¿Qué factores inciden en la actualización de un catastro en Colombia?

De acuerdo con los resultados de una reciente evaluación publicada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre la aplicación de los instrumentos de recaudo asociados al uso del suelo, en Colombia la presión de grupos económicos, como terratenientes, evidencia que a mayor desigualdad disminuye (0,224) la probabilidad de actualizar el catastro de un municipio.

Olga Lucía Romero, directora de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del DNP, socializó el 3 de septiembre la metodología y resultados de la evaluación, durante un conversatorio en línea organizado por Fundesarrollo y la Universidad del Norte, en alianza con el DNP.

“A través de un análisis econométrico, se buscó entender qué incide en que un municipio tenga o no su catastro actualizado. Si la capacidad de inversión es mayor, aumenta la probabilidad de actualización. Una mayor participación en las elecciones, como una proxy de presión política, disminuye la probabilidad”, señaló Romero.

El avalúo catastral es la base gravable que permite aplicar la mayoría de los instrumentos. Sin embargo, de acuerdo con el CONPES 3958, solo el 30 % de los municipios cuenta con los catastros actualizados y el promedio de año de actualización es de 12,2. Esta desactualización ha incidido en un menor valor de los avalúos en el país.

“¿Por qué están desactualizados? Porque el proceso de actualización es costoso, sobre todo para los municipios de categoría 5 y 6, con ingresos propios reducidos, y también porque existe una resistencia política a la actualización, los impuestos pueden ser menos popular”, argumentó la economista.

La evaluación, realizada entre 2018 y 2019 por la Unión Temporal Econometría SEI, analizó los instrumentos de recaudo asociados al uso del suelo, como son el impuesto predial, la delineación urbana (se paga cuando hay una construcción nueva o una refacción de las existentes), la contribución por valorización (hecha por las propiedades de bienes raíces que se valorizan por obras de interés público), la plusvalía (incremento de los precios de tierra por las normas de uso del suelo), entre otros. Se realizaron 658 encuestas web en municipios, 20 encuestas a departamentos, 23 entrevistas a entes territoriales y 5 más a entidades nacionales. También se usaron bases de datos y documentos como los estatutos tributarios.

“En el proceso de implementación de los ICVS encontramos que existe una débil capacidad de gestión de la cartera de los entes territoriales. Hay desconocimiento por los diferentes instrumentos, hay desconfianza hacia las instituciones del Gobierno y por eso baja disposición a contribuir, desactualización catastral e inconformidad con la asistencia técnica de las entidades del orden nacional”, concluyó Romero.

Pra conocer todas las conclusiones de la evaluación hacer clic aquí.

Por José Luis Rodríguez R.