Actuaciones del Consultorio Jurídico protegen los derechos de migrantes

A través del Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Proyección Internacional, ha atendido 864 casos de migrantes en lo que va del 2021, brindando asesoría en temas como derecho a la nacionalidad, inscripción en el registro civil, reconocimiento de la condición de refugiado, salud, educación y visados.

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Los estudiantes en prácticas Carlos Daza y Jesús Carrillo lideraron dos de los procesos más recientes.

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14 jul 2021

Durante los últimos años, el fenómeno migratorio en Colombia se ha caracterizado por un marcado aumento de las migraciones transfronterizas desde países vecinos. En particular, cifras de Migración Colombia señalan un incremento en el número de entradas de personas venezolanas al país. Esta nueva dinámica social exige la consolidación de proyectos nacionales encaminados a la protección de los derechos de los migrantes. 

El Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Proyección Internacional es una iniciativa desarrollada a nivel nacional en distintos Consultorios Jurídicos, un proyecto que surge del convenio con la Corporación Opción Legal y cuenta con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Desde el año 2017, el Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte dio inicio al programa, brindando asesoría jurídica a la población migrante. 

Según Andrea Rocha Calderón, coordinadora local de la iniciativa, la mayoría de los casos atendidos están relacionados a temas como derecho a la nacionalidad, inscripción en el registro civil, reconocimiento de la condición de refugiado, salud, educación y visados. “A día de hoy, somos una de las áreas mayormente solicitadas en Consultorio. Desde 2017, mediante un trabajo de articulación institucional, hemos triplicado el número de personas atendidas. Por ejemplo, durante el período de enero a junio de 2021, atendimos un total de 864 casos”, señala la abogada especialista en Derecho Público y egresada de Uninorte. 

Entre las actuaciones adelantadas desde el programa, destacan dos casos favorables relacionados al derecho a la nacionalidad de inmigrantes venezolanos. Ambos se enmarcan en el literal B del artículo 96 de la Constitución Política, que establece que podrán ser reconocidos como nacionales colombianos los hijos de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaran en la República.  

En el primer caso atendido desde el programa, una usuaria nacida en Venezuela con madre colombiana y ambas radicadas en el país, solicitó ante la Registraduría el reconocimiento de su nacionalidad colombiana en marzo de este año. 

Para iniciar el trámite, la entidad le exigió tener apostillada la partida de nacimiento, lo que implicaba un traslado hacia el país vecino y un alto gasto económico. Ante la negativa, la usuaria presentó un derecho de petición para prescindir del requisito de la apostilla y subsanar con la presentación de dos testigos (una medida excepcional que contempla la Circular Única Versión No. 5 del 15 de mayo del 2020, emitida por la Registraduría). La institución nuevamente se negó a acoger estas pretensiones.

Al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la nacionalidad e identificación, estado civil y personalidad jurídica, la usuaria presentó una acción de tutela con el apoyo del Consultorio. El primero de julio, el despacho del Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Barranquilla falló a favor de la accionante. Para Carlos Daza Abril, estudiante en prácticas que lideró el proceso, el caso da cuenta de la vulneración del derecho a la nacionalidad de la usuaria, pues la entidad priorizó un requisito meramente formal frente a su derecho constitucional. 

“Actualmente existen muchas personas en condición migratoria irregular. Este fallo favorable les servirá como punto de referencia para que no opten por desistir del proceso ante las negativas, sino que persistan hasta lograr la protección y el ejercicio de sus derechos”, agrega el barranquillero de 21 años, egresado del Colegio Colón.

Otro de los casos emblemáticos del Programa de Asistencia Legal es el de una nacional venezolana de 18 años de edad, hija de madre nacional colombiana y domiciliada en el país desde 2019. En marzo presentó un derecho de petición ante la Registraduría para inscribir su nacimiento en el registro civil colombiano, y como no contaba con la partida de nacimiento debidamente apostillada, solicitó subsanar ese requisito con la declaración de dos testigos. Al recibir una respuesta negativa a su solicitud, la usuaria presentó una acción de tutela. 

El 22 de junio, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla resolvió tutelar el derecho a la nacionalidad y la personalidad jurídica de la accionante, y ordenar al Registrador que adelantara las diligencias correspondientes para otorgar el registro de nacimiento.

“Este caso es trascendente porque muestra que existe un problema institucional al interior del país en materia de migración. Desde mi punto de vista, la primera respuesta obtenida permite evidenciar la discriminación existente con respecto a los migrantes, que debe ser analizada y mejorada por parte de las instituciones. Mientras que el fallo de la acción de tutela realmente benefició a la usuaria, pues el adquirir la nacionalidad le permite el goce de derechos como la seguridad social y la salud”, menciona Jesús Carrillo Movilla, estudiante en prácticas que acompañó a la usuaria durante el proceso.

Y Agrega que “esta decisión le permitirá obtener una cédula de ciudadanía, acceder con facilidad al sistema de salud, obtener un empleo, ingresar al sistema educativo superior y otros beneficios de los que gozamos los colombianos”, señala el santandereano de 20 años, egresado del Gimnasio del Norte en Valledupar.

Para la coordinadora local del programa, ambos casos favorables representan un triunfo en materia de movilización fronteriza en Colombia. “Si un migrante no tiene un documento que regularice su permanencia en el país, se ve frustrado el acceso a derechos fundamentales como trabajo, salud y educación. En ocasiones, se pierde de vista la relevancia del derecho a la nacionalidad y las implicaciones que tiene en la vida de las personas su no reconocimiento”, concluye Rocha Calderón. 

 

Por María Fernanda Salgado. 

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