¿Quién gobierna los ríos?

Juan Felipe García Arboleda, profesor investigador de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, dictó el 5 de febrero el conversatorio ¿Quién gobierna los ríos? La cuestión de la legitimidad como drama humano, en el marco de las charlas de Lección Inaugural que organiza cada semestre la división de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Su conferencia abordó las relaciones sociales entre los seres humanos, la relación de comunidades campesinas, negras e indígenas con los ríos y la legitimidad entendida como un drama humano.

Para analizar las relaciones sociales humanas y las dinámicas de poder que se presentan en ellas, presentó parte de la exposición fotográfica de Jesús Abad Colorado, titulada El Testigo, una muestra de lo que ha sido el conflicto en Colombia. A través de imágenes se evidencia la tendencia que tienen los seres humanos a ejercer la violencia para imponer dominio sobre otros: animales silvestres dominados, arboles marcados o ríos contaminados. Pero también en el mismo contexto se pueden encontrar patrones de relacionamiento del ser humano que tienen como base el respeto hacia la vida. Campesinos que se desplazan con nada más que sus animales, familias que se niegan a abandonar a sus mascotas, pueblos que reclaman la recuperación de sus ríos.  

La profunda relación que tienen los pueblos rurales de Colombia con su entorno, explicó, se debe a la riqueza ecológica de nuestro territorio. La relación ancestral que existe entre las comunidades y la tierra se evidencia en sus técnicas de agricultura y la importancia que le dan al agua. La vida transcurre en los ríos, allí se bañan, cocinan, lavan la ropa, se pesca y se socializa. Sin embargo, advirtió el docente, este aprovechamiento de los recursos naturales va en sentido contrario con la visión de aprovechamiento de aquellos que están en el poder. "Los ríos son para hacer hidroeléctricas, la tierra para hacer agro-industria y la riqueza del subsuelo para extraer petróleo".   

Ante este conflicto de intereses, la Corte Constitucional Colombiana se pronunció por primera vez a favor de las comunidades en la sentencia T622 de 2017, la cual decreta que no se puede disminuir los derechos de las comunidades para aumentar el bienestar de otros. Otorga una personería jurídica al río Atrato, conformada por los habitantes del territorio junto con unos derechos bioculturales. En esta misma línea, la Corte otorga estos derechos bioculturales no sólo a las comunidades étnicas sino también a los campesinos y les permite, a través de las consultas populares, decidir sobre los proyectos mineros.  

El caso del municipio de Cumaral, en Meta, es el primero en triunfar en las urnas con un 99% de rechazo hacía los proyectos mineros. Sin embargo, luego de este episodio la Corte Constitucional en la sentencia S1095 de 2018 dictó que las consultas populares no le pueden quitar a la nación el poder de decisión sobre la extracción de los recursos del subsuelo. Esta evidente contradicción ha tenido como resultado una crisis de legitimidad.

El catedrático concluyó invitando a los futuros profesionales a cuestionar la legitimidad de las normas, a ser conscientes del papel que jugarán en un futuro al mediar entre aquellos que buscan dominar, relacionándose a través de la violencia, y el otro que exige respeto sobre su territorio y su manera de habitarlo. Dejando claro que la violencia solo traerá más violencia. 

Por Juan Sebastián Rodríguez