Los retos de la implementación de los acuerdos en los territorios

En la implementación de los acuerdos de paz, el papel que juegan los territorios es preponderante, pues es en estos donde se ha librado la mayor parte del conflicto armado que ha atravesado el país por más de seis décadas.

Los retos que trae este proceso son numerosos, e inician por el hecho de que la implementación se gestione desde la capital de la República, donde poco espacio se les ha dado a las voces de aquellos territorios donde la paz debería traducirse en la llegada de la institucionalidad y el desarrollo.

Los distintos desafíos que trae la puesta en marcha en los territorios de lo acordado en La Habana fue el tema central del conversatorio Más Allá de la Coyuntura, llevado a cabo el pasado 9 de marzo en el salón de proyecciones de Uninorte y organizado por la división de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la institución.

El evento contó con la participación de Luis Fernando Trejos, docente de esta división y director del Instituto de Desarrollo Político Institucional – IDEPI; Diógenes Rosero, director de la Fundación Foro Costa Atlántica y Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación – CINEP. La moderación estuvo a cargo de Ángel Tuirán, director del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

De acuerdo con Rosero, la ciudadanía aún no conoce a ciencia cierta cómo va a ser el proceso de la llamada paz territorial, e incluso la sensación es que el Gobierno Nacional no tiene claro cómo lo llevará a cabo.

“Si el Gobierno Nacional no tiene una lectura de cómo estructurar el proceso, mucho menos lo tendrá un alcalde”, afirmó Rosero quien indicó que ha habido gran cantidad de quejas en cuanto a la improvisación, pero no hay recursos para desarrollar verdaderos espacios de discusión. “El proceso se llevó a cabo aislado de la sociedad civil, lo que hizo que fuera más efectivo y aséptico, pero ocasionó que exista muy poca idea del proceso de parte de la población civil”.

Las quejas de las Farc de la poca habitabilidad de las zonas veredales, según Rosero, son evidencia de la improvisación y esta falta de condiciones mínimas puede incidir negativamente en la paz rural. Por ello, considera que la sociedad civil de movilizarse y sensibilizarse en el tema de paz y empujar a sus gobiernos locales para desarrollar planes que generen efectos positivos en la reintegración guerrillera.

La presencia de actores armados en los territorios es otro factor que podría poner el riesgo la implementación de los acuerdos.

Para Luis Trejos, en el caso del Caribe colombiano, aunque las Farc tienen poca injerencia en la criminalidad de la región, el paramilitarismo continúa siendo el actor criminal hegemónico, luego de desmantelar al ELN y marginar a los dos frentes activos de las Farc hacia la frontera con Venezuela.

A pesar de su desmovilización en 2006, las AUC mantuvieron activas sus redes, en las que interactuaban con actores, tanto en la ilegalidad como en la legalidad. “Ellos infiltraron la política, la fuerza pública, la fiscalía y sus redes nunca cesaron. Nuestras autoridades son muy efectivas para capturar cabecillas, pero malas para desmontar estructuras”, comentó Trejos

Estas estructuras se mantienen activas en la región y son las utilizadas por las bandas criminales neoparamilitares, actores actuales del crimen organizado en la región Caribe, quienes no ven a las Farc como una amenaza y además controlan las rutas de narcotráfico e inciden en las políticas de los municipios capturando rentas en contratación pública y obteniendo clientelas e impunidad.

“Las Farc no impactan de esa manera directa en esta región, como puede pasar en el sur y el occidente del país”, comentó Trejos, añadiendo que a 2010 se puede trazar la fecha en que las Farc salieron de la criminalidad en la Costa, citando diversos golpes a sus estructuras militares. “Pero la región Caribe seguirá siendo escenario de disputas de crimen organizado, pues ha habido una mutación y proliferación de violencia en el Caribe”, detalló el académico.

Para Trejos, se habría esperado que desde 2010 se viera una llegada de la institucionalidad y el fortalecimiento del territorio. Lo que sucedió en su lugar, según el profesor, fue la captura del estado por otros actores legales, citando los casos de Enilce López, Kiko Gómez y Oneida Pinto, que para mantener un statu quo se aliaron con estructura ilegales.

“Este es un panorama oscuro para la paz, que parte de la debilidad de la justicia y los órganos de control en los territorios. Tenemos una impunidad de más del 90% y eso hace que tengan que venir a hacer las capturas desde Bogotá porque saben que la justicia en las regiones es altamente influenciable. Departamentos como La Guajira son completamente inviables y no tienen la capacidad para administrarse”, detalló Trejos.

Según Victor Barrera, aunque la paz como aspiración moral deba prescindir de la política, esta es necesaria para poder implementar los cambios que se requieren a corto y largo plazo.

En este sentido, Barrera hizo un llamado al pragmatismo y a una “necesidad de emitir menos juicios de valor en torno nuestra clase política y “tratar de mirar qué palancas de cambios se deben mover”.

“La paz necesita una coalición política amplia que con apoyo territorial clave que nos permita superar este problema.  Se pueden conseguir resultados en pro de la democracia y el pro del desarrollo alineando incentivos en términos de apoyos electorales, porque el político ahora está pensando en ciclos electorales”, afirmó Barrera.

“La política debe asumirse desde una parte realista”, continuó Barrera. “Tenemos una idea de las élites regionales como corruptas, violentas y antidemocráticas. Pero hay casos que nos muestran que hay posibilidades de cambio donde existen problemas de legitimidad”.