, poniendo el derecho al agua y la vida por encima de procesos económicos. Sostuvo que en Colombia, mientras tanto, “todas las semanas sale un personaje diciendo que el fracking es el futuro de la industria y la economía con discursos apocalípticos y chantajistas de la visión de territorio”.

Santiago se refirió al proyecto de fracking en su natal San Martín, Cesar, que se encuentra en fase de exploración, mediante “un proyecto que no responde a un ejercicio previo de concertación con las comunidades” y que pone en juego el derecho a la vida y a un medioambiente sano. “Ellos entienden que la socialización es el ejercicio de concertación y eso no es así”, añadió.

El activista advirtió que el Gobierno no ha entendido que Colombia no se encuentra “en un momento final del conflicto”, sino “en una transición a un nuevo conflicto, donde el actor no es un actor armado con una estructura; son muchos municipios parándosele a la locomotora minera, a prohibirles entrar para que no le hagan daño a su territorio.”

Añadió que esto no puede quedarse por fuera de una de las más graves situaciones que suceden en el país: la muerte de líderes sociales. “Claramente, hay una responsabilidad del Estado y de estas empresas en zonas donde la comunidad se opone”, dijo, y puntualizó que “hoy en Colombia, defender el agua está costando la vida. No podemos dejar pasar eso por alto”. 

Por Andrés Martínez Zalamea