El programa detrás de la reinserción de desmovilizados

En Colombia existe aún cierta incertidumbre por lo que pueda suceder ante un eventual acuerdo final de paz entre las FARC y el Gobierno Nacional, en términos de cómo se va a trabajar con quienes dejan las armas y qué van a hacer nuestras instituciones para reincorporarlos a la vida civil.

Es idóneo señalar que nuestro país ya tiene amplia experiencia en este tipo de procesos. En 216 años como República, ha atravesado numerosos conflictos y los ha resuelto con diversos acuerdos, que han abarcado necesariamente la desmovilización y la reinserción.

Durante una nueva versión del evento Miradas de Paz, el miércoles, 3 de agosto, se abrió un espacio de reflexión sobre los aprendizajes y experiencias que han dejado los procesos de reintegración social en los últimos años, con miras a promover un mayor entendimiento sobre estos.

“La gente tiene la concepción de que un desmovilizado vive como un príncipe y que le dan de todo”, expresó Lucas Uribe, director programático a nivel nacional de la Agencia Colombiana para la Reintegración, refiriéndose a una de las principales críticas de sectores de la sociedad hacia los procesos de reintegración.

Uribe sostuvo que en realidad existen indicadores “contundentes” que apuntan hacia la necesidad de un trabajo más duro para que los desmovilizados estén en las condiciones promedio de civilidad en Colombia.

De 49.000 que ha acogido en su programa la ACR desde 2003, el 75% son analfabetas y en su mayoría no han aprendido habilidades que les permitan tener una actividad calificada. “Eso tiene unas connotaciones importantes porque llegan sin un arte o un recurso que le permita generar recursos”, explica Uribe.

De igual forma, el 90% de las personas en proceso de reintegración tienen síntomas de algún tipo de afectación emocional derivada de su participación en grupo armado. “Estar en los grupos armados no genera el trauma per se, sino el estar presente ante actos de violencia”, indica Uribe, añadiendo que estas personas viven entre 17 y 20 eventos traumáticos en su vida, en comparación a los tres que vive una persona promedio.

Edith Aristizábal, docente e investigadora del programa de Psicología de Uninorte, señaló durante el mismo evento que en varios excombatientes que se han acogido al programa de reintegración social se han encontrado síntomas y traumas tan graves como los que presentan víctimas del conflicto.

Este hallazgo se hizo a través de consultas psicológicas a 68 desmovilizados a lo largo de 8 años; de acuerdo con Aristizábal, es de gran pertinencia pues estudios previos no habían considerado la posibilidad de traumas en este tipo de personas.

“Estos traumas se han encontrado todos en excombatientes cuyas condiciones de entrada al grupo se hicieron en condiciones de forzamiento”, mantuvo la investigadora

Varias cifras que maneja la ACR pueden relacionarse con la estigmatización que conlleva ser desmovilizado. Mientras que el 50% de los colombianos trabaja en la informalidad, esta cifra asciende al más del 60% entre las personas en reinserción. De igual forma, alrededor del 40% de los colombianos tiene vivienda propia; en los desmovilizados, solo el 15%.

La seguridad de un excombatiente es uno de los temas más difíciles derivado de lo anterior para la Agencia, que señala que es cuatro veces más probable que una persona muera en Colombia si es desmovilizado, que si continúa combatiente. “De las 57.000 personas desmovilizadas casi 4000 han muerto por homicidio. En una ciudad violenta puede haber, en su año más difícil, 36 homicidios por 100.000 habitantes. En el país asesinan a entre 250 y 1000 desmovilizados por cada 100.000. Es un exterminio peor que la UP”, manifiesta Lucas Uribe.

Por lo anterior, las personas que se desmovilizan no pueden volver a su casa, tienen que ir lejos de su zona de operación y abandonar sus redes sociales. “Salir a los 20 y tantos de un grupo armado, sin redes, con tendencia a la ansiedad y además analfabeta, es muy duro y la tendencia hacia la vulnerabilidad está marcada”. Por ello, afirma el director, que la reintegración solo es sostenible en cuanto su enfoque sea hacia el desarrollo humano.

Uribe destaca que el 95% del programa sea financiado por el Estado colombiano. “Los programas financiados con recursos internacionales solo funcionan un tiempo limitado, y cuando se acaban, las conflictividades emergen muy fuertes. Por eso es importante que esto sea una política de estado, y no de gobierno, porque es perdurable”.

Esto ha permitido un proceso continuo gracias al cual el 93% de desmovilizados con afectaciones psicosociales se sobreponen a esta situación y el 82% de analfabetas superan esta condición. “Hemos creado un modelo de educación para personas que han atravesado el conflicto armado, y como resultados ya tenemos 15.000 reintegrados bachilleres y 2750 adelantando cursos de educación superior”.

El problema no son los excombatientes

Lucas Uribe mantiene que, de cada 7000 personas dadas de baja por pertenecer a bandas criminales, solo el 9% son desmovilizados de un grupo armado ilegal, lo que da cuenta de “una crudeza social impactante en la que nuevos jóvenes se están viendo seducidos por escenarios de violencia social”.

El fin del conflicto y la firma de la paz no son garantía de un inmediato cambio de fortuna en el país. Según Uribe, el conflicto armado es solo la quinta causa de muertes violentas en el país. “Nos matamos más por futbol, por tragos, porque cogemos rabia manejando. Aunque suene como un cliché, la paz no se firma, se construye. Hay que empezar por transformar esa violencia cultural y lo que hacemos nuestros reintegrados es formarlos para que mejoren la calidad de vida de sus comunidades receptoras”.

Por Andrés Martínez Zalamea